La llamada Ley de Resguardo al
Orden Público, impulsada por el Ministerio liderado por Rodrigo
Hinzpeter, sigue en trámites legislativos. Por esta razón,
organizaciones de estudiantes, trabajadores, diversidad sexual, derechos
humanos y ambientalistas, siguen articulándose en un frente común que
logre desechar una ley que, a su juicio, sólo busca criminalizar la
legítima protesta social.
Este mediodía, representantes de
Amnistía Internacional, la red de ONGs Acción, Greenpeace, Movilh,
voceros de la Confech y de los trabajadores del Cobre se reunieron en la
Plaza de Armas de Santiago para continuar con las actividades de
rechazo a la “Ley Hinzpeter”, que con orígenes en el ex subsecretario de
Bachelet, Felipe Harboe, y potenciada por el actual
Ministro del Interior, establece un aumento de las penas para quienes
ocupen instituciones, corten calles, o marchen sin autorización.
El Proyecto de Ley fue recientemente aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas
del Parlamento -donde se le hicieron algunas modificaciones aún
desconocidas para la ciudadanía- y ahora deberá verse en la sala de la Cámara de Diputados.
Como el Gobierno le quitó la urgencia hace un par de semanas, es
probable que su tramitación se dilate mucho más de lo que podría haber
demorado mientras estuvo con carácter de “suma urgencia”.
Felipe Ramírez, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech),
indicó que es necesario recalcar que esta ley “apunta a combatir la
movilización ciudadana y sobretodo a los sectores más radicalizados,
como el movimiento estudiantil secundario, los subcontratistas del
cobre, trabajadores de la construcción, la Unión Portuaria, entre otros.
Ellos serán los principales afectados, ya que han salido a la calle y
generado un ambiente de conflicto para imponer sus demandas”.
Para el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas,
esta ley sólo busca restringir la acción de protesta social ciudadana,
que en un país construido sobre la desigualdad social es legítimo.
“Lo único que genera derechos,
democracia, participación es que el pueblo se movilice. Yo interpelo a
la oposición a actuar con grandeza, ya que esta Ley pone más candados a
la democracia que quiere entrar en curso y eso los trabajadores lo
rechazamos”, señaló.
Según explica, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile,
en un contexto donde la última palabra la tiene el Congreso, desde
marzo del año pasado han estado en contacto con Parlamentarios de todos
los sectores para impulsar su rechazo.
“Hoy el panorama es incierto: en la
Comisión todos los Diputados de oposición votaron en contra y los de
Gobierno a favor. En la sala eso dependerá de la asistencia y de cómo
definirán su voto los independientes. Como es todo tan incierto, ahí
radica la importancia de crear conciencia al respecto”, señala Piquer,
quien aclara que Amnistía antes también se ha movilizado en contra de
leyes similares (en Canadá, por ejemplo).
Respecto a la capacidad de ingerencia del movimiento social en la decisión parlamentaria, el secretario de la Fech indica que entre los estudiantes están discutiendo la estrategia a seguir.
“Hay que ver la manera de presionar al
Congreso de manera directa, ya que los partidos políticos han demostrado
que no están dispuestos a avanzar en pos de los intereses populares,
así que la mayor garantía que podemos tener es la movilización, ya que
esta ley, además de represiva, es inviable”, concluyó
Además de estas acciones de visibilidad, existe una campaña de información y recolección de firmas en contra de la Ley.
EL PROYECTO
La Ley Hinzpeter modifica el artículo
269 del Código Penal en lo relativo al delito de desórdenes públicos. Al
no contemplar una definición clara de “desórdenes públicos”, sus
detractores advierten que podría implicar que la misma pena de tres años
se aplique a conductas como bloquear una calle pacíficamente o tomarse
un colegio. “Quien se para en medio de la calle con un cartel bloqueando
el tránsito podría tener la misma pena de quien emplea un artefacto
explosivo que puede causar daños a las personas”- advierte Amnistía.
Además el proyecto hace responsables de
los destrozos a la propiedad pública y privada que puedan ocurrir en una
movilización social a “autores e incitadores” de la protesta, o sea, a
los voceros o dirigentes que las convoquen.
Bajo el título Modificación del tipo
penal de desórdenes públicos, la Ley Hinzpeter dice que “se propone
establecer claramente una responsabilidad penal para quienes participen o
hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto
de fuerza o violencia que importe la 
realización de determinados hechos graves”.
realización de determinados hechos graves”.
Entre los hecho graves descritos están
interrumpir algún servicio público, donde se incluye el de transporte. O
sea, los usuarios del Transantiago que se toman la calle luego de
esperar más de una hora algún bus para llegar a sus trabajos, como
ocurre habitualmente, serían sancionados con una pena de presidio menor
en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años de prisión.
Ana Piquer, directora de Amnistía en
Chile, sostiene que “la aprobación de la Ley Hinzpeter significaría una
protección desproporcionada de la noción de orden público. De acuerdo
al texto propuesto por el gobierno, quien cause “desórdenes” que impidan
o alteren la libre circulación de vehículos o personas, podría ser
castigado con hasta 3 años de cárcel. El proyecto de ley en ningún
momento define el concepto de ‘desórdenes’”.
La letra C del proyecto
incluye como “desórdenes públicos penalmente relevantes”, a quienes
ocupen una vivienda, un colegio o universidad, industrias, o si alteran
“la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles,
caminos u otros bienes de uso público semejantes”.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano
LEA ADEMÁS: La ofensiva del gobierno y los medios para aprobar la Ley Hinzpeterhttp://www.elciudadano.cl/2012/08/27/56501/estudiantes-trabajadores-y-organizaciones-civiles-siguen-movilizados-contra-ley-hinzpeter/
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