Diversas organizaciones de derechos humanos nos hemos dirigido
hoy a los gobiernos de México y Guatemala para expresarles la
preocupación por el agravamiento de las condiciones en que se encuentran
las personas desplazadas de la comunidad Nueva Esperanza, del
departamento de La Libertad, zona de El Petén, Guatemala, quienes fueron
desalojadas violentamente por el ejército de su país el pasado 23 de
agosto y desde esa fecha se encuentran refugiadas en la línea fronteriza
que colinda con la comunidad de Nuevo Progreso, municipio de Tenosique,
Tabasco donde sobreviven con gran dificultad desde hace más de ochenta
días, en condiciones extremadamente precarias que ponen en riesgo su
salud y su integridad.
Además de las críticas condiciones de vida que las y los refugiados
enfrentan desde su desplazamiento, actualmente están siendo objeto de
amenazas y propagación de información no sustentada; dichos rumores
aumentan sus condiciones de vulnerabilidad ya que en caso de no
detenerse o investigarse adecuadamente, se generarán actos de exclusión,
discriminación y xenofobia contra ellos.
Los gobiernos de Guatemala y México no están proporcionando la
asistencia humanitaria a la que están obligados ante personas
desplazadas y refugiadas, tal como señalan los principios y directrices
de Naciones Unidas en ambos casos. La han negado o regateado y, la ayuda
mínima otorgada ha resultado insuficiente poniendo en riesgo la salud y
la integridad de la población. La escasa ayuda que reciben ha
provenido, casi en su totalidad, de organizaciones religiosas y
poblaciones vecinas.
Diversas organizaciones de México, conformadas en una Misión Civil de Observación, constatamos
en octubre pasado la crítica situación en la que se encuentran las casi
trescientas personas, de las cuales 115 son niños, niñas o
adolescentes, quienes deberían gozar de una especial protección. La
Misión documentó, además de las inhumanas condiciones, acusaciones
contra la población desplazada que nos causaron gran preocupación porque
no estaban sustentadas en pruebas ni implicaban procesos formales, pero
sí eran sostenidas por autoridades de Guatemala.
En su momento y tras entrevistarse con el cónsul de Guatemala en
Tenosique, integrantes de la Misión Civil de Observación fueron muy
claros al afirmar en el comunicado que emitieron al término de la misma,
que “constituye un motivo de gran preocupación la intención de
justificar el desplazamiento atribuyéndole a las y los desplazados la
comisión de ilícitos sin que haya alguna prueba contra ellos.”
En ese momento nos referíamos a acusaciones contra las y los
desplazados con respecto a daños ocasionados al medio ambiente ya que se
encontraban en una zona natural protegida y con respecto a colaborar
con narcotraficantes. En ambos casos el cónsul admitió que no había
pruebas contra las y los entonces pobladores y ahora desplazados de
Nueva Esperanza.
Durante los primeros días de noviembre tuvimos noticia de una carta que
habitantes de Nuevo Progreso, Tenosique, dirigieron a sus autoridades
acusando a “los pobladores” de cometer desmanes, emborracharse, golpear a
sus mujeres y portar armas.
Todas esas conductas, por supuesto reprochables, requieren investigarse
con apego a la ley para poder inculpar a alguien; mientras tanto
representa un acto de riesgo y discriminación el hecho de atribuirlas a
un colectivo. Nos preocupa que alguna autoridad de México o Guatemala
pueda estar contribuyendo a la propagación de rumores que puedan
ocasionar discriminación o conducir a respuestas violentas.
Sabemos que se están desarrollando mesas de diálogo entre la población
desplazada y el gobierno de Guatemala. Sin embargo, alertamos sobre la
dificultad de mantener una negociación en medio de condiciones tan
precarias para la población desplazada. A estas condiciones, que
representaban ya una grave emergencia, se suma el hacerlo ante la
amenaza velada de ser repatriados por parte de México, como se publicó
en un periódico mexicano[1].
Sería grave que el gobierno mexicano pretendiera tomar una medida de
esa índole, pues es preciso recordar que la Ley de Migración
recientemente modificada por el Congreso de la Unión, establece, en su
artículo segundo, que un principio fundamental de la política migratoria
mexicana es el “respeto irrestricto de los derechos humanos de los
migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen,
nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial
atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas,
adolescentes y personas de la tercera edad, reconociendo ese mismo
numeral que “ en ningún caso una situación migratoria irregular
preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la
comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de
encontrarse en condición no documentada”. La misma norma reitera otros
principios que deben imperar en el actuar de las instituciones
migratorias, como el de hospitalidad y solidaridad con las personas que
necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a
condiciones extremas en su país y el interés superior de la infancia,
entre otros.
De no ser cierta la amenaza de expulsión, se pide a las autoridades
pronunciarse o desmentir al respecto de lo comentado en dicho diario.
Ante los constantes rumores y la crítica situación que vive la
comunidad refugiada, las organizaciones firmantes solicitamos al
gobierno mexicano que haga efectivos los principios de solidaridad,
hospitalidad y protección, que deben regir la política migratoria
mexicana, estableciendo garantías de permanencia para la comunidad
desplazada de Nueva Esperanza, mismas que deben incluir todo tipo de
ayuda humanitaria indispensable para que los desplazados, hoy refugiados
puedan vivir en condiciones de mínima dignidad el tiempo que dure su
situación de refugio, así como evitar cualquier tipo de hostigamiento o
amenaza que ponga en riesgo su integridad. Dichas medidas deberán
prevalecer hasta en tanto el Estado guatemalteco garantice el retorno de
los habitantes a su comunidad en condiciones que sean compatibles con
sus derechos humanos y restituyan su derecho a la tierra y a una
vivienda digna.
Por su parte, al Gobierno de Guatemala se le solicitó agilizar las
mesas de diálogo, garantizando que a la comunidad de Nueva Esperanza les
sean restituidas de manera adecuada y con estándares compatibles con
los derechos humanos, sus tierras, viviendas y, en general todas
aquellas condiciones necesarias para una vida digna. Asimismo, la ayuda
humanitaria resulta fundamental para poder llevar una adecuada mesa de
negociación.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez
Centro de Derechos Humanos del Usumacinta
Equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
La 72-Casa Hogar Refugio para Personas Migrantes
Sin Fronteras IAP
Centro de Derechos Humanos del Usumacinta
Equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
La 72-Casa Hogar Refugio para Personas Migrantes
Sin Fronteras IAP
[1] Asentados en el ejido Nuevo Progreso de Tenosique,
Repatriarán a asilados guatemaltecos por queja de pobladores. Son
acusados de realizar desmanes en territorio mexicano por habitantes de
la comunidad de Nuevo Progreso en Tenosique. Publicado en Milenio el 1º
de Noviembre de 2011, disponible en: http://impreso.milenio.com/node/9054418
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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