El Gobierno de Costa Rica inicia un 2017 con un paquete de decretos a
favor del sector que vende agrotóxicos en Costa Rica marcando un
retroceso histórico en protección ambiental frente al negocio del
agroveneno.
Agrotóxicos en cultivo de piña. Foto: Swedwatch.org
Actualmente se usan alrededor de dos mil plaguicidas en Costa Rica que
nunca fueron evaluados ambientalmente. Con los nuevos reglamentos se
perpetua la incertidumbre y se dificulta que las instituciones estatales
puedan evaluarlos a profundidad para determinar si se deben prohibir en
Costa Rica, tal y cual los prohíben en otros países desarrollados.
Con la publicidad de que se necesitan modernos plaguicidas porque son menos contaminantes algunos andan exigiendo la aprobación casi que expedita de nuevos plaguicidas. No obstante no es cierto para todos los casos de los nuevos venenos de que por ser nuevos y modernos contaminan menos. Por el contrario, de la lista de plaguicidas nuevos que tiene publicada el SFE (plaguicidas que solicitan protección de datos) se sabe que son altamente persistentes, es decir que se mantienen en el ambiente por largos periodos de tiempo y hace que estos sean una amenaza real y constante para los mantos acuíferos y la vida misma. No nos dejemos engañar, no todo plaguicida nuevo es inherentemente mejor o menos contaminante y pueden suponer graves riesgos para el bienestar de la finca campesina y de las familias costarricenses.
El Estado de Costa Rica (país mega diverso que alardea de la protección ambiental) debe de fortalecer su institucionalidad para que el registro de plaguicidas se realice con total autonomía y profesionalismo. Facilitar la venta de agrotóxicos alivianándole los trámites a las poderosas trasnacionales del agro veneno solo beneficia a unos cuantos y nos pone en riesgo a todos.
Es evidente que este es un decreto a la medida de las necesidades de quienes buscan vender agro tóxicos de forma fácil y expedita. Pero lo que está en juego es la salud de los agroecosistemas y las familias campesinas.
El Gobierno de la Participación Ciudadana se precipitó en sacar un nuevo reglamento de agrovenenos sin consultar ampliamente, más solamente a los dueños de tan suculento negocio. Detrás de este combo de decretos se encuentra un intento desesperado de la agroindustria en legalizar cientos de plaguicidas que nunca han sido evaluados por las autoridades costarricenses debido a que los mismos fueron introducidos al país antes que las actuales leyes y normativas correspondientes
Por Lic. Fabián Pacheco Rodríguez
Descargue el documento completo (PDF) a continuación:
Agrotóxicos en cultivo de piña. Foto: Swedwatch.orgCon la publicidad de que se necesitan modernos plaguicidas porque son menos contaminantes algunos andan exigiendo la aprobación casi que expedita de nuevos plaguicidas. No obstante no es cierto para todos los casos de los nuevos venenos de que por ser nuevos y modernos contaminan menos. Por el contrario, de la lista de plaguicidas nuevos que tiene publicada el SFE (plaguicidas que solicitan protección de datos) se sabe que son altamente persistentes, es decir que se mantienen en el ambiente por largos periodos de tiempo y hace que estos sean una amenaza real y constante para los mantos acuíferos y la vida misma. No nos dejemos engañar, no todo plaguicida nuevo es inherentemente mejor o menos contaminante y pueden suponer graves riesgos para el bienestar de la finca campesina y de las familias costarricenses.
El Estado de Costa Rica (país mega diverso que alardea de la protección ambiental) debe de fortalecer su institucionalidad para que el registro de plaguicidas se realice con total autonomía y profesionalismo. Facilitar la venta de agrotóxicos alivianándole los trámites a las poderosas trasnacionales del agro veneno solo beneficia a unos cuantos y nos pone en riesgo a todos.
Es evidente que este es un decreto a la medida de las necesidades de quienes buscan vender agro tóxicos de forma fácil y expedita. Pero lo que está en juego es la salud de los agroecosistemas y las familias campesinas.
El Gobierno de la Participación Ciudadana se precipitó en sacar un nuevo reglamento de agrovenenos sin consultar ampliamente, más solamente a los dueños de tan suculento negocio. Detrás de este combo de decretos se encuentra un intento desesperado de la agroindustria en legalizar cientos de plaguicidas que nunca han sido evaluados por las autoridades costarricenses debido a que los mismos fueron introducidos al país antes que las actuales leyes y normativas correspondientes
Por Lic. Fabián Pacheco Rodríguez
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vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Alerta_ecologista_en_Costa_Rica_sobre_el_paquete_de_decretos_del_agroveneno_y_el_retroceso_en_proteccion_ambiental_y_a_la_salud_publica
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Alerta_ecologista_en_Costa_Rica_sobre_el_paquete_de_decretos_del_agroveneno_y_el_retroceso_en_proteccion_ambiental_y_a_la_salud_publica
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