Sanciones para atacar el bolsillo del 15M
Multas por desobediencia a la autoridad, por
asistir a una manifestación o por gritar consignas. La maquinaria
administrativa del Estado se pone en marcha.
- Actuación de los Mossos contra manifestantes del 15M en Barcelona / Foto: Albert García.
A Patricia, una participante del 15M de Hortaleza (Madrid), fueron a buscarla a su casa tras participar en un desahucio.
Se la acusa de agredir a un agente, aunque no se la detuvo en el
momento. También en Madrid varios indignados están acusados de provocar
cortes de tráfico durante la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada
en agosto. En Barcelona hay acusados por corear lemas o pegar carteles y
en Jerez once personas fueron detenidas cuando intentaban parar un
desahucio.
Sólo en la capital, la Comisión de Legal de Sol tiene
constancia de unas 25 sanciones. En Barcelona rondan las 200, la mayoría
por la concentración frente al Hospital del Mar y la acción de la
Bolsa. La cuantía económica es difícil de precisar: las multas individuales pueden oscilar entre los 300 y los 3.000 euros, y aunque no están siendo muy altas, en conjunto es una suma considerable. Un periódico gratuito hablaba de 40.000 euros en multas
sólo en Barcelona y aunque nadie parece ser capaz de confirmar esa
cifra, no parece excesiva. En la Ciudad Condal, los afectados y el
movimiento 15M han abierto una cuenta en la que se puede aportar dinero para este concepto. En Madrid llevan un tiempo acariciando la idea de crear una caja de resistencia, aunque de momento no hay nada en firme.
"Se trata de una medida represiva muy eficaz, porque
afecta a la parte económica y es una acción directa, individual. Otras
medidas como las detenciones o las cargas policiales tienen mucha
repercusión mediática y son mal vistas por la sociedad, pero esto pasa
más desapercibido", opinan desde la Comisión de Legal de Sol. La misma
fuente señala que los procedimientos sancionadores
se iniciaron justo antes de las elecciones, "como si alguien quisiera
dejarse los deberes hechos". En Barcelona subrayan que la
actividad sancionadora es mayor desde que CiU ocupa la Consellería de
Interior y desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
confirman que los despliegues policiales en los desahucios son cada vez
mayores.
¿Es ésta la nueva estrategia política para
desestabilizar el movimiento? ¿Podrán las multas –con sus
correspondientes juicios– acabar con la movilización ciudadana surgida
al calor del 15M? Desde la PAH creen que no, pero que "hay que buscar
nuevas estrategias colectivas para limar los momentos de tensión y
reapropiarnos del espacio público sin entrar en la dinámica
antidepresiva, que es algo que a la sociedad le atrae poco. Y una de las mejores cosas que tiene este movimiento es su legitimidad social".
Sanciones administrativas
En general, las sanciones recibidas se encuadran en una de estas tres categorías: promoción de manifestación no comunicada o no autorizada, desobediencia a la autoridad y desorden público,
infracciones recogidas en la Ley 1/92, la conocida como "ley Corcuera".
Desde Legal Sol explican que "hay compañeros que dieron su nombre para
comunicar una concentración que se prohibió, pero que igualmente se
celebró y que ahora se encuentran con que se les acusa de promoverla.
Igualmente, en concentraciones que no se comunicaron, hay personas que
están acusadas de ser promotoras". Conviene recordar que el derecho de
reunión es un derecho fundamental, por lo que no se pide permiso para
ejercerlo, sólo se comunica a la autoridad competente, que puede
desautorizarla alegando motivos de seguridad.
En el caso de los expedientes abiertos por desobediencia
o desorden público, la Comisión de Legal tampoco oculta su asombro: "La
policía puede hacer controles preventivos para evitar disturbios, pero
en estos casos parece que esos controles fueron en realidad para poder
iniciar procedimientos sancionadores". En una línea similar se
manifiestan desde Barcelona: "Cuando miras los expedientes, se ve que
los hechos imputados son los mismos. Las denuncias no están personalizadas: son arbitrarias y no describen acciones concretas",
dicen desde la Comisión Penal. Destacan las interpuestas por la
manifestación del Hospital del Mar contra personas a las que se
identificó después del acto y tras retenerlas en el metro casi una hora.
- Actuación de los Mossos contra manifestantes del 15M en Barcelona / Foto: Albert García.
Incidentes ante el Parlament
Mención aparte merece el proceso abierto contra los
indignados de Barcelona que el pasado 15 de junio se manifestaron frente
al Parlament. El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia ante la
Audiencia Nacional en que acusaba a los indignados de un delito contra
las instituciones del Estado. Posteriormente se sumaban a la causa la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el letrado de la Generalitat, aunque no estaban obligados a ello.
Además, a la querella de Manos Limpias se han sumado las denuncias
particulares interpuestas por varios parlamentarios catalanes.
Desde la Comisión Jurídica de Barcelona esperan que el
juicio tenga lugar en unos seis meses y destacan que se trata de un
delito que nunca se había juzgado antes. "Lo más
seguro es que por su carácter excepcional el juicio acabe en el Supremo y
cree jurisprudencia. Va a marcar un precedente de cara a futuras
movilizaciones", añaden. Además, recuerdan que en 1984
simpatizantes de CiU rodearon el Parlament e increparon a varios
diputados, especialmente al socialista Ramón Obiols ("mateu-lo,
mateu-lo", se lee en las crónicas de la época), sin consecuencias
jurídicas. Asimismo, un incidente similar en el Parlamento gallego se
juzgó en la Audiencia Provincial.
Los 20 acusados –para los que se pide un mínimo de tres
años de prisión– fueron identificados por los Mossos a partir de
imágenes televisivas. Seis de ellos se presentaron voluntariamente en la ciudad de la justicia de Barcelona y aún así fueron detenidos por agentes antidisturbios, hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña calificó de ilegal.
Sigue el proceso contra la actuación por el desalojo de la Plaza de Catalunya
El desalojo de la Plaza Catalunya (Barcelona) también
está en la justicia. Medio centenar de personas presentaron el pasado
mes de octubre una querella criminal ante los juzgados de Barcelona
contra Felipe Puig, conseller de Interior de la Generalitat; el director
general y altos cargos de los Mossos d’Esquadra y los agentes que
participaron en el desalojo. Los acusan de prohibición y disolución de
manifestación pacífica, detención ilegal, lesiones, delitos contra la
integridad moral y apropiación indebida, entre otros cargos.
El proceso está ya en fase de instrucción, aunque el
juez se ha declarado incompetente para investigar al conseller de
Interior. "Creemos que el proceso va a ser largo; al menos dos o tres
años. Además, aunque este magistrado no pueda juzgar a Puig, si durante
la investigación se encontraran indicios de su implicación lo más
probable es que el caso se traslade al Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya", opinan desde la Comisión Penal del 15M de Barcelona.
El desalojo de la Plaza Catalunya tuvo lugar la mañana
del día 27 de mayo. La policía retuvo a los acampados en el interior de
la plaza durante horas, sin acceso a agua ni alimentos y sin poder usar
los baños. Finalmente, la acampada se disolvió con una carga policial
que provocó más de un centenar de heridos por porrazos y balas de goma,
alguno de gravedad.
Fuente, vìa :
http://diagonalperiodico.net/Sanciones-para-atacar-el-bolsillo.html
http://diagonalperiodico.net/Sanciones-para-atacar-el-bolsillo.html
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