Colombia : La mujer, víctima de todos los bandos del conflicto colombiano . La violencia sexual contra las mujeres y las niñas es una estrategia de guerra utilizada por todas las partes del conflicto. El nuevo gobierno de Colombia deberá hacer frente al aumento del número de asesinatos, amenazas y violaciones. periodismohumano · Lola Mora Producciones · Corporación Casa Amazonía de Putumayo, Colombia

Pregunta: ¿Usted sabe de paramilitares desmovilizados que se hayan reintegrado a la policía?
Una mujer en Puerto Limón, Departamento de Putumayo: Tenemos entendido que en la policía están de los que fueron grupos desmovilizados de las AUC. Ese es un gran temor para mí (…) Últimamente lo que sí se han presentado son amenazas sobre las niñas. Las pusieron como objetivo militar por andar con el ejército y la policía, fueron amenazadas por medio de celular…Les tocó desplazarse.
Entrevista realizada en marzo 2010

Puerto Caicedo en Putumayo

La política de Seguridad Democrática del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez ha marcado ocho años nefastos para la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. Ni la desmovilización unilateral de las Autodefensas Unidas de Colombia ni la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz en 2005, han cumplido las expectativas de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes sexuales. En Colombia, al igual que en Iraq, Sudán o la República Democrática de Congo la violencia sexual contra las mujeres es una estrategia de guerra, una táctica para destruir al enemigo. Aunque pocos la nombran así, los informes publicados en los últimos seis años sobre la situación de los derechos humanos en el país prueban que todos los actores armados del conflicto son responsables de cometer crímenes sexuales contra mujeres y niñas.
En los últimos cinco años, diversas organizaciones y grupos de mujeres de Colombia han aumentado la presión para que los delitos sexuales sean nombrados como crímenes de lesa humanidad; para que se reconozca que la violencia sexual se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada. Las amenazas contra estas organizaciones, firmadas por sectores de paramilitares no desmovilizados o por nuevos grupos armados desprendidos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), no se han hecho esperar. Las mujeres y sus luchas se han convertido en objetivo deliberado de la violencia ejercida por los grupos armados.
La reingeniería paramilitar
Llevan por nombre Águilas Negras. Vierten todo tipo de amenazas. No se ocultan. Son hijos de las AUC. La desmovilización colectiva de las Autodefensas se dio por finalizada en 2006 con unos 30.000 efectivos, de los cuales un 6% eran mujeres. De estos, “entre 10% y 15% se reciclan en la vida criminal, como ocurre en general en todos los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración y Reintegración a la vida civil de combatientes de una guerra en el mundo. Esta es una regla universal”, dice Eduardo Pizarro Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), igual ocurrió en Irlanda, El Salvador, Guatemala o Angola. Entre 3.000 y 4.000 paramilitares desmovilizados han regresado a sus actividades delictivas. La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce al menos 22 nuevos grupos armados en el control territorial para la exportación de cocaína y contrabando de armas.
Para Human Rights Watch(HRW) el efecto es devastador: “Actualmente, estos grupos sucesores tienen un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia (…) Cometen en forma habitual ataques contra civiles y crímenes atroces que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales”. HRW los responsabiliza del aumento de desplazamientos forzados: 150.000 por año según publicó recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Otras organizaciones califican el proceso como una reingeniería paramilitar: “Para nadie es un secreto que en las regiones se mantuvieron pequeñas estructuras que permitieron conservar el control territorial, social, económico y político sobre algunas zonas estratégicas, y se reclutaron previamente jóvenes de barrios populares de las principales ciudades”, dice la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.
Los grupos paramilitares de nuevo cuño entran en el conflicto colombiano en defensa de los mismos intereses: el control de las rutas y del tráfico de cocaína y de armas y la usurpación del territorio a comunidades indígenas y afrocolombianos fundamentalmente. Pizarro afirma que a día de hoy entre cuatro y cinco millones de hectáreas fueron abandonadas por esas comunidades. El control de la tierra en Colombia responde a varios objetivos como iniciar grandes extensiones de cultivo para exportación (caña, palma de aceite, y otros granos que sirven en la elaboración de biocombustibles), explotar sus recursos naturales (agua, carbón, oro, petróleo, uranio, etc.) y obtener la concesión de jugosos proyectos de vialidad, energía y electrificado contemplados en la iniciativa Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA).
La Unión Europea (UE) y el gobierno de los Estados Unidos han sido directamente advertidos de las graves violaciones a los derechos humanos. Días antes de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia en el mes de mayo, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) pidió la suspensión de las negociaciones porque “queda en evidencia la implicación de miembros del Estado en graves violaciones de derechos humanos (…) Entre ellas la implicación de las Fuerzas de seguridad en asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, delitos sexuales y violaciones graves de los derechos humanos contra afrocolombianos e indígenas”.
El feminicidio ignorado
Silencio, miedo, tabú… Todas las palabras para desviar la atención de una realidad no inventada: La situación de los derechos de las mujeres es “crítica”. Entre los años 2003 y 2007, los crímenes sexuales aumentaron en el país, según el Informe Violencia Sexual y Feminicidios en Colombia, presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (pdf).  Dicen las organizaciones firmantes que las cifras no reflejan ni de lejos la violencia que sufren las mujeres en el país, entre otras razones porque “esta violencia rara vez consta en los informes de las autopsias”. Genica Mazoldi de la Corporación Opción Legal, señala que los crímenes sexuales se cometen al amparo de la impunidad y que “mientras persista (la impunidad), es muy difícil pensar que las mujeres denunciaran las violencias sexuales como arma de guerra”.
Gloria Tobón de la organización Humanizar y de la Red de Mujeres, destaca que la Ley de Justicia y Paz (aprobada en 2005), ha permitido nombrar en voz alta la violencia sexual y “el miedo ha empezado a correr un poco”. Sin embargo, de las 14.576 denuncias recibidas por la Fiscalía General bajo esta ley sólo el 0,4% de ellas corresponden a delitos sexuales.
El escaso número de denuncias por delitos sexuales responde a la ausencia de garantías para acceder a la justicia y a la intimidación de los grupos armados; el último Informe de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado (pdf) asegura que existen obstáculos que contribuyen a desestimular la denuncia: “el no reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y como víctimas; la desconfianza frente a las instituciones estatales; el temor a la estigmatización y la re-victimización; la naturalización de las violencias; el miedo y el silencio; el desconocimiento o la falta de información”. La Procuraduría General de la Nación ha manifestado también su preocupación “sobre la precariedad e insuficiencia en el manejo de la información, y confirma la baja capacidad técnica de las fuentes a nivel departamental”.
El modelo de justicia transicional adoptado por Colombia para permitir un proceso de desmovilización paramilitar y de reconciliación nacional parece haber logrado lo contrario: poner en desventaja a las víctimas frente a sus victimarios. Mientras los paramilitares han tenido acceso a abogados y ayudas económicas para su reinserción, las mujeres no cuentan ni con la información ni con las garantías para adelantar procesos judiciales. Para la psicóloga de la Corporación AVRE, Constanza Acero, se trata de un manejo político de la situación, de “una verdad a medias útil a un gobierno y a una economía”. El precio de la Justicia y la Paz en Colombia son las mujeres: la justicia transicional se está construyendo dejando a un lado cuestiones claves para las mujeres como la seguridad, la visibilidad de los crímenes de violencia sexual y la reparación para sus víctimas.
En las regiones: regreso paramilitar y violencia doméstica
Lo que para la CNRR es un paso histórico, para otros es un proceso lleno de trabas, vacíos y errores sistemáticos (pdf). La desmovilización paramilitar ha normalizado el modus operandi de estos grupos porque ha significado el regreso a las comunidades de los antiguos asesinos. Desde 2007, algunos desmovilizados han rehecho su vida; otros miles han vuelto a las armas. El retorno ha significado para las mujeres que los perpetradores continúen ejerciendo control sobre su vida y su cuerpo. Los testimonios presentados a la CIDH en 2008 hablan de que “los feminicidios (cometidos) por parte de actores armados en Colombia se han incrementado con señales de tortura en los cuerpos de las mujeres”, y dicen “que al regresar los desmovilizados a sus familias se ha incrementado la violencia doméstica en estos hogares”.
En ocasiones, lo que en la capital del país se ignora, en las regiones selváticas es un secreto a voces. En el interior del país la política de Seguridad Democrática tampoco ha frenado los crímenes contra mujeres y menores: el Putumayo es un ejemplo. Se trata de un departamento fronterizo con Ecuador, castigado por la violencia y el abandono de las autoridades, donde las mujeres relatan asesinatos y desapariciones que quedaron en la impunidad. “Mi hija menor de edad fue desaparecida por las AUC. Ocho años llevo cerrando la boca sin poder pedir misericordia ni ayuda a nadie”, esta mujer, que prefiere no revelar su nombre, vive en el municipio La Hormiga, y hace aproximadamente año y medio puso la denuncia por desaparición, si antes no lo hizo fue porque “no nos atrevíamos a hacer nada porque éramos gravemente amenazados”. Hasta la fecha, no ha tenido respuesta.
Gloria Tobón dice que es en las regiones donde se vive la confrontación más dura: “Ahí está la mayoría de las víctimas, los líderes perseguidos y las mujeres cuestionando la guerra”. Es el continuum de la violencia machista y de género producto de la última desmovilización en el país. “En la década de los 90 y ahora las menores están expuestas a los abusos en la casa, en la escuela, en la calle”, afirma Rocío Calvache, psicóloga que ejerce en Puerto Caicedo, Putumayo, quien ha acuñado el término normopatía, para describir la conducta de aparente normalidad que desarrollan las y los colombianos para soportar la violencia y el horror.
La versión libre

Un grupo de paramilitares en Tulua, a 200 millas de Bogotá, Colombia. (Oswaldo Paez/AP)

Pero la normalización frente al crimen no es patológica sino producto de la impunidad o falta de justicia. Así se explica también el bajo número de denuncias y el continuum de la violencia. Si un crimen no es confesado, es como si no existiera. No hay víctima, no hay por lo tanto justicia. Esta parece ser la lógica que guía la modalidad de versiones libres concedida a los paramilitares que se acogieron a la desmovilización. Es un hecho: en estas confesiones sin interrogatorio ni investigación ellos omiten los delitos de violencia sexual.
La historia reciente de la justicia universal y transicional ha sacado a la luz un perverso mecanismo de defensa de aquellos que son señalados por crímenes de guerra o de lesa humanidad: en el banquillo de los acusados se confiesa cualquier masacre o atrocidad contra la población civil antes que la violación sexual individual o colectiva. Las ausencias en las confesiones de los paramilitares colombianos siguen las mismas pautas que las de sus pares en la ex-Yugoslavia o las audiencias en los tribunales populares de los gacaca de Ruanda.
Son las contradicciones de un crimen que, en un ámbito patriarcal, se anima y no se juzga debidamente. La Ley de Justicia y Paz y las prebendas para los paramilitares confesos, irrespetan la Resolución 1325 de la ONU porque imponen penas irrisorias a los culpables de crímenes de lesa humanidad -tal es el caso de la violencia sexual cometida por algunos paramilitares hoy desmovilizados- entre tres y ocho años de reclusión por confesar voluntariamente sus crímenes.
Hay organizaciones dispuestas a tocar las puertas de la Corte Penal Internacional porque “muchos crímenes de lesa humanidad cometidos contra las mujeres por parte de los actores armados están pendientes, y las mujeres desde la organizaciones estamos trabajando, es un espacio que tenemos y es muy importante -dice Gloria Tobón de la Red Nacional de Mujeres- Que la violencia sexual sea judicializada, sean castigados los culpables, que la reparación sea efectiva”, concluye.
En la escena internacional se ejerce otro tipo de presión, Oxfam Internacional pide a la Unión Europea tolerancia cero con las violaciones de derechos humanos en Colombia, “en especial con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto armado”. La tolerancia cero debe incluir la exigencia de investigar, juzgar y sancionar a los culpables y compensar a las víctimas, porque en las regiones no olvidan. Luisa Margarita Gil Olaya, coordinadora de programas de poblaciones afectadas por el conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris dice: “si aquí no reconocemos que hay un fenómeno de víctimas, de violencia que nos ha empobrecido, no podremos construir un proyecto de nación”.