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Por duodécima vez en su historia el Ecuador irá a votar en una consulta popular. Son siete preguntas que han sido presentadas por el presidente Lenín Moreno. Estos son sus antecedentes.
La
consulta popular acerca a Lenín Moreno al ideal de presidente que
intenta proyectar: un hombre que escucha sin irritarse al que piensa
diferente; que prefiere acudir al pueblo para tomar decisiones que,
legalmente, puede asumirlas por cuenta propia; un hombre que no se
parece en nada —o que intenta no parecerse— a su antecesor.
Y
en ese empeño, la selección de las preguntas tiene gran importancia.
Este es el origen de los temas con los que Lenín Moreno se juega su
primera batalla electoral desde que asumió la Presidencia del Ecuador en
mayo de 2017. Técnicamente, las cinco primeras preguntas son de un
referendo para reformar la Constitución. El mecanismo utilizado por el
presidente Moreno es el de reforma constitucional, y le ha solicitado a
la Corte Constitucional que califique la constitucionalidad de las
preguntas. Las dos restantes son preguntas de consulta popular pues no
son directamente cambios en la Constitución, sino cuestiones de interés
de la ciudadanía.
La
corrupción (o su combate) es la madre de esta pregunta. Después de las
revelaciones de grandes casos de corrupción, varios sectores de la
sociedad civil le han pedido al presidente Moreno que se tomen medidas
drásticas contra quienes participaron en estos actos. Con la revelación
de la trama Odebrecht, la Justicia estadounidense y la brasileña pusieron en jaque a varios políticos latinoamericanos. En Ecuador,
los primeros nombres aparecieron en plena campaña electoral. El saldo
hasta ahora deja un vicepresidente en prisión preventiva, un excontralor
prófugo y otros 15 funcionarios de alto rango investigados por
asociación ilícita para delinquir.
No es que la
corrupción haya llegado a Latinoamérica de la mano de Odebrecht, pero la
cantidad de dinero que se movió y el número de funcionarios de alto
rango salpicados provocó un sacudón en la región.
Otra trama internacional, revelada por Papeles de Panamá, desembocó en el caso PetroEcuador.
Las investigaciones giraron en torno a Carlos Pareja Yanuzzelli,
exministro de Hidrocarburos y exgerente de la empresa estatal petrolera
durante el gobierno de Rafael Correa. La Fiscalía abrió varios procesos
más por delitos como peculado, cohecho y asociación ilícita, que
involucran a al menos 30 personas, entre exfuncionarios y empresarios.
A
pesar de ese contexto, la lucha contra la corrupción no fue una de las
ofertas recurrentes en la última campaña electoral. Sin embargo, ya en
el poder, el presidente Lenín Moreno anunció “una cirugía mayor”,
mientras la nueva Asamblea empezó a pensar en la muerte civil, es decir,
que las personas condenadas por corrupción pierdan sus derechos
civiles, el principal objetivo es que queden inhabilitados de volver a
ejercer un cargo en la administración pública.
Por separado, Alianza País, Pachakutik y la Izquierda Democrática plantearon
reformas para que las personas condenadas por corrupción queden
inhabilitadas para participar en política. Ese también fue uno de los
cuatro pedidos que la Comisión Nacional Anticorrupción envió al
Presidente, además del cese de funciones de los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, que las enmiendas aprobadas
por la anterior Asamblea Nacional queden sin efecto y la conformación de
una comisión ciudadana para preparar el régimen de transición para el
funcionamiento de las instituciones cuyos miembros cesan en funciones en
esta consulta popular.
Tal vez la pregunta
más polémica de todas. Rafael Correa estuvo diez años en el poder, pero
a Alianza País no le alcanzó el tiempo para formar a su sucesor. Por
eso, cuando se hablaba del fin de su presidencia y de su sucesión, la
respuesta que parecía más segura era que Rafael Correa debía ser
sucedido por Rafael Correa. Sin embargo, la Constitución de 2008 se lo
impedía. En junio de 2014, cuando llevaba un año de su tercer mandato,
el oficialismo presentó una propuesta para instaurar la reelección
indefinida, que fue parte de un paquete de 17 proyectos para enmendar la
Constitución, aprobada seis años antes y que permitía la reelección por
una sola vez para un mismo cargo.
En ese entonces la discusión giraba en torno a si los cambios planteados por Alianza País en realidad eran enmiendas o reformas,
y el trámite que debía seguirse. El primer camino se aplica cuando los
cambios son superficiales y no afectan ni a los derechos de las personas
ni a la esencia del Estado. El segundo se aplica cuando el cambio
altera la estructura y los elementos que constituyen el Estado. Y ese
fue el argumento de quienes pedían que esta decisión se tome vía
consulta popular.
El riesgo de llamar a un referéndum era alto. La popularidad de Correa había empezado a tambalear
y el 2015 no fue su mejor año —alcanzó un 58% de aceptación—. Según una
encuesta de CEDATOS, un 80% de los ecuatorianos quería que la
reelección indefinida se resuelva por referéndum.
El
rechazo a esta intención, liderado por la oposición, se sintió en las
calles. Fueron varias semanas de protestas, hasta que el 3 de diciembre
del 2015, la Asamblea Nacional aprobó las enmiendas. Pero la presión
social provocó que se incluyera una disposición transitoria para que la
reelección indefinida entre en vigencia el 24 de mayo de este año y así
Correa quedó fuera de las últimas elecciones presidenciales.
Ahora,
ocupando el espacio de la oposición al Gobierno, el exmandatario ha
insinuado en más de una ocasión que, si lo considera necesario, volverá a
postularse. La respuesta de Moreno es esta consulta popular, acogiendo
además, el pedido de los grupos políticos de la oposición.
En
Alianza País la postura no es unánime. De hecho, la vicepresidenta
encargada, quien en el 2016 ejercía como asambleísta y votó por la
reelección indefinida, hoy tiene a su cargo el desarrollo de la
consulta. Los legisladores que se mantienen en el bando Correísta, como
Marcela Aguiñaga, defienden que eliminar la reelección indefinida es
“una regresión de derechos políticos”, porque limita a los ecuatorianos la posibilidad de elegir y ser elegidos.
Pregunta 3: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ¿Está
usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del
Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana v
Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de
sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus
funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades
cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la
terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?
El
CPCCS es una creación de la Constitución del 2008, que es una creación
de Rafael Correa y su partido, Alianza País. Correa llegó al poder con
la oferta de una Asamblea Constituyente que produjera una Constitución
para refundar
el Ecuador. Una de las innovaciones que introdujo fue la de creación de
una función estatal de Transparencia. Su órgano principal es el CPCCS
que debía con la función principal de promover la participación, el
control social de lo público y la rendición de cuentas. En pocas
palabras, garantizar la transparencia en el país.
El
Consejo de Participación Ciudadana empezó a funcionar en el 2008. Está
integrado por siete consejeros principales y sus suplentes, que son son
elegidos mediante un concurso de méritos y oposición. Pero eso no ha
garantizado que esté libre de influencias partidistas. Cuando los
actuales consejeros se posesionaron fueron cuestionados por su cercanía con el Gobierno de Correa.
La
presidenta, Raquel González, fue candidata a concejal de Guayaquil con
Alianza País en el 2014, pero no fue elegida. También perteneció a la
directiva provincial del movimiento y antes se desempeñó como
coordinadora zonal del MIES. Uno de los vocales, Edwin Jarrín, además de
ser esposo de la asambleísta oficialista Soledad Buendía, ha ocupado
varios cargos en el Gobierno; en el 2013, por ejemplo, fue secretario
general del Despacho Presidencial.
La pregunta planteada
para la consulta pretende cambiar ese sistema por la votación popular.
Para Sebastián López, catedrático en Derecho Constitucional de la
Universidad del Azuay, es “paradójico que tengamos una función que no
sea elegida democráticamente”. A este organismo se lo ha criticado que,
lejos de promover la participación ciudadana, ha servido para permitir
la cooptación de los poderes por parte del Correísmo. “Este Consejo
adolece de legitimidad de ejercicio —explica López—, es decir no ha
cumplido a cabalidad las funciones constitucionales que se le asignan”.
Esa
es la crítica más generalizada que ha recibido el CPCCS. Entre sus
atribuciones está elegir a la primera autoridad de la Procuraduría y de
las Superintendencias, de entre las ternas enviadas por el Presidente;
seleccionar a los titulares de la Defensoría del Pueblo, Defensoría
Pública, Fiscalía, Contraloría, a los miembros del Consejo Nacional
Electoral, Tribunal Contencioso y Consejo de la Judicatura.
Los
dardos apuntan a este organismo además porque las autoridades
designadas por sus miembros fueron involucradas en casos de corrupción.
En marzo de 2017, el Consejo reeligió a Carlos Pólit como contralor
general del Estado —cargo en el que estaba desde el 2007—, tres meses
después entró en la lista de investigados por la trama Odebrecht. Este
Consejo también designó al exfiscal Galo Chiriboga, cuyo nombre apareció
en la nómina de funcionarios con empresas offshore en Panamá.
Esta fue
una de las tres preguntas que Moreno acogió de su partido, Alianza
País. El antecedente más reciente de esta propuesta está en lo ocurrido
en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Travesori (Aampetra), en el sur
de Quito, en donde 41 menores fueron víctimas de agresiones sexuales por
parte de un profesor. El caso sucedió en el período lectivo 2010-2011,
pero la sentencia fue dictada seis años después.
A
partir de este hecho, la Asamblea formó la Comisión Ocasional Aampetra
para investigar casos de abuso sexual a menores en instituciones
educativas. Adempas, en junio de este año, la organización Ecuador dice
no más y el Fondeo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, lanzaron la campaña
“Ahora que lo ves, di no más”, que busca alertar sobre la violencia
sexual contra niñas, niños y adolescentes. Los datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos dicen que una de cada diez mujeres en
Ecuador ha sido víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. El
Informe Sombra,
elaborado por la Coalición de Mujeres del Ecuador, recoge los datos de
la Fiscalía: de cada diez víctimas de violencia, seis corresponden a
niñas, niños y adolescentes. Las mujeres suman el 80% de los casos.
Además, la Fiscalía reportó que recibe tres denuncias de violación a
niñas menores de 14 años al día.
Desde el 2008, Ecuador empezó a sentar las bases para explotar a gran escala sus recursos minerales. De hecho, acaba de ganar el premio como Mejor país en desarrollo minero en los Annual Outstanding Achievement Awards, en Canadá. Un reconocimiento por ser el país más atractivo para inversionistas de ese sector. El Ministerio de Minería ha entregado 237 concesiones mineras, mientras que otras 400 están en proceso de aprobación. Actualmente hay cinco proyectos estratégicos: Mirador, Fruta del Norte (Zamora Chinchipe) y Río Blanco (Azuay) que ya están en etapa de explotación, mientras que Loma Larga (Azuay) y San Carlos Panantza (Morona Santiago) están en exploración avanzada.
Los
cinco proyectos están ubicados en el sur del país, y muchos de sus
habitantes se resisten a la minería. En noviembre de 2016, indígenas
shuar de la comunidad Nankints, en Morona Santiago, se tomaron el
campamento minero de San Carlos Panantza. La zona terminó militarizada y
el enfrentamiento entre comuneros y personal de seguridad dejó un
policía muerto. El Gobierno decretó el estado de emergencia, que duró
dos meses.
En comunidades como Íntag, en el norte de
Imbabura hay división. Esta población, opuesta a la minería por más de
20 años, hoy está polarizada entre los beneficios que promocionan la
empresa minera chilena Codelco y el Gobierno y los riesgos que genera
esta actividad. En abril del 2014, un enfrentamiento entre lugareños y funcionarios de la Empresa Nacional Minera dejó una persona detenida, el dirigente Javier Ramírez, quien fue acusado por la Fiscalía de sabotaje y terrorismo.
La
principal preocupación de quienes se oponen a las actividades mineras
es su efecto ambiental. En Íntag, un estudio de impacto ambiental
elaborado por la empresa minera japonesa Bishi Metals, advierte que esta
actividad productiva puede contaminar los ríos, desertificar el
territorio y desplazar a comunidades.
El otro centro de
resistencia está en Azuay. El Concejo Cantonal de Cuenca y el Cabildo
por el Agua plantearon una reforma al artículo 407 de la Constitución.
Desde esta provincia llegó la pregunta para la consulta. El pedido
pretendía restringir las actividades de minería metálica en fuentes de
agua, zonas de páramo, bosques nublados alto Andino y humedales, así
como suspender las autorizaciones a las concesiones actuales en todas
sus fases. La idea no fue acogida en su totalidad.
La
Constitución ya prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas y en
zonas intangibles. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a
petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa
declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional. La
pregunta solo extiende la prohibición a los centros poblados.
“Las
dos preguntas ambientales buscan llegar a algunos sectores sociales que
se sintieron alejados de la Revolución Ciudadana”, dice Andrés Martínez
Moscoso, experto en Estudios Políticos y Constitucionales. “Alianza
País nació con grupos con interés en temas ambientales, pero en el
transcurso de los últimos diez años se quedaron fuera y esta es una
buena forma de traerlos de vuelta ”, dice Martínez. El expresidente
Rafael Correa llamó ‘infantiles’ a los ambientalistas que se oponían a
los proyectos petroleros y mineros. La pregunta del presidente Moreno es
un acercamiento a estos grupos, pero muchos ven con cierto recelo la
forma en que la pregunta se ha formulado.
Esta
es la primera pregunta de la consulta propiamente dicha. La Ley para
evitar la especulación de la Tierra, conocida como Ley de la Plusvalía,
le costó al anterior Gobierno una ola de protestas callejeras.
Cuando el proyecto fue presentado, en junio del 2015, junto a la Ley
sobre Herencias, opositores y oficialistas midieron fuerzas en las
principales ciudades del país. Las banderas negras y el grito de “Fuera
Correa. Fuera” se repitió en las principales ciudades del país, mientras
Correa estaba en Bélgica, en la segunda cumbre entre CELAC y la Unión
Europea. Para su regreso, los manifestantes organizaron una caravana de vehículos con banderas negras para recibirlo en Tababela.
Para
el exmandatario, las movilizaciones eran un intento de golpe de Estado
blando. De todas formas, la resistencia al proyecto y la cercanía de la
visita del Papa Francisco obligaron al Gobierno a dejar el trámite en espera por poco más de un año. En diciembre de 2016, la Asamblea aprobó la ley en medio de reclamos.
Desde
su anuncio, fue criticada con fuerza por el diferentes sectores
económicos. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la
Construcción, Enrique Pita, sostenía que el proyecto era “inoportuno e
inconveniente” porque generaba incertidumbre en el sector, que según las
proyecciones del Banco Central iba a decrecer en un 10%.
El
pasado 24 de julio, el presidente Moreno pidió su revisión argumentando
un impacto negativo en esta actividad. “Recordemos que la construcción
es un sector de la economía que dinamiza todos los demás. Hemos sufrido
un deterioro de —7% en el crecimiento”, le dijo a la BBC en una entrevista.
Esta
ley creó un nuevo impuesto, el del valor especulativo del suelo, que es
del 75%. El tributo se aplica a la ganancia extra que genera la segunda
venta de un inmueble o terreno. El analista económico Juan Pablo
Jaramillo defiende que este impuesto “busca castigar las ganancias
extraordinarias producto del esfuerzo de terceros y la especulación en
la venta de bienes inmuebles, no así la ganancia ordinaria producto del
esfuerzo propio”.
El tema fue uno de los ejes centrales de las mesas de diálogo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario,
una instancia creada por el Gobierno de Moreno para emitir
recomendaciones, propuestas de políticas y normativas para la
productividad y competitividad. El colectivo Proponle al futuro, formado
por empresarios de diferentes sectores —que apoyó la candidatura de
Moreno— propuso una consulta popular para reformar la ley, pero otros
grupos del sector de la construcción pidieron su derogatoria, pedido que
finalmente fue acogida para la consulta.
Ecuador tenía una apuesta ambiciosa para no
tocar la Reserva Natural del Yasuní, uno de los sitios de mayor
biodiversidad del planeta: dejar el petróleo bajo tierra si los países
industrializados le pagaban por hacerlo. El plan no funcionó. La
iniciativa Yasuní ITT recaudó en seis años poco más de 13 millones de
dólares en efectivo y 116 millones que se quedaron en compromisos de
apoyo de países, aunque no estaban vinculados directamente con la
iniciativa. La meta era alcanzar 3.600 millones en 13 años.
Con
ese argumento, el 15 de agosto de 2013, Rafael Correa pidió la
declaratoria de interés nacional para el aprovechamiento del uno por
ciento de la reserva, en el campo ITT (Ishpingo—Tiputini— Tambococha).
“El mundo nos ha fallado”, dijo en su anuncio. Correa prometió que se
explotaría con tecnología de punta para afectar apenas el 1 por mil del
parque nacional, pero ambientalistas criticaron la oferta de Correa,
quienes consideran que se pone en riesgo la biodiversidad de la zona y
la supervivencia de los pueblos no contactados. La reserva del Yasuní
—de más de un millón de hectáreas— es territorio de los pueblos Tagaeri y
Taromenane, que viven en aislamiento voluntario.
La
explotación del ITT requería la aprobación de la Asamblea Nacional, que
debía analizar, entre otras cosas, si esta decisión podría afectar a los
pueblos en aislamiento voluntario. Con unos mapas de respaldo, el
Ministerio de Justicia indicó en un informe
que estos indígenas estaban fuera de la zona. Esa fue la prueba para
que los legisladores den paso a la explotación. Pero cuando se lanzó la
ronda petrolera Suroriente se vio que hay bloques que
limitan con el parque Yasuní: 79, 83, 84 y 87, territorios en los que,
según el mapa usado por el Ministerio de Justicia, se encuentran tres
grupos indígenas.
La iniciativa Yasuní, con un propósito
loable, fue criticada por la forma en que se llevó a cabo. Los
economistas Santiago Bucarám y Ana María Trujillo cuestionaron en este artículo
la falta de atractivo, viabilidad y sostenibilidad. Roque Sevilla,
quien lideró la comisión técnica del proyecto Yasuní—ITT hasta enero de
2010, le dijo a BBC Mundo que “tener siempre bajo la manga el plan B (de
explotación petrolera en la zona del ITT) es algo que desanimaba a los
aportantes”.
En cambio, el ahora ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, defendió
que la Iniciativa fue concebida como un mecanismo para reducir el
cambio climático. “Dejar el petróleo bajo el suelo significaba que al
menos 407 millones de toneladas de dióxido de carbono no serían
liberadas a la atmósfera. Con este argumento, la Iniciativa propuso que
la comunidad internacional —en especial los países desarrollados—
reconozca su corresponsabilidad en la afectación de un bien común, la
atmósfera”.
En ese entonces, líderes indígenas y
activistas plantearon que se convoque a una consulta popular para
definir el futuro de esta reserva. El colectivo Yasunidos recogió más de
700 mil firmas para que se convocara a la consulta, pero en el 2014, el Consejo Nacional Electoral no dio paso a su pedido.
El argumento de este organismo fue que no se reunieron las firmas
necesarias. Según el CNE, el colectivo sólo alcanzó 359.761 firmas,
después de que gran cantidad de las firmas presentadas fueran
invalidadas porque no correspondían con los formularios presentados, la
lista habría incluído a menores de edad, había cédulas incompletas y
repetidas. Según la Constitución, para que un tema sea sometido a
consulta requiere el respaldo del 5% del padrón electoral, esto es
584.116 rúbricas.
La misma pregunta que se planteó en
ese entonces fue entregada en septiembre pasado al presidente Moreno:
¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní ITT
indefinidamente en el subsuelo?, pero la pregunta enviada a la Corte
Constitucional no acogió esa propuesta.
La extracción de crudo en el ITT arrancó en septiembre de 2016,
con la producción de 12 pozos del campo Tiputini, el único que se
encuentra fuera de la reserva ecológica. El plan de desarrollo de este
campo petrolero contempla la perforación de 600 pozos del 2016 al 2025,
en una zona de explotación de 200 hectáreas. El Gobierno calculó que las
reservas del ITT arrojaría un valor neto de 18.292 millones de dólares.
Estas
preguntas fueron enviadas a la Corte Constitucional el 2 de octubre de
2017. La sala de admisiones de la Corte, integrada por las juezas Wendy
Molina y Ruth Ceni, las admitieron a trámite. Como hay 5 preguntas de
referendo constitucional y dos de consulta popular, se iniciaron dos
trámites por separado. En cada uno de ellos, tras un sorteo, se
designará un juez ponente que emita un informe calificando las preguntas
o recomendando que sean desechadas. Si el pleno de la Corte aprueba por
mayoría ambos informes, las preguntas al Ejecutivo para que emita un
decreto y el proceso pasa al CNE, que tiene un plazo de 15 días para
convocar el proceso. La consulta se debe desarrollar en máximo 60 días,
por lo que podría realizarse en diciembre de 2017 o enero del año
siguiente. Esta sería la tercera consulta popular en Ecuador desde el
2008 y la número dice en toda la historia del país.
Fuente: http://gk.city/2017/10/10/preguntas-consulta-popular-ecuador-2017/vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=232713
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