San Salvador Atenco, Estado de México.
Los ex presos políticos y sobrevivientes a la tortura durante la
represión contra el pueblo de Atenco de 2006 “decidimos que no nos vamos
a presentar a declarar ante esta simulación que es la supuesta
averiguación por tortura”, señala el comunero Heriberto Salas. Desde el 1
de mayo, decenas de atenquenses y personas que vivieron la represión
reciben citatorios para declarar como testigos en un proceso que lleva
la procuraduría estatal de justicia contra dos policías de bajo rango.
Para los sobrevivientes a la represión,
que dejó dos muertos (los jóvenes Francisco Javier Cortés y Alexis
Benhumea), el proceso es una nueva agresión al pueblo de Atenco y está
diseñado para garantizar la impunidad de los responsables intelectuales
de la represión –apuntan al actual ejecutivo federal, Enrique Peña
Nieto, a Wilfrido Romero, Eduardo Medina Mora y Nazario Gutiérrez- y
para bajar la presión internacional sobre Peña que trajo el próximo paso
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la denuncia por
tortura sexual interpuesta por las mujeres violadas durante el
operativo. “Quieren someternos a nuevos interrogatorios y nos amenazan
con multas”, denuncia Salas. El abogado Héctor Galindo, quien recibió
sentencia por 60 años junto con Felipe Álvarez e Ignacio del Valle,
dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, señala que ni
siquiera deben ser citados como testigos, “pues nosotros sufrimos la
tortura, somos sobrevivientes”.
Después de que la Procuraduría General
de la República archivó la denuncia por tortura y se declaró
incompetente, señala el abogado Juan de Dios Hernández, la Procuraduría
Estatal de Justicia del Estado de México reabrió el caso, en el que se
acusa “a dos policías de entre los 4 mil 500 que participaron en el
operativo”, denuncia Salas. El abogado Héctor Galindo estima que los 207
luchadores sociales detenidos en 2006 serán llamados a declarar.
“El poder judicial es lacayo del
ejecutivo, ya nos lo demostraron en ocasiones anteriores, y quieren
tender un velo sobre los responsables”, valora el comunero Salas. “Para
los sobrevivientes hay acoso, y para Peña Nieto hay impunidad”, denuncia
Salas, preso el 3 de mayo de 2006. “Lo más importantes es preguntar
dónde están las averiguaciones contra quienes planearon el operativo,
dónde están los consignados por las violaciones a las compañeras, dónde
están presos los asesinos de los jóvenes”, señala el abogado Hernández.
Salas acusa que la represión se planeó en casa de la familia “de Paco
Vázquez, que es perredista. Se cometió terrorismo de Estado y se
violaron las garantías de toda una comunidad”.
Algunos de los citados se presentaron de
buena fe a declarar, y lo que reseñan es acoso de agentes
gubernamentales, aislamiento, presión de los familiares de los policías y
preguntas que intentan confundirlos para, consideran, acusarlos por
falsedad de declaraciones. “A los que fueron apresados el 3 de mayo les
preguntan por los hechos del 4 de manera tramposa”, informa Salas, quien
agrega que los detenidos no pudieron ver las caras de los policías pues
les taparon la cabeza, “pero ahí están las imágenes de las noticias y
los documentales donde se ven”. José Alonso Martínez, joven que fue
detenido el 4 de mayo, se presentó a declarar e informa que las
preguntas se centraron en los hechos sucedidos en el camión donde fueron
transportados los presos, “de hecho, es a dos choferes a los que se
acusa, no directamente a elementos policiacos”.
La averiguación integrada por el
Ministerio Público no cuenta con los elementos de prueba suficientes
para dar a la defensa de los policías las máximas posibilidades de
éxito, consideran los comuneros. Además, agrega el abogado, dado que hay
diversas leyes para juzgar la tortura, debe ser responsabilidad de la
máxima instancia, la PGR, no de la menor, como en el caso del juzgado
primero radicado en Texcoco.
De no presentarse, amenaza el juzgado
primero, los citados serán multados y se les presentará con la fuerza
pública. “Nos nos importa, pagaremos el costo incluso de cárcel, pero no
nos prestaremos a este juego, del que ya sabemos los resultados”,
advierte el abogado Juan de Dios Hernández, quien acompaña el proceso
legal que los comuneros interpondrán en la Corte Penal Internacional por
delitos de lesa humanidad contra Enrique Peña Nieto. “Vamos a
desenmascararlos”, finaliza Salas.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/06/en-atenco-no-seremos-complices-de-la-simulacion-de-justicia/
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