Con fuertes críticas se recibió la adjudicación por parte de SQM de la primera licitación de contratos para la explotación de litio en Chile, sobre todo por los vínculos de su dueño Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, y del subgerente, Patricio de Solminihac, hermano del actual ministro de Minería. Desde la oposición cuestionaron la transparencia del proceso y esperan que este sea anulado por la Contraloría debido a que no respetaría la institucionalidad ambiental.
La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), perteneciente Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet Ugarte, se adjudicó la licitación abierta por el Gobierno para concesionar la explotación del litio, por un monto de 19 mil 301 millones de pesos.
Según el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, “este proyecto permitirá a Chile recuperar el liderazgo que siempre debió tener en la explotación del Litio”; liderazgo que la compañía privada pretende recuperar en los próximos 20 años de concesión del mineral.
Si bien el proyecto ha sido cuestionado transversalmente por varios sectores sociales y objetado a través de dos recursos legales por parlamentarios de oposición, los que incluso han calificado el proceso como “ilegal”; Wagner recalcó que el diálogo siempre “fue transparente y participativo” dentro del proceso.
“Quiero pedirles también a SQM que implementen este proyecto rápido, ojala con mucha ambición, con mucha rapidez, para que este proceso se lleve cabo y rápidamente estemos produciendo. Hoy hemos iniciado la etapa de recuperar el liderazgo perdido en el negocio del litio. Nosotros competimos con distintos países del mundo y, por tanto, la competencia no está en Chile y tenemos que aprovechar esta oportunidad ahora y eso es lo que estamos haciendo”, agregó el subsecretario.
SQM, cuyo director es Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de la dictadura militar, ofreció cerca de ocho veces más del monto mínimo establecido por el Gobierno de Sebastián Piñera -2.500 millones de pesos-, lo que dejó sin oportunidad a las otras dos compañías que competían por el denominado “oro blanco chileno”: Posco Consortion Ltda, con una oferta de 8 mil 256 millones de pesos, y Sociedad Legal Minera, NX1 de Peine, con 2 mil 275 millones.
En esa línea, Ricardo Ramos, vicepresidente de Finanzas y Desarrollo de SQM, señaló que “la empresa cuenta con todo lo necesario para llevar adelante el proyecto”, recalcando que el monto ofrecido responde a una cantidad que “la firma entiende como razonable”.
“Llevamos quince años en el negocio del litio, tenemos la experiencia, el conocimiento, los recursos financieros para llevar adelante este proyecto y muchos otros proyectos que nos permitan seguir desarrollando y manteniendo nuestro liderazgo en el negocio del litio. Todos ganan si nos va bien: gana el Estado, pagamos más impuestos y en la medida que lo hagamos bien podemos pagar más impuestos que es bueno para todos”, añadió el Ramo.
Sin embargo, desde la oposición, las críticas no han cesado. En este sentido, la senadora socialista, Isabel Allende, indicó que “desde un comienzo el proyecto consistió en un traje a la medida para SQM”.
Dicha compañía, que entre 1968 y 1970 fue la Sociedad Minera Mixta, compartiendo propiedad, derechos y utilidades entre particulares y el Estado, a manos de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO); fue adquirida en un cien por ciento por el Estado de Chile en 1971, durante el proceso de nacionalización.
No obstante, entre 1983 y 1988 fue privatizada y quedó en manos del Julio Ponce Lerou, por un medio de “un traspaso que todos conocemos, en tiempos de dictadura, en que se hizo prácticamente a lo amigo”, según denunció el diputado DC, Patricio Vallespín, quien además aseguró que “es lamentable que el Gobierno, ya por una obsesión ideológica siga avanzando en el tema de la licitación de litio, que va a ser fundamental para muchas tecnologías y que se esté entregando de una manera absolutamente irregular a SQM”.
Vallespín también hizo alusión a que aún se esperan los dictámenes de la Contraloría en relación a las faltas a la institucionalidad ambiental en la que se estaría incurriendo en el proceso: “Es una pésima señal y esperamos que el dictamen que proporcione la Contraloría sea claro al respecto y logre detener este proceso, pues, ha sido abiertamente ilegal, toda vez que no ha cumplido con la normativa medioambiental establecida en la ley N° 19.300 sobre bases generales de medio ambiente, ignorándose por completo la evaluación ambiental estratégica”, dijo.
Críticas a las que se sumó también el senador DC Mariano Ruiz-Esquide, quien sostuvo que “el Gobierno debe reflexionar sobre la importancia de un mineral estratégico como es el litio, pensando en el futuro del país; mensaje que se suma al recurso de nulidad al proceso, presentado ante tribunales por los senadores Isabel Allende (PS), Ximena Rincón (DC) y José Antonio Gómez (PRSD).
Por su parte, el secretario general del Partido Progresista (PRO), Camilo Lagos, indicó que “el camino tomado por la administración de Piñera, no permite la discusión a la sociedad acerca de la fiscalización, regulación, tributación y por sobre todo, el proyecto de desarrollo del mineral.
Por lo mismo, Lagos invitó a “una discusión sobre una nueva política de desarrollo minero para Chile de largo plazo, donde se evalúe críticamente si la legislación actual resguarda los intereses nacionales”.
Otra arista de la polémica es que el sub gerente general de SQM, Patricio de Solminihac es hermano del titular de la cartera de minería, Hernán de Solminiac; y pese a que éste se abstuvo de participar en el proceso, de todos modos el parentesco aumentó las sospechas sobre la transparencia del proceso.
A pesar de ello, el ministro Vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, recalcó que “desde el principio, (Hernán de Solminiac) se mantuvo al margen de la negociación, justamente para evitar conflictos de interés”.
Vía:
http://radio.uchile.cl/noticias/172658/
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