Tepoztlán, Morelos. El conflicto
derivado de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla crece en esta
región. Comuneros y ejidatarios organizados en Frente Unidos en Defensa
de Tepoztlán (FUDT) se mantienen firmes en su rechazo al proyecto del
gobierno federal, instrumentado por los gobiernos estatal y municipal.
La constructora es la empresa Tradeco,
cuyas maquinarias iniciaron la devastación de las tierras cultivables de
los alrededores de Tepoztlán. “Empezaron la destrucción, pero esto no
termina y defenderemos el territorio que todavía no está devastado”,
declara Guillermo Hernández, comunero y vocero del movimiento opositor a
la ampliación de la autopista.
El ambiente en la cabecera municipal es
tenso. En tan sólo una semana se registraron el desalojo policiaco del
campamento de vigilancia del territorio, se desconoció al presidente
municipal por incumplir su compromiso de defender la tierra y se usó a
grupos de choque para confrontar a los comuneros. El domingo 28 de julio
los ánimos se crisparon y no pudo realizarse la asamblea de bienes
comunales. Cerca de trescientos hombres y mujeres llegaron en tropel
gritando ¡Sí a la autopista!, mientras los comuneros de FUDT llaman a la
cordura y a no caer en la provocación de “los grupos de choque pagados
por el gobierno y la constructora”.
Los 21 kilómetros con 60 metros de ancho
están dividiendo a la comunidad. Los opositores al proyecto de
ampliación están decididos a no dejar que una carretera destruya el
ecosistema de la región, tierras altamente cultivables que les han dado
de comer toda la vida; además de la flora y la fauna endémica. Los
grupos que se manifiestan a favor alegan que habrá “progreso” y se
mejorará el tráfico.
El proyecto carretero contempla la
expropiación y devastación de 125 hectáreas de territorio de Tepoztlán,
con el consiguiente arrasamiento de esta zona, declarada reserva
ecológica en 1937 por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Aquí, afirma la
profesora Osvelia Quiroz González, “se está cambiando la tierra por
cemento”. Donde hasta ahora ha crecido el maíz, pronto, si se realiza
este proyecto, crecerán fraccionamientos y casas de campo para el
turismo de fin de semana.
Osvelia Quiroz detalla que la
construcción de la autopista afectará la vida completa del pueblo,
cultural y ecológicamente, ya que pasa por la zona arqueológica de
Tlaxomolco y por los cerros Yohualtepetl y Zematzin, que serán
derribados porque están al pie del trazo de la misma. “Es también una
zona que contiene importantes mantos acuíferos”, agrega la maestra.
Tensión y hostigamiento
De los 21 kilómetros de ampliación de la
autopista, cuatro están en tierras ejidales y cerca de 16 en territorio
comunal. Los Frentes intentan frenar la obra en todo el tramo, aunque
la constructora ya inició los trabajos en la parte ejidal amparada en un
acta falsa, denuncia la profesora Quiroz.
El martes 23 de julio, la policía
estatal desalojó el campamento de vigilancia “Caudillo del Sur”, que los
comuneros instalaron para evitar que la constructora Tradeco arrase con
las tierras y que detuvo, a inicios de julio, a seis trabajadores que
talaron árboles ilegalmente. Después del desalojo, los trabajadores de
la empresa “destruyeron vegetación y están trabajando cinco kilómetros
arriba con cinco o seis máquinas de trascabo” en territorio comunal,
informa el vocero Hernández.
Los opositores puntualizan que los
dueños de la maquinaria que realiza el desmonte son Elías Navarrete, tío
del presidente municipal de Tepoztlán, y el ex presidente municipal
Gabino Ríos. “Cuando el gobierno dijo que el 50 por ciento de los mil
millones de pesos que costará la obra serán para los tepoztecos, se
refería seguramente a los familiares de las autoridades municipales”,
ironiza Hernández.
El presidente municipal incumplió los
acuerdos tomados con los comuneros, denuncian integrantes del
movimiento, pues se comprometió a ir el miércoles 24 de julio al
kilómetro 16, lugar del desalojo, para notificar a la empresa la
cancelación de la obra y solicitar la salida de los granaderos. En vez
de lo pactado, los comuneros recibieron mayor presencia policiaca, por
lo que desconocieron al alcalde Francisco Navarrete. Un integrante del
FUDT se puso en huelga de hambre y se instaló un campamento de protesta
en el zócalo del pueblo; ambas protestas fueron levantadas el 28 de
julio.
La asamblea de comuneros no se pudo
realizar pues “de forma inexplicable, no se contó con la presencia del
presidente, el secretario y el tesorero del Colegiado de Bienes
Comunales”, explica Pedro Flores Palacios, presidente del Consejo de
Vigilancia del organismo. “No sabemos si el presidente está presionado,
pero desde el 22 de julio no lo vemos, teníamos una cinta conjunta en la
Secretaría del Medio Ambiente y no asistió”. A esta oportunidad sí
llegaron los grupos que apoyan la obra.
La importancia de la asamblea,
puntualiza un opositor que se negó a dar su nombre por seguridad, “es
porque en Xochicuautla, Estado de México, vimos lo mismo: los policías
rodean la asamblea y los acarreados entran para obligar a que el tema se
apruebe en asuntos generales”.
Después de la irrupción de los grupos de
choque en la asamblea, la estrategia de los comuneros “debe cambiar a
profundidad; hoy constatamos cómo todo el poder económico y político se
volcó para oprimir a un pueblo valiente que defiende su territorio”,
opinó Guillermo Hernández, mientras a las afueras del auditorio
permanecen los policías, que videogrababan a los opositores a la
autopista.
Grupos de choque
El grupo de cerca de 250 personas
–aunque en la semana anterior la funcionaria María Félix Sandoval Ortiz
aseguró que serían al menos 800- que irrumpió en la asamblea comunitaria
se distribuyó dentro y fuera del recinto, coordinado por hombres que a
través de aparatos de comunicación ordenaron por dónde entrarían y
saldrían los grupos, y la hora en que debían gritar o retirarse.
Jaime Escobedo, joven habitante de
Tepoztlán, asegura que el grupo “Sí a la autopista” es de acarreados que
“vienen de Yautepec y otras comunidades”. El comunero Guillermo
Hernández especifica que la mitad de este grupo no son habitantes de
Tepoztlán, sino gente que invadió la zona de reserva ecológica El
Tescal, ubicada en los límites de Jiutepec y Cuernavaca, y que edificó
14 colonias. “Son gente humilde a la que el gobierno de Graco Ramírez
promete que les reconocerá como válida la venta ilegal de tierra
comunal”, acusa Hernández.
La señora Consuelo Hernández asegura que
entre quienes se manifiestan a favor de la autopista están empleados
del ayuntamiento, de la constructora y sus familiares. “Les dieron 150
pesos”, informa. Un comerciante de la cabecera municipal, que manifiesta
su desacuerdo con “el despojo de tierras comunales”, denuncia que hay
gente que está mal informada y que recibe despensas o 500 pesos por
parte del gobierno para apoyar la autopista. “El gobierno sabe que hay
necesidad, y esta gente no es consciente del daño que le hace a su
tierra”.
Pedro Flores considera que está diseñada
una estrategia de división de los pueblos a nivel nacional, con un
equipo encargado de la “ingeniería de conflictos, la compra de sectores
de la población y la división de las comunidades”.
Cuestionados por sus razones para estar a
favor de la autopista, hombres y mujeres del grupo “Sí a la autopista”
evaden dar respuestas. “Pues porque sí”, repite un matrimonio. “Para que
tengan mayor seguridad los que viajan en la carretera y que no haya
tráfico”, complementa un joven que apenas parece rebasar los 20 años, en
medio de sus acompañantes –algunos con aliento alcohólico. A cambio de
acudir a las manifestaciones de apoyo a la autopista, “en San Juan nos
harán una escuela”, afirma otro hombre, “pero eso sí, siempre hay que
exigir”. Arcadio Durán, de San Juan Tlacotenco, señala que la autopista
“hará que las comunidades salgan adelante, es buena para el turismo y la
economía”.
Un ama de casa de Ocotitlán, quien se
niega a dar su nombre, asegura que es necesaria la ampliación de la
carretera pues hace dos años su bebé murió porque la ambulancia no
alcanzó a llegar a su casa. Afirma que los comuneros están equivocados
pues “el pueblo necesita progresar”. Un dirigente del grupo a favor de
la autopista acusa, fuera del auditorio, que quienes se oponen a la obra
“no quieren el progreso”. María Dolores Palacios, originaria de
Tepoztlán, asegura que es neutral ante la ampliación de la autopista, a
la que considera “un mal necesario porque la de ahora es peligrosa”.
“Pues es que mandan a propósito a los tráileres por acá”, revira
Consuelo Martínez.
Grupos de hombres jóvenes reparten
carteles a favor de la autopista al grupo. “Esta gente no son nuestros
enemigos, son gente humilde manipulada, y no nos enfrentaremos”, asegura
Guillermo Hernández.
Los comuneros de Tepoztlán precisan que
otros integrantes del grupo de choque provienen del pueblo de San Juan
Tlacotenco –parte de Tepoztlán pero que “siempre juega a favor del
gobierno porque quiere apropiarse de la mitad de las tierras”, acusa el
vocero del movimiento en defensa del territorio. Veinte años atrás,
cuando Tepoztlán logró cancelar el proyecto del campo de golf, este
mismo grupo jugó a favor del gobierno a cambio de beneficios personales,
recuerda Hernández.
Pedro Flores comenta que el clima de
enfrentamiento está promovido por grandes intereses económicos y la
constructora Tradeco, y que el grupo que irrumpió en la asamblea son
personas lideradas por individuos que ostentan cargos públicos y
tienen cierta capacidad de manejo de presupuestos públicos. Quienes
conforman estos grupos de choque, sugiere el integrante del organismo
comunal, están vinculados al reparto selectivo de los programas del
gobierno federal Progresa y Oportunidades.
Los opositores a la autopista señalan
como el principal instigador de la violencia a Odorico Villegas, ex
ayudante municipal de San Juan, e informan que el grupo comenzó a actuar
tres meses atrás. “No es posible que el presidente se preste a estos
enfrentamientos, si él está para conciliar. Yo lo hago responsable de
todos los heridos que haya por permitir esto”, lanza la señora Martínez.
El comerciante agrega que el gobierno no
sólo está sordo, sino que manda a reprimir al pueblo. “Por el momento
no hay enfrentamientos y no queremos caer en provocaciones”, finaliza.
“Venimos a la asamblea para que se acabe
la oposición y se vea que el pueblo está unido”, asegura Durán. Carlos
Vargas (identificado con el panismo en Tepoztlán) agradeció al grupo su
asistencia para poner un alto al grupo “que quiere el retraso”.
“Ratificamos nuestro apoyo al presidente municipal”, exclama Marciano
Sánchez.
Ilegalidad de la obra
Los defensores del territorio–bregados
ya en otras batallas, como la que presentaron en 1995 ante el Club de
Golf- lanzarán su lucha más allá del municipio. “Nos articularemos a
nivel regional, nacional e internacional; además, emplazaremos al
gobierno de Graco Ramírez a que presente los documentos que avalan los
trabajos”, informa Hernández, integrante de Frentes Unidos en Defensa de
Tepoztlán.
Los comuneros están seguros de que
demostrarán que el gobierno estatal miente, pues ninguna asamblea ha
autorizado que inicien los trabajos de la ampliación. “Tradeco y la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes comenten un gran delito
porque no hay ninguna autorización”, sostiene Hernández, vocero del
movimiento. El pueblo de Tepoztlán no ha sido informado en asamblea del
proyecto; lo que se conoce, afirma Quiroz, es por el trazo hecho
directamente en el lugar.
El FPDT argumenta que la obra es ilegal,
pues la empresa no cuenta con ningún permiso, autorización o convenio
de ocupación de las tierras. El abogado Fidel Hernández, quien acompaña
el proceso de defensa de la tierra tepozteca, informa que interpusieron
denuncias por despojo en el Tribunal Agrario, pues Tradeco entró “a la
mala” en tierra comunal y violó derechos de sus propietarios.
El miedo del gobierno
El comunero Flores indica, en entrevista con Desinformémonos,
que los integrantes del Frente solicitaron un debate público a las
autoridades, pero éstas ofrecieron un diálogo “en lo oscuro” con
algunos líderes y una consulta ciudadana manipulada. Para el integrante
de los Bienes Comunales, “necesitamos un debate público al que pueda
asistir el pueblo de Tepoztlán, en el cual la constructora y las
autoridades presenten el proyecto de la autopista y expliquen sus
ventajas e inconvenientes, así como la afectación al medio ambiente”.
Flores insiste en que la constructora,
“cuya presencia ha sido ilegal”, debe exhibir la documentación
correspondiente a los permisos y licencias para la construcción, “y
nosotros exhibiremos los documentos correspondientes a los decretos
presidenciales de 1929, 1937 y 1988 que protegen a Tepoztlán haciéndolo
parque nacional y parte integrante del corredor biológico Ajusco
Chichinautzin”.
Para el 3 de agosto, los dirigentes del
grupo de “Sí a la autopista” convocan a su gente a llevar a más personas
a una asamblea abierta que exigirán que se realice en el zócalo de
Tepoztlán. “Volverán a acarrear gente porque buscan la confrontación”,
pronostica Guillermo Hernández. “Al gobierno de Graco Ramírez le urge
demostrar que somos violentos, pero esta gente a la que movilizan no
encontrará con quien pelear”.
El gobierno, asegura Hernández, tiene
miedo. “Pudieron intentar venir para validar el despojo, pero no
tuvieron la capacidad de hacerlo”, finaliza el vocero del movimiento.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/07/dos-proyectos-de-nacion-se-dirimen-en-tepoztlan-con-la-ampliacion-de-una-carretera/
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario