El pasado 16 de enero salió del
Ministerio de Defensa el ex concertacionista Jaime Ravinet y fue
reemplazado por el militante de Renovación Nacional, Andrés Allamand. El
nuevo ministro ha tenido que lidiar con una serie de polémicas sobre
malversación de fondos ligados a las Fuerzas Armadas y a su cartera.
Han pasado dos semanas desde que Andrés Allamand (el civil en la foto) llegó al cargo y ya reconoció un “rezago” por parte de las Fuerzas Armadas
en materia de transparencia. El Ministro ha impulsado una serie de
medidas que buscan mejorar la claridad dentro de la institución
castrense, de tal manera que si es detectada una situación irregular
primero se sepa por parte de su ministerio y “no se conozcan luego por
investigaciones hechas por la Contraloría”.
Según lo que anunció Allamand, estas
medidas tienen cuatro ejes: Proactividad frente a las denuncias, rapidez
en las investigaciones, fiscalización de los jefes de las Fuerzas
Armadas y un catastro sobre el número de auditorías pendientes.
En ese contexto, el jueves 27 de enero,
la Contraloría de la República entregó el informe sobre una compra mal
hecha de un puente mecano para ser instalado en el río Bío-Bío. El resultado responsabiliza al Ministerio de Defensa de la decisión, los motivos y la forma en que se hizo la compra del puente. Además, la Contraloría ordenó abrir sumarios en el Ejército, en el Ministerio de Defensa y en el de Obras Públicas.
UN PUENTE QUE “VALE CALLAMPA” (16 MILLONES DE DÓLARES)
Desafortunado fue el comentario del ex ministro Jaime Ravinet en un momento en que se pretendía dar explicaciones en el Congreso por los motivos de la compra de un puente mecano para el rio Bío-Bío. Ignacio Walker, presidente de la Comisión de Defensa del Senado,
calificó de “poco prudente” el comportamiento del ministro. El
“impasse” sucedió poco después de que Ravinet se negara a dar mayor
información sobre la compra al Consejo para la Trasparencia, argumentando que ello no correspondía basado en la Ley Reservada del Cobre.
La compra fue efectuada por el Ministerio de Defensa en 16 millones de dólares a la empresa estadounidense Acrow Corporation of America,
con el objetivo de remplazar un viaducto caído a raíz del terremoto del
27 de febrero pasado. Sin embargo esta adquisición se hizo desechando
otra oferta de USD$ 14 millones, hecha por la firma británica MBL, según el informe de la Contraloría General de la República.
Un sobrecosto de 2 millones de dólares en gastos debían ser explicados
al Congreso. La citación, por parte de Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, quedó inconclusa con la posterior renuncia de Ravinet al Ministerio de Defensa.
UNA CASA A LA “ALTURA DEL CARGO” (1 MILLÓN DE DÓLARES)
El 17 de enero, un día después de la llegada de Andrés Allamand al Ministerio de Defensa, renunció el jefe del Estado Mayor Conjunto, Cristián Le Dantec,
quien había recibido una “objeción” por parte de la Contraloría por
considerar excesivo el intento de compra de un inmueble en 1 millón de
dólares, con fondos del Ejército.
Andrés Allamand declaró, tras la
renuncia de Le Dantec, que “no había habido una actuación deshonesta”
por parte del General, sin embargo reconoció que sí habían existido
“evidentes desprolijidades” en la forma de intentar adquirir el
inmueble.
Para argumentar la orden de compra, Le
Dantec sostuvo que la decisión era compartida con el ex ministro de
Defensa, Jaime Ravinet, y el General en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba.
En cuanto al precio del inmueble Le Dantec sostiene que “el jefe del
Estado Mayor Conjunto no tenía una vivienda fiscal acorde a la que
tenían las autoridades del mismo nivel”, en entrevista con radio Cooperativa.
ES REMOVIDO DEL PUESTO EL CORONEL JUAN LUIS MARTIN
Diferente es el caso del coronel Juan Luis Martin, quien derechamente está siendo investigado por la Fiscalía Militar de Temuco,
tras ser acusado de “apropiación indebida de caudales y falsificación
de documentos”. El coronel del Ejército fue separado de su cargo de Comando de Infraestructura Nacional el 21 de enero por decisión directa del comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.
Martin tiene sobre su persona una investigación que fue derivada a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones
(PDI), en Temuco. Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de un
suboficial de 30 años en el Ejército. El testimonio de esta persona es
que Martin habría recaudado fondos mediante falsos viajes, haciendo
creer que el dinero era utilizado para arreglar las dependencias del Regimiento Victoria, mientras él era Comandante de esa instalación, según trascendió en el diario La Tercera.
La Comisión de Defensa de la Cámara de
Diputados respaldó la medida de remover del cargo a Juan Luis Martin
mientras se mantenga la investigación. El diputado RN Alberto Cardemil, presidente de la comisión, indicó que “era lo que correspondía, por su potencial implicancia en los hechos”.
LA REGATA BICENTENARIO OBLIGÓ A DOS RENUNCIAS
El Ministerio de Defensa admitió anomalías en la Regata Bicentenario después que una reunión entre el ministro, Andrés Allamand, y el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Edmundo González,
el día 25 de enero. El resultado de la investigación interna hecha por
la Armada arrojó hechos irregulares, según lo trascendido en el diario
electrónico El Mostrador. Uno de estos hechos irregulares fue el traspaso de seis millones de pesos a Cristián Pizarro Allard, entonces agregado cultural de la Embajada de Chile en España.
El informe de la Armada precisa que
Allard habría prestado “doble asesoría” a la regata. Lo hizo a título
personal en la marina pero también a nombre de su empresa de
comunicaciones estratégicas, CPA Comunica. Allard renunció al cargo la semana pasada, el viernes 28 de enero, en su viaje a Santiago, solicitado por el canciller, Alfredo Moreno.
En este informe aparece también involucrado el vicealmirante (R) Cristian Millar Drago,
asesor comunicacional del comandante de la Armada, quien renunció a su
cargo tras aparecer mencionado como director ejecutivo de la empresa CPA
Comunica, empresa que manejó las relaciones públicas de la regata.
CDE CAMBIA INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA MILITAR A LA CIVIL
El Consejo de Defensa del Estado
(CDE) pidió, hoy lunes 31 de enero, un ministro en visita para que
asuma la investigación sobre unos contratos de mantención de unas
aeronaves de la Brigada Aérea del Ejército (Bave) en Rancagua. Hasta ahora, esa investigación estaba en manos de la Justicia Militar.
Según lo difundido por el diario
electrónico El Mostrador, para el CDE la tramitación que le dio la
fiscalía militar de Rancagua al caso no ha sido satisfactoria. El
resultado fue que el abogado procurador fiscal del organismo, es decir
el jefe regional del CDE, viajara a Santiago con un escrito. Hasta hoy,
lunes 31 de enero no ha habido todavía una resolución por parte del
tribunal de Rancagua.
El caso comenzó el año 2009 cuando el coronel (R) Alejandro Mecklemburg hizo una denuncia al ministro Manuel Valderrama,
sobre anomalías de cinco órdenes de compra en USD$ 760.254 para
helicópteros para la Bave. Según el informe de ese regimiento las
adquisiciones fueron en realidad aviones CASA CN235.
Ver nota anterior de El Ciudadano:Cerro Chena, San Bernardo: Ejército involucrado en explotación minera ilegal
El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2011/01/31/fuerzas-armadas-senaladas-por-corrupcion/
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