José Luis Rodríguez Zapatero está en un dilema: por un lado, las
naciones desarrolladas lo presionan para que aplique reformas económicas
y laborales impopulares para sacar a España de la crisis; y, por el
otro, sus antiguos aliados –entre ellos las poderosas centrales obreras– lo amenazan con paralizar el país si las lleva adelante, mientras los partidos de oposición piden ya su cabeza… Y todo parece indicar que el mandatario emanado del PSOE doblará las manos
ante Estados Unidos y las naciones europeas.
MADRID, 27 de septiembre (Proceso).- El 12 de mayo el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, enumeró ante el Congreso de los Diputados las medidas de su plan de ajuste económico; lo hizo con un rictus de tensión que nada tenía que ver con su acostumbrado ánimo entusiasta.
Cabizbajo, monocorde, señalaba: “No es fácil para un gobierno dirigirse en estos términos a la Cámara, menos aun cuando en los años de bonanza se esforzó por mejorar las condiciones de los ciudadanos”.
“He pasado ratos muy malos, sobre todo a la hora de decidir las medidas de recorte ante el shock económico”, dijo al periódico El País el pasado 25 de julio.
Desde entonces el optimismo que trata de infundir en sus declaraciones o discursos no puede ocultar el agobio que le representa enfrentar la crisis económica en la que está sumida España.
Lo hizo notar el expresidente socialista Felipe González el 16 de junio pasado, en una entrevista radiofónica, al señalar que a “José Luis” se le ve “golpeado por la realidad de la crisis” y esa carga “se le nota” en el semblante y en su deterioro físico.
Se refería a los datos del desempleo, que ronda 20%; es decir, alrededor de 4.6 millones de personas con subvención gubernamental. Y también a la debilidad de la economía española y a la presión que Europa, Estados Unidos y China ejercen para que se tomen medidas drásticas; todo esto lo ha obligado a cambiar radicalmente los programas de gobierno que había impulsado para enfrentar la crisis sin afectar los beneficios de política social.
El nuevo rumbo que tomó Rodríguez Zapatero lo aisló aún más –sólo tiene el sustento de su bancada, la del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)–, al grado de que perdió los apoyos de antiguos aliados; el caso más evidente es el de las principales centrales obreras que amenazan paralizar España con una huelga general de 24 horas convocada para este miércoles 29.
Las Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) habían mantenido posiciones de empatía o abierto apoyo a Zapatero desde que llegó al gobierno en 2004.
Ahora el presidente español pasará el mismo trago amargo que sus antecesores: ésta será la séptima huelga general en la España de la democracia. De las seis anteriores cuatro fueron de 24 horas: tres en el gobierno de Felipe González (20 de junio de 1985, 12 de noviembre de 1988 y 27 de enero de 1994) y una en el de José María Aznar (20 de junio de 2002). Adolfo Suárez enfrentó una huelga general de una hora el 5 de abril de 1978 y Felipe González otra, de media jornada, el 28 de mayo de 1992. Tanto González como Aznar rectificaron las propuestas económicas que habían hecho, explicó a Proceso un portavoz de la UGT.
“A Zapatero está a punto de caerle ya su parte de la maldición de todos los presidentes de gobierno: una huelga general”, escribió en su blog el periodista de El País Fernando Garea, con amplia experiencia en cobertura política. Recordó que a sus antecesores les hizo daño político la huelga “y eso que los dos (González y Aznar) tenían mayorías absolutas para hacer frente a las protestas en la calle. A Zapatero le llega en situación de debilidad parlamentaria, presionado por Europa y los mercados y en medio de una crisis económica sin precedente ni perspectivas de salida”.
Ahí no terminan sus problemas. En octubre deberá alcanzar una alianza parlamentaria con alguno de los partidos independentistas –el Nacionalista Vasco o el catalán Convergencia i Unió son sus opciones– para lograr la mayoría que apruebe su presupuesto para 2011.
Si no lo aprueba “la situación del mandatario sería tan insostenible que tendría que adelantar las elecciones”, advertía el El País en su nota principal del 29 agosto. El análisis periodístico hacía un recorrido por sus retos políticos, desde la huelga general, la aprobación del presupuesto, las elecciones primarias del PSOE de Madrid y la elección de Cataluña, en noviembre.
Consciente de la debilidad política de Zapatero, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular (PP), centró su apuesta en el desgaste del mandatario al negarle apoyo ante cualquier iniciativa o acción del gobierno, salvo la de política antiterrorista.
Rajoy sabe que su partido está arriba del PSOE en las encuestas y por tanto en su estrategia de desgaste le ha pedido al presidente que “convoque a elecciones anticipadas”. A este embate del PP se ha sumado la prensa más conservadora, como los periódicos La Gaceta, ABC o El Mundo.
En el otro extremo del espectro político, el líder de Izquierda Unida no le ha pedido su dimisión pero sí lo ha criticado por el cambio radical en sus medidas anticrisis. Lo acusó de “arrodillarse ante los mercados”, los verdaderos “causantes” de la crisis.
Obama también presiona
Presionado por la Comunidad Europea el gobierno llevó a Bruselas el referido plan económico con la propuesta de reducir el déficit público 1.5% en 2010 y 2011, lo que supondría un ahorro de 15 mil millones de euros.
Luego de intensas negociaciones en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofín), el día 9 y la madrugada del 10 de mayo pasados la vicepresidenta Elena Salgado anunció que España reducirá en 2010 medio punto del déficit público y un punto en 2011.
Y empezó el recorte: el gobierno anunció la reducción de 5% del salario de la burocracia, que será de 15% para los altos cargos del Ejecutivo; la congelación de las pensiones y el recorte en obra pública de más de 6 mil 500 millones de euros, la tercera parte de la partida de ese sector.
En salud el gobierno ahorrará mil millones de euros en medicamentos. Entre otras medidas desaparecerá el cheque-bebé, la subvención de 2 mil 500 euros que otorgaba por cada nacimiento y que también era un sello de identidad de esta administración.
El 10 de mayo fuentes del Ecofín dijeron a elmundo.es que las medidas anunciadas eran “insuficientes” y que se había pedido a la vicepresidenta Salgado un plan más riguroso con medidas adicionales, incluidas reformas de gran calado, como la laboral, la de pensiones y la energética.
El 11 de mayo Barack Obama exhortó a Zapatero a emprender las reformas “indispensables” que ayuden a España a salir de la crisis. La noticia se conoció gracias a un comunicado de la Casa Blanca y a las declaraciones del portavoz de Obama, Robert Gibbs, en las que apuntaba que España está entre los países que padecen “algunos problemas sobre los que es necesario adoptar medidas para asegurarse de que no se extiendan”.
La llamada de Obama tuvo lugar un día antes de que Rodríguez Zapatero presentara las medidas ante el Congreso español. En el comunicado de Washington se aludía a que ambos presidentes hablaron telefónicamente sobre “la importancia de que España adopte medidas resolutivas como parte del esfuerzo de Europa para fortalecer su economía y la confianza de los mercados”.
A su vez, en Alemania, el mismo 10 de mayo, la canciller Angela Merkel –con un tono menos amable– advirtió que España y Portugal “serán vigiladas” para ver si cumplen con las medidas de recorte.
Entonces en España se intensificaron las negociaciones de la mesa de diálogo para la reforma laboral entre el gobierno, sindicatos y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que preside Gerardo Díaz Ferrán… pero no llegaron a acuerdos. Finalmente Zapatero presentó al Congreso un proyecto de reformas cuyo contenido era muy similar a las exigencias patronales, siendo el punto más controversial el abaratamiento del despido laboral.
“¡Zapatero, dimisión!”
El pasado 9 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó la reforma laboral entre críticas de los portavoces de los partidos de oposición, que recordaron continuamente la amenaza de huelga general.
El PSOE consiguió el respaldo del PNV para obtener la mayoría en algunos artículos en la votación en lo particular, a cambio de modificar del proyecto original las “causas económicas objetivas” por las que un empresario puede despedir a un trabajador con una indemnización de 33 días por año en vez de los 45 que recibe en la actualidad.
Para este abaratamiento del despido la empresa deberá justificar “pérdidas actuales o previstas” o si enfrenta una “disminución persistente de su nivel de ingresos”.
Ese mismo día las CCOO y la UGT reunieron a 16 mil delegados sindicales para calentar el ambiente previo a la huelga, donde predominaron los gritos de “¡Huelga!, ¡huelga!” y “¡Zapatero, dimisión!”
Los secretarios generales de las CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de la UGT, Cándido Méndez, se dijeron convencidos de que Rodríguez Zapatero rectificará. “La reforma laboral es reversible”, dijo Fernández Toxo.
“Es intolerable que desde un gobierno con retórica de izquierdas se actúe como cualquier partido de derechas”, reprochó el dirigente de las Comisiones Obreras. Agregó que en el “último viraje” del ejecutivo “lo que era bueno hace unos días, ya no lo es en este momento”.
Cándido Méndez afirmó en su arenga que la reforma laboral supone “un paso hacia atrás en materia de derechos sociales y laborales” y recordó que viene otra reforma, como la Ley de Pensiones –que será presentada antes de fin de año– que tiene el propósito de ampliar de forma “impuesta y obligatoria” la edad de jubilación de 65 a 67 años.
Un documento de la UGT explica que la reforma laboral no servirá para crear empleo, que es el aspecto más urgente; incrementará la tendencia de los “contratos temporales” que propician la inestabilidad laboral, facilita y abarata el despido “porque se amplían las causas para hacerlo más fácil y se reducen los derechos indemnizatorios de los trabajadores”, entre otros detalles.
La UGT y las CCOO proponen la reducción del déficit mediante el “incremento de los ingresos” y no mediante la reducción del gasto, y que se planifique el cumplimiento de los objetivos de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea en plazos compatibles con la reactivación económica y la creación de empleo.
Además, piden la retirada de una “reforma laboral lesiva”; “defender la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo frente a los intentos de atribuir a las empresas la capacidad de incumplir los acuerdos alcanzados de forma unilateral”, establece el documento.
Asimismo plantean una nueva política fiscal que refuerce la estructura de ingresos del Estado, recuperando impuestos suprimidos y “apostando por una mayor recaudación basada en la progresividad fiscal”, que no es otra cosa que un impuesto para que paguen más las grandes fortunas españolas.
Zapatero abrió este último tema el 23 de mayo pasado, en un acto del PSOE en Alicante, donde señaló que “a quienes más posibilidades económicas tienen hay que pedirles más esfuerzo y así lo haremos”. Esta señal abrió una polémica en su gabinete y provocó opiniones en contra de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, entre otros. El tema quedó zanjado y el gobierno optó por dejarlo fuera.
Uno de los críticos de esta medida es Cristóbal Montoro, coordinador económico del PP, quien en entrevista con Proceso aseguró que eso generaría una “fuga de capitales”. Asimismo fustigó a los sindicatos por considerar que “esta huelga es un error. Creo que será la última que viva España”, porque “no es el momento de parar la economía, será más perjudicial para España”.
Montoro aseguró que el problema en España “es la política del presidente Zapatero, que ha conducido al país a un empantanamiento” del que sólo se saldrá a través de “reformas muy profundas que este gobierno no está en posición de acometer. Por tanto, debería dar paso a unas elecciones generales para normalizar el estado de cosas”.
Mientras tanto Zapatero ni los sindicatos flexibilizan sus posiciones. El primero dijo que no modificará la ley laboral tras de la huelga. Tres días antes, el 10 de septiembre, la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras denunció que la empresa de jugos y vinos Don Simón, del Grupo García Carrión, se convirtió en “la pionera” en la aplicación de dicha ley despidiendo a 17 trabajadores de su centro de producción en Murcia.
Las semanas previas a la huelga los sindicatos se movilizaron por todo el país informando a los trabajadores sobre el paro del día 29, explicó el vocero de la UGT. El 8 de septiembre Fernández Toxo explicó en su conferencia en Nueva Economía Forum que hasta ese momento “5 millones de trabajadores” habían decidido participar en el paro. Aunque hay colectivos que no se sumarán, como lo hizo saber el 9 de septiembre la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la más importante del sector.
Lo que es un hecho es que la buena relación entre los sindicatos y Zapatero parece haberse estrellado contra el pavimento. Los mineros calentaron el ambiente de esta huelga general con antelación al denunciar el incumplimiento de pago de algunas empresas; para ello protestaron con mítines, huelgas de hambre y con 13 mineros que se encerraron en las galeras de una mina, a 200 metros de profundidad, en León. Anunciaron que su huelga durará cuatro días, 22, 23 28 y 29 de septiembre.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83758
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario