Delitos del crimen organizado que asolan a la
sociedad mexicana –como el secuestro, tráfico de personas, pornografía
infantil y lavado de dinero– no son prioridades para la
“guerra” de Calderón. El Consejo de la Judicatura Federal admite haber
dictado, en tres años, sólo 254 sentencias firmes contra secuestradores.
Otros ilícitos, en la impunidad total
/ Tercera parte
La guerra que libra el
presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa –y que ha costado la vida a
más de 23 mil civiles– no combate los delitos del crimen organizado,
tipificados en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada.
Considerado uno de los
ilícitos que más afecta a la sociedad mexicana en todos sus estratos, el
secuestro es ejemplo de la impunidad que gozan los criminales en
México. Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, sólo se dictaron 254
sentencias de última instancia por ese delito, revela a Contralínea
el Consejo de la Judicatura Federal.
De los datos oficiales de esa
institución, que rige al Poder Judicial en todo el país, se desprende
que el secuestro no es el único ilícito en situación de impunidad:
también destacan la asociación delictuosa, la pornografía infantil, el
tráfico de personas, el lavado de dinero, el tráfico de órganos
y el lenocinio de menores de 18 años.
El doctor Edgardo Buscaglia,
experto en seguridad y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de
México, refiere que no sólo existe el delito relacionado con el tráfico
de estupefacientes. “Hay otros 21 tipos de delitos que, sumados al de la
droga, dan incentivos (a los delincuentes) para enfrentarse al Estado
mexicano y jugarse el todo por el todo”.
En entrevista, señala que “eso
va a seguir expandiéndose mientras la administración de este presidente
y de (los presidentes de) las futuras administraciones no tomen las
medidas adecuadas. México puede llegar a correr el peligro de caer en un
síndrome de somalización masiva en donde los 982 pequeños
pedazos de territorio (que actualmente controla la delincuencia
organizada) se lleguen a transformar en lo común y corriente”.
Indica que, para luchar
“efectivamente” contra la mafia, lo que se necesita en México es aplicar
cuatro medidas conocidas internacionalmente como “las cuatro ruedas”:
desmantelamiento de las redes de lavado de dinero en los
sectores político y empresarial, combate a la corrupción política,
prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que
realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga, con
una dirección jurídica apropiada para que los procesos judiciales no se
caigan.
Secuestros
En 2009 se denunciaron 1 mil
521 plagios (sin contar los de inmigrantes ni los exprés) por los cuales
se exigió rescate, documenta El secuestro en México, elaborado
por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Las sentencias firmes
impuestas por el Poder Judicial en los tres años de guerra contrastan
con el número de secuestros denunciados sólo en 2009: las primeras
representan apenas el 16.63 por ciento de los 1 mil 521 secuestros
cometidos el año pasado.
El análisis del Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal indica que el
promedio nacional de privaciones ilegales de la libertad es de 14.5 por 1
millón de habitantes.
Añade que, en 2009, Chihuahua
ocupó el primer lugar con al menos 315 denuncias por igual número de
víctimas. No obstante, en tres años, el Juzgado Quinto de Distrito en
Chihuahua sólo dictó dos sentencias de última instancia –es decir, que
ya no se pueden recurrir ante ninguna autoridad– por secuestro.
Baja California presenta un
contexto similar. Aunque ocupa el segundo lugar en incidencia de plagios
–al sumar 132 denuncias el año pasado–, sus juzgados Quinto, Séptimo y
Décimo de Distrito apenas dictaron 10 sentencias firmes por privación
ilegal de la libertad, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.
—Una situación de impunidad
virtualmente garantizada es el mejor caldo de cultivo para
problemas de inseguridad agravados. No es posible que se asuma una
visión limitada de pensar que, si los delincuentes disputan
fundamentalmente entre ellos, no habrá consecuencias mayores para la
sociedad –indica Carlos Flores, profesor asociado en el Center for
Development and The Environment, de la Universidad de Oslo, Noruega.
“En 2009 hubo casi 200 por
ciento más plagios que cuatro años atrás: 1 mil 521 es la cifra más alta
en la historia”, señala El secuestro en México. Además, acusa
que, entre 1990 y el año pasado, 667 secuestrados fueron asesinados
durante el cautiverio. De éstos, 200 homicidios ocurrieron entre 2008 y
2009.
Para el diputado perredista
Jesús Zambrano, “el saldo de muertos que lleva la lucha del Estado
mexicano contra el crimen organizado” revela su fracaso. “No hemos
logrado los objetivos que se pensaban, y ahí es donde se cuestiona la
validez de la estrategia seguida por el titular del Ejecutivo, Felipe
Calderón, que ha puesto prácticamente sólo el énfasis en la acción
punitiva del Estado, es decir, en el papel de las fuerzas armadas, y no,
primero, en los programas para la prevención social del delito”.
Crimen organizado, en la impunidad
Además del secuestro, la
“guerra” calderonista “olvida” combatir ilícitos que asolan a la
sociedad mexicana, como la asociación delictuosa, la pornografía
infantil, el tráfico de personas y el lavado de dinero.
—Hay toda una variedad de
actividades delictivas que se desarrollan bajo la modalidad
“organizada”: los criminales las llevan a cabo permanentemente para
obtener determinadas ganancias económicas a lo largo del tiempo. Algunas
están más interconectadas que otras. Por eso, una actividad criminal de
gran escala, como el trasiego masivo de drogas, implica generalmente la
comisión de todo un conjunto de delitos asociados para facilitar la
logística del mismo: se roban autos para contar con vehículos
disponibles, se sobornan autoridades, se ejecuta la privación ilegal de
la libertad de los enemigos (secuestros, si bien en este caso no
extorsivos), se cometen múltiples homicidios como forma de imponer la
voluntad al contrario –explica Carlos Flores, especialista en temas de
seguridad.
De acuerdo con la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada, los delitos cometidos por la mafia
son: terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, lavado
de dinero, acopio y tráfico de armas, de indocumentados, de
órganos, secuestro, corrupción de menores o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo,
pornografía infantil, turismo sexual contra menores, lenocinio de
menores, robo de vehículos y trata de personas.
Consultado por Contralínea,
el Consejo de la Judicatura Federal revela una tendencia de impunidad
en la mayoría de ésos. Tal es el caso del ilícito de delincuencia
organizada, que apenas sumó 735 sentencias firmes entre diciembre de
2006 y febrero de 2010.
Carlos Flores, académico de la
Universidad de Oslo, refiere que la impunidad que se vive en México
favorece que los delitos conexos permanezcan sin castigo. Además,
permite que otros delincuentes, que no necesariamente están vinculados
con las grandes organizaciones, aprovechen las condiciones para llevar a
cabo sus propias actividades criminales.
Tal sería el caso de la
pornografía infantil. En su primer Análisis semestral de la
pornografía infantil en internet, publicado en noviembre pasado, la
Fundación Alia2 señala a México como el país con el mayor número de
archivos en la red susceptibles de ser pornografía de infantes, seguido
por España, Estados Unidos y Argentina.
De acuerdo con la
organización, “la avalancha de este tipo de material en internet genera
un incremento del número de adultos que desarrollan una conducta
pedófila. Este crecimiento de pedófilos tiene como consecuencia directa
el aumento de casos de pederastia y el de materiales con contenido
pornográfico infantil demandados”.
Pese a ello, cifras oficiales
del Consejo de la Judicatura Federal descubren que, en tres años de
guerra contra la criminalidad, los juzgados de Distrito han dictado sólo
seis sentencias firmes por pornografía infantil. Además, revela que por
corrupción de menores se dictaron únicamente 53 sentencias de última
instancia entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.
Impunidad, la regla
Las operaciones con recursos
de procedencia ilícita también se ubican entre los delitos que continúan
impunes. De diciembre de 2006 a febrero de 2010 se emitieron 53
sentencias firmes por el ilícito que provee al crimen organizado todo su
andamiaje operativo.
Además, en ese mismo lapso,
ninguna persona fue sentenciada por tráfico de órganos ni por lenocinio
contra menores; mientras que 10 personas fueron sentenciadas por
terrorismo.
Fernando García Cordero, miembro
de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, cita al
jurista Luigi Ferrajoli para explicar las consecuencias de la impunidad:
el académico italiano vincula el fracaso de las democracias en todo el
mundo al triunfo de la ilegalidad, a la quiebra del estado de derecho y a
la violación sistemática de las constituciones nacionales, a partir de
un análisis de lo que él llama criminalidad del poder.
Ese cáncer contemporáneo se
expresa de tres maneras, detalla García Cordero: “La primera forma es la
criminalidad de la delincuencia organizada, del crimen en todos sus
niveles: narcotráfico, robo de vehículos, secuestro, tráfico de personas
y de órganos, destrucción ambiental. Figuras que, a su vez, cobran
expresión nacional e internacional. Es el poder de las mafias, de las
camorras, de los cárteles, como decimos en México”.
La delincuencia que se da en
los grandes enclaves económicos es la segunda forma. García Cordero
–profesor por oposición de la materia derecho procesal penal en la
Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México–
indica que a esta forma la caracterizan tres rasgos: la corrupción y la
complicidad con la delincuencia organizada y con los centros de poder
político, la apropiación de los recursos naturales y la devastación del
ambiente.
La tercera forma, explica, es
la criminalidad del poder que actúa desde las estructuras del Estado,
denunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios,
crímenes contra periodistas y comunicadores.
—Es la colusión de estas tres
formas de criminalidad del poder la que explica la extensión de la
ilegalidad y la que hace posible la impunidad. Por eso, en el saldo de
la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, no encontramos
ningún proceso por los delitos de lavado de dinero ni
detenciones de empresarios, ni de servidores públicos juzgados por su
complicidad con la delincuencia –señala García Cordero, también director
de la revista Criminalia.
Considerado por la
Organización de las Naciones Unidas como el tercer negocio ilícito más
rentable en el mundo, el tráfico de personas es otro de los pendientes
en la guerra de Felipe Calderón. De acuerdo con el Consejo de la
Judicatura Federal, en tres años sólo se han dictado 3 mil 751
sentencias de última instancia por este ilícito.
Chivos expiatorios
Los delitos contra la salud y
el acopio y tráfico de armas son los únicos que presentan miles de
sentencias firmes. En el primer caso son 43 mil 849 y, en el segundo, 24
mil 918. Todas, dictadas entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.
Respecto de las sentencias por
delitos contra la salud, son por las modalidades de producción,
transporte, tráfico, comercio, suministro, prescripción, introducción,
extracción, siembra, cultivo y cosecha.
Aunque los datos estadísticos
proporcionados por la autoridad judicial no especifican cuántas
sentencias corresponden a cada modalidad, la Procuraduría General de la
República admite (PGR) que sólo 1 mil 306 consignados entre diciembre de
2006 y febrero de 2010 tienen nexos probados con ocho cárteles de la
droga (Contralínea 184).
De estos datos, se infiere que
la mayoría de detenidos, consignados y sentenciados por delitos contra
la salud es narcomenudista, consumidor, burro,
campesino o incluso personas inocentes.
El doctor Carlos Flores,
experto en temas de seguridad, explica que en un contexto de disputa
entre las grandes organizaciones criminales –como el que se vive en
México–, éstas echan mano de delincuentes menores e incluso de personas
en condiciones económicas y sociales precarias, es decir de los grupos
sociales más desprotegidos.
—Entre los incentivos que les
ofrecen, está justamente la posibilidad de participar en actividades
delictivas por su cuenta, pues de otra forma resultaría demasiado
oneroso financiar los costos de la disputa entre organizaciones. La
consecuencia es que estos delincuentes, que en todo caso sólo forman
parte de manera muy periférica de las grandes organizaciones del
narcotráfico, predan sobre la sociedad con otro tipo de delitos, como
secuestros extorsivos, robos a agencias automotrices.
En su Informe de labores
2009, el Consejo de la Judicatura afirma: “El Poder
Judicial de la Federación está comprometido con la seguridad, la
legalidad y la justicia, sirviendo a la sociedad con estricto apego a
las leyes y a los procedimientos que rigen su actuación y sus
potestades, velando siempre por la vigencia del estado de derecho en
todas sus actuaciones”. Ello, a pesar de los niveles de impunidad que
registran sus propias estadísticas.
Para la elaboración de este
trabajo y de toda la serie acerca de los resultados de la guerra contra
las drogas, Contralínea solicitó conocer las versiones de la
Presidencia de la República a través de su secretario técnico, Nicolás
Lohmann; la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio del general
Ricardo Trevilla Trejo; y de la PGR, con Adriana Pérez, subdirectora de
Información. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
La Secretaría de Gobernación
–por conducto de su subdirectora de Eventos, Dora González Lima– optó
por remitir a sus boletines de prensa y a las declaraciones del
secretario Fernando Gómez Mont. Según éste, el gobierno va ganando la
guerra.
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