De acuerdo al COPINH el juicio lo entabló el Ministerio Público y la empresa DESA que tiene a su cargo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Río Blanco, departamento de Santa Bárbara y cerca al municipio de Intibucá, dentro del mismo departamento.
En las redes sociales, la organización anunció que Cáceres será encarcelada y se habrían dado “medidas sustitutivas” para los otros dos dirigentes procesados, Aureliano Molina y Tomás Gómez, quienes tendrían que presentarse al juzgado a firmar cada quince días.
Ante esta situación, la organización hizo un llamado a movilizarse en rechazo a la sentencia.
“ALERTA!! Se ha dictado auto de prisión para la compañera Defensora Bertha Cáceres, Coordinadora del COPINH y medidas sustitutivas para Aureliano Molina y Tomás Gómez. Un llamado al pueblo a movilizarse! COPINH hace un llamado a continuar luchando!”, anunció esta mañana la organización.
El caso se inició cuando la lideresa y el comunicador social de la organización, Tomás Gómez, fueron intervenidos por la policía, en mayo de este año, rumbo a Río Blanco, donde participarían en una prolongada protesta que se realizaba contra la construcción de la hidroeléctrica.
En la intervención a los dirigentes se les habría encontrado un arma. Según el COPINH esta fue intencionalmente “sembrada” por la policía. La lideresa fue detenida pero liberada posteriormente con orden de comparecencia.
En el proceso, el Ministerio Público acusó a los líderes indígenas por usurpación, coacciones y daños continuados contra la propiedad privada de DESA. Los daños, según los empresarios, ascenderían a más de tres millones de dólares.
Finalmente, la sentencia del juicio que había sido postergada para hoy originó una airada reacción de la población indígena.
En un reciente comunicado, COPINH había señalado que el proceso a su lideresa habría demostrado que la empresa DESA y el Ministerio Público buscan “criminalizar la causa histórica” de la organización y que siguen los dictados y la postura del “poder económico”.
Asimismo, denuncian que el alegato de los acusadores estuvo lleno de “mentiras y contradicciones” hasta el “ridículo”. Señalaron también que se demostró la “la agresión, el intervencionismo, y el abuso”, de parte del Estado hacia el pueblo Lenca.
Bertha Cáceres contra militarización de territorios
En un foro realizado en Tegucigalpa, el 17 de setiembre, Bertha Cáceres denunció que el Gobierno está militarizando comunidades indígenas lencas del occidente del país, en zonas donde hay resistencia a las actividades de empresas transnacionales.En aquel evento organizado por el Centro de Mujeres (CEM), el Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y otras organizaciones, Bertha Cáceres denunció la militarización en el departamento de Intibuca por militares, policías, seguridad privada e incluso sicarios, en el marco de la denominada Operación Libertad.
Cáceres señaló que la presencia de estos elementos armados se da en las cercanías de la localidad de Río Blanco, municipio de Intibucá, zona en conflicto entre indígenas opositores a la construcción de Agua Zarca, de capitales hondureños y chinos, y sectores del Gobierno y empresariales.
La lideresa lenca advirtió que la mencionada operación tiene similitud con la Operación Xatruch, que se ejecuta desde hace tres años, en la zona de Bajo Aguán, donde miles de campesinos se disputan las tierras con terratenientes.
Según denuncias, en el marco de este operativo, el ejército ha ocasionado la muerte de 55 personas, especialmente líderes campesinos, y obligó a varios de ellos a retirarse de las tierras en conflicto.
“Donde hay movimientos fuertes contra las empresas transnacionales y terratenientes, allí llega de inmediato la presencia militar”, aseguró.
Agua Zarca
El Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca se localiza en la zona noroccidental de Honduras, en el departamento de Santa Bárbara, cerca también del municipio de Intibucá, en el departamento del mismo nombre.El proyecto considera el aprovechamiento de las aguas del río Gualcarque, afluente del río Ulúa, mientras que la devolución de las aguas se realiza a unos 3 km aguas abajo de la toma, en el mismo río. Su finalidad es alcanzar una capacidad instalada de 21.3 MW.
Según COPINH, el proyecto sería una privatización del río Gualcarque y sus afluentes por más de 20 años y significará el desplazamiento de poblaciones.
Asimismo, considera que se afectaría el derecho al agua a la población indígena y la destrucción de patrimonios culturales y económicos del pueblo Lenca.
Otras noticias:
Vía:
http://servindi.org/actualidad/93656
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