Como sucede en muchos otros países cuando
se reprime a manifestantes, la policía de Panamá asegura que no fueron
sus efectivos los que causaron la muerte de dos indígenas de la etnia
ngäbe-buglé al desalojar a quienes tenían bloqueada la carretera
Panamericana y otras vías de comunicación en la región limítrofe con
Costa Rica. Negó que las unidades antimotines utilizaran rifles de
asalto en el desalojo que dejó decenas de heridos (entre ellos seis
policías) y detenidos, y cuantiosas pérdidas económicas. Los indígenas y
otros pobladores llevaban una semana protestando contra un proyecto
minero para extraer oro y cobre y la construcción de una hidroeléctrica
en las provincias de Chiriqui y Veraguas.
El presidente panameño, el empresario Ricardo Martinelli, había
prometido proteger la riqueza natural de la región, donde habitan los
200 mil integrantes del pueblo ngäbe-buglé, muy combativos en la defensa
de sus tierras, donde practican la agricultura de subsistencia: maíz,
arroz, frijol, yuca y plátano. Igualmente se ocupan como jornaleros en
las grandes fincas bananeras o migran a Costa Rica en la época de la
recolección de café. Son finos artesanos. Luego de intensas
negociaciones con los inconformes (a los que apoyan sindicatos obreros,
defensores del medio ambiente y las comunidades indígenas locales y de
Costa Rica), el gobierno aceptó negociar el futuro de la explotación
minera e hidroeléctrica.
Famatina es un pueblo de 6 mil 500 habitantes enclavado en la
cordillera de los Andes argentinos. Ahora es noticia por su oposición a
que una minera canadiense realice durante 30 años trabajos a cielo
abierto para sacar oro con valor cercano a 25 mil millones de dólares.
Los pobladores de Famatina consideran que la explotación minera será una
fuente de contaminación del agua y de la tierra y origen de muchos más
problemas, como ocurre en las provincias de Catamarca y Tucumán, cuya
población no ha salido de la pobreza. En la primera se ubica la más
grande mina a cielo abierto del país, Alumbrera, rica en oro y cobre, y
es muy cuestionada porque demanda mucha agua y contamina.
La lucha en Famatina cuenta con el apoyo de diversos grupos
sociales y de personajes de la vida pública que cuestionan la política
del gobierno argentino de intensificar la actividad minera como forma de
atraer inversión extranjera y aumentar el ingreso público. Bienvenida
esa inversión y esos ingresos, pero no a costa de la naturaleza y el
bienestar de las poblaciones afectadas por la minería, dicen los
inconformes. Los empresarios mineros aseguran que no contaminan ni están
acabando con el agua.
También en Perú afloran los conflictos entre las mineras y la
población. La minería es la actividad de más rápido crecimiento las
décadas recientes, al grado de representar más de 60 por ciento de las
exportaciones peruanas. La producción de cobre se duplicó en poco más de
un lustro y la de oro en un tercio. La minería la controlan 10 grandes
trasnacionales. Pero este acelerado crecimiento ha ido de la mano de
conflictos sociales y políticos. Aunque la minería y otras actividades
económicas han propiciado el crecimiento económico los años recientes,
no han servido para abatir las condiciones de pobreza y desigualdad, a
lo que se agrega una débil presencia estatal en las regiones sede de esa
actividad y el temor a la contaminación, fundamentalmente el agua y la
tierra. Es lo que sucede en Cajamarca, Piura, Tacna o Ancash, donde no
han recibido el beneficio de la explotación de los recursos naturales.
Uno de los desafíos del gobierno del presidente Humala es revertir tal
situación. ¿Lo logrará cuando las empresas mineras (destacadamente las
trasnacionales) quieren garantizar la máxima ganancia para sus
inversiones?
En México, los empresarios mineros publicitan su contribución a la
creación de empleos, a la riqueza del país. Sin embargo, algo debe andar
mal cuando las explotaciones mineras despiertan tanta oposición. No
solamente por afectar el medio ambiente y la calidad de vida de las
poblaciones donde se ubican, sino por las tragedias que ocurren por
malas condiciones de trabajo, y la corrupción y la negligencia del
gobierno.
Vìa,fuente :
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/13/opinion/024a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/13/opinion/024a1pol
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