Mineras trasnacionales, de capital canadiense principalmente, desarrollan al menos dos proyectos en Ecuador. Una docena más está en puerta. Pueblos indígenas y campesinos recriminan al presidente Rafael Correa el apoyo a las mineras y le advierten que se resistirán el despojo de tierras
Quito, Ecuador. El gobierno del presidente Rafael Correa se
apresta a suscribir contratos con las mineras transnacionales Kinross y
Ecuacorriente, por una inversión de 3 mil millones de dólares para la
explotación de dos proyectos mineros, indicó en entrevista a la agencia
de prensa británica Reuters, el viceministro de Minas, Federico
Auquilla.
Kinross, con sede en Canadá, tiene el interés en el proyecto de
oro, Fruta del Norte; mientras que Ecuacorriente, filial de Corriente
Resources (también con sede en Canadá), explotará la mina de cobre
Mirador.
De esta forma el funcionario gubernamental ratificó la orientación
del gobierno de Correa en avanzar en la extracción minera a pesar de la
creciente resistencia social, los cuestionamientos a la falta de rigor
científico en los estudios de impacto ambiental y la demanda de los
pueblos y nacionalistas por una consulta previa, instituida en la
constitución vigente.
El I Foro Social Minero, realizado en noviembre de 2011 en Cuenca,
con 800 delegados de todo el país, reveló los graves riesgos que
ocasiona la minería y denunció que económicamente los ingresos que
generará serán sensiblemente inferiores a los costos de la reparación
ambiental, a los daños de las fuentes de agua, por lo cual se consideró
que no es un buen negocio para el Estado.
Auquilla afirmó que los contratos están prácticamente terminados y
que están definiendo los últimos detalles para el documento definitivo.
Calificó las negociaciones como difíciles pero necesarias para aumentar
los ingresos del Estado. En sus estimaciones las compañías construirán
las minas en dos años y medio.
A decir de Auquilla, los acuerdos incluirían el pago adelantado de
regalías. Agregó que el gobierno ecuatoriano no revelaría cuánto deberán
pagar las compañías bajo los contratos que firmen; sin embargo afirmó
que los proyectos mineros contribuirán con un 5 por ciento del producto
interno bruto.
Este pago adelantado, se estima, será destinado para proyectos
sociales como nuevos hospitales en las áreas donde operarán las minas,
precisamente donde aumenta la oposición, de forma que su uso estará
asociado a la estrategia de fraccionar y debilitar la resistencia social
a la minería.
El favoritismo de Correa por la minería, demuestra su abandono
político de las posiciones nacionalistas y de izquierda y su viraje a
favor de las empresas transnacionales que buscan oro en el contexto de
la crisis monetaria mundial, donde la onza se ha disparado hacia los 2
mil dólares y se estima que su valor real se sitúa en los 15 mil
dólares, lo que tiene un alto costo político para Correa a nivel interno
y externo.
El gobierno, por su lado, considera que esta es una forma de
diversificar la economía ecuatoriana de su dependencia de las
exportaciones petroleras. Sin embargo, es cuestionado por mantener el
modelo de explotación y exportación primaria que ha caracterizado las
relaciones económicas del país desde los años del colonialismo español.
En tanto en otros temas, Correa fustiga a la vicepresidenta del Banco
Mundial, Pamela Cox, y trata de aparecer como un duro objetante, su
posición por la minería es calificada por Reuters como la de un
acercamiento más laxo con las transnacionales.
La difusión internacional de las exitosas negociaciones de Kinross
en Ecuador ha favorecido la evolución del valor de sus acciones en la
bolsa de valores, que habían estado bajo presión.
“Hemos hecho buenos progresos en las negociaciones con el gobierno
de Ecuador. Esas negociaciones son confidenciales por lo que no puedo
comentar detalles”, explicó un vocero de Kinross, al afirmar que la
compañía está en camino de completar el estudio de viabilidad de Fruta
del Norte a fines de año.
¿Hacia un Ecuador minero?
La minería existe en el país desde hace siglos, sin embargo es
considerada incipiente en relación con las técnicas de producción
actuales. El objetivo del gobierno de Correa, calificado por los líderes
de la Cámara de Minería como el mejor defensor de la minería, es
desarrollar la actividad a gran escala, abriendo la explotación de las
importantes reservas que tiene a favor de las transnacionales.
Auquilla informó que el gobierno pondría a subasta concesiones
mineras para proyectos de exploración antes de fin de año. “Hay muchas
empresas canadienses, australianas, surafricanas, chilenas, que están
interesadas en este proceso”. Actualmente reveló que se negocia un
contrato con la International Minerals (también establecida en Canadá)
para el proyecto de oro y plata Río Blanco.
Indicó que el gobierno firmará un segundo contrato de operación con
Ecuacorriente para el proyecto de cobre Panantza-San Carlos y otro con
Iamgold que tiene previsto desarrollar la mina de oro y cobre en
Kimsacocha.
Auquilla exteriorizó que la minera estatal ecuatoriana Enami
firmaría pronto un contrato con la chilena Codelco para formar un
emprendimiento conjunto para explorar oro y cobre, y que las
negociaciones sobre los otros tres contratos mineros deberían concluir
el próximo año.
Inspectores amazónicos
Los inspectores de las provincias amazónicas de Ecuador, que son
las máximas autoridades electas, rechazaron los planes de gobierno de
implantar la minería a gran escala y ampliar la exploración petrolera en
la región, y exigieron más control sobre los recursos que estas
actividades generan.
En el marco de la III Cumbre Amazónica, que reunió a cinco de los
seis inspectores de la zona, el de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe,
aseveró que “no existe una planificación del proyecto minero”, el cual, a
su juicio, beneficiará a las multinacionales y tendrá un alto impacto
ambiental.
“Quizá nos estamos encaminando para que esta minería sirva para el
bien de los ecuatorianos o acaso hemos caído en la agenda de las
empresas mineras extranjeras y éstas nos están llevando a su vaivén y
para sus intereses”.
En cambio, el presidente de Ecuador ha enfatizado que el desarrollo
de la minería a gran escala es primordial para el progreso del país y
ha dicho que espera que se cierren los nuevos contratos en los próximos
días. “Como debe de ser, en forma responsable, ambiental y socialmente
vamos a desarrollar nuestro potencial minero”.
En julio de 2011, el ministro de Recursos Naturales no Renovables,
Wilson Pástor, indicó que Ecuador negocia con cinco empresas extranjeras
concesiones mineras que implicarían una inversión de 4 mil 20 millones
de dólares, mientras que Correa manifestó que el 53 por ciento de las
rentas mineras quedarán a cargo del Estado.
Al igual que el resto de la Amazonia ecuatoriana, Zamora Chinchipe –donde se realizó la cumbre–, es una joya
verde de una gran biodiversidad que cuenta con papagayos, boas
constrictor de hasta ocho metros que se aposentan en los árboles y
tortugas que transitan pacientemente por el suelo.
Para el vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador, José Acacho, Correa quiere “destruir y acabar con
los seres vivos, hombres, mujeres, plantas y una rica biodiversidad que
hay en la Amazonía”, por lo que el pueblo de esta región “está en lucha
y en resistencia; no dejaremos de hacer o declinar; somos hombres de
lucha, guerreros; sabemos ganar y vencer, y mucho más con un pueblo
unido”, afirmó Acacho, quien se opuso a cualquier tipo de actividad que
produzca daño medioambiental en la Amazonía.
Correa señaló que la mayor amenaza para la biodiversidad de la
región no es la explotación minera o petrolera, sino la agricultura.
“Con una explotación adecuada del petróleo y la minería, que tiene
impacto ambiental pero muy concentrado y que puede ser remediado,
podemos evitar la expansión de la frontera agrícola”.
Por su parte, Quishpe resaltó que en Zamora Chinchipe están
realizando “un programa de producción limpia” como una alternativa a la
minería, que consiste en el cultivo de café y cacao para exportación.
La inspectora de Orellana, Guadalupe Llori, destacó que la explotación
petrolera en esa provincia sólo ha conllevado a la “contaminación y la
muerte”.
En este sentido, indicó que espera que esa experiencia sirva de
ejemplo para los demás territorios, y para que desde un inicio “se exija
una planificación a las personas que entran a explotar la Amazonía,
para luego no sufrir impactos medioambientales, ecológicos, sociales o
culturales”.
La exportación de crudo financia el 25 por ciento del presupuesto
estatal y ahora el Ejecutivo pretende abrir licitación a 21 nuevos
bloques petroleros de 200 mil hectáreas cada uno en la Amazonia.
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