(Proceso).- La cooptación, domesticación y amordazamiento de las organizaciones ciudadanas y sus dirigentes, por la vía de la transferencia de los recursos públicos y el reparto de cargos, es una práctica común en México, afirma el activista Eduardo Gallo, expresidente de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
El objetivo es claro: desnaturalizar las organizaciones cívicas para neutralizar el rechazo a las estrategias oficiales, como la “guerra” del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que sea menos sonoro el clamor social de seguridad, justicia y paz.
“Pero esto se da no sólo con dinero, sino con otras maneras: invitaciones a reuniones, eventos, comidas y cenas en las que es posible codearse con altos miembros del poder público, con el secretario de Gobernación o el procurador, que dan rápidamente un cita. Esto es muy seductor para quienes se marean al subirse a un ladrillo y desgraciadamente le ocurre a la mayoría.”
A Gallo –quien dice haber renunciado a MUCD por falta de transparencia y rendición de cuentas en ese organismo y por no canjear independencia por recursos públicos– le consta cómo los políticos buscan mediatizar la acción ciudadana también con el ofrecimiento de cargos y candidaturas.
No es sólo el caso de Elena Herrejón, presidenta de la organización Provecino, quien en 2006 fue candidata a senadora por Nueva Alianza (Panal, el partido de Elba Esther Gordillo), sino la propia experiencia de Gallo: el Partido Acción Nacional (PAN) le ofreció, también ese año, ser candidato a delegado y diputado local en la capital del país.
–¿De quién fue la invitación?
–Del entonces presidente del partido, Manuel Espino, a quien aprecio como persona pero a quien le dije que no me interesaba. Me insistió: “¿Qué te parece diputado federal por Morelos?”. “Manuel”, le respondí, “¿qué parte no me has entendido? Mi vida no va en esa dirección”.
Gallo, a quien Convergencia le hizo también una oferta, recuerda cómo en 1998 un hijo de María Elena Morera, expresidenta de MUCD y quien ahora encabeza Causa Común, se convirtió en asesor del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y por ello él se distanció temporalmente de esa organización.
“Son formas diferentes con las que los políticos buscan consentir a los integrantes de la sociedad civil, cooptarlos o cuando menos jalar sus voluntades para que haya buena disposición en disculpar los actos equivocados o la no acción en algún área que pudiera ser criticada ante la opinión pública. Son formas que se siguen por todos lados.”
Tras una década de participar en el activismo cívico, a raíz del secuestro y asesinato de su hija Paola en Morelos, en junio de 2000 –cuya investigación asumió personalmente por la incompetencia de las autoridades–, afirma que la cooptación de organizaciones no se ha dado sólo en el gobierno de Calderón, sino desde el sexenio de Vicente Fox, cuyo secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, lo hizo tras la multitudinaria marcha contra la delincuencia del 27 de junio 2004.
Recuerda cómo Fox se comprometió a crear un observatorio ciudadano para evaluar la acción gubernamental, pero Martín Huerta ofreció solamente crear un consejo de participación ciudadana. “A veces el presidente promete cosas que no puede cumplir”, le dijo a Gallo en una reunión.
Ante el reclamo del activista de que Fox mintió, el funcionario dijo que interpretara como quisiera. “Lo tomo como que todo esto es una farsa y frente a una farsa lo que te digo es: chinga tu madre. No estamos para que jueguen con nosotros. A los ciudadanos se les respeta”.
Indiferente al reclamo del activista, Martín Huerta lanzó el anzuelo: “Les vamos a asignar recursos a cada una de las organizaciones para que puedan elaborar sus programas, sus trípticos y puedan llegar a la comunidad”.
Gallo, quien tiene fama de claridoso, subraya: “Fue así como de manera directa, precisa y específica se buscó cooptar a las organizaciones ciudadanas que habían participado en la organización de la marcha (de 2004) ofreciéndoles dinero”.
El Yunque otra vez
En ese entonces las organizaciones que convalidaron la decisión del gobierno de Fox fueron, entre otras, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida entonces por Jorge Espina Reyes; la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), encabezada por Guillermo Bustamante, y el Consejo Ciudadano de Justicia Penal, liderada por José Antonio Ortega Sánchez.
Son los mismos organismos bajo el control de la organización ultraderechista El Yunque que el pasado lunes 2 repudiaron la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que el jueves 5 salió de Cuernavaca y llegará a la Ciudad de México el domingo 8, encabezada por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado junto con otros seis jóvenes.
“Denunciamos la manipulación del repudio a la violencia, a quienes pretenden manipular el repudio a la violencia para generar un movimiento sociopolítico demoledor de la institución presidencial, con odio al Ejército, que puede inducir a pactar con los criminales, entregando como botín a nuestras familias”, afirmaron organizaciones encabezadas por Ortega Sánchez.
“La marcha convocada por Javier Sicilia, cuyo dolor todos comprendemos, al parecer con el apoyo del gobierno del Distrito Federal y algunos medios de comunicación, puede ser la mayor manipulación política de la violencia e inseguridad para atacar al presidente Felipe Calderón y responsabilizar a los militares”, insistió Ortega Sánchez, quien censuró la participación de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Marcos, con su dinero sucio salido de secuestros, extorsiones y asesinatos, se suma a la ‘caravana por la paz’, para marchar tomado de las manos con quienes claman ‘¡Basta de sangre!’ y le reclaman al presidente haber molestado a los pobres narcos. ¿Buscan estos señores el fin de la violencia? ¡Por supuesto que no! La violencia es un mero pretexto. Su negocio no es la paz, no es la seguridad pública. Su negocio es el mismo viejo, sucio y totalitario afán de la revolución socialista”, escribió el abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez.
Gallo conoce bien a Ortega Sánchez y a Guillermo Velasco Arzac, presidente de Coordinadora Ciudadana y jerarca de El Yunque, quienes respaldan decisiones del gobierno desde Fox. Son parte de “un grupo que, definitivamente, no trabaja con otro interés que no sea el dinero”, y ambos, aseguró, “viven de eso” (Proceso 1463).
Pero la cooptación de organizaciones sociales que con Fox inició Martín Huerta ha escalado con Calderón –cuya espiral de violencia ha cobrado la vida de aproximadamente 40 mil personas y el propio PAN reconoce 103 mil asesinatos en una década– mediante recursos públicos y mecanismos de persuasión.
Desde el poder público, afirma, también se busca dividir a los ciudadanos agraviados, como las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños. “Los padres de familia fueron divididos por el gobierno del estado. A algunos se les han dado recursos para que ya no haya ruido, y los que no han aceptado son los que siguen luchando por que haya justicia”.
También existe la otra cara de la moneda, dice: “Así como hay quienes se dejan cooptar, hay quienes no tenemos precio y actuamos con base en principios y convicciones. Ojalá no hubiera nunca alguien que se dejara cooptar, pero es una debilidad humana a la que muchas personas sucumben”.
Gallo afirma que el gobierno busca hacer que las organizaciones ciudadanas dependan económicamente del Estado para despojarlas de su independencia, pero también controlarlas para que lo respalden en lo que le interesa.
“Por ejemplo, cuando el presidente de la República dice que los gobiernos de los estados no cooperan, de repente líderes de organizaciones se lanzan a la cargada contra los gobernadores que no han construido policías certificadas, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco está certificados a todos, porque está atrasado ese programa.”
Explica: “Salen a criticar a los gobiernos de los estados porque no tienen los penales adecuados, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco ha cumplido con eso. Avientan la pedrada para otro lado para no confrontarse”.
Cauteloso pero firme, Gallo reconoce que existe cercanía de Calderón con Isabel Miranda, madre de Luis Alberto Wallace, secuestrado y asesinado en julio de 2005, y con Alejandro Martí, padre del niño asesinado en 2008.
“Así es. Cuando vas creciendo en peso como organización de la sociedad civil, entonces evidentemente el gobierno busca tenerte cercano precisamente para evitar que con ese peso que vas adquiriendo puedas generarle un problema, como señalar algo que cause un impacto en la sociedad. Y entonces te llaman, te buscan, tienes reuniones para oír tu opinión, una junta no empieza a tiempo porque no has llegado y te esperan.”
“Ya no habrá donativos…”
Pone como ejemplo una reunión privada convocada por Calderón, en julio del año pasado en Los Pinos, con Causa Común, encabezada por María Elena Morera; México SOS, de Alejandro Martí, y MUCD, que entonces él presidía. Gallo conoció a Calderón cuando era candidato presidencial, para saber su punto de vista sobre su estrategia de combate al crimen organizado.
“Me dio la palabra primero como organización: ‘Le decimos abiertamente que no estamos de acuerdo con la estrategia que se está siguiendo para combatir a la delincuencia y en esta guerra de las drogas, y no estamos de acuerdo porque la estrategia no tiene parámetros que permitan evaluarla’.”
Añadió: “Pero tampoco estamos de acuerdo porque detona la violencia, porque creemos, y se lo dijimos desde aquella ocasión como candidato a la Presidencia, que el ataque a la delincuencia debe ser a través de las estructuras financieras. No lo decimos nosotros, la historia en el mundo de combate a la delincuencia lo ha evidenciado. Ese es el flanco débil”.
Como Martí no asistió, cuenta Gallo, el director de México SOS, Alejandro Camacho, expuso lo que hace esa organización, y luego habló Morera. “Su posición fue: ¿En qué podemos ayudar, presidente, en qué podemos ser útiles para el país?”.
Sólo él asumió una posición crítica a la estrategia de Calderón, quien para eso los convocó. “Desconozco si a ellos se les invitó para lo mismo. Si les llegó así, respeto cómo respondieron”.
Por eso la estrategia de Calderón se mantiene, porque la mayoría de las organizaciones guarda silencio, como ha ocurrido en los Diálogos por la Seguridad Pública convocados por el gobierno. En el más reciente, en enero, sólo cinco de al menos 30 pidieron cambiar la estrategia.
“Todos los demás no tocaron el tema de si están o no de acuerdo o se fueron a otros temas que en consecuencia no permiten al Presidente recibir un mensaje claro y contundente de que en la sociedad civil no estamos de acuerdo con su estrategia.”
Su renuncia a la presidencia de MUCD obedeció, entre otras razones, a esta conducta de aminorar la crítica al gobierno para no poner en riesgo las transferencias de recursos públicos, vía donativos y contratos.
El tema se abordó en febrero, en una reunión del Consejo de la organización, fundada en 1997, en la que se discutió la posición que se debía asumir sobre el debido proceso en casos como el de las tres indígenas acusadas de secuestrar policías federales, el de Jorge Balderas Garza, supuesto agresor del jugador Salvador Cabañas, y el de la francesa Florence Cassez.
Según Gallo, Josefina Ricaño, primera presidenta de MUCD y quien lo sustituyó a su renuncia, rechazó incluir el caso Cassez en el posicionamiento sobre el debido proceso. “Van a decir que estamos defendiendo secuestradores”, dijo, y ante la preguntas de dónde estaban las evidencias sólo atinó a decir que eso decían “los medios”.
Pero lo que irritó a Gallo fue el argumento que dio Pablo Girault Ruiz, secretario del Consejo y actual tesorero de MUCD, para no hablar sobre el asunto de Cassez: “Van a dejar de fluir recursos y contratos del gobierno”.
Eso y la falta de claridad en el manejo de los recursos de la administración previa, encabezada por Ana Franco –quien nunca hizo entrega-recepción a su renuncia por motivos de salud– precipitaron un choque de Gallo con el “grupo de poder” que controla MUCD, del que forman parte, entre otros, Girault Ruiz, director general de Fundación Dondé, y Félix Gavito, presidente de la Fundación Nemi.
Este último está implicado en dudosas transacciones de tres millones de pesos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública federal para un programa elaborado presuntamente por Nelia Tello Peón, hermana del asesor de Calderón en seguridad nacional.
Harto de la opacidad, Gallo decidió renunciar porque no se cumplió el compromiso de regresar a los principios fundacionales de México Unido Contra la Delincuencia, por los que aceptó presidir la organización. “No estaba dispuesto a cargar responsabilidades que no me competen, porque por algo había opacidad”.
MUCD, dice, va a seguir: “En cultura de la legalidad puede haber muchos contratos, mucho dinero y mucho desarrollo y van a poder ayudar, pero ya no con el proyecto original, porque éste requiere de principios y valores que no tienen”.
–¿Están autoamordazados?
–Así es, pero también están de alguna manera maniatados cuando dicen que es una organización que está en el tema de seguridad y justicia, cuando no es así. Es válido cambiar, pero que la gente sepa que cambiaste. Si no le dices, la gente estará esperando algo que no recibirá nunca. Y en esa parte hay que tener cuidado, porque las personas se pueden sentir engañadas.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/91146
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