Respecto
a esta universidad, ya en el año 2004, se habían dado las primeras
voces de alarma pero las autoridades competentes de entonces no hicieron
nada para regularizar la situación del alto crecimiento de alumnos sin
los docentes necesarios. Existen documentos oficiales publicados el
domingo 31 de marzo de 2013 en el diario La Tercera, los cuales alguien
sumamente interesado los sacó de las oficinas del Ministerio de
Educación para incriminar a una ex funcionaria pública que en aquel
entonces -gobierno de Lagos- se desempeñaba en un alto cargo en ese
ministerio.
Por la gravedad de la situación que la
opinión pública ya conoce, se cumplió el objetivo buscado por ese
anónimo personaje, cuyo nombre por razones obvias nunca se conocerá.
En la actualidad esta universidad está
legítimamente tomada por sus alumnos porque se sienten traicionados, no
solo por los dueños de la misma, quienes han lucrado hasta la saciedad,
sino también por la institucionalidad que debía velar por su correcto
funcionamiento.
Existe en esa casa de estudios
superiores un interventor judicial y un síndico de quiebra nominada por
un juzgado viñamarino, la que no está ejerciendo su trabajo porque el
mismo tribunal suspendió por un período determinado esa declaratoria.
Está claro que la función de la abogada experta en liquidar empresas
comerciales es para pagarles, con los activos disponibles, las
acreencias a una serie de bancos, compañías de seguros y otros tantos
que, sin analizar adecuadamente su solvencia, de manera cándida hicieron
transacciones comerciales con esa universidad.
Mucho se ha hablado del lucro en las universidades privadas pero muy pocos se han referido a la oscura gestación de las mismas.
Pues bien, desde 1981 en adelante todos
aquellos que han ejercido el poder político sabían que estas
universidades creadas inicialmente, ya sea como fundaciones y/o
corporaciones, y a partir de 1990, exclusivamente como corporaciones de
derecho privado sin fines de lucro, eran el chasis pseudo jurídico para
que sus “despiertos” organizadores, con empresas relacionadas,
obtuvieran las utilidades económicas producidas con la explotación de
las mismas, habida cuenta las tremendas franquicias tributarias que el
Estado le entrega al sector de la educación.
Recordemos que bastaba solo la
presentación ante el Ministerio de Educación de la escritura pública de
creación de cada universidad para que ese ministerio las registrara como
tales. Es decir, estaba todo bien urdido para facilitar la simulación.
Desde siempre en Chile las fundaciones y
corporaciones eran autorizadas, después de infinidad de largos
trámites, por el Ministerio de Justicia con el informe favorable del
Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que a propósito no sucedió con
las universitarias. El Código Civil chileno, desde el año de su
dictación, contempla en su Libro I, Título 33 que este tipo de personas
jurídicas no pueden buscar el lucro. Pero hoy en día, después de la
publicación en el año 2011 de la Ley Nº 20.500 sobre las Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, ese mencionado trámite es
sumamente sencillo.
Es más, las verdaderas fundaciones y
corporaciones de derecho privado del Código Civil de don Andrés Bello no
pueden quebrar, tal como lo ha dicho permanentemente el CDE. Si hay
irregularidades comprobadas el Ministerio de Justicia establece la
disolución de las fundaciones y corporaciones, pero los que inventaron
este negocio, para evitarse la fiscalización de estos 2 entes públicos,
fijaron en 1981 ratificándose en la LOCE de marzo de 1990, días antes de
la asunción del presidente Aylwin y la posterior LGE, que estas
truchas fundaciones y corporaciones universitarias estaban bajo el
paraguas del debilucho y cómplice Ministerio de Educación, el que
siempre, hasta estos días, ha tolerado el lucro ilegal que se obtiene de
ellas.
Digamos también que si el CDE hubiera
intervenido en la revisión de los estatutos, de sus modificaciones y de
las extinciones de estas aparentes fundaciones y corporaciones
universitarias, nunca se habría llegado a este escandaloso escenario
puesto que no se habría permitido que entidades mercantiles fueran
socias de estas universidades privadas.
Gracias a la responsable denuncia
pública del ex diputado Raúl Urrutia, ex rector de la Universidad del
Mar, se están conociendo en detalle estas malas prácticas, verdaderas
lacras, que buscaban la ganancia fácil en un país que es un paraíso
para que los más avivados del mercado soslayen las legislaciones.
Finalmente y dado que los “empresarios”
de la educación que montaron esta universidad engañaron a sus alumnos y
el endeble Mineduc se lava las manos pidiéndole a la Tesorería General
de la República que solicite la quiebra del establecimiento de enseñanza
y al Sernac que busque a un interventor, está claro que la única salida
viable y responsable es que el Estado asuma sus culpas transformando en
pública a esta casa de estudios, ya que este es el único camino que
salvaguarda los legítimos intereses de quienes se matricularon allí
creyendo que era una universidad de verdad.
Patricio Herman
Vía:
http://www.elciudadano.cl/2013/04/01/65227/la-lucrativa-universidad-del-mar/
http://www.elciudadano.cl/2013/04/01/65227/la-lucrativa-universidad-del-mar/
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