Han sido tres testigos que han contado sus casos ante los siete
magistrados del Tribunal Supremo que juzgan al juez Baltasar Garzón por
investigar los crímenes del franquismo.
El primer testimonio ha sido el de María Martín López, de 81 años, de
la Asociación Nuestra Memoria, de represaliados en la Sierra de Gredos.
La anciana ha relatado ante el tribunal la desaparición su madre cuando
ella tenía tan solo "seis años y dos meses". Con un hilo de voz, debido
a una afonía, ha narrado que la mataron el 21 de septiembre de 1936. Su
padre la encargó encontrar el cuerpo.
La segunda testigo ha sido Pino Sosa Sosa, una mujer de Gran
Canarias, de 75 años, cuyo padre fue asesinado en la Guerra Civil. Aún
busca su cuerpo en Canarias. Ante los jueces ha explicado porqué
acudieron a la Audiencia Nacional.
La sesión se suspendió después de estos dos testimonios hasta que se
reanudó con el testimonio del historiador Ángel Rodríguez Gallardo, de
la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), que
denunció un plan sistemático del franquismo para eliminar al gobierno
democrático de la Segunda República. En su opinión, podría llevar a
pensar que se produjeron "actos de genocidio".
El juicio se reanudará eLjueves con el testimonio de otras dos
víctimas del franquismo: Josefina Musulen, de Aragón, y Antonia Oliver,
de Mallorca. Luego las sesiones se suspenderán hasta el próximo lunes.
Garzón se enfrenta en este juicio, el segundo en este mes, a
una petición de 20 años de inhabilitación por un delito
de prevaricación que le imputan las organizaciones ultraderechistas
Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
Garzón negó en su declaración que fueran razones políticas las que le
movieran a declararse competente para investigar los crímenes del
franquismo y ha asegurado que hizo lo que creía que tenía que hacer, por
encima de ideologías, para contribuir a la reparación de las víctimas.
Hay que recordar que la decisión de las asociaciones de víctimas de
acudir a la Audiencia Nacional no fue "coyuntural", sino fruto de un
largo proceso iniciado por familiares, historiadores y personas
concienciadas con la reparación que confluyeron en un momento en el que
la sociedad empezaba a sentir sensibilidad para que la Justicia pudiera
decir qué ocurrió.
Antes, hubo algunas denuncias en 1978 y en los años 80 que intentaron
la intervención judicial e incluso la exhumación de alguna fosa, como
la de La Solana en Ciudad Real o la del alcalde de Ferrol en 1986, pero
ese proceso se interrumpió por el intento de golpe de Estado de 1981,
tras el que el Gobierno socialista de Felipe González decidió "aparcar"
el proceso.
Finalmente, en 1999, cuando se abrieron los archivos del Estado, las
asociaciones de víctimas al acceder a los datos iniciaron una nueva
investigación para reconstruir la represión y crímenes del franquismo.
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