(apro).- Felipe Calderón Hinojosa arrancó su mandato en medio de una
Legislatura, la LX, convulsionada, en donde diputados del PRD y del PAN
se liaban a golpes y los primeros tomaban la tribuna; poco
faltó para que Calderón no ingresara al recinto de San Lázaro y
protestara como presidente de la República, y lo logró gracias al
respaldo y acuerdo con los priistas.
El encono entre perredistas, que reclamaban el triunfo de
Andrés Manuel López Obrador, y los panistas, que se decían ganadores y
respetuosos de la legalidad, se mantuvo a lo largo de los tres primeros
años del gobierno calderonista. De 2006 a 2009, los enfrentamientos y
reclamos se hicieron presentes en todo momento y no hubo nunca poder que
lograra coartar las expresiones de uno y otro bando.
Hoy, a mitad de la segunda legislatura que enfrenta
Calderón, los panistas hallaron eco en el PRI para cerrar el paso a las tomas de tribuna, así como a las críticas y reclamos vía exposición de mantas, cartulinas o altavoces.
En la actual legislatura el número de legisladores afines a
López Obrador disminuyó y algunos, los más fieles, llegaron bajo las
siglas del Partido del Trabajo (PT), ocho para ser exactos, suficientes
para poner de cabeza al resto de panistas, priistas, a los de Nueva
Alianza (Panal) o del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que no
han podido ganarles un solo debate pero sí fulminarlos a la hora de las
votaciones.
Después de un año y medio de tomas de tribuna y
exhibición de mantas, en donde se le he dicho de todo a Calderón, desde
espurio hasta borracho, la dupla PAN-PRI encontró una nueva forma de
parar en seco a los ocho “rijosos petistas”: confeccionando un nuevo
“reglamento-mordaza”.
Efectivamente, las limitaciones a la libertad de expresión y
el atropello del gobierno contra la periodista Carmen Aristegui fueron
aplicadas en sintonía con el nuevo reglamento que ambos partidos
aprobaron el pasado 15 de diciembre e hicieron entrar en vigor el 1 de
enero.
El objetivo del nuevo reglamento, que limita drásticamente
la “libertad” de cada legislador a expresarse como mejor le parezca y de
acuerdo con su estrategia política, tiene como centro que las sesiones
en el pleno se conduzcan sin sobresaltos, sin tomas de tribuna,
sin suspensiones momentáneas, sin reclamos, sin crítica desde una
manta, sin reclamos desde una cartulina; en síntesis, sin que se exponga
al Poder Ejecutivo.
Eso fue lo que sucedió el 4 de febrero, cuando los petistas
Gerardo Fernández Noroña, Mario Di Costanzo y Jaime Cárdenas desplegaron
una enorme manta que condenaba un supuesto alcoholismo de Felipe
Calderón.
A los legisladores se les aplicó el nuevo reglamento para
acallarlos, aunque finalmente la sesión se suspendió, no por la entrada
en vigor de las nuevas reglas, sino porque los panistas se dejaron
llevar por el impulso, el enojo y olvidaron la serenidad que todo
político debe aprender, yéndose a los insultos y jaloneos contra los
petistas. Un acto que también descontroló a los priistas quienes,
divididos, acudieron en ayuda de uno y otro bando.
Uno de los daños colaterales por la presencia de Calderón en
el poder es este nuevo reglamento, a través del cual se quiere acallar
las voces críticas e incluso se pretende meter en orden a los diputados,
aun en contra de la propia Constitución, la cual establece que ningún
legislador podrá ser reconvenido por sus dichos.
En su artículo 8º, fracción XVIII del reglamento de marras,
se obliga a diputados y diputadas a “retirar cualquier expresión
material que hayan utilizado para su intervención en el pleno, una vez
que éste haya concluido”; es decir, nadie podrá dejar expuesta manta,
muñeco, cartulina o los objetos en los que se apoye para manifestar sus
cuestionamientos.
Pero todavía peor, si el presidente de la Mesa Directiva lo
conmnina a hacerlo, o algún legislador que se sienta ofendido exige el
retiro de la manta y esto no se hace, al diputado que se esté
manifestando se le ¡¡cerrará el micrófono!! y, si continúa con su
actitud, se le descontará entonces un día de dieta.
Y si persiste en su manifestación, el presidente de la Mesa
Directiva, como si fuera un acto dictatorial, “ordenará” el retiro de
“las expresiones”.
El mismo artículo establece en su fracción XVII que los
legisladores están obligados a “permitir la libre discusión y decisión
parlamentaria en las sesiones, así como en las reuniones”. Esto implica
que si un diputado siente que con alguna acción o expresión que realice
otro en su contra se le está impidiendo hablar, entonces se podrá callar
a quien le reclama.
La violación a la libertad de expresión de los legisladores
no es sólo el único acto de autoritarismo fijado en el nuevo reglamento,
existe otro no menos grave: la permisividad de “reuniones secretas” y,
por supuesto, la obligación de la “secrecía” de los legisladores.
Desde cuándo, se podrá preguntar cualquier ciudadano, los
actos de los diputados federales, que llegaron ahí con el voto de los
ciudadanos, pueden realizar “reuniones secretas” como si fueran una
hermandad. Se les olvida a los legisladores de PRI y PAN, autores de
este nuevo reglamento, que sus actos deben ser “públicos” y no a
“escondidas”.
¿Dónde quedó la esencia del Parlamento, que tiene su origen
en los debates públicos del Senado romano? Olvidan que los Congresos son
justamente para eso, para parlar, acordar a vista de todos y no para
hacer leyes en privado, acuerdos en corto.
Estas “sesiones secretas” reconocidas y aceptadas en el
nuevo reglamento no son sino una manifestación cínica de los acuerdos y
modificaciones que, en privado, se hacen a las leyes.
Es el reconocimiento legal a reuniones como las ocurridas al inicio
del sexenio, cuando se acordó la ley del ISSSTE sin que nadie se hubiera
enterado cómo, cuándo y dónde se confeccionó para luego llevarse al
pleno y ser votada con el pacto previo entre panistas y priistas.
“Sesiones secretas” es la nueva sección que tiene el
reglamento, las cuales --según el artículo 8-- así las deben mantener
los legisladores que en ella participen. Es decir, no pueden ni deben
hablar sobre lo que ahí se discute, se acuerde o se firme.
Nada más absurdo y bárbaro para un Parlamento.
Y ni qué decir de los documentos que de ahí salgan, serán
considerados “confidenciales” o “reservados”; ¡la transparencia de un
Congreso tirada al cesto de la basura!
El embate contra la periodista Carmen Aristegui no fue un
asunto aislado, que tenga que ver únicamente con una presión del
gobierno hacia un particular para negociar su concesión; no, va más
allá, se trató de una política de Estado que permea a otros poderes como
el Legislativo.
Operada por el PAN y aceptada por el PRI, la conducción de
las próximas legislaturas, de mantenerse este nuevo reglamento, serán
recordadas por la represión y opacidad que en ellas prive.
Cuando algún diputado se sienta ofendido o considere que el
Presidente en turno, que el secretario en turno o cualquier funcionario
está siendo ofendido, puede invocar el artículo 115 y exigir una moción
de orden, con el argumento de que se está “faltando el respeto al
orador”, o que se está generando “alteración del desarrollo de una
sesión”; con ello logrará acallar cualquier señalamiento incómodo o que
lo exhiba.
Aunque el nuevo reglamento es a todas luces violatorio de la
libertad de expresión, será difícil que los ocho diputados del PT y
algunos del PRD lo echen abajo, a pesar de que existen 89
“observaciones”.
El nuevo reglamento no sólo pretende que las sesiones del
pleno se realicen sin sobresaltos, esto también incluye las reuniones de
comisiones y comités. En una palabra, se está proponiendo un Parlamento
sumiso, sin posibilidad de reclamo, y en donde a las minorías se les
aniquile su libertad a disentir de las mayorías y expresarlo como mejor
lo consideren.
¿Fascista, dictatorial, presidencialista, castrante? Sí, eso
podría llegar a ser el nuevo reglamento si estos aspectos no se
modifican.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88363
No hay comentarios:
Publicar un comentario