Tras los debates en el Congreso sobre las compras ilegales de
tierras por poderosas empresas nacionales y extranjeras y famosos
bufetes de abogados, como los de Brigard & Urrutia y Néstor Humberto
Martínez, para Riopaila, Cargill y Luis Carlos Sarmiento Angulo,
salieron a la luz varias verdades.
Se demostró que la Ley 160 de 1994
les permite a los campesinos beneficiados por adjudicaciones de baldíos
del Estado vender esos predios sin ninguna restricción. Pero que el
inciso 9° de su Artículo 72 también establece que nadie –ni persona
natural ni jurídica–, puede comprar –acumular– más de uno de esos
predios –una UAF, como se llaman–, so pena de la declaratoria de nulidad
de la operación. Que esto es así lo han reconocido la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado, la Superintendencia de Notariado,
el Incoder, dos ministros de Agricultura, la Contraloría, la
Procuraduría y hasta el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
al igual que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Esta prohibición desarrolla el objetivo
primordial del Artículo 64 de la Constitución y la Ley 160, que busca
que las tierras del Estado pasen a los campesinos y no salgan de la
órbita de la pequeña producción. Como es obvio, se trata de un derecho
colectivo del campesinado. Luego quien acumula las UAF viola el
ordenamiento legal y despoja de sus derechos a los pequeños productores
en su conjunto.
Sabedores de la prohibición de la Ley
160 de acumular tierras, los encopetados abogados que diseñaron el
despojo campesino y la ilegalidad –en decenas de casos y por centenares
de miles de hectáreas, en la Orinoquia y en el resto del país–, se
esforzaron, no en volver legal lo ilegal, porque es imposible, sino en
ocultar la violación de la ley, es decir, en que no se supiera que cada
parcela adquirida por una empresa diferente era en realidad comprada por
una poderosa matriz, la cual explota los predios como uno solo, incluso
a escalas de 60 mil y más hectáreas. Algo así como un testaferrato
inmobiliario. En el momento en que ocultaron a los verdaderos
compradores de cada UAF y la producción unificada de los predios,
confesaron de hecho que sí sabían que violaban la Constitución y la ley.
Una vez descubiertos estos actos de
corrupción, han recurrido a leguleyadas elementales, las cuales no
niegan la prohibición de la Ley 160 de acumular fincas originadas en
baldíos, pero sí arguyen que en sus negocios la norma no se aplica en
razón de alguna excepción traída de los cabellos. Es tan poco serio el
alegato con el que intentan enredar incautos, que estos abogados y sus
teorías terminaron de hazmerreíres entre los estudiantes y los
profesores de las carreras de derecho.
La posición del gobierno de Juan Manuel
Santos no pudo ser peor. Primero, en dos ocasiones y a espaldas de la
opinión pública, intentó cambiar la Ley 160, para darle algún viso de
legalidad a la ilegalidad. Luego, cuando el escándalo derrotó el
tapen-tapen de la Casa de Nariño y rodó la cabeza del embajador en
Washington, contra toda evidencia Santos absolvió a su amiguísimo y
financista político, les advirtió a sus subalternos que quien volviera a
decir que sí se había violado la ley se las vería con él y dio orden de
echar por la calle del medio y promover la bien llamada “Ley Urrutia”,
porque con ella se proponen blanquear las acumulaciones ilegales de
baldíos. En desarrollo de la estratagema, el ministro Estupiñán, quien
les dijo a los medios que acumular baldíos era ilegal y que generaba
sanciones, le dio una voltereta de 180 grados a su posición, más
preocupado por cuidar el puesto que su dignidad. En otro país se cae en
diez minutos; aquí, podrían darle la Cruz de Boyacá.
Para ambientar la Ley Urrutia, han
intentado convertir este debate, que es sobre ilegalidad y corrupción,
en una controversia sobre el modelo agrario, con tan mala suerte para
ellos que lo que defienden, y que Santos quiere empeorar, es un
desastre, como lo prueba la indignación rural. Porque a punta de TLC
aumentan las importaciones y disminuyen las exportaciones, arruinan a
los productores y concentran aún más la propiedad de la tierra, a costa
del campesinado y de los empresarios pequeños y medianos. Y no para
producir bienes agropecuarios, sino para ampliar la escala de la
especulación inmobiliaria, en beneficio de algunos de la cúpula de los
adinerados criollos y los magnates extranjeros.
Vía:
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/65947-colombia-el-m%C3%A1s-anticampesino-de-los-presidentes.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/65947-colombia-el-m%C3%A1s-anticampesino-de-los-presidentes.html
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