(Washington DC) – Una sentencia del 28 de julio de 2010 de un
tribunal de distrito estadounidense en Arizona ha decretado el bloqueo
temporal de las disposiciones más problemáticas de la reciente ley de
Arizona que persigue a los inmigrantes, señaló hoy Human Rights Watch.
De acuerdo
con la orden temporal dictada por la jueza Susan Bolton, los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Arizona no tendrán
que arrestar a personas si tienen una "sospecha razonable" de que se
encuentran irregularmente en el país, y no será un delito estatal que
los inmigrantes no porten documentos de identidad. El Gobierno de
Estados Unidos interpuso una demanda contra el estado de Arizona
alegando que estas disposiciones de la ley estatal, SB 1070, violan la
autoridad exclusiva del Gobierno federal sobre la inmigración.
"La sentencia
del tribunal federal interrumpe, al menos temporalmente, los peores
aspectos de una ley discriminatoria", señaló Alison Parker, directora
del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. "En realidad,
Arizona tiene que revocar completamente la ley, y se deben rechazar los
proyectos de ley similares que se están considerando en otros estados",
agregó.
Human Rights
Watch señaló que las disposiciones impuestas por la ley de inmigración
de Arizona violan la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Estados Unidos
en 1994. Este tratado exige a los funcionarios de gobierno, entre ellos
los funcionarios estatales y locales, que garanticen que sus políticas
no generen discriminación contra personas por motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico. El tratado impone al Gobierno de
Estados Unidos la obligación de no participar en la discriminación y
"asegurarse de que las autoridades pú blicas e instituciones pú blicas,
nacionales y locales, actú en en conformidad con esta obligación".
En enero,
Harold Koh, asesor jurídico del Departamento de Estado de Estados
Unidos, envió una carta a todos los gobernadores, entre ellos la
gobernadora Jan Brewer de Arizona, comunicándoles su obligaciones de
conformidad con el tratado.
Al final de
su sesión de abril, la asamblea legislativa de Arizona aprobó la ley HB
2162, que modifica la ley SB 1070. Con esta modificaciones se intentaron
disipar las críticas de que la ley SB 1070 promovía la discriminación
racional al introducir, por ejemplo, tres declaraciones indicando que
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley "no podían
considerar la raza" cuando aplicaran esta ley. Sin embargo, la ley
seguía permitiendo que la sospecha razonable de la presencia irregular
en el país se basara en el dominio del idioma, la forma de vestir y el
comportamiento de la persona cuestionada por la policía, señaló Human
Rights Watch.
"Por mucho
que se repita que la ley no va a considerar la raza no se va a lograr
sanear una legislación que esencialmente obliga a la policía a perseguir
a los residente latinos", señaló Parker.
La ley de
inmigración que entrará en vigor el 29 de julio incluye disposiciones
que promueven una mayor cooperación entre los agentes de la ley de
Arizona y las autoridades federales de inmigración, y que aumentan las
sanciones penales por actividades relacionadas con el empleo de
inmigrantes sin autorización para trabajar.
"La sentencia
del tribunal federal extirpa las disposiciones más terribles", señaló
Parker. "Pero la ley de Arizona sigue siendo profundamente
problemática", agregó.
fuente :
http://www.hrw.org/es
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