Mèxico : Proyecto Alternativo de Naciòn

LLEGÓ  LA HORA DEL RENACIMIENTO DE  MÉXICO, POR EL BIEN DE TODOS

 

1 Por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico

Frente a la degradación de la sociedad, el desmante­lamiento de las instituciones, la destrucción de la naturaleza, la concentración de la riqueza y la des­humanización del poder, se necesita un profundo cam­bio político, económico, social y cultural, pero sobre todo moral, ético. Urge una revolución de las conciencias y una corriente de pensamiento, crítica y solidaria, sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su generosidad. Para superar la actual crisis moral, el camino son valores como la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto a la diversidad, el sentido de comunidad, el amor al prójimo y el cuidado del medio ambiente. No aceptamos el predominio del dinero, la mentira y la corrupción, sobre la dignidad, la moral y el bien común.

Proponemos una forma de vida donde cada mujer y cada hombre —sin importar condición social, étnica, creencias o preferencias sexuales— valgan por su trabajo, sus acciones solidarias, su fraternidad, sus aportes al bien­estar colectivo, y no por poseer dinero o tener poder. Una convivencia donde la virtud sea el hábito de hacer el bien y actuar contra la desigualdad, y la mayor satisfacción de cada uno sea el bienestar de todos, recobrando así el senti­do de comunidad y espíritu de servicio.

Vamos por la regeneración de la sociedad. Los funciona­rios públicos deben servir a la gente. La sociedad debe ser responsable frente a los problemas, trabajar en común y des­terrar la corrupción de arriba hacia abajo.

Una cultura democrática que reconozca la democracia comunitaria de los indígenas, la democracia participativa (consulta, referendo, iniciativa popular, revocación de man­dato, fiscalización) y el poder de los ciudadanos para hacerse cargo de tareas públicas. El respeto a los derechos humanos (libertades civiles y derechos sociales), debe considerar que para ser libre, una persona también requiere satisfacer sus necesidades más elementales. La cultura democrática im­plica diálogo plural y participación hacia un fin común, la solidaridad de todos, el respeto y la ayuda mutua.

Un México incluyente implica igualdad cultural, econó­mica, política y social para los pueblos indígenas y reconocer su derecho a la autonomía, a la paz con justicia y dignidad.

Frente a una modernidad depredadora que explota y ex­cluye a los ciudadanos, amenaza la naturaleza, antepone el dinero a la gente, miente y corrompe la política; construi­mos una modernidad alternativa, basada en la inclusión y la democracia, el equilibrio ecológico, el uso equitativo y racional del agua, la energía limpia, la biodiversidad, la tecnología y la ciencia; una democracia social y política del siglo XXI.

2 El Estado, al servicio del pueblo y de la nación

El Estado mexicano está bajo el control de una minoría que utiliza el poder público en su beneficio. La oligar­quía tiene secuestradas a las instituciones. Por esa ra­zón, como pueblo, debemos recuperar democráticamente al Estado, a través de la participación activa y del voto, y reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados ilegalmente (sobre todo en la minería, la indus­tria eléctrica y el petróleo). Es indeclinable el derecho de la Nación sobre el territorio y los recursos estratégicos, que deben ser administrados en beneficio de los mexicanos.

Hay que restablecer el principio de la soberanía popu­lar para poner al Estado al servicio de los ciudadanos y de la nación. Se trata de construir un Estado social y demo­crático que asuma su responsabilidad con la sociedad, que combata la desigualdad con un nuevo modelo económico cuyo objetivo primordial sea el bienestar de la gente, que tenga un papel activo en la economía, que restablezca el estado de derecho y combata las formas de dominación, que vele por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.

Esta democracia social representa un compromiso a fondo con la democratización del país y la lucha contra la desigual­dad como ejes de un Estado con responsabilidad social. El pueblo debe participar en la toma de decisiones, a través de la consulta, el plebiscito, el referéndum, la revocación del man­dato y la iniciativa popular y otras formas de participación republicana. La refundación democrática del Estado debe comenzar desde el municipio, haciendo realidad el cabildo abierto y la intervención ciudadana en asuntos públicos.

En un régimen democrático, la tarea de la seguridad pú­blica es garantizar la tranquilidad de toda la población. La solución de fondo a la actual crisis de inseguridad y vio­lencia, es combatir el desempleo, la pobreza, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Las fuerzas armadas no deben ser usadas en funciones civiles o para reprimir a movimientos sociales. No se permitirán más actos de im­punidad desde el poder y se investigarán los casos graves de violaciones a los derechos humanos.

Defendemos las conquistas históricas plasmadas en nuestra Constitución y proponemos un modo de gobernar que respete el interés de la mayoría, con la participación democrática y organizada de los ciudadanos, el voto popu­lar y elecciones limpias, baratas y equitativas.

Reconstruiremos la política exterior promoviendo la igualdad soberana entre los Estados, la no intervención y la solución pacífica de controversias, la solidaridad entre pueblos, defendiendo a los migrantes, proyectando los valores históricos de independencia y libertad, negados y traicionados por los últimos gobiernos neoliberales. Méxi­co debe recuperar su pertenencia a América Latina y el Caribe, mirar hacia los países del sur, manteniendo una re­lación de cooperación con Estados Unidos que beneficie a ambos pueblos.

 3 Democratizar el acceso a los Medios de Comunicación

Es inaceptable que unas cuantas empresas posean el control de la televisión y de la radio, y administren la ignorancia en el país en función de sus intereses. Tele­visa y TV Azteca controlan el 90% de la televisión y 9 grupos poseen 80% de la radio en México. En cambio se obstruye y persigue a las radios comunitarias. El Estado debe hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar el dere­cho a la información. La manipulación de los medios de comunicación por la oligarquía es uno de los principales obstáculos para instaurar la democracia en el país.

Democratizar el acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías. Se promoverá la libre competencia y desconcentrará el otorgamiento de concesiones del Estado para evitar los monopolios de la radio y la televisión.

Abrir los canales de televisión y de radio suficientes para brindar este servicio público indispensable y acabar con los monopolios. Se promoverá una ley que impida la concentración en unas cuantas manos y regule la relación de los medios con la sociedad y el Estado.

Garantizar el derecho a la información de los mexica­nos, enriqueciendo figuras como el derecho de réplica y la obligación de informar asuntos de interés público. Crear una Defensoría del Público y de los derechos de la audien­cia, encargada de recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Crear un fondo de fomento para la producción de programas edu­cativos y culturales. Vincular la formación educativa y los contenidos de la televisión. Promover el cine nacional en la televisión abierta y por cable.

Promover el acceso de toda la población a los medios de comunicación. La radio y la televisión son un servicio pú­blico, de interés nacional y son esenciales para el desarrollo cultural y social de la población.

Establecer medios públicos para garantizar el derecho a la información, reflejar la pluralidad política, étnica, so­cial y cultural de los mexicanos.

Impulsar y garantizar el funcionamiento de medios co­munitarios, como radios y televisiones locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pue­blos indígenas, campesinos, jóvenes, además de escuelas y centros culturales.

Garantizar el acceso universal a la Internet, como un derecho ciudadano.

4 Nueva política y combate a la corrupción

Ética republicana. En tanto que la vida pública, privada y social de nuestro país vive en una profunda corrup­ción, las instituciones se encuentran capturadas por los poderes fácticos y prevalece la impunidad de quienes cometen graves delitos en contra de las mayorías, propo­nemos una ética republicana que regenere a la nación, moralice a la política y promueva una corriente crítica de pensamiento.

Servidores públicos con vocación de servicio. Existe un gran dispendio de recursos públicos, excesivos salarios y derroche de la alta burocracia, por eso proponemos ser­vidores públicos con vocación de servicio y percepciones modestas pero decorosas.

Austeridad republicana. El dispendio del gobierno ofende al pueblo, por tal razón proponemos, entre otras medidas, disminuir 50% los salarios de los servidores pú­blicos de mandos medios y superiores, bajar los gastos de los funcionarios, eliminar bonos y percepciones extraor­dinarias, servicios médicos y seguros privados, y cajas de ahorro especiales en todos los niveles de gobierno. Prohibir la contratación de publicidad gubernamental en medios electrónicos, ésta deberá transmitirse en tiempos del Esta­do. Establecer el delito de corrupción y exigir rendición de cuentas a los funcionarios.

Combate a la corrupción y transparencia. La ausencia de un régimen democrático y la impunidad hacen que se multiplique la corrupción. Para acabar con ese flagelo ha­remos que el ejercicio del poder sea democrático, transpa­rente y rinda cuentas a la sociedad. Obligar a gobiernos, sindicatos, partidos, organizaciones empresariales, igle­sias, medios de comunicación electrónica, grandes empre­sas a transparentar su funcionamiento y rendir cuentas. Proponemos una Comisión de la Verdad que investigue y sancione la corrupción política del pasado.

Recuperar la ética política. La política es asunto de todos, no sólo de políticos profesionales. Es un derecho participar en los asuntos públicos y sociales, sin embargo, la política se ha pervertido y corrompido con el clientelismo y el pater­nalismo. La obligación de la clase gobernante es respetar y servir a los ciudadanos. La ética política es la búsqueda del bien común y es la esencia del cambio democrático.

5 Crear una Nueva Economía

La crisis económica mundial revela el fracaso del mode­lo neoliberal que no ha sido capaz de brindar bienestar a los pueblos. La imposición de una política económi­ca por parte de los organismos financieros internacionales, hacen que México sea de los países que menos crece, me­nos empleo genera, con mayor migración y desigualdades.

El nivel de vida de la gente es el indicador principal de la nueva economía. Una economía productiva, no especu­lativa, para que haya industrias, consumo, mercado, cre­cimiento, distribución equitativa de la riqueza y bienestar creciente.

El Estado debe reasumir su responsabilidad de con­ducir el desarrollo sin injerencia externa. Con los sectores privado y social integrará cadenas productivas, para maxi­mizar el empleo y el valor agregado, para ello es clave el apoyo a la educación, la ciencia y la tecnología.

En la globalidad, una economía nacional fuerte, con mayor competencia interna y competitividad frente al ex­terior, donde el Estado fortalezca la economía nacional y las relaciones comerciales con el exterior sean equilibradas y recíprocas.

Fortalecer la economía popular y a la pequeña y media­na empresa; crédito y facilidades para el autoempleo y las empresas a baja escala.

La planeación sectorial y regional con participación so­cial, pública y privada para maximizar el valor agregado y consolidar el trabajo remunerado.

Aumentar de manera sostenida la inversión pública en infraestructura, que genera mucho empleo y requiere de menos divisas que otras actividades.

Financiamiento accesible y barato para las actividades productivas.

Gravar con impuestos las operaciones de los capitales especulativos.

El Banco de México debe promover el desarrollo y no sólo controlar la inflación.

Revisar los tratados de libre comercio en beneficio de México para consolidar la producción en el campo, la au­tosuficiencia alimentaria y crear condiciones de arraigo rural.

Una mejor distribución de los frutos del crecimiento re­quiere del respeto de los derechos de los trabajadores, con democracia sindical, voto secreto, transparencia del uso de recursos sindicales; sin injerencia patronal o gubernamental.

Las políticas de desarrollo y proyectos económicos se­rán sustentables desde el punto de vista ecológico.

6 Combatir los monopolios

El monopolio y los precios abusivos son anticonstitu­cionales. En este país pobre se paga más que en las naciones ricas por bienes y servicios, con pésimas condiciones de calidad. A pesar de estar prohibidos por el artículo 28 de la Constitución, los monopolios imponen su ley en el mercado. Vinculados al poder político, encarecen bienes y servicios. Dañan la economía de sectores popu­lares, clases medias, productores, empresarios y comer­ciantes. La apertura comercial acabó con la mayoría de las empresas nacionales y privilegió a unos cuantos.

Acabar con los abusos y los precios exagerados de los monopolios. El salario mínimo en México es doce veces menor que en Estados Unidos, sin embargo pagamos el cemento gris al doble que los estadounidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 205 por ciento más por la electricidad residencial de alto consumo; 20 por ciento más por electricidad de alta tensión; 116 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por Cable­visión básico; 176 por ciento más por crédito a la vivienda.

Los precios exagerados golpean el poder adquisitivo y de ahorro de la gente; quitan a las familias entre 10% y 15% de sus ingresos y son factor de inequidad social. Reducen la masa salarial, el consumo promedio de las familias y el ahorro.

Las grandes empresas monopólicas están protegidas contra la competencia. Con empresas que operan en ni­chos protegidos no habrá nuevos empleos ni tampoco oportunidades para las nuevas generaciones.

Los precios exagerados frenan la inversión y el empleo. Las utilidades de empresas o el ahorro de los consumido­res, son transferidas a las grandes empresas. Las pequeñas industrias operan muy por debajo de su capacidad.

Sin monopolios y precios exagerados crecería la econo­mía entre 2 y 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentaría el empleo.

La competencia debe ser una prioridad de Estado. La actual Ley de Competencia es ambigua, imprecisa y sin sanciones suficientes. México está en la posición número 60 de 134 países en materia de competitividad. Hay que re­forzar, dar mayor cobertura y profundidad a la Ley y a la Comisión de Competencia.

7Abolir los privilegios fiscales

La injusticia fiscal profundiza la desigualdad social. La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su historia. En 2009 retrocedieron diez años los niveles de vida de la población, pero las grandes empre­sas gozan de privilegios fiscales y casi no pagan impuestos. La mayor parte de las contribuciones recaen en los traba­jadores asalariados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios y comerciantes. El año pasado el gobierno inventó un déficit presupuestal para justificar el aumento de impuestos y de precios de gasolinas, electricidad, gas, diesel, que fueron aprobados por el PRI y el PAN.

Que paguen más los que ganan más. La recaudación de impuestos en México es muy baja, no más del 11% del PIB. En otros países supera el 20%. Aquí, los privilegios fiscales representan el 5% del PIB. Incluso Calderón aceptó que las grandes empresas dejaron de pagar 850 mil millones de pe­sos en 2008.

400 corporativos pagaron 1.7% de impuestos en 2008, 29 grandes empresas y 6 instituciones bancarias registra­ron ingresos por 2 billones 242 mil millones de pesos, pero sólo pagaron 3% de sus ingresos. Cualquier trabajador o profesionista paga 30% de Impuesto Sobre la Renta.

Las grandes empresas casi no pagan nada. Ejemplo de la inequidad fiscal es la revisión de la Cuenta Pública de 2005 por la Auditoría Superior de la Federación que concluyó lo siguiente: .Se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devolu­ciones, fueron menores a 74 pesos..

Gravar las operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Para limitar los efectos nocivos de los capitales especulati­vos, se propone un impuesto a las operaciones financieras de la Bolsa Mexicana de Valores.

Acabar con el secreto fiscal. Que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal para conocer la realidad quien paga y quien no paga impuestos en el país. Hacienda se niega a entregar los nombres y las cantidades de impuestos condonados a las empresas.

Una reforma fiscal progresiva. Que las grandes corpo­raciones y los más ricos del país, paguen impuestos en la misma proporción que los países desarrollados.

Hacia un sistema fiscal más equitativo. Suprimir los regímenes fiscales preferenciales, simplificar la legislación tributaria, elevar la recaudación. Que haya mayor eficien­cia administrativa y que la política fiscal contribuya a la re­distribución justa de la riqueza..

8 Los energéticos, palanca del desarrollo nacional

Los gobiernos neoliberales han violado el mandato de nuestra Constitución que garantiza el aprovechamien­to de los recursos naturales y las industrias estratégicas en beneficio de la sociedad. Esta sistemática contravención ha derivado en un desmantelamiento del sector energético nacional. Las actividades del sector han sido convertidas en negocios privados. Se ha desplazado y sustituido las capa­cidades nacionales de ejecución y desarrollo tecnológico, al grado de convertir a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en simples administradoras de con­tratos que favorecen predominantemente a extranjeros. El más reciente ejemplo es la desintegración de Luz y Fuerza del Centro, el despojo al Sindicato Mexicano de Electricis­tas y el remate a Televisa de 21 mil kilómetros de fibra ópti­ca, instalada con presupuesto público.

Proponemos el fortalecimiento del sector energético mexicano, a fin de orientarlo al logro del desarrollo nacio­nal, la equidad social y el bienestar general de la población.

No se exportará más petróleo crudo, se buscará darle va­lor agregado en el país para generar empleos. Se restituirán las reservas petroleras que se extraigan. Se construirán tres nuevas refinerías para disminuir los precios de los combus­tibles y la electricidad a los consumidores y a la industria mexicana. Se promoverá el uso eficiente de la energía y de los combustibles para evitar su desperdicio. Se reactivará la petroquímica nacional.

Se terminará con el contratismo en Pemex y será reinte­grada como una sola empresa.

Se pondrá fin a la privatización de la industria eléctrica y se recuperará la soberanía en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Se fortalecerá la inves­tigación científica y tecnológica nacionales, para evitar la dependencia tecnológica.

Se cuidará el medio ambiente con energías alternativas renovables y limpias, a fin de revertir el calentamiento glo­bal y, en general, la contaminación de suelos, aire y aguas.

Se establecerá una Comisión para investigar la corrupción en Pemex y se creará sistema de verdadera transparencia.

Se reducirán las tarifas de electricidad y los precios de los combustibles.

El nuevo modelo energético será la base de la verdadera independencia, la cabal soberanía, así como el desarrollo económico y social que merece el pueblo de México.

9 El campo y la soberanía alimentaria

Reanimar al campo y a la agricultura. Revalorar y reactivar al agro arruinado por las políticas neolibe­rales, pues de eso depende la alimentación de todos y el empleo e ingreso de millones, la preservación del medio ambiente, de la cultura y la convivencia y de la seguridad interna. Si no revitalizamos al campo seguiremos destru­yendo la naturaleza, importando comida, perdiendo nues­tra identidad, expulsando mexicanos a Estados Unidos y sometidos al narco que aprovecha la pobreza rural para controlar regiones enteras.

Recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentarias. Un pueblo que importa el 40% de lo que come es un pueblo sometido a las potencias agroexportadoras. Definiremos las políticas de producción, distribución y consumo de alimentos promoviendo la pequeña y mediana agricultura campesina, única que puede ser a la vez socialmente justa, ambientalmente sana y económicamente viable, es decir sostenible.

Preservar el mercado agroalimentario interno y reacti­var las cadenas productivas. Atender la demanda nacional y los mercados locales, integrando cadenas económicas para dar mercado a la producción, impulsando sistemas comerciales, agroindustriales y financieros, sobre todo de carácter asociativo.

Proteger y restaurar el medio ambiente con su aprove­chamiento responsable. Frente a la crisis ambiental que degrada tierra, agua, aire, flora y fauna, que envenena al cultivador y al consumidor, cambiaremos el rumbo: no más agrotóxicos ni semillas transgénicas impuestos por las transnacionales, y sí a las prácticas agroecológicas que au­menten la productividad sin dañar a la naturaleza.

Impulsar la economía rural solidaria. Gracias a la Revo­lución de1910 y la Reforma Agraria, la tierra y los bosques de México son, en su mayor parte, de las comunidades campe­sinas e indígenas. Devolver el usufructo de estos recursos a sus legítimos poseedores, respetar las prácticas económicas autogestivas y solidarias de indígenas y campesinos.

Defenderemos los derechos del migrante y el derecho a no emigrar. Preservar el carácter público y el usufructo colectivo de los recursos naturales y saberes comunitarios. Defenderemos tierras, aguas, minas y bosques de la priva­tización a manos de trasnacionales, también los conoci­mientos tradicionales y los códigos genéticos de los seres vivos. Haremos valer los derechos reproductivos, econó­micos, laborales, sociales, políticos, culturales y agrarios de las mujeres campesinas. Debemos recuperar el agro para los jóvenes rurales. Debemos reconocer los derechos auto­nómicos de los pueblos indígenas.

Fortalecer la rectoría del Estado en la promoción y regu­lación de los mercados agroalimentarios con una visión de Estado, estableciendo una reserva estratégica alimentaria, precios mínimos garantizados, producción nacional de in­sumos, control de precios de los mismos y acceso universal al crédito y servicios financieros.

10 Estado de Bienestar y lucha contra la desigualdad

El bienestar de la población es el eje principal de to­das las acciones de un gobierno comprometido con la transformación democrática de la sociedad. La li­bertad que gozamos sólo puede ejercerse plenamente si tenemos resueltas ciertas necesidades elementales como alimentación, vestido, habitación, seguridad y tranquili­dad social. Sin embargo, vivimos un estado de injusticia promovido y defendido por políticos, funcionarios y hom­bres de poder inescrupulosos, que ponen sus ganancias por encima del interés y las necesidades de los demás.

Una transformación verdadera de la vida pública hará posible que cada hombre y cada mujer reciban desde su nacimiento una alimentación básica saludable y suficien­te; tengan acceso a servicios públicos y gratuitos de salud y educación; puedan ejercer su derecho al trabajo con sala­rios justos y prestaciones sociales; dispongan de una vivien­da adecuada en tamaño, materiales y ubicación; puedan hacer uso de servicios públicos básicos de agua, energía eléctrica y transporte; participen libremente de las decisio­nes colectivas que se tomen y accedan sin condiciones a los programas económicos, sociales y culturales que se esta­blezcan en su beneficio; cuenten con las bases materiales, de recursos e instrumentos que requieran para desarrollar su inteligencia, sus capacidades y su creatividad; que sus preferencias, identidad cultural, género y decisiones sobre su vida y su cuerpo sean respetados y reconocidos; que su patrimonio familiar y su seguridad sean salvaguardados; que reciban una pensión al cumplir los setenta años; y que se respeten sus deseos en la conclusión de su vida.

Crear un Estado solidario que atienda y respete los derechos propios, sobre todo de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad: adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad, indígenas, mujeres, jóvenes y niños. Instrumentar un programa Hambre Cero. Garantizar la universalidad y gratuidad de los programas sociales. Inversiones públicas para garantizar los derechos sociales. El derecho a la educación es la base de la trans­formación de nuestro país, todo joven debe tener acceso al sistema educativo, desde el nivel preescolar hasta la univer­sidad. Los servicios de salud pública y los medicamentos serán gratuitos para todos. Reconocimiento de la medicina tradicional. Pensión universal a todos los adultos mayores y un sistema de jubilaciones solidario y redistributivo.

La solidaridad con los desposeídos no sólo es un asunto de justicia, es la manera más eficaz, más humana y más ba­rata para garantizar la convivencia y la seguridad pública. Por eso reiteramos que por el bien de todos, primero los pobres.