(apro).- Aunque el gobierno de Ecuador presume de su intención de
dejar el petróleo en el subsuelo y de proteger los bosques, ha
autorizado explotaciones mineras que violan los derechos humanos de las
comunidades afectadas, según organizaciones de derechos humanos.
“Nuestra preocupación es que no existe capacidad institucional para
realizar y controlar un proyecto de esta magnitud. Hay incompetencia del
Estado, porque no tiene gente preparada ni experiencia en el tema para
dar seguimiento, ni mecanismos para que personas afectadas entendamos
cuáles son los riesgos del proyecto. Los riesgos son muy altos”,
denunció a APRO la ecuatoriana Isabela Figueroa, consultora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU).
Esta organización no gubernamental y la Federación Internacional de
Derechos Humanos elaboraron el informe “Intervención minera a gran
escala en Ecuador y vulneración de derechos humanos: caso Corriente
Resources”, que analiza el caso del proyecto de cobre Mirador, situado
en la sudoriental provincia de Zamora Chinchipe –en la Amazonía-.
Ese reporte, de 40 páginas de extensión, evidenció la ausencia de
mecanismos de consulta apropiados con la población local, un proceso de
adquisición de tierras caracterizado por irregularidades que perjudican
el derecho a la vivienda y al no desplazamiento, la falta de garantías
para proteger a las poblaciones frente a los impactos ambientales que
produciría la extracción minera a gran escala, especialmente en relación
con el derecho al derecho al agua, y la represión y criminalización de
la oposición a los proyectos mineros a gran escala en Zamora Chinchipe y
la cercana provincia de Morona Santiago –ricas en oro y cobre-.
El proyecto Mirador, a cargo de la filial EcuaCorriente (ECSA), se
halla en la fase de exploración avanzada, en el primer emprendimiento de
extracción de minería metálica a gran escala en Ecuador.
Corriente Resources operó a través de sus subsidiarias en las
provincias citadas durante el período 2000-2010. Además de Mirador, la
minera posee el campo Panantza-San Carlos, a cargo de la subsidiaria
ExplorCobres (EXSA) y que se halla suspendido desde noviembre de 2007,
por rechazo de la población local.
Hasta 2003, la transnacional se concentró en comprar propiedades y a
localizar y confirmar la existencia de vetas para posteriormente vender
las propiedades a otras compañías.
“El Estado ecuatoriano ha autorizado la exploración minera para el
proyecto Mirador sin haber cumplido con su obligación de consultar a los
pueblos y comunidades afectadas”, cita el documento, según el cual la
Ley de Gestión Ambiental, vigente en el momento de elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental, “establece expresamente que el
incumplimiento de la consulta ambiental por parte del Estado hace
inejecutable la actividad de que se trate y causará la nulidad del
respectivo contrato”.
Ecuador carece de tradición minera, pero a lo largo de la década
pasada se incrementó la presencia de empresas extractivas, especialmente
de capital canadiense.
Por eso, el temor de las organizaciones es que la nación andina siga
los pasos de sitios como México, Guatemala o Perú, donde esas
explotaciones han derivado en conflictos con las comunidades.
Las concesiones mineras abarcan una superficie de 2 mil 800 millones
de hectáreas, de las cuales 45% corresponde a la minería metálica. En
Ecuador, el capital canadiense constituye más de 90% de la inversión
del naciente sector minero metálico en su fase exploratoria.
El factor chino
Para Figueroa, el gobierno del presidente Rafael Correa debe echar
atrás el proyecto antes del estudio de impacto ambiental de la fase
exploratoria.
“Lo que hemos observado es que el estudio de impacto de la fase
anterior es muy deficiente, no tiene información suficiente sobre
riesgos respecto a agua, por ejemplo”, explicó Figueroa, quien realizó
la parte legal del reporte, basado en entrevistas, reuniones y
observación in situ, y cuya elaboración se inició a finales de 2009 y
finalizó en noviembre de 2010.
Según el Estado ecuatoriano, Corriente ha cumplido los requisitos
contenidos en la legislación, por lo cual le autorizó en julio de 2009 a
reanudar las actividades suspendidas en 2006 por el rechazo de las
comunidades afectadas.
La provincia de Morona Santiago abarca una superficie de 24 mil 062
kilómetros cuadrados y alberga a una población de 137 mil 254
habitantes. Mientras, Zamora Chinchipe cubre un área de 10 mil 556
kilómetros cuadrados, con 88 mil 778 personas. Ambas localidades se
ubican en una zona rica en biodiversidad, por lo cual la explotación
también representa una amenaza para la riqueza natural.
Por la falta de consulta y las protestas, el gobierno aplicó el
llamado “Mandato minero” de 2008 y mediante el cual revirtió algunas
concesiones, pero no fue el caso de Corriente.
En noviembre de 2010, luego de la etapa de exploración del proyecto
Mirador, el Estado convocó por primera vez a una audiencia pública para
discutir la fase de explotación, sin que eso repercutiera en la marcha
de la mina.
La faceta geopolítica ha variado, pues Corriente Resources pasó a
manos chinas en 2009 (Correa ha tejido una cuidadosa relación con el
gobierno del gigante asiático).
La minera surgió en 1983, en la provincia canadiense de Columbia
Británica, bajo el nombre de “Coronado Resources Inc.” En 1990 varió su
denominación a “Iron King Mines Inc.” y dos años después a su marca
actual.
En diciembre de 2009, apareció una oferta del conglomerado chino
Tongling Nonferrous Metals Group Holdings (Tonguang) y por China Railway
Construction Corporate Limited (CRCC) por 679 millones de dólares. El
28 de mayo de 2010, el grupo adquirió 96,9% del accionariado de
Corriente Resources. El 4 de agosto de 2010, TongguanCRCC se hizo con el
total de los títulos de la minera.
El origen de Mirador data de mediados de la década de los ‘90, cuando
la firma Billinton Ecuador B.V., arrancó un programa de exploración de
varias áreas. En agosto de 2001, Billinton transfirió sus derechos a la
empresa Gatro Ecuador Minera S.A., la cual a su vez subdividió dos
partes en varios segmentos. En junio de 2003, GEMSA traspasó los
derechos de dos áreas –entre ellas Mirador- a EcuaCorriente S.A., que
junto a EXSA, Puertocobre S.A., y Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz
S.A., pertenecen a Corriente.
Una vez la mina cuente con la licencia ambiental, puede empezar
operaciones. Por eso, las organizaciones estudian las rutas legales a
manos, como un recurso de amparo para detener proyecto o solicitar la
revisión de la constitucionalidad del proyecto.
Ecuador ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluyen el respeto sobre los
territorios de las comunidades y el derecho a la consulta relacionada
con iniciativas como Mirador.
El informe recomienda que “las personas y comunidades afectadas sean
debidamente consultadas; los riesgos ambientales de la región sean
analizados a profundidad y de manera independiente; se instauren
mecanismos para otorgar seguridad jurídica a las tierras indígenas y
campesinas; se suspendan las investigaciones y acciones judiciales o
administrativas pesan sobre las personas que defienden sus derechos y
territorios”.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88358
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