Guatemala.
El juicio por genocidio y por crímenes de lesa humanidad contra el
general Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez inició en
Guatemala. El suceso es histórico por ser la primera vez que se lleva a
cabo un juicio por genocidio en América Latina, y cobra una mayor
importancia frente a la actual oleada de represión contra las
comunidades indígenas.
El juicio es resultado de más de 30 años
de lucha incansable y valiente de las mujeres y los hombres que
sobrevivieron a las masacres que ocurrieron en los años ochenta, en
medio de una guerra sucia en contra de la población que duró más de 36
años. La guerra dejó un saldo mínimo de 200 mil muertos, 45 mil
desaparecidos, y obligó a más de millón y medio de personas a refugiarse
en las montañas o en otros países. En 1996, se firmaron los Acuerdos de
Paz entre el Estado Guatemalteco y la dirección de la Unión Nacional
Revolucionaria Guatemalteca (URNG).
Según la Comisión de Esclarecimiento
Histórico (CEH) de la Naciones Unidas, establecida como parte de los
Acuerdos de Paz, el 93 por ciento de las atrocidades cometidas contra la
población fueron realizadas por las fuerzas del Estado, regulares e
irregulares. La misma comisión confirmó que entre los años 1981 y 1983,
durante los periodos presidenciales de Lucas García y Ríos Montt, el
Estado guatemalteco identificó a grupos del pueblo maya como enemigos
internos, y cometió genocidio contra los indígenas de cuatro grupos
lingüísticos: maya-q’anjob’al y maya-chuj, en Barillas; nentón de San
Mateo Ixtatán del Norte, en Huehuetenango; maya-ixil, en Nebaj, Cotzal y
Chajul, en Quiché; maya-k’iche’ en Joyabaj, Zacualpa y Chiché, también
en Quiché; y maya-achi en Rabinal, Baja Verapaz.
A Efraín Ríos Montt se le atribuye un
mínimo de 100 mil muertes. En su periodo se implementó la estrategia de
“tierra arrasada” para efectuar el genocidio. Los sobrevivientes que no
se refugiaron en la montaña fueron reubicados en las llamadas Aldeas
Modelo, centros de población militarmente controlados. José Mauricio
Rodríguez Sánchez fungió como director de inteligencia militar o G-2
durante este periodo. Al igual que su anterior jefe de mando, hoy está
acusado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en contra de la
población ixil.
La búsqueda de la justicia
Hoy los papeles están invertidos. Son
los ixiles quienes enfrentan a sus asesinos, que están sentados en el
banquillo de los acusados.
La Asociación para la Justicia y
Reconciliación (AJR), y el Centro de Derechos Humanos (CALDH) son
querellantes adhesivos en el caso. En él se señalan mil 771 muertes, que
sería una minúscula parte de las personas que murieron como
consecuencia de la estrategia de tierra arrasada. Doctrinas militares,
ocultas ante la sociedad y que con los años fueron filtradas, como Victoria 82, Firmeza 83, y Plan Sofía,
documentan parte de la planificación y la ejecución de la estrategia
contrainsurgente y de tierra arrasada en los territorios indígenas del
occidente del altiplano guatemalteco. Estos documentos militares
clasificados forman hoy parte de las pruebas que presentará el
Ministerio Público (MP) para probar que los acusados planificaron y
efectuaron el genocidio contra la población ixil.
El MP, CALDH y AJR presentan además
alrededor de 150 testigos, la mayoría de ellos mujeres y hombres que
sobrevivieron las masacres, que vieron sus familiares morir de formas
casi inconcebibles debido a su crueldad, y que pasaron años refugiados
en las frías y húmedas montañas del occidente de Guatemala. En las
semanas que transcurridas desde el 19 de marzo, son ellas quienes han
narrado sus testimonios delante de tres jueces en la sala de vistas
públicas en el Palacio Nacional de Justicia de la ciudad de Guatemala.
Narran sus testimonios con intensidad ante un público asombrado por la
crueldad de la que fueron objeto. Estas personas, que por muchos años se
vieron obligadas a guardar silencio, ya que hablar o poner una denuncia
significaba un riesgo de perder la vida, parecen estar decididas a que
la historia se conozca. Tiene que haber justicia, coinciden casi todos,
no por venganza sino para que esta historia no se repita.
“¿Cómo se siente su corazón al declarar
ante los jueces sobre todo lo que te pasó?”, pregunta uno de los
abogados de AJR a un testigo de la masacre de 264 personas en su
comunidad, en 1982, y sobre los años que él y otros sobrevivientes
estuvieron en la montaña. “En mi cuerpo y mi corazón, por el momento, me
siento libre. Aclaro la verdad ante un Dios que nos ha salvado la vida.
Llegó el momento de narrar la verdad, yo soy un resto de las masacres.
Las víctimas que derramaron su sangre no tenían la culpa, no sabían por
qué se morían, ni yo, como si fuéramos animales. Gracias por
interrogarme. Mi corazón ya está libre de mis pesadillas, ya saqué todo
lo que vi con mis propios ojos”.
Mujeres y tortura sexual
El 2 de abril fue un día particularmente
duro en la corte. Doce mujeres rompieron el silencio y declararon cómo
ellas, sus hermanas, hijas, madres y abuelas fueron violadas y
torturadas sexualmente por los soldados. Fuera del corte, un altar maya
con flores y velas acompañaba su entrada al Palacio de Justicia,
mientras organizaciones de mujeres ponían pancartas en solidaridad.
Dentro de la sala de Vistas Públicas, mujeres con rebozos y flores
ocuparon las primeras filas de sillas en la tribuna para dignificar la
experiencia de las declarantes, ya que les fue negado el hablar sin
medios de comunicación y público, la jueza valoró más el derecho de los
ciudadanos guatemaltecos a conocer la verdad. Para proteger la
identidad de las mujeres que optaron por romper el silencio, sabiendo
las consecuencias sociales que esta decisión les puede acarrear, a los
medios se les prohibió relatar nombres y publicar imágenes de rostros.
Ante el riesgo de que este impedimento de parte de la Corte no fuera
respetado, cada mujer fue guiada hacía el micrófono totalmente cubierta
por rebozos, mientras muchos de los periodistas presentes sacaron con
descaro imágenes de estas mujeres cubiertas.
Varias de las mujeres relataron haber
sido violadas dentro del destacamento militar de San Juan Cotzal, uno de
los municipios ixiles al norte de Quiché. Una de las mujeres contó que
cuando era adolescente, ella y otras fueron llevadas a la iglesia
católica, donde las vendaron y las violaron repetidamente. Algunas
vieron a sus hijas o sus madres ser abusadas y después asesinadas. “Como
chucho la llevaban”, dijo una testigo, refiriéndose a su madre, que
murió posteriormente. Sin palabras; lágrimas corrían por los rostros de
mucha gente. Posiblemente estos relatos cambien a los que estuvieron
presentes para siempre. A la vez, para la fiscalía los testimonios de
las mujeres sobrevivientes de tortura sexual constituyen una parte
importante de las pruebas. La violación sistemática ha sido tipificada
como método para lesionar gravemente la integridad física o mental de
miembros de un grupo e impedir nacimientos en su seno. Es considerado un
acto destinado a cometer genocidio.
Los acusados y sus estrategias de defensa
Por su lado, los acusados parecen estar
perdiendo la arrogante tranquilidad que su poder les brindó en el
pasado. Quizás piensen que ya llegó la hora también para ellos.
Por momentos se les observa estresados, y por otros, hasta furiosos. Ya
se resolvieron los alrededor de 90 incidentes que sus defensores
presentaron durante el año pasado, a juicio de muchos para alargar y
entorpecer el proceso, de manera que la avanzada edad de los generales
acusados hiciese imposible continuar el juicio. Incluso el recurso del
amparo por amnistía fue resuelto en su contra por la Corte
Constitucional el 13 de marzo.
Ahora, la estrategia de la defensa en el
debate público es cuestionar si la persona que atestigua era población
civil en el tiempo en que ocurrieron las masacres. Según sus argumentos,
si se lograse sembrar duda de si las comunidades masacradas tenían
relación con la guerrilla, aunque fuese como base civil o aunque sólo se
les dieran alimentos a los guerrilleros, se justificarían las matanzas.
Bajo este punto de vista, lo que hubo fue una guerra entre dos
ejércitos, donde las matanzas son lamentables equivocaciones, producto
de combates, pero no genocidio. “Cuelguen al general”, dijo uno de los
defensores de Ríos Montt durante la apertura al juicio, “pero no
tergiversen los sucesos históricos”. Durante estos debates iniciales, la
defensa insistió en que las muertes ocurrieron en medio de combates, a
pesar de que los peritajes foráneos muestran que 33 por ciento de las
víctimas eran niños menores de 13 años, y 16 por ciento eran ancianos,
con impactos de bala en el cráneo.
Algunas de las preguntas y respuestas frecuentes son:
“¿Su comunidad tenía dirigentes?”
“Nos organizamos por asambleas para protegernos”.
“¿Llegaban personas ladinas a su comunidad?”
“Solo el ejército”.
“¿Usted ha visto guerrilleros”?
“No”. O bien: “Los vi pasar cuando estuvimos refugiados en la montaña”.
“¿Usted ha utilizado armas alguna vez?”
“No, solo azadón. Soy campesino”.
El interrogatorio no les lleva a ningún
lado. Ante el fallido intento de sembrar dudas sobre la participación de
las comunidades en la guerra, pasan a otro argumento: los testigos
están adoctrinados y no hablan la verdad. Pareciera realmente muy pobre
su estrategia de defensa, pero la preocupación de mucha gente es que
sean realmente las cúpulas de poder quienes determinen el caso y que
esto ocurra fuera de la sala de vistas públicas. No sería la primera vez
que suceda en Guatemala, y hoy muchos intereses están en juego, hasta
los del actual presidente Otto Pérez Molina, general que tuvo a su cargo
la región ixil durante los sangrientos años de Ríos Montt. Pocos días
antes de iniciarse el juicio, el presidente declaró que no hubo
genocidio en Guatemala y que quienes argumentan que sí, ofenden al país.
Columnistas, posiblemente comprados por
las mismas cúpulas de poder que hoy ven sus intereses amenazados, tratan
de generar una opinión pública en el sentido de que el actual juicio se
realiza por deseos de venganza, y que son las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) y embajadas internacionales quienes financian y,
por ende manipulan, a los testigos. A pocos días de iniciado el juicio,
algunos veteranos militares, presuntamente recluidos en AVEMILGUA,
convocaron a una protesta fuera del Palacio de Justicia. La convocatoria
de la protesta, que duró un día y en la que se pudo observar a un
máximo de 20 personas, decía: “Tenemos que evolucionar, cambiar de
estrategia, ya que la guerra ahora no es en la montaña, sino en los
tribunales de justicia, medios de comunicación y opinión pública tanto
nacional como internacional”. Y continuaba: “recuerden que el día de
mañana puede ser usted el acusado de genocidio”.
El genocidio y la actual represión a las comunidades en resistencia
El argumento de que los testigos son
manipulados por las ONG y organizaciones internacionales es reflejo de
las campañas de desprestigio que se hacen desde el gobierno de Pérez
Molina en contra las comunidades que en la actualidad luchan por sus
derechos frente a los efectos devastadores de los megaproyectos mineros,
hidroeléctricos y de monocultivos. A estas comunidades se les etiqueta
como “terroristas”, y se presiona a las embajadas y a la cooperación
internacional para que retiren su apoyo cuando lo hay. Es llamativo cómo
organizaciones que en los años setentas y ochentas fueron tachados como
“comunistas”, hoy son tachadas de “terroristas”. Ambas etiquetas
parecen justificar, para el gobierno de aquel tiempo y para el actual,
el reprimir brutalmente a las comunidades si defienden sus derechos y se
oponen al modelo económico extractivo y neoliberal que propone la
oligarquía guatemalteca en alianza con las transnacionales.
Si la estrategia militar de tierra
arrasada estaba encaminada a abrir la cancha para las empresas
extractivas transnacionales (tal como fue el caso de la represa Xichoy,
que se instaló en Río Negro después de la masacre de más de 400 personas
en 1982), podemos tener una idea de por qué el defender la impunidad
del ejército es tan importante para la oligarquía económica guatemalteca
hoy en día: para defender sus intereses económicos que, de frente a las
comunidades organizadas que buscan defender la continuidad de su vida
como pueblos y a la madre tierra, no tienen ni legalidad ni legitimidad.
Sin embargo, tienen la fuerza castrense y el aumento de la represión,
que ha dejado decenas de presos políticos, la masacre de siete indígenas
de Totonicapan en 2012, y el reciente secuestro de cuatro líderes del
parlamento Xinca de Santa María Xalapan, en el que murió Exaltación
Marcos. Esto es una muestra de que los Acuerdos de Paz no cambiaron las
estructuras de poder ni los intereses económicos en Guatemala.
Los intereses oligárquicos y militares,
el racismo y el genocidio siguen vigentes en Guatemala. En ese sentido,
el juicio actual cobra aún más importancia. No “sólo” es para condenar a
los responsables de tanto sufrimiento y destrucción, sino para que poco
a poco, se logre desarticular esta red de poderes que día a día pintan
de negro el futuro de Guatemala.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/04/testimonios-del-juicio-por-genocidio-en-guatemala/
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