México, Distrito Federal. “Un
comunicador con una cámara puede ser juzgado por actitud agresiva” en
las manifestaciones en el Distrito Federal, denuncia el abogado Manuel
Fuentes, debido a que los periodistas reportan los abusos de autoridad
en tiempo real y exhiben el comportamiento de la policía y las
autoridades.
Desde el 2011, pero particularmente a
partir del primero de diciembre de 2012, cuando miles de personas
salieron a las calles para protestar contra la toma de posesión de
Enrique Peña Nieto, la policía capitalina puso en marcha estrategias
para generar detenciones arbitrarias y desarticular las manifestaciones.
Uno de sus blancos son los integrantes de medios independientes o los
activistas que portan cámaras.
El 1 de septiembre, tres periodistas
independientes fueron detenidos durante las manifestaciones contra la
reforma educativa; a dos se les fijaron fianzas de más de cien mil
pesos. El 6 de septiembre se anunció la intención de endurecer las penas
por ultrajes a la autoridad, delito que habitualmente se imputa a los
detenidos en las manifestaciones.
Con el artículo 362 del Código Penal del
Distrito Federal -referente al delito de “ataques a la paz pública”- y
con el llamado “Protocolo de control de multitudes”, existe la facultad
de detener a personas bajo el criterio de quien comanda un batallón. De
acuerdo con la redacción del Protocolo, se puede detener a una “persona
en estado de agresividad”. “¿Qué se entiende cómo eso? ¿Quién juzga?”,
cuestiona Fuentes.
Manuel Fuentes, miembro de la Asociación
Nacional de Abogados Democráticos, señala que la situación de derechos
humanos en la capital del país se ha vuelto preocupante: “Por los
reportes de detenciones de personas que he recibido, a las personas se
les detiene por su vestimenta, el color de su piel, la ropa o su
peinado”, denuncia.
El Protocolo de Actuación Policial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de
Multitudes, publicado el 15 de marzo de 2013 con la firma de Jesús
Rodríguez Almeida, secretario de la dependencia de gobierno, no fue
emitido ni legislado por el Distrito Federal. Además, es
anticonstitucional, pues no sólo regula la actuación de la policía, sino
que interviene contra terceros: la población.
Fuentes y otros abogados interpusieron
un amparo contra el Protocolo. El defensor de derechos humanos detalla
que se espera un peritaje de organizaciones internacionales.
Pocos días antes de la represión del
primero de septiembre, en la ciudad de Puebla, se realizó la
preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) “Represión por
motivos políticos: una estrategia permanente del Estado Mexicano”. Se
presentaron 12 casos en los que se evidencia la existencia de diversos
mecanismos de represión política con la finalidad de acallar,
desmovilizar e invisibilizar las expresiones populares que luchan por el
ejercicio libre y defensa de los derechos humanos.
Al igual que en el caso de los
periodistas presos este primero de septiembre, durante las protestas
contra el primer informe presidencial de Enrique Peña Nieto y la
imposición de la reforma educativa, el dictamen de la preaudiencia
demuestra el uso intencional del sistema judicial para perpetrar la
impunidad, lo que crea condiciones para repetir violaciones de derechos.
Se presentaron casos en los que, de acuerdo con el predictamen de este
tribunal social, hay colusión entre los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial para reprimir voces disidentes.
Las cámaras, el nuevo blanco
El primero de diciembre de 2012 se
usaron por primera vez en la capital balas de goma para dispersar a los
manifestantes. El 10 de junio de 2013, la policía estrenó en el Zócalo
estrategias de intimidación -algunos aventando piedras- y el
encapsulamiento de medios de comunicación independientes.
Los casos de Gustavo Ruíz, fotógrafo de la Agencia Subversiones, y de Pavel Primo Noriega, de Multimedio Cronopios,
detenidos durante el primero de septiembre mientras documentaban
detenciones arbitrarias, son representativos porque también fueron
detenidos arbitrariamente y se les aumentó la fianza exigida por la
supuesta comisión de delitos como ataques a la paz pública (utilización
de sustancias tóxicas, incendio, inundación o violencia extrema) y
resistencia de particulares. Una periodista más, Estela Morales, de Regeneración Radio, también fue detenida y liberada bajo fianza.
Un día después de la represión del
primero de septiembre, fue emitida la acción urgente en materia de
derechos humanos “Detención arbitraria de periodistas de medios
independientes: Regeneración Radio, Multimedios Cronopios y Agencia
SubVersiones. El texto explica la forma en la que la policía operó en
particular contra los medios de comunicación: “Hubo represión,
violaciones a los derechos humanos, al derecho a la libertad de
expresión y detenciones arbitrarias en contra de compañeros de Medios
Independientes”.
“Esto es muy delicado”, precisa Fuentes,
pues “no se comprueba que la persona comete delito, se le apresa y se
lleva al ministerio público, basados en las acusaciones de la policía de
forma unilateral”.
“Un comunicador con una cámara puede ser
juzgado por actitud agresiva”, abunda el abogado, debido a que los
periodistas reportan los abusos de autoridad en tiempo real y exhiben el
comportamiento de la policía y las autoridades. “En cuanto a derechos
humanos, la policía no cumple en su protección. Parece que están
esperando una cuota de personas”, apunta Fuentes.
Manifestarse e informar
Federico Zuviré Cruz, integrante del
colectivo Artistas Aliados del movimiento #Yosoy132 y documentalista
-quien salió el primero de septiembre a grabar-, ve un retroceso
democrático: “Por más que inviertan en spots millonarios para hacernos
creer que el nuevo PRI (Partido Revolucionario Institucional) es
distinto, en la práctica lo que llegó es esa forma de gobernar en donde
la oposición y opinar distinto no tiene lugar”.
De acuerdo con Zuviré, los jóvenes que
como él salen a protestar, desde el primero de diciembre son tildados de
“violentos” y “vándalos”, lo que considera como una estrategia diseñada
desde los medios de comunicación -que generan un ambiente hostil hacia
aquellos que se manifiestan. El artista recomienda encontrar formas de
protestar alejadas de la violencia, que, asevera, es lo que el poder
espera de los manifestantes para seguirlos amordazando. Precisa que a
partir del primero de septiembre, los medios libres y los activistas con
cámara son también blanco de represión selectiva: “Resulta que salir y
grabar o tomar una foto, también puede ser considerado como una afrenta
al Estado”.
Zuviré advierte que si los jóvenes no
defienden los espacios de participación para la ciudadanía, entonces
colaboran para a reinstalación del régimen totalitario en México. “Veo
la absoluta necesidad de seguir saliendo a las calles, pero esta vez no
sólo marchando sino tratando de informar desde otro punto de vista: el
no oficial, tratando de generar contrainformación para romper el cerco
mediático”, finaliza.
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