Brecha
En
una decisión sin precedentes, la justicia chilena enjuició por injurias
a un periodista que se refirió a un testimonio que relata cómo el ex
militar Raúl Quintana Salazar –preso por crímenes de lesa humanidad–
habría violado a la uruguaya desaparecida Nelsa Gadea, a quien secuestró
en 1973. Mientras, el nuevo gobierno ha concedido tres indultos y
prepara un proyecto de “ley humanitaria” para conceder libertades a
presos por estos delitos.
Nada ni nadie recuerda a Nelsa Gadea
en la Villa Frei, de Santiago de Chile. En ese extenso complejo
habitacional con aires de Brasilia, construido en los años sesenta, el
apartamento 407 del bloque 29 está cerrado y protegido por las rejas que
la paranoia desatada por la delincuencia hace cada día más fuertes y
más simbólicas del aislamiento en que van cayendo los habitantes de
nuestras grandes ciudades.
Del apartamento 407, pocos días antes de la Navidad de 1973, un grupo de militares sacó libros, ropas y documentos; los últimos rastros de la vida en Chile de Nelsa Gadea, una uruguaya que había llegado a este país para tratar de recuperar la ilusión de construir un mundo nuevo, barrida por la dictadura en su propia tierra.
Solamente rescatando los testimonios dados después de la vuelta a la democracia por algunos sobrevivientes de la barbarie del régimen de Augusto Pinochet es posible saber que Nelsa Gadea fue torturada, asesinada y desaparecida en un cuartel militar del sur de Valparaíso. Excepto entre quienes mantienen viva su memoria en Uruguay, y en las organizaciones que en Chile luchan para que no se olviden los atropellos de la dictadura, la vida y circunstancias de Nelsa se han ido confundiendo con los recuerdos de tantas otras víctimas. Al menos hasta el mes pasado, cuando un periodista chileno fue demandado por injurias por la familia de un ex oficial del Ejército que está preso por su responsabilidad en la muerte y desaparición de al menos dos ciudadanos uruguayos.
Javier Rebolledo es el autor de varios libros sobre la dictadura militar. El año pasado publicó Camaleón, la historia de un militante comunista infiltrado en los círculos civiles del régimen militar. En esa obra se detalla lo ocurrido en el cuartel de Tejas Verdes, desde donde fue desaparecida Gadea, y hay un testimonio de las torturas atroces que ella sufrió, incluida una violación con una zanahoria, ejecutada por el entonces teniente Raúl Quintana Salazar. Este individuo llegó al grado de teniente coronel del Ejército de Chile, ya bajo la democracia, pero las investigaciones de los atropellos militares a los derechos humanos dieron con él en la cárcel en 2014 y le impusieron una condena a 20 años.
Un decisión sin precedentes
El libro de Rebolledo se publicó en 2017, cuando aún gobernaba el país la centroizquierda de Michelle Bachelet y se mantenían vigentes los esfuerzos por la verdad y la justicia respecto de lo sucedido durante los 17 años de dictadura. En marzo de 2018, al llegar al gobierno la alianza de derecha encabezada por el empresario Sebastián Piñera, se comenzó a hablar de “un trato más humanitario”, por vejez o enfermedad, para los militares presos en el penal especial de Punta Peuco. En mayo la familia de Quintana Salazar pidió ante la justicia una pena de cárcel por injurias para el autor de Camaleón, porque, sostuvo, la descripción de la vejación de Nelsa Gadea contenida en su libro era una ofensa para el ex militar “en su calidad de padre, abuelo, marido y en su calidad de ser humano”. El juez a cargo desestimó la demanda, pero un mes más tarde el abogado de los Quintana consiguió que la Corte de Apelaciones dispusiera el encausamiento de Javier Rebolledo en un juicio cuya primera audiencia se realizará 16 de agosto.
Esta decisión no tiene precedentes, porque son numerosos los libros sobre los crímenes de la dictadura pinochetista publicados en Chile sin que sus autores hayan sufrido amenazas de cárcel. Rebolledo enfrentó anteriormente una denuncia por su trilogía Los cuervos, en la que también habló de los cómplices civiles del régimen –muchos de los cuales son hoy empresarios poderosos y dirigentes políticos–, pero el Poder Judicial no le dio curso.
Javier Rebolledo dijo a Brecha que no se sorprendió de que un militar querellara en su contra, “sino de que el Poder Judicial de Chile esté entregando este tipo de señales… en sólo cinco palabras dispuso que yo fuera procesado por injurias. Con los poderes fácticos que existen en Chile, los periodistas que hacen investigaciones se pueden ver permanentemente al borde de la injuria, y esos poderes tienen una tremenda herramienta de intimidación”. Un poder fáctico que podría estar detrás de la querella planteada por la familia del torturador y asesino de Nelsa Gadea es la Ong Desarrollo, Justicia y Reconciliación (Jure), que fue montada por militares retirados en 2007, cuando el Ejército chileno tuvo que suspender el sistema de descuentos por planilla para pagar la defensa de los militares procesados. Según los datos que se han hecho públicos Jure ha recibido por lo menos 2 millones de dólares en donaciones. El abogado querellante contra Rebolledo fue también defensor de Manuel Contreras, el jefe máximo de los servicios secretos de la dictadura; según el autor de Camaleón, podría estar recibiendo honorarios de la Ong de los militares, y “en ese caso la situación sería aun más grave, pues se trataría de una acción mancomunada en contra de un periodista”.
Un liberado implicado en el caso Berríos
La querella actual parece formar parte de un contexto de retrocesos en materia de justicia vinculada a las violaciones de los derechos humanos: además de los tres indultos concedidos por Piñera y del proyecto de “ley humanitaria” que prepara su gobierno –para conceder libertades por vejez o enfermedad–, en los últimos días la Corte Suprema aprobó siete solicitudes de libertad condicional. Entre los beneficiados está el oficial (r) Manuel Antonio Pérez Santillán, cómplice del asesinato en Uruguay de Eugenio Berríos, el químico de la policía secreta de Pinochet que fabricaba venenos para eliminar a los opositores. Berríos fue sacado de Chile en plena democracia, cuando se convirtió en alguien que sabía demasiado, y se lo mantuvo bajo custodia cerca de Montevideo con la colaboración de varios oficiales del Ejército uruguayo. En 1992 llegó la orden de ejecutarlo, y su cadáver fue hallado en la playa de El Pinar tres años más tarde.
El presidente Piñera manifestó recientemente: “Queremos que Chile sea un país humanitario que tenga compasión por aquellas personas que están al borde de la muerte o postradas en nuestras cárceles, eso es válido para civiles y militares”. Para Javier Rebolledo, sin embargo, “se está dando una señal que no se dio en el gobierno anterior. Cuando el poder político, representado por el presidente de la república, empieza a repartir indultos a criminales de lesa humanidad, en cierta forma le da un permiso al Poder Judicial. Como en Chile impera un régimen presidencialista, el Poder Judicial está más abajo que el presidente de la república”.
Cambios en la Corte Suprema
Mientras, en la Corte Suprema ha habido un cambio importante con la jubilación del ministro Milton Juica, quien tuvo una carrera de medio siglo en la justicia y fue uno de los jueces que consiguieron sortear, mediante la tesis del “secuestro permanente”, la amnistía impuesta por los militares. Con esta tesis se estableció que, en tanto no aparezcan los restos de una persona capturada y presuntamente asesinada por los militares, la víctima se considera secuestrada y en ese caso no hay prescripción posible. Juica, quien presidió la sala penal de la Corte, también fue estricto en aplicar los criterios internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, no siempre compartidos por sus colegas. Esto último quedó claro cuando el nuevo presidente de la sala penal, Hugo Dolmestch, justificó la decisión de conceder las libertades condicionales, pese a que los informes psicológicos hechos a los presos decían que ninguno de ellos mostraba arrepentimiento o conciencia de los males causados. “El arrepentimiento de los condenados no es un requisito para acceder a beneficios penitenciarios”, comentó a los medios. Por otra parte, Dolmestch estimó que “todo lo que sea convenios internacionales es sujeto de interpretaciones”, por lo que no hay por qué seguirlos al pie de la letra. Ya hace dos años este magistrado se había mostrado afín a dar beneficios como la libertad condicional a los violadores de los derechos humanos.
https://brecha.com.uy/
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=245242
Del apartamento 407, pocos días antes de la Navidad de 1973, un grupo de militares sacó libros, ropas y documentos; los últimos rastros de la vida en Chile de Nelsa Gadea, una uruguaya que había llegado a este país para tratar de recuperar la ilusión de construir un mundo nuevo, barrida por la dictadura en su propia tierra.
Solamente rescatando los testimonios dados después de la vuelta a la democracia por algunos sobrevivientes de la barbarie del régimen de Augusto Pinochet es posible saber que Nelsa Gadea fue torturada, asesinada y desaparecida en un cuartel militar del sur de Valparaíso. Excepto entre quienes mantienen viva su memoria en Uruguay, y en las organizaciones que en Chile luchan para que no se olviden los atropellos de la dictadura, la vida y circunstancias de Nelsa se han ido confundiendo con los recuerdos de tantas otras víctimas. Al menos hasta el mes pasado, cuando un periodista chileno fue demandado por injurias por la familia de un ex oficial del Ejército que está preso por su responsabilidad en la muerte y desaparición de al menos dos ciudadanos uruguayos.
Javier Rebolledo es el autor de varios libros sobre la dictadura militar. El año pasado publicó Camaleón, la historia de un militante comunista infiltrado en los círculos civiles del régimen militar. En esa obra se detalla lo ocurrido en el cuartel de Tejas Verdes, desde donde fue desaparecida Gadea, y hay un testimonio de las torturas atroces que ella sufrió, incluida una violación con una zanahoria, ejecutada por el entonces teniente Raúl Quintana Salazar. Este individuo llegó al grado de teniente coronel del Ejército de Chile, ya bajo la democracia, pero las investigaciones de los atropellos militares a los derechos humanos dieron con él en la cárcel en 2014 y le impusieron una condena a 20 años.
Un decisión sin precedentes
El libro de Rebolledo se publicó en 2017, cuando aún gobernaba el país la centroizquierda de Michelle Bachelet y se mantenían vigentes los esfuerzos por la verdad y la justicia respecto de lo sucedido durante los 17 años de dictadura. En marzo de 2018, al llegar al gobierno la alianza de derecha encabezada por el empresario Sebastián Piñera, se comenzó a hablar de “un trato más humanitario”, por vejez o enfermedad, para los militares presos en el penal especial de Punta Peuco. En mayo la familia de Quintana Salazar pidió ante la justicia una pena de cárcel por injurias para el autor de Camaleón, porque, sostuvo, la descripción de la vejación de Nelsa Gadea contenida en su libro era una ofensa para el ex militar “en su calidad de padre, abuelo, marido y en su calidad de ser humano”. El juez a cargo desestimó la demanda, pero un mes más tarde el abogado de los Quintana consiguió que la Corte de Apelaciones dispusiera el encausamiento de Javier Rebolledo en un juicio cuya primera audiencia se realizará 16 de agosto.
Esta decisión no tiene precedentes, porque son numerosos los libros sobre los crímenes de la dictadura pinochetista publicados en Chile sin que sus autores hayan sufrido amenazas de cárcel. Rebolledo enfrentó anteriormente una denuncia por su trilogía Los cuervos, en la que también habló de los cómplices civiles del régimen –muchos de los cuales son hoy empresarios poderosos y dirigentes políticos–, pero el Poder Judicial no le dio curso.
Javier Rebolledo dijo a Brecha que no se sorprendió de que un militar querellara en su contra, “sino de que el Poder Judicial de Chile esté entregando este tipo de señales… en sólo cinco palabras dispuso que yo fuera procesado por injurias. Con los poderes fácticos que existen en Chile, los periodistas que hacen investigaciones se pueden ver permanentemente al borde de la injuria, y esos poderes tienen una tremenda herramienta de intimidación”. Un poder fáctico que podría estar detrás de la querella planteada por la familia del torturador y asesino de Nelsa Gadea es la Ong Desarrollo, Justicia y Reconciliación (Jure), que fue montada por militares retirados en 2007, cuando el Ejército chileno tuvo que suspender el sistema de descuentos por planilla para pagar la defensa de los militares procesados. Según los datos que se han hecho públicos Jure ha recibido por lo menos 2 millones de dólares en donaciones. El abogado querellante contra Rebolledo fue también defensor de Manuel Contreras, el jefe máximo de los servicios secretos de la dictadura; según el autor de Camaleón, podría estar recibiendo honorarios de la Ong de los militares, y “en ese caso la situación sería aun más grave, pues se trataría de una acción mancomunada en contra de un periodista”.
Un liberado implicado en el caso Berríos
La querella actual parece formar parte de un contexto de retrocesos en materia de justicia vinculada a las violaciones de los derechos humanos: además de los tres indultos concedidos por Piñera y del proyecto de “ley humanitaria” que prepara su gobierno –para conceder libertades por vejez o enfermedad–, en los últimos días la Corte Suprema aprobó siete solicitudes de libertad condicional. Entre los beneficiados está el oficial (r) Manuel Antonio Pérez Santillán, cómplice del asesinato en Uruguay de Eugenio Berríos, el químico de la policía secreta de Pinochet que fabricaba venenos para eliminar a los opositores. Berríos fue sacado de Chile en plena democracia, cuando se convirtió en alguien que sabía demasiado, y se lo mantuvo bajo custodia cerca de Montevideo con la colaboración de varios oficiales del Ejército uruguayo. En 1992 llegó la orden de ejecutarlo, y su cadáver fue hallado en la playa de El Pinar tres años más tarde.
El presidente Piñera manifestó recientemente: “Queremos que Chile sea un país humanitario que tenga compasión por aquellas personas que están al borde de la muerte o postradas en nuestras cárceles, eso es válido para civiles y militares”. Para Javier Rebolledo, sin embargo, “se está dando una señal que no se dio en el gobierno anterior. Cuando el poder político, representado por el presidente de la república, empieza a repartir indultos a criminales de lesa humanidad, en cierta forma le da un permiso al Poder Judicial. Como en Chile impera un régimen presidencialista, el Poder Judicial está más abajo que el presidente de la república”.
Cambios en la Corte Suprema
Mientras, en la Corte Suprema ha habido un cambio importante con la jubilación del ministro Milton Juica, quien tuvo una carrera de medio siglo en la justicia y fue uno de los jueces que consiguieron sortear, mediante la tesis del “secuestro permanente”, la amnistía impuesta por los militares. Con esta tesis se estableció que, en tanto no aparezcan los restos de una persona capturada y presuntamente asesinada por los militares, la víctima se considera secuestrada y en ese caso no hay prescripción posible. Juica, quien presidió la sala penal de la Corte, también fue estricto en aplicar los criterios internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, no siempre compartidos por sus colegas. Esto último quedó claro cuando el nuevo presidente de la sala penal, Hugo Dolmestch, justificó la decisión de conceder las libertades condicionales, pese a que los informes psicológicos hechos a los presos decían que ninguno de ellos mostraba arrepentimiento o conciencia de los males causados. “El arrepentimiento de los condenados no es un requisito para acceder a beneficios penitenciarios”, comentó a los medios. Por otra parte, Dolmestch estimó que “todo lo que sea convenios internacionales es sujeto de interpretaciones”, por lo que no hay por qué seguirlos al pie de la letra. Ya hace dos años este magistrado se había mostrado afín a dar beneficios como la libertad condicional a los violadores de los derechos humanos.
Las asociaciones de familiares de desaparecidos y de ejecutados
políticos realizaron una protesta ante la sede de la Corte Suprema, y
los diputados de la oposición presentaron en la Cámara imágenes de las
víctimas de la dictadura para anunciar un proyecto de ley que restringa
el beneficio de la libertad condicional a los violadores de los derechos
humanos.
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=245242
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