Lo que está sucediendo en América Latina
en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo
más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad
de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una
conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y
regionales, pero que se repiten en casi todos los países.
La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero
en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la
represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del
gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca
contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima
para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y
declarar el agua como derecho humano.
Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción
de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de
dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para
almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la
huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha
conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las
más importantes organizaciones sociales para una gran acción de
carácter nacional.
En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En
enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas
ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos
mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización
popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse
contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.
En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La
Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la
explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más
de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en
Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que
pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y
Santa María.
Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial
desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre
campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se
estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie
del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de
Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a
colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la
zona fronteriza.
Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee
45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta
130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares,
en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del
conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes,
pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo
y Dilma Rousseff.
Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y
expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es.
De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la
faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley
de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos
de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía
nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.
En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la
Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20
organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que
realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes
sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400
mil campesinos.
La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en
Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que
forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran
medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria
cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria,
pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional
de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.
La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento
campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente
comunicado estima que sus acciones forman parte de una
estrategia desestabilizadoracontra el gobierno de Lugo y que en su interior está
primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria.
En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los
carperoses legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.
La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda
en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de
Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una
una derrota catastróficaen el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.
Vìa,fuente :
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/opinion/024a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/opinion/024a2pol
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