miércoles, 11 de abril de 2018

Argentina: Concentración mediática, represión a periodistas y trolls.. preguntas y respuestas de la Relatoría de la libertad de expresión de la CIDH....lavaca.org


El relator de libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uruguayo Edison Lanza, reclamó en una conferencia sobre libertad de expresión en Argentina una mayor “supervisión y vigilancia” del Estado para evitar la concentración mediática. Sin embargo, no caracterizó las políticas comunicacionales de Cambiemos, sugiriendo que “habrá que ver para este modelo qué límites impone este gobierno”, aunque ya pasaron dos años del compromiso del Ejecutivo de armar una comisión bicameral para discutir una norma que reemplace a la derogada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La nota completa, y las respuestas a las preguntas de lavaca sobre esa Ley y los trolls.



De esta manera, Lanza omitió hacer críticas directas al gobierno de Cambiemos y, al hablar sobre la concentración mediática, aseguró que “es un problema que afecta a toda la región”. El ejemplo que eligió para demostrarlo no hacía eje, sin embargo, ni en Argentina ni en Latinoamérica: mencionó el caso de la Sinclair Broadcast Group, fundada por Julian Sinclair Smith, en Estados Unidos. “Es una persona muy del interior de los Estados Unidos, con un sesgo conservador y pro Trump. Está comprando una pequeña cadena de 320 canales a lo largo y a lo ancho del país. Ocurrió que todos los periodistas se pararon para hacer un manifiesto a favor de Trump y contra los medios que lo critican. Y surgió la inquietud: ¿le van a permitir una fusión que significaría tener a todos los medios de todos los pueblos? Recuerden que Trump ganó sin haber triunfado en ninguna gran ciudad”.

Consultado por lavaca sobre la situación en Argentina, Lanza puntualizó: “Se necesitan mecanismos para estudiar los límites racionales para que no haya concentración indebida en los distintos mercados preponderantes. Que una misma empresa, como Clarín, pueda estar presente en tres o cuatro mercados, hay que establecer que no se quede con el 100 por ciento de abonados o de TV abierta, algo básico que violaría cualquier estándar de libertad de expresión. Habrá que ver para este modelo qué limites impone este gobierno”.

Lanza se presentó en la Universidad de Palermo en el marco de una conferencia convocada por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), en conjunto con FOPEA, según una jornada llamada “Reflexiones sobre la agenda de libertad de expresión en Argentina”.

El relator comenzó con un breve repaso del informe anual 2017 de la Comisión. Habló del “clima de polarización” que, según él, afecta al ejercicio del periodismo, y también remarcó que, durante los últimos años, se incrementó la violencia contra periodistas ejercidas por distintos actores, tanto fuerzas de seguridad como del narco. En ese sentido, apuntó contra las últimas represiones en Argentina, ya que la protesta social está comprendida como un escenario de libertad de expresión. “Hay sectores que el único medio que tienen es la calle”, sostuvo Lanza. También repudió el fallo que condenó a la revista Barcelona por un sarcasmo contra Cecilia Pando.


Preguntas urgentes


Lanza reveló que la CIDH estuvo trabajando con el Ente Nacional de Telecomunicaciones (el ENACOM, que reemplazó al AFSCA después de la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). Explicó: “Se derogó parte de la ley anterior, se permitió a algunas empresas generar más músculo como a Clarín y liberarlo de una serie de límites, pero está por verse cuál es el modelo de promoción de pluralismo que tiene que adoptar el Poder Legislativo, como se comprometió esta gestión. Anunciaron un proyecto de ley que estaría para discutir este año”.


-El Ejecutivo se había comprometido a armar una bicameral para proponer un nuevo proyecto en 180 días ni bien asumió. Pasaron más de dos años. ¿No significa una preocupación para la Relatoría, por ejemplo, la fusión de Clarín y Telecom, en un contexto en el que se derogó por decreto una ley votada por diversos sectores políticos en el Congreso? –preguntó lavaca.


-Quiero ver y estudiar con la responsabilidad que demanda ese tipo de leyes, que no son sencillas, y eventualmente enviar una asistencia técnica tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Y después tener una posición pública. Sí creo que, cada vez más, van a ser más importantes los mecanismos previos de decisión que el regulador tenga para estudiar las fusiones, que van a ser cada vez más. Tampoco necesitamos una ley que quiera detener la regulación o aplicarla a un mundo analógico que no existe, es decir, que se aplique sólo al canal de TV abierta, o a la TV por cable o a Internet. Eso es lo que se intentó con las dos leyes (Ley de Medios y de Telecomunicaciones), pero el Gobierno actual adoptó un modelo distinto. Se necesitan mecanismos para estudiar los límites racionales para que no haya concentración indebida en los distintos mercados preponderantes. Que una misma empresa, como Clarín, pueda estar presente en tres o cuatro mercados, hay que establecer que no se quede con el 100 por ciento de abonados o de TV abierta, algo básico que violaría cualquier estándar de libertad de expresión. Habrá que ver para este modelo qué límites impone. Es muy difícil proponer un modelo cerrado de ley. Otro ejemplo son los medios públicos: en Europa no se da la discusión porque el 50 por ciento de la audiencia la tiene la BBC y si el director es pro Gobierno se arma un escándalo nacional y lo echan. Es necesario que se preserve la posibilidad de acceso a los medios comunitarios: eso fue un logro de la ley anterior que debe preservarse y promoverse. De hecho, los inicios de emisiones de Barricada TV como primera experiencia son de los más importantes de TV comunitaria. Y debe conservarse.


–Sobre la cuestión de Internet, ¿cuál es la posición de la Relatoría respecto al ataque de trolls que, según los casos, se ve una mayor o menor implicancia de los Gobiernos? En México ocurrió el caso del informático Antonio Sepúlveda, que manejó más de 30 mil cuentas de Twitter para perjudicar la campaña por la aparición de los estudiantes de Ayotzinapa. En Argentina, Amnistía Internacional realizó un estudio en el que analizaba los ataques a una serie de cuentas que criticaban al Gobierno. La familia de Santiago Maldonado también denunció ataques a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


–Cuando un Gobierno pone el aparato estatal a funcionar para atacar a quienes ejercen su libertad a través de Internet es una violencia del derecho a la libertad de expresión. La Relatoría ha señalado casos concretos, como en Ecuador, cuando el gobierno de Rafael Correa hizo una suerte de “centro de trolls” contra opositores. En la reciente visita a México, vimos el caso de violación de derechos de activistas por Pegasus, un malware. Lo condenamos y recomendamos al Estado abrir una investigación independiente de todo tipo, dado que la fiscalía habría comprado el malware. Por lo tanto, ese organismo mal puede hacer la investigación. Más allá de las recomendaciones y la posición de la Relatoría, los informes tienen que ver con los ataques digitales como forma de violencia y censura, en algunos casos. El sistema de atención de casos es subsidiario a los Estados. La primera responsabilidad es del Poder Judicial: tienen que investigar esas denuncias y de forma exhaustiva determinar quiénes son los autores. Nosotros esperamos que se agoten las vías internas y, como el caso de México, se traten los casos. A partir de ahí, vamos a actuar.


Vía:http://www.lavaca.org/notas/concentracion-mediatica-represion-a-periodistas-y-trolls-preguntas-y-respuestas-de-la-relatoria-de-la-libertad-de-expresion-de-la-cidh/


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