Por Mirtha Vásquez*
En la famosa conferencia anual de minería, PERUMIN, el grupo de empresarios mineros nuevamente enfiló sus armas contra normatividad ambiental básica de este país, y de paso contra la institucionalidad que, aunque débil, todavía tiene este Estado.
Cuestionaron la aprobación de la Ley 30640, norma que no dispone sino una cosa fundamental, da un plazo de un año a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que desarrolle el marco metodológico necesario para determinar qué es una cabecera de cuenca y cómo delimitarlas.
Esta norma viene a ser absolutamente pertinente ya que pese a que las cabeceras de cuenca están estipuladas en el Art. 75 de la Ley de Recursos Hídricos, e incluso el Estado se ha comprometido a su protección por reconocerlas como zonas ambientalmente vulnerables, nunca ha procedido a identificarlas. Esta falta de regulación ha abonado también a los conflictos socioambientales surgidos, pues en todos ellos se discute si los megaproyectos están o no en cabecera de cuenca.
La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se ha manifestado en contra de este proyecto, calificándolo como una seria amenaza para la inversión minera, mostrándose en contra de su aplicación, pretendiendo atentar así no solo contra la normatividad ambiental que este país desarrolla, sino contra la institucionalidad misma, pues cuestionan una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la República y promulgada por el propio Presidente.
Vale la pena recordar que la aprobación de esta norma duró muchos meses, y fue consultada a las autoridades competentes, quienes dieron su anuencia; también se le dio oportunidad al sector minero de opinar, hecho que omitió. Por ello, es inaudito que a estas alturas se pretendan imponer, cuestionando tal Ley y sugiriendo no aplicarla.
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*Mirtha Vasquez es abogada y directora de la asociación GRUFIDES.
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vía:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/02/10/2017/sociedad-de-mineria-arremete-contra-la-normatividad-ambiental-y-la
En la famosa conferencia anual de minería, PERUMIN, el grupo de empresarios mineros nuevamente enfiló sus armas contra normatividad ambiental básica de este país, y de paso contra la institucionalidad que, aunque débil, todavía tiene este Estado.
Cuestionaron la aprobación de la Ley 30640, norma que no dispone sino una cosa fundamental, da un plazo de un año a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que desarrolle el marco metodológico necesario para determinar qué es una cabecera de cuenca y cómo delimitarlas.
Esta norma viene a ser absolutamente pertinente ya que pese a que las cabeceras de cuenca están estipuladas en el Art. 75 de la Ley de Recursos Hídricos, e incluso el Estado se ha comprometido a su protección por reconocerlas como zonas ambientalmente vulnerables, nunca ha procedido a identificarlas. Esta falta de regulación ha abonado también a los conflictos socioambientales surgidos, pues en todos ellos se discute si los megaproyectos están o no en cabecera de cuenca.
La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se ha manifestado en contra de este proyecto, calificándolo como una seria amenaza para la inversión minera, mostrándose en contra de su aplicación, pretendiendo atentar así no solo contra la normatividad ambiental que este país desarrolla, sino contra la institucionalidad misma, pues cuestionan una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la República y promulgada por el propio Presidente.
Vale la pena recordar que la aprobación de esta norma duró muchos meses, y fue consultada a las autoridades competentes, quienes dieron su anuencia; también se le dio oportunidad al sector minero de opinar, hecho que omitió. Por ello, es inaudito que a estas alturas se pretendan imponer, cuestionando tal Ley y sugiriendo no aplicarla.
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*Mirtha Vasquez es abogada y directora de la asociación GRUFIDES.
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