Los gobiernos utilizan frecuentemente la deuda pública como argumento para imponer planes de austeridad.
Pero
la deuda pública no es sólo útil como pretexto para que la población
tenga que pagar cada vez más. También constituye un verdadero expolio
para los pueblos.
La deuda pública es la
consecuencia directa de las políticas presupuestarias y fiscales
favorables a las clases sociales acomodadas y a las grandes empresas. Al
reducir la implicación del Estado y las contribuciones pagadas por los
más ricos, se disparan los déficit públicos, mientras que se cumple cada
vez en menor medida con las necesidades sociales de la mayoría.
Los
beneficiarios de esta generosidad fiscal y social consiguieron un
ahorro que no necesitaban. Aprovecharon para aumentar su fortuna, que en
parte invirtieron en apetitosas obligaciones del Estado.
Esto
les ha permitido ganar en los dos frentes: tienen menos impuestos que
pagar y una renta garantizada proveniente de la deuda pública. En otras
palabras, los gobiernos, por medio de sucesivas leyes fiscales
permitieron a las empresas nacionales y extranjeras reforzar su posición
de acreedoras del Estado y de capacitarse para chantajear a los poderes
públicos, mientras obtienen grandes ganancias.
La
deuda pública también aumento muchísimo a raíz de los generosos planes
de salvataje concedidos al sector financiero por los Estados después de
la crisis que comenzó en 2007/2008. Los gobiernos optaron por reflotar
los bancos, pero sin aprovechar para imponerles el abandono de las
prácticas que condujeron a la crisis. Por lo tanto este salvataje se
hizo sin verdaderas contrapartidas. Aunque, realmente, las sumas
comprometidas en la operación fueron asombrosas: al menos 700.000
millones de dólares en Estados Unidos, 500.000 millones de libras en el
Reino Unido y 1,7 billones de euros en la zona euro. De esta manera los
gobiernos gastaron el dinero público para socorrer a los operadores
financieros culpables de graves errores antes de esta crisis y que
continúan especulando contra las deudas de los Estados.
En
consecuencia, la deuda pública de la Unión Europea pasó de 7,3 a 8,7
billones de euros entre 2007 y 2009. Este rápido aumento de la deuda
conlleva reembolsos de capital e interés en fuerte subida. Los Estados
toman esta situación como pretexto para imponer planes de austeridad
draconianos que provocan un verdadero desmantelamiento de la protección
social y de los servicios públicos.
La
población pierde dos veces: sufre las consecuencias sociales de la
crisis (desempleo, precariedad, congelación de salarios, retraso de la
edad de jubilación, etc.) y también sufre la sangría del Estado a través
de los planes de rescate de los bancos y de los planes de austeridad.
Los
culpables de la crisis salen casi indemnes y pueden continuar su
carrera hacia los beneficios ya que se les ha dejado las manos libres.
Las víctimas de la crisis deben pagar y ver cómo se degradan sus
condiciones de vida. ¡Se debe terminar con este secuestro real de las
finanzas públicas!
1. Expropiar los bancos para transferirlos al sector público bajo control ciudadano
No
existe una regulación duradera posible con instituciones financieras
privadas. Los Estados deben retomar su capacidad de control y de
orientación de la actividad económica y financiera.
2.
Decretar una moratoria unilateral (sin acumulación de intereses por
morosidad) sobre el pago de la deuda mientras se realiza una auditoría
(con participación ciudadana) de los créditos públicos —el deudor es el
Estado— . De acuerdo a los resultados de esta auditoría, se deberá
anular la deuda identificada como ilegítima.
Con
su experiencia sobre el problema de la deuda en los países del Sur, el
CADTM advierte contra una reivindicación insuficiente, como una simple
suspensión del reembolso de la deuda. Se necesita una moratoria, sin los
intereses de morosidad, de las sumas no reembolsadas.
La
moratoria se aprovecha para proceder a un examen de los préstamos con
el fin de identificar las deudas ilegítimas. La participación ciudadana
es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la
transparencia de la auditoría. Permitirá determinar las diferentes
responsabilidades en los procesos de endeudamiento y de exigir que los
responsables rindan cuentas a la colectividad. Las deudas identificadas
como odiosas o ilegítimas deben ser anuladas.
3.
Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa
redistribución de la riqueza. Prohibir los paraísos fiscales. Gravar
fuertemente las transacciones financieras.
Es
imprescindible hacer una reforma en profundidad de la fiscalidad que
lleve a una armonización europea que permita impedir el dumping fiscal.
El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, especialmente
mediante el IRPF y el impuesto sobre sociedades, y una reducción del
precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad
(alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transportes
públicos, etc.), esencialmente, a través de una fuerte y discriminada
rebaja del IVA de esos bienes y servicios vitales.
Desde
1980, continúan bajando los impuestos directos que pagan las rentas más
altas y las grandes empresas. En la Unión Europea, entre 2000 y 2008,
los tipos superiores del impuesto sobre la renta y del impuesto de
sociedades bajaron 7 y 8,5 puntos respectivamente. Estos miles de
millones de euros de regalo fiscal se orientaron, principalmente, a la
especulación y a la acumulación de riqueza por parte de los más ricos.
Es
necesario prohibir cualquier transacción que pase por los paraísos
fiscales. En todas las reuniones del G20 se rechazó, a pesar de las
declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y
fiscales. Hay que prohibir esos agujeros negros de las finanzas de la
corrupción, de la delincuencia de alto nivel y de los tráficos ilegales.
Se debe agregar al carácter progresivo de la tasa, un impuesto
disuasivo para las transacciones especulativas y sobre los ingresos de
los acreedores de la deuda.
4. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos
El
fraude fiscal priva de medios considerables a la colectividad y actúa
en contra del empleo. Se debe proveer de medios públicos eficientes a
los servicios de finanzas para luchar seriamente contra este fraude. Los
resultados deben ser publicados y los culpables fuertemente
sancionados.
5. Disciplinar los mercados
financieros, principalmente mediante la creación de un registro de
propietarios de títulos y por la prohibición de las ventas al
descubierto.
La especulación a escala mundial
representa varias veces la riqueza producida en el planeta. Los montajes
sofisticados de la mecánica financiera la vuelve completamente
incontrolable. Los engranajes que promueve desestructuran la economía
real. La opacidad en las transacciones financieras es la regla. Para
gravar las acreencias en su fuente, es necesario identificarlas. La
dictadura de los mercados debe terminar.
6. Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos, pero aumentando los salarios y las pensiones.
Repartir
de otra manera las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte
de la riqueza producida destinada a los asalariados se redujo
netamente, mientras que los acreedores y las empresas aumentaron sus
beneficios para luego dedicarlos a la especulación. Al aumentar los
salarios, no sólo se favorece el poder de compra de la población sino
que se refuerzan los medios de la protección social y de los regímenes
de pensiones.
Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción del salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de la población.
7. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados en el curso de los últimos treinta años.
Una
característica de estos últimos treinta años fue la privatización de
gran número de empresas y servicios públicos. Desde bancos hasta el
sector industrial, pasando por correos, telecomunicaciones, energía y
transportes, los gobiernos dejaron al sector privado partes de la
economía y por ese proceso perdieron cualquier capacidad de regulación
de la economía. Esos bienes públicos, producidos por el trabajo
colectivo deben retornar al dominio público.
8. Por una asamblea constituyente de los pueblos para otra unión europea.
La
Unión Europea surgida de los tratados constitucionales impuestos a las
poblaciones es una verdadera máquina de guerra al servicio del capital y
de las finanzas. Debe ser totalmente refundada por un proceso
constituyente en el que la palabra de las poblaciones sea finalmente
tomada en consideración. Esta otra Europa democratizada debe trabajar
por la armonización por lo alto de la justicia fiscal y social, de
manera de permitir un aumento del nivel y de la calidad de vida de sus
habitantes, la retirada de las tropas de Afganistán y la salida de la
OTAN, la reducción radical de sus gastos militares, la prohibición de
las armas nucleares y el compromiso firme en el desarme. Debe poner fin
también a su política de fortaleza asediada por los candidatos a la
inmigración, convertirse en un socio equitativo y realmente solidario
con los pueblos del Sur del planeta.
¡Rompamos con la dominación del gran capital!
Actualmente,
las instituciones financieras, en el origen de la crisis, se enriquecen
y especulan con las deudas de los Estados, con la complicidad activa de
la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI para
satisfacer los intereses de los grandes accionistas y de los acreedores.
Este enriquecimiento privado, permitido por los regalos fiscales y
sociales de los gobiernos y acelerado por los planes de austeridad, debe
terminar.
La reducción de los déficit públicos
se debe hacer mediante el aumento de los ingresos fiscales, gravando en
mayor medida tanto al capital (empresas y capital financiero) como a la
renta, al patrimonio de las familias ricas y a las transacciones
financieras y no por la reducción de los gastos sociales públicos. Para
conseguir esto, hay que romper con la lógica capitalista e imponer un
cambio radical de la sociedad. Contrariamente al capitalismo que
sufrimos en la actualidad, la nueva lógica que hemos de construir deberá
integrar el aspecto ecológico y romper con el productivismo.
Nuestras
reivindicaciones son respuestas concretas a la crisis en el interés de
los pueblos. Anular la deuda ilegítima es un acto de soberanía de los
Estados y de los pueblos. Para nosotros la salida de la crisis debe
hacerse teniendo en cuenta el interés de las poblaciones.
Proponemos
reunir las energías, en un frente anticrisis a escala europea pero
también a escala local, para crear una relación de fuerza favorable para
poder poner en práctica soluciones radicales centradas en la justicia
social.
¡Anular la deuda ilegítima es posible y es el interés de los pueblos!
Hubo
en la historia numerosas anulaciones de deudas en los países del Sur y
en los del Norte, a veces unilaterales, otras validadas por la justicia,
a veces concedidas bajo la presión de las potencias dominantes.
El
derecho internacional es rico en doctrinas y en jurisprudencias que
pueden permitir, y por otro lado ya han permitido, los fundamentos de
anulaciones o repudios de deuda.
Un ejemplo
emblemático: el CADTM participó activamente en la auditoría de la deuda
del Ecuador en 2007/2008. Esta auditoría permitió al gobierno anular
deudas ilegítimas y economizar 300 millones de dólares por año durante
20 años. Este dinero está ahora dedicado al mejoramiento de la sanidad
pública, de la educación y a la creación de empleo.
Estas
medidas, por insuficientes que sean, marcan avances nada despreciables,
que pueden ser utilizados por los movimientos sociales del Sur y del
Norte para exigir la anulación total e incondicional de la deuda
ilegítima.
Esta anulación es actualmente una
necesidad y una urgencia puesto que el dinero sustraído a los fines
sociales y dedicado a los pagos perjudica al ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales de las poblaciones.
Impugnar la deuda pública y exigir una auditoría ciudadana es hoy indisociable de la lucha contra los planes de austeridad
fuente, vìa :
http://www.argenpress.info/2010/09/la-deuda-mana-del-cielo-para-los.html
http://www.argenpress.info/2010/09/la-deuda-mana-del-cielo-para-los.html
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