Foto: Aidesep
- Le echa culpa al volcán Tungurahua de Ecuador por la contaminación y se niega a pagar las multas.
Al respecto se pronunció Yván Vásquez Valera, presidente del Gobierno Regional de Loreto, quien calificó el argumento de la empresa respecto a lo que ha venido sucediendo en el Lote 192 –antes Lote 1AB–, de “forzado” y que “no se acerca a la verdad”.
La respuesta de Pluspetrol se dio a conocer a través de un anuncio en un medio escrito de alcance nacional. Esto a raíz de la avalancha de críticas que venía recibiendo de diferentes sectores y de la declaración de estado de emergencia ambiental en la cuenca del Pastaza.
Según Pluspetrol, los rastros de metales pesados encontrados en el cauce del río Pastaza “no están presentes en el petróleo ni provienen de nuestras operaciones. Algunos estudios sugieren que estos metales provendrían del Tungurahua”.
Para la empresa argentina el origen de la contaminación podría deberse a la actividad del volcán ubicado en los Andes del Ecuador y “en cuyas faldas nace el Pastaza”.
Para Vásquez Valera este argumento no tiene validez ya que razonando de este modo se podría concluir que otros ríos que se encuentran aguas abajo también estan contaminados, algo que, sin embargo, no sucede.
Lo que la empresa debe explicar sobre la remediación de pasivos
El reportaje difundido el pasado 24 de marzo por el programa “Panorama” que confirmó lo que venían denunciado los pueblos indígenas desde hace varios años, hizo énfasis en la forma como Pluspetrol ha llevado a cabo la remediación de pasivos ambientales, producto de más de 40 años de actividad petrolera.Desde que Pluspetrol se instaló en el área del Lote 1AB, en el año 2000, se comprometió a remediar los pasivos ambientales dejados por las empresas que antes operaban en la zona. Sin embargo, y tal como quedó demostrado, Pluspetrol ha incurrido en malas prácticas al respecto.
Estas consisten, principalmente, en el recubrimiento con tierra y arena de las zonas donde se hallaron restos de petróleo, y en la remediación de pasivos no reportados al Estado. Esto último se llevaba a cabo solo con las comunidades e igualmente concluían con el traslado de tierra o arena a la zona afectada.
Este hecho fue reconocido por personal de la propia empresa cuando se afirma que esta remediación “no se hizo con el permiso ambiental correspondiente”. Sin embargo, sobre este punto el comunicado de Pluspetrol publicado el lunes no dice nada.
Una empresa que no asume responsabilidades
En enero el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una multa de 29 millones de soles a Pluspetrol por no cumplir con actividades de recuperación ambiental en el Lote 8, ubicado en el distrito de Parinari, en la provincia y región de Loreto, una zona comprendida en la Reserva Nacional Pacaya Samiria.Sin embargo, la empresa, lejos de reconocer la sanción que fue emitida por comprobarse la falta, optó por judicializarla.
Manuel Pulgar Vidal, en declaraciones a una radio local, precisó que la sanción se debió a que la compañía incumplió los compromisos asumidos en el Plan Ambiental Complementario (PAC), “al no terminar dentro de los plazos establecidos con la remediación ambiental del yacimiento Yanayacu”.
La fecha de cumplimiento venció el 17 de mayo de 2009
Pero esta no es la única sanción que ha recibido la empresa en los últimos años. En agosto de 2012 la empresa fue multada con 34 millones de soles por infringir la normativa ambiental en las comunidades indígenas de las cuencas del Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón.
Pluspetrol no cumplió con la remediación de los pasivos ambientales, no descontaminó la zona de Trompeteros, no remedió los daños a la laguna MSA, y tampoco redujo las concentraciones de hidrocarburo en la zona de Shiviyacu.
Estos son solo algunos casos, en su momento, las comunidades afectadas demandaron a la autoridad correspondiente informar de cuántas de las multas que le ha impuesto el Estado a la empresa ha pagado y que se ha hecho con ese dinero en favor de los afectados.
Según el titular del Ministerio del Ambiente se ha presentado al Congreso de la República una norma que busca evitar que la empresa evada su responsabilidad.
Vía:
http://servindi.org/actualidad/85017
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