Argentina-Buenos Aires: El alcalde espía...Francisco Olaso

Francisco Olaso

BUENOS AIRES (apro).- El domingo 22 de septiembre de 2009, a las 20.08 horas, sonó el teléfono en la casa de Sergio Burstein –representante de los familiares de las víctimas del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina–, localizada en Buenos Aires.
El 18 de julio de 1994, la sede de la AMIA en la capital argentina fue volada por un coche bomba o una carga de explosivos. La mujer de Sergio Burstein, Rita, es una de las 85 víctimas mortales que dejó el ataque. Desde 2006, el gobierno argentino responsabilizó a la embajada iraní. Otras pistas han involucrado a Siria y también a grupos de la Policía Bonaerense.
El 25 de agosto de 2009 –semanas antes de la llamada telefónica a casa de Sergio Burstein, de 60 años de edad– el excomisario Jorge Fino Palacios renunció a su cargo como primer jefe de la Policía Metropolitana.
Palacios había sido designado por el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, para organizar y dirigir la fuerza policial de la ciudad, que estaba próxima a entrar en funciones.
Macri mantenía con su “policía preferido” un vínculo profesional de muchos años y defendió su continuidad en el cargo, pese a las causas judiciales que pesaban en su contra.
Palacios era señalado por las agrupaciones de derechos humanos, ya que participó en la brutal represión contra manifestantes durante los peores días de la crisis de 2001. Tres años después, en 2004, la Policía Federal lo sacó de sus filas por supuestos vínculos con un secuestrador extorsivo, sin embargo la justicia lo absolvió.
Para los familiares de las víctimas de la AMIA, liderados por Sergio Burstein, el hecho de que Palacios condujera la Policía Metropolitana era “una burla a los muertos”.
El preferido de Macri coordinó las pesquisas de la investigación del atentado terrorista contra la mutual judía en 1994, pero la justicia federal lo investigaba por considerar que había adulterado pruebas y oficiado como encubridor.
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–“¿Si?” –atendió el teléfono Romina Burstein, psicóloga de 35 años. Su padre, Sergio Burstein, no se encontraba en casa en ese momento.
–“El teléfono de tu viejo, que termina en 3107, lo tiene pinchado el Fino Palacios” –le dijo una voz anónima.
Al enterarse de la llamada, Sergio Burstein pensó que se trataba de una amenaza y se presentó ante la justicia. Allí se confirmó que su teléfono estaba intervenido legalmente. La orden provenía del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Posadas –capital de la provincia de Misiones, situada a mil 200 kilómetros de Buenos Aires–, a cargo de Horacio Gallardo.
El expediente judicial vinculaba el número telefónico de Sergio Burstein con una banda de piratas del asfalto, como se denomina aquí a los asaltantes de camiones de transporte. El juez Gallardo había ordenado las escuchas a la Secretaría de Inteligencia, pero las cintas que contienen las conversaciones telefónicas de Sergio Burstein nunca engrosaron el expediente que supuestamente las había motivado, pues eran retiradas de la Secretaría de Inteligencia por el policía Ciro James, hombre de confianza del excomisario Palacios.
Sergio Burstein no tenía vinculación alguna con el delito que se investigaba en Misiones. Su número de teléfono se había agregado de manera intencional al expediente, a través de una denuncia falsa presentada por el propio Ciro James.
Espiaban a Burstein para detectar sus eventuales diálogos con el juez o el fiscal de la causa AMIA, por la que Palacios finalmente fue procesado en octubre de 2009.
Cuñados
La llamada telefónica a casa de Sergio Burstein motivó la apertura de una causa judicial por escuchas ilegales. El juez federal Norberto Oyarbide comprobó que la misma metodología se utilizaba para espiar a políticos y sindicalistas opositores a Mauricio Macri, y también a abogados y empresarios.
Dos jueces de la provincia de Misiones, Horacio Gallardo y Luis Rey, se prestaban para el fraguado de los expedientes, y la Secretaría de Inteligencia intervenía las líneas telefónicas. Ciro James retiraba más tarde las grabaciones y reportaba ante Palacios.
Policía y abogado, experto en inteligencia, Ciro James gozaba del apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Había sido contratado por el ministerio de Educación porteño, a cargo de Mariano Narodowski, para tareas de “asesoramiento” que nunca realizó y para las que no contaba con ningún antecedente.
El fiel de la balanza terminó de inclinarse contra Mauricio Macri cuando se comprobó que en la lista de los espiados estaba su cuñado Néstor Leonardo. Casado con Sandra Macri, una de las dos hermanas del alcalde, Leonardo era y es muy criticado por la familia de su esposa, sobre todo por el patriarca, Franco Macri, uno de los empresarios más poderosos de Argentina.
El 24 de agosto, el fiscal Jorge Di Lello pidió la elevación a juicio del expediente y fijó los hechos por los que Mauricio Macri tendrá que responder ante el tribunal. De ser hallado culpable, el alcalde de Buenos Aires y principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 2015 enfrentará penas de tres a 10 años de prisión.
“El juez Oyarbide responde al kirchnerismo absolutamente”, dijo Macri cuando en mayo de este año el magistrado cerró la etapa de instrucción (La Nación 16.5.2012). “Lamento que la presidenta piense que esta es la forma de manejarse con la oposición”, agregó.
Macri es fundador y líder del Partido Propuesta Republicana, mejor conocido como el PRO. El alcalde hace responsable a Cristina Kirchner por la causa judicial en su contra. Recusó sin éxito al juez, a quien ya había criticado duramente por haber cerrado una causa que investigaba el supuesto enriquecimiento ilícito de la presidenta Fernández y Néstor Kirchner, cuya fortuna personal creció 158% entre 2008 y 2009.
Igualmente, Macri se manifestó confiado de que el juicio oral y público lo declare inocente.
“El escándalo de escuchas ilegales le quita mucha legitimidad al discurso del PRO, que está basado en la calidad institucional, la transparencia política, el respeto a la separación de poderes, para contraponerse al kirchnerismo”, dice a Proceso Sebastián Etchemendy, director de la maestría en Ciencia Política de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires.
Asociación ilícita
Los delitos que se le adjudican a Mauricio Macri son cuatro: asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad de documento público e intercepción de llamadas telefónicas a su cuñado.
Para el fiscal Jorge Di Lello, el jefe de gobierno porteño tuvo un “rol cardinal” y una intervención “determinante” en esta asociación ilícita dedicada al espionaje. Así lo dijo el 24 de agosto, cuando pidió la elevación a juicio oral del expediente. A su entender, quedó demostrado que Macri “conoció y prestó su conformidad para instalar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido”.
Los miembros restantes de la asociación ilícita son –de acuerdo con el fiscal Di Lello– el expolicía Jorge Palacios, el espía Ciro James, el exministro de Educación Mariano Narodowski, dos jueces y cuatro policías de la provincia de Misiones, quienes “actuaron de manera coordinada y en virtud de un plan delictivo delineado, en el cual se generaron falsos informes y falsos expedientes judiciales, concretándose sobre esa base intervenciones de teléfonos ilegítimas”.
Macri conoce a Palacios desde hace más de dos décadas. Alguna vez llegó a definirlo como “el mejor policía del mundo”.
El excomisario “es una de las pocas personas que cuenta con toda la confianza de Mauricio Macri, ya que ayudó a la resolución de su secuestro y fue una persona clave en la investigación del secuestro de su hermana Florencia, cuando Mauricio era uno de los principales empresarios del holding conducido por su padre”, dijo una fuente cercana a su gobierno, citada por el diario Crítica (3.7.2009).
Mauricio Macri proviene de una de las familias más ricas de Argentina. Su padre, Franco Macri, nacido en Roma en 1930, quien arribó al país a los 18 años de edad, lidera el poderoso Grupo Macri, con negocios en la construcción, la industria automovilística, el correo, la recolección de basura, la alimentación y la minería. El Clan Macri, como lo define la prensa, tuvo que pagar rescates millonarios cuando Mauricio, en 1991, y Florencia, en 2003, fueron víctimas de secuestros extorsivos.
Mauricio Macri fue elegido como alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por abrumadora mayoría en 2007 y 2011. Su partido es de tendencia liberal conservadora y firme opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Al igual que otros dirigentes argentinos, Macri se valió del futbol para acceder al escenario mayor de la política.
Entre 1995 y 2007 fue presidente de Boca Juniors, el club de futbol más popular de Argentina. Puso allí a Palacios como jefe de seguridad. Entre los subordinados de Palacios en Boca aparece ya en ese entonces el policía Ciro James.
Para la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Cerruti, del partido Nuevo Encuentro, opositor al alcalde, el espía James “era parte de la fuerza de tareas que el líder del PRO también usó en empresas familiares como Socma y Sideco”.
Discurso modernizador
Según lo dispuesto por el fiscal Di Lello, durante el juicio oral, Palacios y James tendrían que afrontar los mismos cargos que el alcalde, pero por un número mayor de casos. Se los acusa de escuchar ilegalmente a Sergio Burstein, al empresario de medios Carlos Ávila y a dos gerentes de un hipermercado. Uno de ambos, Palacios o James, sería el jefe de la asociación ilícita. Así lo señaló la Cámara Federal al ratificar el procesamiento de los acusados. Palacios suma un segundo encausamiento por espiar a legisladores y a un gremialista.
Al politólogo Sebastián Etchemendy no le sorprende en absoluto que el gobierno de Buenos Aires haya apelado a fuerzas policiales para hacer inteligencia interna, algo que la ley prohíbe.
“El macrismo tiene un discurso modernizador hacia fuera, pero también muchos elementos de la derecha más tradicional y reaccionaria en Argentina”, sostiene.
El pedagogo e investigador Mariano Narodowski, al frente de la cartera educativa, era la cara progresista del gobierno porteño. La oscura contratación del espía Ciro James en su ministerio le valió la renuncia, en diciembre de 2009, y el pedido de elevación a juicio oral y público, el 24 de agosto último.
“Simuló la contratación de Ciro James a sabiendas de la condición del nombrado como agente de inteligencia”, expresó en su requisitoria el fiscal Di Lello: “Le retribuyó por sus servicios con fondos del gobierno de la ciudad y con el fin de lograr la intromisión ilegítima del teléfono perteneciente a Leonardo, cuñado del nombrado Macri.”
El exjuez de Posadas, Luis Rey, deberá afrontar los cargos de asociación ilícita, violación de secreto y prevaricato. El otro juez destituido, Horacio Gallardo, falleció durante la investigación. Los comisarios Raúl Alberto Rojas, Rubén Quintana, David Santiago Amaral y Antonio César Fernández deberán afrontar cargos por abuso de autoridad, violación de sus deberes y falsedad ideológica de documento público.
Mauricio Macri sostiene que el gobierno nacional quiere minar en el plano judicial sus aspiraciones electorales en 2015. El alcalde alega que la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia –es decir, el gobierno nacional– dieron origen a la causa. Y que Ciro James seguramente ya espiaba desde la época en que trabajó en el área de Inteligencia de la Policía Federal. Estos argumentos no invalidarían –para el juez Oyarbide– la responsabilidad en las escuchas ilegales que le cabe al jefe de gobierno.
Internas familiares
El tribunal oral que juzgará a Macri podría estar definido por sorteo antes de fin de año. El juicio tendría lugar en el segundo semestre de 2013. El politólogo Sebastián Etchemendy supone que el poder judicial actuará en función de las perspectivas de estabilidad futura del gobierno: “Oyarbide es un juez que ha tenido respaldo del Consejo de la Magistratura y ha avanzado con los elementos que hay contra el macrismo”, dice. “Pero no olvidemos que acá la política judicial va de la mano de la política general.”
Etchemendy recuerda que en ciencia política hay muchos estudios que sostienen que los jueces se mueven de acuerdo a la coyuntura política. “Si los jueces ven que el poder político del kirchnerismo es estable, es una cosa”, apunta.
“Ahora, si cambian los vientos políticos y ven que pueden llegar a perder el respaldo en el Consejo de la Magistratura, no se van a jugar a condenar a Macri.”
La causa empantana las relaciones dentro del clan Macri. Cuando Mauricio fue procesado, su padre, Franco Macri, salió en defensa… del gobierno. “Estoy seguro de que no es un proyecto del gobierno hacer que Mauricio tenga problemas”, sostuvo el empresario.
Desde el entorno del jefe de gobierno de la ciudad, el jefe de diputados de PRO, Federico Pinedo, deslindó responsabilidades del jefe de gobierno. Sostuvo que las escuchas contra Néstor Leonardo fueron en realidad responsabilidad de Macri padre: “Está claro que Franco contrató a una empresa de información para escuchar a su yerno” (Clarín, 19.7.2010).
El patriarca Franco Macri no oculta su desdén por Néstor Leonardo. Cree ver en este parapsicólogo y enfermero, de 51 años, a un cazafortunas. Leonardo ha dicho que su suegro le preguntó más de una vez cuánto quiere para divorciarse. Ha denunciado que fue herido de bala en una mano por tres hombres que ingresaron en su domicilio. Su mujer, Sandra Macri, tiene cáncer. Leonardo podría llegar a convertirse en heredero de una fortuna millonaria.
El juicio oral no implica necesariamente el fin de la carrera política de Mauricio Macri. “En una política tan polarizada entre gobierno y oposición como es la argentina, con la fortaleza electoral que tiene el macrismo en la capital, quizá podemos relativizar cómo lo puede afectar en términos electorales y de índices de popularidad”, dice el politólogo Sebastián Etchemendy.
“Lo que justamente hace la polarización es manifestar apoyos directos más allá de las coyunturas políticas. La gente que vota a Macri está con Macri porque Macri está contra Cristina. Sobre todo en la clase media, donde hay un sector muy antikirchnerista, yo creo que eso no lo va a afectar”, concluye.

Vía,fuente:

http://www.proceso.com.mx/?p=320486