Los intentos por privatizar las semillas se despliegan globalmente de las manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un delito. América Latina no está libre de tales ataques.
Aunque la agresión tiene actualmente
como punta de lanza las leyes UPOV, lo que en realidad se vive es una
andanada de leyes, decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre
eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización,
leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias, las mal
llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de investigación,
políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.
Ya en el año 2005 decíamos: “Observadas
hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan
acerca de lo que los agricultores no pueden hacer. Dictan qué tipo de
semillas no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos
incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y
la protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes
de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad
intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las
patentes. Los dos tipos de leyes —regulaciones para la comercialización y
derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente.
Si algo ha cambiado desde entonces, es
que las estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho
más extremas y ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es
que simultáneamente se han multiplicado las resistencias desplegadas a
nivel nacional y regional.
¿Qué es UPOV?
La Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización
intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por
el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en
1972, 1978 y 1991. Según su propia definición “la misión de la UPOV es
proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las
variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades
vegetales para beneficio de la sociedad”.
El Convenio UPOV 91 es el que hoy se
está intentando imponer en todo el mundo bajo el pretexto de la
“protección”. Sin embargo en el presente está ampliamente demostrado que
UPOV 91 niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular
como en su sentido más amplio al cercenar su derecho a guardar semilla
para la siembra y permitir a las corporaciones adueñarse de la
biodiversidad, logrando un control comercial completo sobre las semillas
y los conocimientos de las comunidades. Además, los criterios de
protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de la
biodiversidad por promover la uniformidad de las semillas. Esto es
tremendamente peligroso pues la uniformidad conduce a pérdidas de
cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente la privatización
de las semillas afecta negativamente a la investigación y el intercambio
de conocimientos.
En América Latina y el Caribe son
miembros de UPOV Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. De
estos Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú son los únicos que
en este momento aplica UPOV 91.
El saco sin fondo de las ambiciones empresariales
Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto,
a) Permiten la privatización de
variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto
de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que
dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las
semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras
palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de
investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las
semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la
circulación de una variedad por circuitos locales campesinos no impide
que quien se apropie de ella la defina como “nueva”.
b) El robo luego es llevado hasta
límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad
otorgada a toda variedad “similar”, sin importar cuánto tiempo ella haya
existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un robo con
retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución 970
del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro
Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno
colombiano a retirar tal resolución.
c) Las sanciones contra quienes no
obedezcan el absurdo aumentan significativamente, permitiendo la
confiscación no sólo de las semillas que se consideren “ilegales”, sino
también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados
que provengan de tales semillas. Los procedimientos judiciales para
tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa que se
harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia
práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán
estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar
a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún
por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la
posibilidad de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo
penas de cárcel.
Éste es el corazón de las leyes UPOV.
Otros elementos altamente dañinos también han sido introducidos en
algunas propuestas de ley. El proyecto chileno inicialmente entregaba el
control de la aplicación de la ley a las empresas semilleras, creando
de facto una policía privada. El proyecto argentino crea un registro
obligatorio de usuarios de semillas, lo que significa que todo el que
quiera sembrar debe registrarse.
Pero los intentos de privatización
van más allá de UPOV. La certificación y las leyes de comercialización
han sido centrales en la privatización de semillas de México y
Colombia. Brasil está utilizando normas de comercialización. En
Argentina avanza la privatización de eventos biotecnológicos y en todo
el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal paralelo a través
de la imposición de contratos privados para cobro de regalías. A ello se
agregan casi universalmente las políticas crediticias y de asistencia
técnica que exigen el uso de semillas provenientes de las empresas o de
los centros de investigación.
Todos estos mecanismos actúan
conjuntamente y complementándose para desde distintos frentes intentar
el fin último del control absoluto de las semillas.
La resistencia crece y se multiplica
Pero también es en América Latina donde
las resistencias se están expresando de manera más contundente y donde
los pueblos han logrado frenar en muchos países estos intentos de
doblegar su autonomía. A continuación hacemos un recorrido por la
situación en los diferentes países donde el protagonismo popular y
campesino ha sido clave para detener estos avances corporativos y donde
las luchas hoy continúan cada día.
Chile
La ofensiva de UPOV en Chile difiere
poco de lo que está intentando imponer en muchos otros países. Diversos
artículos facilitan la apropiación de semillas locales por parte de
las empresas, criminalizan el uso de semillas propias por parte del
campesinado, e imponen elementos absurdos como que aquellas empresas que
registran alguna variedad como propia luego pueden impedir el uso de
cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de la confiscación de
semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas que se imponen a
las familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho
toda su vida.
Lo que las empresas y el gobierno no
esperaban es la reacción social que poco a poco se ha ido construyendo
en Chile. La ley de semillas de acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer
trámite en el año 2010, a pesar de la fuerte oposición de diversas
organizaciones campesinas —especialmente de Anamuri y de la CLOC-VC—,
así como de grupos de la sociedad civil.
A pesar de esta primera derrota, las
organizaciones siguieron informando y denunciando los contenidos de la
ley, por lo que cuando Chile adhirió al Convenio UPOV 91, la oposición
fue muchísimo más amplia y activa, lo que llevó a un grupo de senadores
a solicitar que el Tribunal Constitucional declarara la
inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se sufrió una nueva derrota,
pero el trabajo de información siguió y se amplió, entre otros medios,
a través de las muchas movilizaciones sociales que se han realizado en
el país desde 2011.
Actualmente, el rechazo a la
privatización de las semillas y a la Ley UPOV 91 es una preocupación
nacional y transversal que hasta hace poco había impedido que la ley
fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el gobierno de derecha
—bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio urgencia a este
segundo trámite, intentando empujarla sin que las organizaciones
pudiesen reaccionar. La movilización esta vez fue a nivel nacional y por
todo tipo de medios, desde marchas en todo el país que causaron gran
impacto, a campañas de información por internet, a programas de radio,
entrevistas por televisión, a talleres de información en comunidades
rurales, universidades, reuniones con autoridades religiosas,
conversaciones e intercambio de información con senadores, etc.
El impacto de miles de personas
movilizándose, presionando a senadores y protestando, fue
suficientemente fuerte como para romper al menos parcialmente el férreo
cerco informativo que se vive en Chile y para convencer a una mayoría de
los senadores (21 de 38) a comprometerse a votar en contra del proyecto
de ley.
Ante esta nueva situación, el gobierno
retiró la ley de la votación, con el fin de postergarla hasta después
de las elecciones que se harán en noviembre de 2013, cuando varios de
los senadores actualmente comprometidos contra la ley habrán cesado sus
labores parlamentarias.
Las organizaciones campesinas y de la
sociedad civil seguirán movilizándose para exigir que el voto de rechazo
se haga efectivo a la brevedad.
Argentina. El Proyecto de
modificación de la Ley de Semillas en Argentina es fruto de un lobby
concreto de Monsanto que comenzó en el 2003 cuando la empresa comenzó a
solicitar que se cambiara la Ley de Semillas para garantizar la
“seguridad jurídica” de sus inversiones en transgénicos. En ese entonces
no encontró ecos en el gobierno y anunció que se retiraba del país no
introduciendo nuevos eventos. En su lucha por el cobro de regalías,
Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de
Europa con demandas judiciales porque contenían genes de su propiedad y
Argentina no admitía el pago de regalías. Finalmente esta demanda fue
ganada por Argentina cuando los tribunales europeos desestimaron la
demanda de Monsanto.
Si bien durante los últimos años de la
década pasada el gobierno anunció en varias ocasiones que iba a
presentar una nueva Ley de Semillas al Congreso fue recién en el año
2012 que se produce un radical cambio de postura sobre el tema. En junio
del 2012, la presidenta Cristina Fernández anuncia en el Consejo de las
Américas que a partir de sus conversaciones con Monsanto, la empresa
volvería a realizar inversiones en el país con eje en una planta de
procesamiento de maíz transgénico en el Barrio Malvinas Argentinas -en
la Ciudad de Córdoba.
A los pocos meses, en una conferencia de
prensa conjunta, el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar y Pablo
Vaqueros, Presidente de Monsanto Argentina anunciaron la aprobación y
lanzamiento de la nueva soja transgénica RR2 “Intacta” (resistente al
glifosato e insecticida) y la modificación de la Ley de Semillas para
proteger a los inversores por “los grandes gastos que tienen”. El
compromiso allí explicitado fue presentar la Ley al Congreso antes de
fines del 2012 para que fuera tratada y aprobada.
La reacción de las organizaciones
sociales no se hizo esperar y fue mucho más contundente cuando se hizo
público que el borrador en discusión estaba siendo negociado en secreto
dentro del Ministerio de Agricultura por las grandes cámaras semilleras y
los grandes terratenientes del país. El rechazo a la modificación de la
Ley de Semillas se extendió ampliamente en la sociedad y diferente
colectivos incluyeron la demanda en diferentes actividades,
movilizaciones, charlas y documentos.
Los análisis de las organizaciones
sociales de una copia filtrada del proyecto en discusión encontraron que
el mismo introducía, a partir de modificaciones en el articulado de la
Ley vigente (que data del año 1973), casi todos los contenidos de UPOV
91 y las restricciones que esta norma impone.
El Movimiento Nacional Campesino
Indígena junto a Amigos de la Tierra y GRAIN comenzó una campaña de
recolección de firmas que hacia fines de noviembre contaba ya con más de
500 adhesiones de organizaciones sociales y más de 3 mil 500 firmantes
particulares.
El documento “Diez motivos para luchar
contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la
Argentina” expresa que “la ley propuesta no protege los conocimientos ni
la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad
sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de
las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma
expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable
privatizar los conocimientos y diversas formas de vida” y que “Abre
las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la
biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley
hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la
biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de
obtentor sobre las especies vegetales”. Además “ilegaliza o restringe
gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la
agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar,
multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha
anterior”.
El documento concluye con un llamado a
“Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de
los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter
eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y
alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía
alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios
para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es
avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”.
El extendido rechazo que muy pronto
encontró eco en varios sectores del oficialismo produjo que el Proyecto
nunca ingresara al Parlamento, lo que fue entendido por las
organizaciones como una victoria parcial. Durante los primeros meses del
año 2013 el Ministro de Agricultura expresó que por ser un año
electoral el Proyecto no sería enviado al Congreso pero ante evidentes
nuevas presiones de Monsanto a las pocas semanas el Secretario de
Agricultura anunció que ni bien concluyeran las elecciones el Proyecto
ingresaría al Congreso.
Mientras tanto Monsanto no permanece en
actitud de espera si no que mantiene su ofensiva obligando a los
compradores de la nueva soja transgénica rr2 “intacta” a firmar
un “contrato de regalías extendidas”. Monsanto informa en su página web
para esta soja que “Los productores que deseen optar, a su criterio y
decisión, por utilizar semillas de soja conteniendo la tecnología
intacta rr2 deberán suscribir con Monsanto una licencia limitada de uso
de la tecnología”. Una particular manera de entender el “criterio propio
y decisión” de los productores que ronda la ilegalidad.
La movilización y la atención de la
sociedad sigue de cerca cada paso que se da tratando de avanzar con La
ley y hoy está presente en la lucha que los vecinos de la Asamblea
Malvinas Lucha por la Vida y las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo están
dando en el Bloqueo a la Planta que Monsanto está intentando construir
allí y que lleva mas de tres semanas de bloqueo.
Colombia
En abril del año 2102 el Congreso de la
República de Colombia aprobó la Ley 1518 por medio de la cual se aprobó
el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales” cumpliendo los “deberes” que el Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos le imponía para proteger los intereses de las
grandes corporaciones del agronegocio.
La organizaciones sociales denunciaron
rápidamente que la aprobación se realizó desconociendo disposiciones de
rango superior y desarrollos normativos y jurisprudenciales
internacionales, que consagran las obligaciones del Estado de garantizar
y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción y
específicamente la obligación de velar por la soberanía y seguridad
alimentaria de la población.
Según el Grupo Semillas y la Campaña
Semillas de Identidad, el Convenio Internacional fue ratificado “sin
garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las minorías
étnicas”, y su objetivo principal es buscar “la concesión y consecuente
protección de derechos de obtentor de géneros y especies vegetales
estableciendo, por un lado, determinadas condiciones que no pueden
cumplir las variedades nativas y criollas porque el mejoramiento
genético que han realizado los agricultores se basa en un enfoque y
principios totalmente diferentes al que realizan los fitomejoradores
modernos, y por otro, los alcances de su reconocimiento protegiendo
intereses económicos de algunos e imponiendo el uso de semillas
protegidas legalmente por requerimiento de las empresas
transnacionales”.
A partir de este análisis diversas
organizaciones realizaron una presentación ante la Corte Constitucional.
Lograron, en diciembre del 2012, que la Corte Constitucional declarara
INEXEQUIBLE la Ley 1518. De esta manera se logró frenar el avance de
UPOV 91 bajo el argumento de la falta de consulta previa a los pueblos
indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que
los afecten directamente, bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, en
cuyo artículo 6º se establece la obligatoriedad de dicha consulta. Si
bien la amenaza de la aprobación de UPOV aún permanece, hasta el momento
no se ha puesto en marcha el proceso de consulta requerido por la
Corte. Esto produjo la preocupación de los Estados Unidos que hizo
conocer a través de los medios su “pleno derecho de pedir que Colombia
compense los perjuicios ocasionados por la decisión de la Corte
Constitucional colombiana de declarar inexequible las Leyes 1518 y 1520,
que establecieron una serie de normas requeridas para la firma del
Tratado de Libre Comercio con ese país”.
Pero durante el año 2013 los
acontecimientos ligados a las luchas campesinas volvieron a poner a las
semillas en el centro de la escena. Fue a partir de la difusión del
documental 9.70 la historia de la semilla privatizada, de la
joven directora Victoria Solano, que se comenzó a multiplicar entre la
sociedad el impacto de las normas que privatizan las semillas.
La disposición 9.70 del ICA (Instituto
Colombiano Agropecuario) data del año 2010 y pretende controlar la
producción, uso y comercialización de semillas en el país. Esta
resolución aplica los conceptos de la propiedad intelectual a las
semillas y fue promulgada como requisito para la aprobación del Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.
“El documental analiza los impactos de
la resolución tomando como ejemplo el caso Campoalegre, un pueblo al sur
de Colombia donde se aplicó la resolución. En el 2011 el Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, llegó hasta el municipio e incautó 70
toneladas de arroz, luego volvió con fuerza pública, y finalmente
destruyó la semilla en un basurero por considerarla ilegal” exponen sus
autores.
El fuerte impacto público que tuvo el
documental coincidió con el inicio de las movilizaciones campesinas del
19 de agosto que conmovieron al país y rápidamente el rechazo a la
disposición 9.70 se sumó a los múltiples reclamos campesinos. A partir
de estas luchas la norma 9.70 fue “congelada por dos años”, lo que
representa un inmenso triunfo de las organizaciones campesinas y
sociales de Colombia. Sin embargo, en el presente resulta claro que lo
que el pueblo de Colombia exige es que esta resolución sea completamente
derogada de la misma forma que cualquier intento de imponer UPOV 91 por
otras vías.
Venezuela
En Venezuela está en la pauta para el
tratamiento de la Asamblea Nacional un proyecto de modificación de la
Ley de Semillas, que ha provocado mucha preocupación en las
organizaciones sociales. Por un lado este Proyecto de Ley plantea una
situación muy compleja pues pretende reglamentar la prohibición de los
transgénicos en Venezuela y al mismo tiempo legislar las cuestiones de
propiedad intelectual.
La Campaña Venezuela Libre de
Transgénicos ha dado seguimiento a este proyecto y realizó
observaciones, en las que propuso la “prohibición de las semillas
transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho
de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud
de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los
colectivos y movimientos populares revolucionarios”.
Las declaraciones públicas de los
impulsores de la ley hablan de que la misma prohibirá los transgénicos
en Venezuela, pero la campaña ha expresado sus preocupaciones en
relación al “articulado de la propuesta de ley, que continúa
reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre
la semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción
de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la
semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las
prácticas de intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de
participación del poder popular, entre otros, todos aspectos que
consideramos elementos de lucha del movimiento popular en el debate de
esta ley”.
El compromiso de un amplio debate
público y la fuerte movilización de los movimientos sociales abre las
puertas para que se produzcan en el proyecto modificaciones que
respondan a las demandas que se están realizando.
México
Tras la puesta en vigor del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se fue articulando un
escenario de leyes combinadas que incluyó a “la ley de Variedades
Vegetales” (1996), la puesta en vigor de la ley de Bioseguridad de 2005 y
la nueva ley de Semillas, de 2007 mediante las cuales el sistema
jurídico mexicano dio un paso muy grande hacia el registro, la
certificación, el patentamiento y la privatización de las semillas,
buscando imponer semillas de laboratorio diseñadas y criminalizando la
custodia e intercambio de semillas nativas por los canales de confianza
que durante siglos fueron la base de los sistemas alimentarios
indígenas, campesinos, a nivel nacional.
Aunque México no se ha suscrito a la
versión 1991 del Convenio, ya su ley de Semillas de 2007 explícitamente
promueve la criminalización de las semillas nativas, criterios
inconsistentes con el comportamiento de las semillas en la vida
cotidiana de las comunidades estableciendo criterios abstractos de
calidad y una “estabilidad” que implicaría un congelamiento de sus
características, casi que la “obligación de no seguir evolucionando”.
Esto, junto con la Ley de Variedades
Vegetales, de 1996 (parte de las obligaciones de ser miembro de UPOV) y
su reglamento de 1998, abrió la explotación y aprovechamiento privados
de variedades vegetales y materiales de propagación y su concesión
pagada y venta mediante reglamentaciones muy favorables a las
corporaciones.
En 2012, un sinnúmero de organizaciones
campesinas y de la sociedad civil lograron detener el intento de que la
Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más
afines con UPOV 91. La reforma habría sido muy grave, porque concedía a
los obtentores privados “el beneficio exclusivo [monopólico] procedente
de ventas de semillas u otros materiales vegetales hasta por 15 años, o
18 en el caso de plantas perennes, ornamentales, forestales —aun cuando
las plantas que se utilicen para desarrollar nuevas variedades sean del
dominio público”. Se incluían los organismos genéticamente modificados
en coherencia con la ley de Bioseguridad, “lo cual es absurdo dado que
los OGM son creados por la introducción de material genético que no es
vegetal”.
La Ley de Variedades Vegetales recargada
habría sido clave para potenciar a la ley de Semillas de 2007, pues
habría promovido una policía de las semillas, un sistema de
fiscalización y decomiso de las semillas no certificadas, clasificadas
absurdamente como “piratas”, por no contar con factura, registro o
certificación, pese a haberse guardado e intercambiado por lo menos hace
6 mil años. La reforma de la Ley de Variedades está pospuesta, pero
sería un error pensar que está desactivada su aprobación.
En el resto de América Latina y el
Caribe la situación difiere según existan o no Tratados de Libre
Comercio (TLC) firmados con los Estados Unidos (EUA). Es el caso de
Costa Rica y República Dominicana, que por la firma del CAFTA (Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y Estados
Unidos) debieron cambiar sus legislaciones para adaptarse al TLC; o de
Perú, que también ha firmado un TLC con EUA. En el resto del continente
-y aunque en estos momentos no haya ofensivas- las presiones para la
adhesión a UPOV 91 son permanentes y es muy posible que en algunos
países, como Paraguay, por ejemplo, en los próximos meses se produzcan
embates en esa dirección.
Las resistencias dan sus frutos
Lo sorprendente en un contexto de avance
del agronegocio en toda la región es que las resistencias al control
corporativo de las semillas han dado sus frutos en casi todos los países
donde se han presentado estas ofensivas.
En Argentina el Proyecto de Ley de
Semillas no salió de su ámbito de discusión secreto en el Ministerio de
Agricultura y jamás tomó estado parlamentario.
En Chile las organizaciones lograron que
una mayoría de los senadores se comprometieran a votar contra el
Proyecto de Ley Monsanto.
En Colombia la movilización campesina logró que la Resolución 9.70 fuera frenada.
En Venezuela existen firmes compromisos para que los principios que impulsó Hugo Chávez no sean traicionados.
También en México las luchas sociales
impidieron que Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia
lineamientos más afines con UPOV 91.
Todo esto ocurrió hasta el mes de
octubre del 2013. No sabemos qué sucederá en los próximos meses, pero
está claro que estas victorias no significan que las batallas contra la
apropiación estén ganadas. Los movimientos sociales son muy conscientes
de que la situación actual plantea el desafío de seguir construyendo
articulaciones, conciencia y nuevos aliados para enfrentar los embates
que habrá de aquí en adelante y seguir defendiendo a las semillas como
Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad; poniéndole el
cuerpo a esta hermosa consigna de la Campaña de la Semilla de la Vía
Campesina.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2014/01/leyes-de-semillas-en-america-latina-resistiendo-el-despojo/
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