Colombia : “Cansados de obedecer, queremos gobernar”.......Ojarasca

Cali, Colombia
congreso de tierras,
territorios y soberanías

“Cansados
de obedecer,
queremos gobernar”

El 30 de septiembre al 4 de octubre, el movimiento campesino, indígena y afrodescendiente de Colombia, unido con los pobladores urbanos y con las víctimas de crímenes de Estado y del desarrollo capitalista, obtuvo una espectacular visibilidad al reunirse en Cali para el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, todos los que buscan un camino propio, digno, libertario y en resistencia esquivando los ataques de los ejércitos del gobierno, del narcotráfico, de la guerrilla o de los paramilitares. Así, 11 mil 500 delegadas y delegados abarrotaron el encuentro “en defensa de la vida y la Madre Tierra”, a ratificar su “voluntad de trabajo, y movilización conjunta”, además de continuar el “proceso de legislación propia” sobre sus territorios.

Sabedores de que el gobierno insiste en aprobar legislaciones que le abran la puerta a la venta y renta de vastas extensiones de tierras, o a los contratos de asociación entre las grandes empresas y las comunidades en condiciones sumamente desiguales, las cientos de organizaciones y miles de comunidades que hace unos años se movilizaron en la llamada Minga que recorrió Colombia impugnando las condiciones imperantes afirman: “los aquí presentes venimos construyendo la alternativa: territorios gobernados por las comunidades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, decisión autónoma sobre la producción de alimentos”.

Y en su diagnóstico insisten: “El país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica; las acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema —la persistencia del latifundio armado y su alianza con la oligarquía industrial y financiera— y, por el contrario, utilizará la justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras para ajustar aún más el modelo territorial a los requerimientos del capital. Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo: que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por los derechos; que nos toca legislar y actuar por nuestra propia cuenta para garantizarlos; que debemos ir más allá de ser oposición política, y construir por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, sólo tiene sentido si al mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio”.

Para el conjunto de organizaciones los últimos gobiernos han buscado imponer programas de ajuste neoliberal como las llamadas “locomotoras del progreso” y las “Zonas de Desarrollo Empresarial”; adjudicarle el país a la industria minero-energética; estrangular los ríos y las aguas, y hacer de Colombia “una zona franca de 200 millones de hectáreas”. Esto privatiza en los hechos los territorios quitándole “a la sociedad y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y para entregarlos al capital privado. Cada una de las luchas que nuestros pueblos vienen dando son para enfrentar este despojo”.

Aunque víctimas del desarrollo y el despojo, al igual que en México las comunidades son “las defensoras de la soberanía que el Estado —que debería ser su garante— ha abandonado en la feria de la ‘confianza inversionista’. La reactivación de las luchas sociales populares en Colombia se vienen dando justo por el camino de defender la Madre Tierra, los territorios y la soberanía nacional”.

Entre los mandatos expresos que emanan de este diagnóstico consensado entre esta representación de tantísimas comunidades y organizaciones de toda Colombia, está consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares en defensa de los territorios hasta “consolidar la soberanía popular” buscando “que no se destruyan las fuentes de agua para explotar oro o petróleo”, lo que implica prohibir la minería en gran escala y “la explotación petrolera desaforada”; emprender acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política del conflicto armado.

Y afirman: “La guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz sólo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario —en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra—, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios”.

Un mandato crucial es “la realización participativa de la reforma agraria”. “No permitiremos”, insisten, “que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras —robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes— deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas”.

Todos los otros mandatos recogen mucho de lo que entre las comunidades campesinas, indígenas del continente es una voz que va creciendo de volumen hasta ser un grito general: cuidar el agua, los bosques, los llamados recursos naturales; construir una economía propia, una soberanía alimentaria, sembrando alimentos propios, defender las semillas y cultivares ancestrales, y todos sus saberes. Defenderse de los megaproyectos extractivistas y de las invasiones disfrazadas de ambientalismo conservacionista con acciones en la bolsa de valores, encarnados en programas como los servicios ambientales, las reservas de la biosfera o REDD. Fortalecer los autogobiernos de las comunidades en el campo como en los territorios “urbano populares democráticos”.

Y terminan diciendo: “Cansados de obedecer, can sados de ser consultados mientras otros deciden, queremos gobernar”

Fuente, vìa :

http://www.jornada.unam.mx/2011/11/12/oja-colombia.html