…Un pacto machista común y corriente, un hecho
invisibilizado y escasamente denunciado que, descubrimos, es sólo una de
las maneras en que se silencia cotidianamente a las mujeres para que no
denuncien los abusos sexuales que sufren… Algo así como una política de
relación masculina en que se protegen unos a otros y cuyo objetivo es
la impunidad.
Varias mujeres jóvenes de
Cochabamba aceptaron darnos su testimonio de manera anónima*, la
experiencia que da inicio a este reportaje es la de Sara, una
secretaria de 26 años de la ciudad de Cochabamba. Ella relató: “En la
oficina en que trabajaba, yo era la única mujer y la más joven de todos.
Había un tipo que todo el tiempo venía por detrás de mi silla y me
comenzaba a tocar los hombros de una manera que no me gustaba… Yo no era
ni siquiera su amiga… Reconozco que el primer tiempo aguantaba porque
me daba vergüenza enfrentarlo, pero un día exploté y le dije que estaba
cansada de eso. Se lo dije delante de los demás. El tipo se hizo el
ofendido y los otros callaron. Al otro día, ninguno me dirigió la
palabra”.
Sara constató que negarse al abuso
masculino trae represalias de parte del agresor y también de los demás
varones que contemplando se hacen parte del mismo abuso -ejecutado por
uno y gozado por todos-. Otras entrevistadas que sufrieron daño físico
general y en particular ataques sexuales, revelan que incluso sin haber
denunciado o sin haberse decidido, como Sara, a enfrentar públicamente a
los agresores, de igual modo fueron blanco de burlas y desprestigio de
parte de otros varones participantes del mismo entorno en que sucedieron
los hechos.
Denuncia pública a un agresor
Actualmente
organizaciones feministas comunitarias de Cochabamba acompañan la
denuncia de una joven estudiante que, en un hecho inédito en la ciudad,
decidió llevar su caso más allá de lo estrictamente judicial, revelando
que un abogado de Cochabamba, la agredió sexualmente. Organizaciones de
mujeres de toda Bolivia y otras de América Latina, El Caribe y España,
firman este pronunciamiento a favor de la joven denunciante. Son más de
50 firmas de personas y agrupaciones que llaman a “no socapar los actos
de violencia contra las mujeres, que tienen lugar en nuestra sociedad y
en las organizaciones que integramos” (1).
Leny Olivera Rojas, feminista comunitaria e integrante de la agrupación Luchemos Por Nosotras,
de Cochabamba, explica que tomaron esta determinación “porque
comenzamos a trabajar la temática de violencia en talleres y nos dimos
cuenta que surgían muchos testimonios de dolor por abusos sexuales. Hace
poco llegó a nosotras una compañera que venía decidida a denunciar a su
agresor y a defenderse, pero no sola, si no organizada con otras. Ese
también ha sido nuestro planteamiento: enfrentar la violencia no sólo
como un hecho terapéutico, si no político, social y comunitario, por eso
la estamos acompañando en este proceso” (2).
Miedo a ser culpada
“Era
un compañero de oficina, diez años mayor que yo, y yo era nueva. Me
invitaba a salir y yo le decía que no, que tenía novio. Vino un periodo
en que estuve muy mal con mi novio, yo estaba muy triste y acepté
algunas invitaciones de este señor a tomar café. Conversábamos, yo le
contaba lo que me dolía y sentía que él me entendía. Me hablaba muy
bonito, cosas dulces, pero cuando me invitó a ir a un alojamiento, yo no
acepté. Un día nos quedamos en el trabajo hasta tarde y me habló como
siempre… hasta con cariño… -eso me parecía a mí-… Comenzó a abrazarme,
le rogué que no, pero él me bajó los pantalones a la fuerza y me
violó…”… Es Teresa, una contadora de 27 años, trabaja en el
centro de Cochabamba y fue violada por el agresor en su puesto de
trabajo. La trabajadora no le contó a nadie lo sucedido: “Todos se
habrían enterado y mis compañeros de oficina sabían que yo era cercana a
él. Adiviné lo que iban a decir: que yo había querido. Me iban a culpar a mí”…
Al
otro día de la violación esta mujer llamó a la oficina, dijo que estaba
enferma y se demoró algunos días en retornar al trabajo: “Cuando volví,
sentí muchas miradas sobre mí, entonces uno me dijo, irónico, que ya todos en la oficina sabían que yo estaba con él… con el agresor”, concluye.
Asco y aislamiento
Fue
en 2004 cuando Marina, que ahora tiene 30 años y ya es profesional,
hacía su tesis y para ello necesitaba recopilar información en alguna
comunidad indígena cercana a Cochabamba. Cuando supo que personal de la
Alcaldía visitaría varias comunidades “porque debían entregar obras
realizadas”, solicitó ir en el grupo. La gente de la Alcaldía accedió.
“Fuimos a varias comunidades, actos, reuniones, entrevistas, yo estaba
muy cansada esa noche y pedí un lugar para dormir. También otra chica
que había dado charlas de educación ambiental quiso irse a dormir. El
resto se quedó haciendo una fogata. Nos dieron el habitat, con tres
camas, de uno de los comunarios. En una cama dormían unos hombres de una
onG que también habían venido con el grupo y las otras dos estaban
vacías. Nosotras nos fuimos a la del rincón y dejamos la del medio
desocupada. La otra chica dijo que prefería el lado de la pared, se
metió en su sleeping, y yo me metí en el mío y me acosté al lado
de ella, pero vuelta hacia el lado contrario de la cama. Cerré la bolsa
de dormir hasta arriba, hacía frío. De pronto desperté y unas manos
estaban en… mis partes. No se veía absolutamente nada, no sabía
quién estaba ahí frente a mí. Grité: ¡Quién es! ¡Quién me hace esto! A
tientas toqué un rostro y saqué esas manos de mi cuerpo, cerrando
nuevamente el sleeping, pero esas manos intentaron abrirlo de
nuevo… Yo luchaba con él, con asco lo oía murmurar, pero no le entendía…
Antes de gritar oí risas, pero noté que se callaron cuando me oyeron…
Nadie me ayudó, yo me sentía paralizada, aislada… ¡Fue la noche más
larga de mi vida! Me quedé con los ojos abiertos, quieta, hasta que
amaneció y pude ver la cara del tipo dormido frente a mí… Era una
autoridad del consejo de la Alcaldía”.
Paralizada, como a los 6 años…
Marina
prosigue: “Sentía que quería pegarle y no podía. Mis manos no se
movían, mi boca no gritaba… Salí de ahí confundida, vi a uno de la
Alcaldía que estaba afuera y le pregunté por qué le permitió a ese
hombre dormir ahí. El me respondió que el tipo se había metido a la
fuerza… Me fui corriendo al campo, busqué un precipicio para matarme…
¡Me sentía arruinada, perdida, mi vida ya no servía!… Pero pensé en mi
mamá, ella tenía que irse a España por esos días a trabajar para ganar
dinero para la familia y yo no le iba a hacer eso. Cuando volví a la
comunidad oí a los hombres de la onG bromear con los hombres de la
Alcaldía: ¡Marina anoche estaba delirando!… Se reían, imitaban mi voz como si yo hubiese hablado con deseo… Yo seguía paralizada… El encargado de la Alcaldía me dijo: ¿Por qué no le pegaste? ¿Por qué no reaccionaste?... ¡Un
día entero tuve que quedarme ahí!... Con el tiempo recordé algo que
había borrado de mi cabeza: Cuando yo tenía 6 años, mi familia alquilaba
unas piezas, mi mamá y mi papá salían a trabajar todos los días y nos
dejaban a mis hermanos y a mí en la pieza. Mi mamá llegaba en la noche,
muchas veces mi papá no llegaba porque estaba borracho. El dueño de la
casa, iba a nuestra pieza y me llevaba a la suya. Cerraba la puerta con
seguro y me alzaba, me tomaba de espaldas y comenzaba a frotar su cuerpo
conmigo. Me bajaba la calcita que me ponía mi mamá y me desnudaba. Me
decía: Dile a tu mamá que no te ponga esta ropa que no te gusta… Luego me regalaba dulces y me amenazaba: Si dices algo te vamos a botar de aquí, a ti, a tus papas y a tus hermanos”.
Caso MZ, 14 años demoró la justicia
MZ
fue violada sexualmente el 2 de octubre de 1994 en Cochabamba por el
hijo de los dueños de la casa que rentaba. Ella denunció ante la
justicia penal boliviana a su agresor JORGE CARLOS AGUILAR. El violador
fue condenado a 5 años de cárcel. MZ, ciudadana extranjera de 30 años,
soltera, consideró que la pena era escasa y apeló la decisión. No
obstante que había gran cantidad de pruebas, los jueces que resolvieron
el recurso no sólo no dieron una pena mayor al violador, si no que
dejaron sin efecto la pena de primera instancia y lo absolvieron.
En
noviembre de 2000, la Oficina Jurídica de la Mujer, CEJIL y CLADEM
denunciaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH. También se involucró la onG Equality Now, y sólo 8 años más
tarde, el 11 de marzo de 2008, se logró un acuerdo entre el Estado
boliviano y la CIDH. Entonces, en un evento público, el 21 de julio de
2008, en Bolivia, el Estado reconoció “su responsabilidad internacional
en el caso, ilustrando la situación de muchas mujeres víctimas de
violencia sexual, que han sido discriminadas por el sistema de justicia y
a las que se les han violado los derechos protegidos por la Convención
de Belém do Pará…”…(3).
Chantaje y extorsión machistas…
Marcela,
otra ciudadana extranjera en Cochabamba, relata: “Una noche en que me
sentía muy sola y triste -y eso tiene que ver con ser extranjera- estaba
en un Centro Social supuestamente anarquista. Salí a la puerta y
tras de mí vino un hombre que yo conocía, un tipo dirigente social
reconocido, y me invitó a un bar. Fuimos a una chichería. Bebí mucho,
tanto, que perdí la noción de todo. Sentía que me besaba y que yo no
quería, pero no supe levantarme e irme... Sin embargo, ese hombre ni
siquiera me atrae, no puedo creer que le hubiese insinuado nada porque
¡no me atrae!”… Y prosigue: “Mis recuerdos son como flash… Sé que
íbamos entrando a un alojamiento, luego yo lloraba mucho. Al día
siguiente desperté y tenía moretones en todo el cuerpo. El tipo estaba a
mi lado y me quería tocar, lo rechacé y salí de ahí. Cuando caminaba
por la calle me dolía mucho el cuerpo, tenía la sensación de estar fuera
del mundo… No denuncié porque me siento culpable, responsable”… Sin
embargo, el agresor se ocupó de desprestigiarla hablando groserías sobre
ella a gente que la conoce en su medio social y laboral.
A
un año de haber vivido esa situación, esta joven analiza: “Mi caso
entra en una categoría particular: las extranjeras que apoyamos los
procesos políticos de izquierda, y nuestra relación con los hombres de
izquierda… Creo que a veces nos sentimos con el control de la situación,
empoderadas, porque tenemos otras miradas sobre el sexo, pero nos suceden las mismas cosas que a las compañeras bolivianas.
Ese
Centro Cultural es un espacio que maneja un discurso político muy
atractivo y que sirve además como alojamiento para gente extranjera,
tiene cocina comunitaria, etcétera. Ahí se hace koa y se baila. Una
chica –boliviana- me contó que se recostó un rato con ropa en una
habitación porque se sintió mareada y de pronto se dio cuenta de que le
trataban de bajar los pantalones… Pareciera que hay que colocar límites
constantemente ahí… Tienes que tomar con ellos, si les dices que No, se
ofenden, tienes que bailar, sí o sí…Si ven el más mínimo acto que ellos
perciban como racismo, actúan enérgicos, pero contra la violencia hacia
las mujeres, nada, esa es normal, tienes que aceptar ser objeto… Hay mucho chantaje a las mujeres extranjeras, por ejemplo: ¡No quieres tomar conmigo porque soy indígena, me ofendes! Se utiliza la cultura indígena”...
¿Algunos ven a las extranjeras como “promuiscuas”?, pregunto. Marcela responde: “Sí, totalmente, fáciles, accesibles… Y la idea que percibo es: Yo te hablo de la situación del país y tú me das algo a cambio...
Varios se cagan hasta en sus prejuicios políticos, por ejemplo, son
indianistas, pero quieren meterse con gringas… No hay un cartel que
diga: gringas putas, pero es como si lo hubiera…”, concluye molesta.
¿Mujeres y hombres iguales en dignidad y derechos?
Cuando
MZ apeló y llevó el caso a la CIDH, en primera instancia el Estado
boliviano respondió que el Poder Ejecutivo “no puede responder a la
denuncia interpuesta contra Bolivia por MZ, ya que atentaría contra la
independencia del Poder Judicial…”, y cuando en 2006, la CIDH vino a
Bolivia a revisar casos relacionados con violencia sexual, comprobó que
“estos casos requieren pruebas de calidad técnica y científica difíciles
de obtener por las víctimas”. Sabemos que eso es así para las mujeres
en todas partes del mundo. Nadie en los Estados quiere correr el riesgo de que los hombres sean acusados sin pruebas, aunque las mujeres de todas las edades, todos los días de su vida corren el riesgo de ser abusadas.
La justicia liberal, generalmente, se presume neutral y se funda sobre la fantasía de que mujeres y hombres somos iguales en derechos y dignidad, y que todos los hombres entre sí son iguales. Es decir, no asume discriminaciones sexuales y de género – y, en general, tampoco de clase, raza o territorio. No
es raro entonces, que Sara no denunciara el hostigamiento sexual, y que
Marina, Teresa, Marcela, intuyan que su dignidad no pesa lo mismo que
la de sus agresores. MZ comprobó que sus derechos debieron esperar 14 años y que su fuerza
sólo se reveló con varias instituciones internacionales de su parte,
mientras que su violador, solo con el antecedente de ser hombre, andaba
libre por las mismas calles cochabambinas en que ella vivenciaba la
impunidad.
El delito sexual es “neutro”
En
el derecho penal boliviano, desde el Código Penal de 1831 y la
promulgación del Código de 1834, aunque la “violación” no tenía nombre,
se hablaba de “abusar deshonestamente”. Los expertos dicen que el bien
jurídico tutelado eran “las buenas costumbres”. También aseguran que el
año 1997 trajo cambios con la Ley de Modificaciones al Código Penal (N°
1768) y que ahí se comenzó a tutelar la “Libertad sexual” en vez de “las
buenas costumbres”… Aunque para las mujeres casadas abusadas por sus
maridos no trajo nada nuevo, ya que no se aceptó que hubiese violación
“entre cónyuges”.
En el mes de septiembre de
1999, fue violada y asesinada en La Paz, Patricia Flores de 10 años y en
el mismo mes y año, en Cochabamba, Kelly Herbas de 12 años. La
opinión pública se estremeció y presionó por sanciones ejemplarizadoras.
Así surgió la Ley 2033. La discusión antes de su aprobación pareciera
que tuvo dos puntos álgidos: Violación conyugal y el género de quienes cometen delitos sexuales. Los
legisladores, nuevamente, no aceptaron la violación conyugal, pero se
ocuparon muy bien de no aludir en masculino al individuo activo
de delito sexual: La Ley de Protección a Víctimas de Delitos Sexuales en
vez de decir –como antes-: “El que empleando la violencia física…”, se
sancionó así: “Quien (el subrayado es mío) empleando violencia
física o intimidación, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro
sexo; penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines
libidinosos, incurrirá en privación de libertad de cinco -5- a quince
-15- años”… ¿Cuándo, de qué manera y quién es capaz de adivinar los “fines libidinosos” y los no libidinosos
de un agresor?... Esta Ley también subraya que cuando se trate de niño,
niña “menor de catorce años, será sancionado con privación de libertad
de quince -15- a veinte -20- años, sin derecho a indulto…”(4).
¿Voluntad política?
Julieta
Montaño Salvatierra, directora de la onG Oficina Jurídica de la Mujer,
denuncia que aunque existe una Institución del Estado, La Casa de la
Justicia, que apoyaría a víctimas de delitos sexuales, aquella “no tiene
personal calificado, ni psicóloga”. Explica: “Conocemos muchos casos de
mujeres abusadas sexualmente a las que esa institución ha cuestionado
en vez de apoyar que se les haga justicia”. Y lo ilustra con un ejemplo
reciente: “El de una señora que atendimos acá en la Oficina, que había
sido violada y embarazada por el agresor. Esta mujer tenía sentimientos
suicidas por ese embarazo y vivió tanto dolor que sufrió una pérdida. En
La Casa de la Justicia, lejos de apoyarla, cuestionaron la pérdida y le
exigieron papeles para probar que no se había provocado un aborto”.
Para
esta abogada, actualmente “Hay falta de voluntad política, no sólo con
las mujeres. Mucho discurso, pero la vida de las mujeres indígenas y de
las mujeres en general no ha cambiado nada. En la lucha contra el abuso
sexual”, dice, “hay mucha frustración e impunidad”. Piensa que con la
Ley 2033 “se avanzó en el concepto de violación sexual, pero, en la
práctica el chip de la mayoría de los jueces, magistrados, fiscales,
policías y abogados no ha avanzado nada, independientemente de que sean
hombres o mujeres”(5).
Política liberal: injusticia para las mujeres
Karen
Mercado Audia, de la Fundación Gandhi que trabaja en Cochabamba, cree
que “la trampa es el enfoque liberal de los Derechos Humanos que se
conserva en el actual proceso. La presunción de igualdad es un relato
engañoso”, dice y prosigue: “En lo que tiene que ver con mujeres e
indígenas hay un vaciamiento de contenidos políticos, no hay
cuestionamiento del trato al cuerpo de las mujeres, las mujeres están
reducidas al tema reproductivo. Aunque en el año 2000, en la guerra del
agua, en Cochabamba, las mujeres jugaron un rol fundamental en ollas
comunales y puntos de resistencia, pareciera que eso se refuncionalizó.
Igualmente, no creo que sea justo decir que este gobierno es igual a uno
de derecha, no, porque hay una mayor política de repartición de
excedentes, nacionalización de hidrocarburos, y eso es básico, pero
igualmente no ha cambiado la forma estructural de pensar la política”.
Se
comprueba lo que plantea esta economista de la Fundación Gandhi,
también en cuestiones cotidianas: Un hecho realmente insólito es que las
víctimas de delitos sexuales deban costear por su cuenta los insumos
para exámenes médicos forenses y también pagar por los exámenes de
laboratorio. Es decir, en la práctica, si te violaron es problema tuyo, denuncia como puedas y si puedes…
En
una mirada más general, el concepto judicial y legislativo acerca de
que los delitos sexuales serían un tema “neutro”, es decir, que no es un
fenómeno aplastantemente masculino de abuso a mujeres, niñas y niños,
niega la violencia contra las mujeres como un hecho político, como una
manera de imaginar a las mujeres al servicio sexual de los hombres,
entendiéndolas como un grupo que debe aceptar exigencias sexuales por el
sólo hecho de ser mujeres, ya que si bien es cierto, no todos los
hombres son abusadores y acosadores sexuales, la aplastante mayoría de
los abusadores sexuales son hombres.
En este
contexto, es claro que las feministas comunitarias saben que la
violencia machista se enfrenta con autoorganización de mujeres, como lo
están haciendo actualmente… Sin embargo, sigue pendiente una verdadera
transformación, una mirada nueva, sin valores liberales, desde el actual
proceso en relación a las mujeres, sus vidas y su dignidad.
* victoria aldunate morales
feminista autónoma
*Todas
las entrevistadas figuran con datos y nombres ficticios para proteger
su decisión de no hacer una denuncia pública y, sin embargo, aportar con
sus experiencias de abuso sexual específicamente para este reportaje,
bajo el anonimato, contribuyendo así a desenmascarar uno de los aspectos
de la violencia contra las mujeres: el abuso sexual.
1. puede leerse el pronunciamiento completo en http://www.kaosenlared.net/noticia/cochabamba-agresion-contra-agresion -contra-todas o en:
2.
Muchas de las integrantes de la Asamblea Feminista Comunitaria de
Cochabamba hacen música autóctona y varias de ellas trabajan en grupos
de autoayuda a partir de lo cual organizaron el grupo de apoyo Luchemos Por Nosotras.
Actualmente, de manera autónoma, y dentro de sus posibilidades trabajan
en talleres con mujeres que denuncian abusos machistas o buscan apoyo.
Ellas nos han proporcionado los contactos para lograr los testimonios
que nutren este reportaje.
3.
Caso N°12.433 – MZ vs. Bolivia ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA suscrito en
4 ejemplares en Washington D.C., el día 11 de marzo del año 2008 y
firmado por el Embajador David Choquehuanca Céspedes, ministro de
Relaciones Exteriores y Cultos y por Jorge Reynaldo Cuadros Anaya,
Embajador Misión Permanente de Bolivia, OEA, por el Estado boliviano, y
por las peticionarias: Viviana Kristicevich, directora ejecutiva CEJIL,
Liliana Tojo, Directora de Oficina Sur CEJIL, Julieta Montaño, Oficina
Jurídica de la Mujer, Bolivia, Norma Henríquez, CLADEM, Comisión y
Relatoría de los Derechos de las Mujeres, Dra. Luz Patricia Mejía,
Comisionada Primera Vicepresidenta de CIDH y Relatora sobre los Derechos
de las Mujeres.
4.
Para estas reflexiones y afirmaciones sirvió como base -entre otros
documentos- el libro: “Evolución Histórica del Delito de Violación en la
Legislación Boliviana 1834 – 1999”, CUSICANQUI MORALES, NICOLÁS, Azul
Editores, La Paz, 2007.
5. En 2009, Julieta Montaño Salvatierra, presentó como Directora de la Oficina Jurídica de la Mujer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, un informe sobre el acceso a la Justicia en Bolivia en el que entre otras cosas denunció: “Debilidad del mecanismo de seguimiento de las políticas de género existentes en sendos documentos aprobados por el gobierno (Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Vivir Bien, Plan Nacional de Derechos Humanos)”. El informe puede ser encontrado en la página web de la Oficina Jurídica Para la Mujer www.ojmbolivia.org o en secretaría de la misma institución en Cochabamba.
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