Boletín de prensa
Tlachinollan
Tlachinollan
Para los guerrerenses el cierre de este año es fatídico, por la
violencia endémica alentada por un gobierno autista y represor, y por
la pobreza atroz, propiciada por las políticas gubernamentales
fallidas, que expulsan del estado y del país a miles de familias que
viven del campo. La mayoría de ellas se ven obligadas a contratarse en
condiciones de semiesclavitud, con las empresas agrícolas
trasnacionales, asentadas en el norte del país.
Para la sociedad guerrerense, el entorno en que se da la nueva
administración presidida por el gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero,
está marcado por la inseguridad promovida por las mismas corporaciones
policiacas; las disputas por las plazas por parte de la diversidad de
grupos del narcotráfico que las pelean a sangre y fuego; la reedición de
la guerra sucia con los nuevos patrones de ajusticiamiento y
desapariciones forzadas en medio de un despliegue excesivo y sin ningún
control civil por parte del Ejército y la Marina, situación que ha
provocado el aumento de graves violaciones a los derechos humanos.
La crisis económica ha golpeado severamente a la mayoría de familias
guerrerenses, al grado que la falta de alimentos en las regiones como la
Montaña y Costa chica está causando estragos en la niñez indígena que
sobrevive en situaciones indignantes por la desnutrición infantil, que
viene a ser como su sombra funesta. El desempleo generalizado forma
parte de la violencia institucional que le niega la posibilidad a la
población económicamente activa de encontrar un empleo seguro. El mismo
gobierno se encarga de cancelar plazas y de despedir a sus
trabajadores. Se ha precarizado al extremo la vida de la clase
trabajadora, a quien se le llega a contratar en condiciones indignantes,
que atentan contra su dignidad y sus derechos laborales.
La situación más grave que vivimos es el descrédito social en que han
caído las autoridades y los actores políticos. No solo existe
desconfianza hacia los gobernantes sino aversión y temor por la forma de
atender las demandas de la población y por el tratamiento policiaco que
le dan a los conflictos sociales, usando de manera desproporcionada la
fuerza represiva. La población ya no se siente representada y mucho
menos cree en las poses discursivas y demagógicas de los políticos. Se
ha fracturado y ensanchado la relación y la brecha entre la sociedad
civil y la clase política. Los intereses son totalmente divergentes y
las aspiraciones colectivas de igualdad, justicia y equidad contrastan
con las visiones cortas y mezquinas de quienes buscan contender por un
cargo de elección popular.
Los intereses macroeconómicos de los grupos de poder han alentado la
confrontación social, porque las autoridades estatales se han casado con
proyectos de desarrollo orientados a la privatización, desplazamientos
forzosos de la población originaria y el saqueo de los recursos
naturales. A pesar de que los campesinos aglutinados en el Consejo de
ejidos y comunidades opositores a la Parota (Cecop) han ganado cinco
juicios agrarios en los tribunales agrarios, demostrando tener la razón
por ser ellos los verdaderos dueños de las tierras y quienes deciden el
destino de su hábitat, el ejecutivo estatal sigue empeñado en construir
la presa hidroeléctrica. Por eso para el 2012 el congreso federal
aprobó una partida millonaria para la Parota, lo que explica de algún
modo que el gobernador se niegue a firmar con el Cecop, los Acuerdos de
Cacahuatepec, donde se compromete a no impulsar la construcción de la
presa.
La vida en el campo está marcada por la conflictividad agraria
protagonizada por las mismas comunidades indígenas y campesinas que no
han encontrado en el gobierno el interés y el apoyo necesarios para
resolver de manera pacífica esta añeja problemática. La defensa del
territorio ha marcado la lucha de los pueblos indígenas de Guerrero en
este 20011 ante la embestida del gobierno de promover la entrada de las
empresas mineras. Para estos fines ha utilizando a las instituciones
públicas que trabajan con las comunidades, para que se encarguen de
persuadir, dividir y cooptar a la población, y que den su anuencia y así
allanarle el camino a las trasnacionales. En lugar de consultar a los
dueños de estos territorios, de respetar sus decisiones y de atender sus
demandas básicas, las autoridades trabajan a la inversa; hacen acuerdos
con los grandes empresarios a espaldas de la población, implementan
programas para diezmar la fuerza y la resistencia de las comunidades y
hacen grandes eventos encaminados a convencer a las empresas mineras,
que están dadas las condiciones para que inviertan sus capitales en
Guerrero.
El cierre de este año presenta signos ominosos con las desapariciones
forzadas de dos defensores ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista.
Su desaparición se da en una región convulsionada por el crimen
organizado y en un contexto donde impera la impunidad por parte de los
diferentes cuerpos de seguridad y del ejército. La población se siente
inerme y los defensores y defensoras del bosque, quienes desde hace 15
años han sido perseguidos, torturados y encarcelados, como sucedió con Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera
y Felipe Arriaga, siguen padeciendo los mismos estragos, porque esta
situación en ls sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán no ha cambiado,
por el contrario, ha empeorado. Existe una descomposición atroz, las
autoridades civiles están desbordadas por los poderes fácticos y ya no
hay fronteras entre las fuerzas del orden con los grupos de la
delincuencia. No hay garantía para que los defensoras y defensores del
medio ambiente hagan su trabajo con libertad y seguridad. Las
autoridades se han negado a investigar la línea que han planteado los
familiares de Eva y Marcial, de que se investigue al ejército y a las
corporaciones policiacas de la región, porque existen indicios de que
están involucrados. Nuevamente estamos ante una situación crítica para
los defensores y defensoras de Guerrero, porque las autoridades no
reconocen el trabajo que realizan, no toman en cuenta la situación de
riesgo, como realmente sucedía con Eva y Marcial, y no implementan
mecanismos que prevean alguna agresión y protejan efectivamente su
trabajo.
Las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera y Gabriel
Echeverría, dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que fueron
asesinados por elementos policiacos del estado y la federación, nos
muestra la crisis de gobernabilidad que permea en el estado. Es grave
el grado de permisividad que existe por parte de las corporaciones
policiacas para actuar violentamente contra la población civil; la
ausencia de controles en la cadena de mando y la forma caciquil de
dirimir los conflictos. Los estudiantes y sus familiares no solo lloran
esta pérdida irreparable, sino que tienen que enfrentar la persecución,
el hostigamiento y la descalificación que ha emprendido el gobierno para
acallar sus demandas de justicia y de educación. No hay avances en las
investigaciones y hasta la fecha ningún policía o autoridad ha sido
consignado ante un tribunal. Esta irregularidad demuestra el patrón de
impunidad que impera entre las autoridades que cobijan a quienes
delinquen. Sin ningún rubor evaden sus responsabilidades
constitucionales para garantizar el derecho a la vida, a la integridad
física y psicológica, a la seguridad, al debido proceso, a una
investigación exhaustiva, el castigo a los responsables, la reparación
de los daños y las garantías de no repetición de estos hechos
abominables.
En lugar de ser un factor que ayude a transparentar la investigación y
proteja a las víctimas, el gobernador se ha empeñado en polarizar a la
población, en alentar la confrontación, en emprender una campaña de
linchamientos contra los estudiantes y sus defensores, en comprar la
conciencia de los periodistas y en generar un ambiente adverso a los
normalistas para que claudiquen en su lucha y acepten negociar de
rodillas.
Para mayor información y gestión de entrevistas
Área de Comunicación
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Román Hernández
Tel: 01 (757) 476 37 04 - 476 12 20
Fax: 01 (757) 476 12 00
Celular: (045) 757 106 6095
Correo: tlachinollan.difusion@gmail.com cdhm@tlachinollan.org
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Román Hernández
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Fax: 01 (757) 476 12 00
Celular: (045) 757 106 6095
Correo: tlachinollan.difusion@gmail.com cdhm@tlachinollan.org
30 de diciembre de 2011
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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