Todas las miradas apuntan al alcalde de
Paicol, Norberto Palomino Ríos, señalado como el principal responsable
por la brutal acción de desalojo contra un campamento de pescadores y
campesinos a orillas del río Magdalena, en Colombia.
El jerarca ordenó la represión que finalmente
concretó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), y que terminó con
tres heridos, uno de ellos de gravedad. La movilización era contra la
construcción de la central hidroeléctrica El Quimbo, ya que advierten
por la inundación de las mejores tierras cultivables de la región, el
desvío del cauce del río y el desplazamiento de comunidades campesinas.
Entre otras cosas, las organizaciones colombianas denuncian que la acción de desalojo se realizó sin la presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Cruz Roja. Tampoco pudieron ingresar periodistas nacionales e internacionales, delegados del Movimiento Ríos Vivos; del Observatorio Internacional de Paz y de Censat - Agua Viva (Amigos de la Tierra Colombia), entre otras organizaciones.
Nuestro corresponsal Danilo Urrea, que estaba presente en el lugar, entrevistó allí al párroco del municipio de Gigante, Pedro Nel Macias, que tampoco pudo ingresar al lugar “por motivos de seguridad”, luego de que el gobierno ordenara la expropiación de los terrenos que están en litigio.
“Los campesinos hacen sus reclamos totalmente justos, no queremos ver más personas desamparadas”, dijo el representante de la Iglesia Católica, que no titubeó al momento de responsabilizar a las autoridades gubernamentales por el desplazamiento de las comunidades.
“Es el mismo gobierno quien desplaza a las comunidades. Están atentando contra el río de la patria, contra las riquezas de Colombia”, denunció el párroco.
Hay algo que nadie pone en duda: la violenta represión se llevó a cabo para contrarrestar una manifestación que era absolutamente pacífica. “Estas personas reclamaban pacíficamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que suspendiera las obras de la construcción de la Hidroeléctrica del Quimbo por los continuos incumplimientos con la licencia ambiental por parte de las transnacionales Emgesa y Enel, dueñas del proyecto”, puede leerse en el comunicado del Movimiento Ríos Vivos.
Entre otras cosas, las organizaciones colombianas denuncian que la acción de desalojo se realizó sin la presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Cruz Roja. Tampoco pudieron ingresar periodistas nacionales e internacionales, delegados del Movimiento Ríos Vivos; del Observatorio Internacional de Paz y de Censat - Agua Viva (Amigos de la Tierra Colombia), entre otras organizaciones.
Nuestro corresponsal Danilo Urrea, que estaba presente en el lugar, entrevistó allí al párroco del municipio de Gigante, Pedro Nel Macias, que tampoco pudo ingresar al lugar “por motivos de seguridad”, luego de que el gobierno ordenara la expropiación de los terrenos que están en litigio.
“Los campesinos hacen sus reclamos totalmente justos, no queremos ver más personas desamparadas”, dijo el representante de la Iglesia Católica, que no titubeó al momento de responsabilizar a las autoridades gubernamentales por el desplazamiento de las comunidades.
“Es el mismo gobierno quien desplaza a las comunidades. Están atentando contra el río de la patria, contra las riquezas de Colombia”, denunció el párroco.
Hay algo que nadie pone en duda: la violenta represión se llevó a cabo para contrarrestar una manifestación que era absolutamente pacífica. “Estas personas reclamaban pacíficamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que suspendiera las obras de la construcción de la Hidroeléctrica del Quimbo por los continuos incumplimientos con la licencia ambiental por parte de las transnacionales Emgesa y Enel, dueñas del proyecto”, puede leerse en el comunicado del Movimiento Ríos Vivos.
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