Así como ella, Bárbara Italia, Georgina Edith y otras ocho mujeres continúan –a cinco años de distancia y sin las grandes movilizaciones ni la atención mediática de ese entonces– con su exigencia de que se castigue a los responsables de las agresiones de las que fueron víctimas.
Son las que se quedaron en el camino… resistiendo, en espera de justicia. Saben que en México no la van a tener y por eso insisten en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de entrada a su demanda presentada el 29 de abril de 2008.
Tras cinco años hay cierto cansancio, dice Bárbara Italia. “Recuerdo mucho la convicción con que dijimos 'esto va a ser un camino muy doloroso, muy duro y muy largo'. Finalmente sabemos que el Estado le apuesta al desgaste y estamos preparadas para eso”, advierte con firmeza.
Recuerda: “El primer año realizábamos una actividad cada mes y teníamos no sé si más ganas, pero sí la necesidad de hacer algo”.
Ir y venir
El operativo policiaco implementado en el Estado de México, en el 2006, para desarticular al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en su lucha contra la construcción de un aeropuerto en Texcoco, dejó un saldo de dos jóvenes asesinados y 207 detenidos, de los cuales 47 eran mujeres.
De las 47 mujeres agredidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constató la violación sexual en 26 casos.
Para acreditar la violación y tortura sexual, las mujeres fueron sometidas a peritajes del Protocolo de Estambul de la CNDH, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (entonces Fevim), del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y de investigadores particulares. Todos confirmaron los abusos.
Desde el 2006 el caso de las mujeres agredidas sexualmente se ha turnado en dos instancias: la Fevim (ahora Fevimtra), la cual inició una averiguación previa por violación que no prosperó y que declinó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en julio de 2009, donde permanece estancada.
Los hechos violentos desataron una ola de protestas sociales para exigir castigo a los agresores y por la libertad de los 12 presos políticos del FPDT condenados a purgar penas de hasta 112 años de prisión.
Las mujeres torturadas sexualmente acompañaron todas y cada una de las marchas, mítines y plantones apoyando las demandas y haciéndose visibles.
Lucha silenciosa
El 30 de junio de 2010, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de los 12 presos políticos, el movimiento social en torno a Atenco bajó de perfil.
Atrás quedaron las grandes marchas, mítines y plantones y la exigencia de juicio político para uno de los orquestadores de los operativos, el gobernador mexiquense y ahora aspirante a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.
Hoy, a las mujeres agredidas, golpeadas y torturadas sexualmente sólo se les recuerda en cada aniversario de los violentos operativos con plantones que apenas congregan a una veintena de personas, ya sea en la PGR o en las instalaciones de la Fevimtra.
La “investigación” lleva cinco años y aún no hay culpables, pero no es por falta de pruebas o evidencias sino por falta de voluntad política, asegura Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), organización que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), litiga el caso de 11 mujeres ante la CIDH.
“(Las autoridades) tienen la lista de quienes custodiaban a los detenidos. Nos parece muy claro que deberían conocer quiénes fueron, sin que ellas (las víctimas) los tengan que reconocer”, advierte Sáenz al tiempo que critica que aunque se acreditó la tortura sexual, las instancias continúan hablando de actos libidinosos y abuso de autoridad.
Ni perdón… ¿ni olvido?
En entrevistas por separado, Bárbara Italia, Georgina Edith y Claudia reconocen que ya no hay campañas mediáticas en torno a su demanda de justicia, pero afirman que cuentan con el apoyo del FPDT, La Otra Campaña, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y Amnistía Internacional (AI), entre otras organizaciones humanitarias.
Éstas, las otras mujeres de Atenco, las que no son madres, esposas o hermanas de los presos políticos, las que vivieron los excesos de las fuerzas del orden, son las que ahora mantienen viva la consigna “Ni perdón, ni olvido”.
Bárbara Italia se sincera y apunta que conforme pasa el tiempo los hechos de mayo de 2006 se ven de forma distinta. Considera que la represión fue de tal magnitud que consiguió romper la estructura de un movimiento que logró echar atrás el decreto presidencial que pretendía despojar a los campesinos de Atenco de sus tierras.
Con todo, Claudia –quien aún enfrenta un proceso en libertad acusada de ataques a las vías de comunicación– no quiere dejarse vencer por el pesimismo y destaca que cuentan con la solidaridad de varios compañeros y organizaciones, entre ellas AI, la cual mantiene una campaña mundial en apoyo a las mujeres de Atenco.
Claudia manifiesta que ante la cerrazón de las autoridades estatales y federales es hora de buscar nuevas trincheras de lucha: “En México no vamos a obtener justicia. Queremos que quede claro que hubo violaciones a Derechos Humanos y que se reconozca que fuimos torturadas, violadas y encarceladas injustamente”.
A su vez, Georgina Edith, trabajadora del IMSS que pasó un año y diez meses en la cárcel luego de acudir con una brigada de salud al lugar de los disturbios, reprocha que la PGJEM no hiciera algo por esclarecer las violaciones de las que fueron víctimas.
“No han consignado a los responsables pese a que tienen el expediente desde julio de 2009. Y no lo van a hacer porque ellos fueron los represores. El gobierno es represor en todo momento, no sólo en Atenco, en una infinidad de movimientos donde han matado, violado y torturado”, recalca.
“En México no hay justicia”
Estas mujeres aseguran que en México su voz no se escucha, por ello se han acercado también al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus sigla en inglés), el cual en agosto de 2006 exigió al gobierno mexicano procesar y castigar a los culpables de los hechos en Atenco.
También llevaron su caso al Comité Contra la Tortura (CAT), que en noviembre del mismo año reconoció que durante los operativos existió tortura, por lo cual afirmó que el Estado mexicano tenía la “obligación” de reparar el daño a las víctimas y a sus familias.
Bárbara Italia, Claudia y Georgina Edith insisten en que su demanda de justicia ante la CIDH no cesará hasta no obtener una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, quien ha hecho todo lo posible por impedir que el caso sea admitido por la Comisión, porque, reiteran, al menos para ellas la lucha de Atenco aún no termina.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/90937
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