España : La huelga general entre el éxito y la criminalización Marcos Roitman Rosenmann

Todo parece seguir un guión prestablecido. Los medios de comunicación social han buscado persuadir de los inconvenientes de una huelga general. Se ataca a los sindicatos, a sus dirigentes, a sus afiliados y a los trabajadores. Según los comunicadores no hay razones objetivas para un llamamiento de esta índole, aunque comprenden el cabreo motivado por la aprobación de una reforma laboral considerada necesaria aunque impopular según el PSOE y el presidente Rodríguez Zapatero. En otras palabras, era normal que los sindicatos levantasen la voz, no podían quedarse quietos, se jugaban la poca credibilidad que aún les queda, tanto como su dignidad. En cualquier caso, la sociedad interpreta el llamado como una acción desesperada y fuera de lugar. Muchos consideran que debía haberse convocado previamente a la promulgación de ley y no a posteriori. Si se quería echar un pulso al gobierno y la patronal, lo suyo era hacerlo en tiempo para evitar su promulgación por las Cortes Generales.

En este tablero de poder y en el ecuador de la legislatura, hay que medir muy bien las decisiones políticas. Para el PSOE no resulta plato de buen gusto enfrentarse a sus aliados y votantes potenciales, motivo suficiente para no hacer leña del árbol caído, y por otro lado, fundamentalmente al sindicato socialista UGT, tampoco le interesa profundizar en la brecha abierta y abonar el terreno para un futuro e hipotético triunfo electoral del Partido Popular. Puestos en esta disyuntiva, el gobierno no retrocederá. Para ellos en este día se han garantizado dos derechos: el de huelga y sobre todo el derecho al trabajo a quienes no han querido secundar el llamado de los sindicatos. En cualquier caso, lo único cierto es que han parado más de 10 millones de personas, más de 50 por ciento de la población laboral. Si lo analizamos por sectores y ramas de la producción, en la minería, la industria extractiva, la metalmecánica, la industria automotriz, es donde la participación ha sido superior a 75 por ciento, llegando incluso a 100 por ciento en algunos casos. Por el contrario, en el comercio, la hostelería y la pequeña y mediana empresa se impone el miedo y el temor al despido. Los empresarios amenazan y con la nueva ley en la mano sus argumentos se constituyen en una puerta real al despido objetivo. Por este motivo, muchos empleados decidieron acudir a sus puestos de trabajo. Otra causa para no hacer huelga es estrictamente crematística. Un día de huelga supone un descuento en nómina, para un sueldo de mil euros, de aproximadamente 60 euros. Aun con todos estos inconvenientes, se han manifestado en contra de la reforma laboral millones de hombres y mujeres en toda España. En esta huelga ha sido notable la gran participación de jóvenes, muchos de ellos en paro o con contratos basura. Aunque las cifras varían según las fuentes, en la mayoría de las comunidades autónomas superó 50 por ciento, salvo en el País Vasco, con 30 por ciento, donde los sindicatos nacionalistas no se sumaron a la convocatoria.
España ha sufrido la quinta huelga general de la monarquía en medio de un ataque a las organizaciones de los trabajadores y a sus mecanismos de lucha. La derecha centra sus ataques en los piquetes informativos y la violencia como forma de actuación para impedir la entrada al trabajo de quienes no querían participar de la huelga, pero nada dicen de las fuertes medidas de seguridad y el uso de las fuerzas del orden público para dispersar e impedir la acción de los piquetes. En Getafe, zona industrial al sur de Madrid, la policía disparó al aire para crear tensión y realizar acciones punitivas contra los piquetes y los trabajadores en huelga. En este contexto, no resultó extraño que el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales, Díaz Ferrand, quien lleva más de un año sin pagar a sus trabajadores, acusado de estafa y evasión de capitales, se pronuncie en contra el derecho de huelga si colisiona con la libertad de mercado. Toda una declaración de principios democráticos.
En conclusión, si queremos hacer un análisis a posteriori de la huelga, debemos comenzar diciendo que el resultado ha sido contradictorio. Nadie se considera derrotado. Para sus convocantes ha sido un éxito, ya que supera las expectativas de movilización social. Sin embargo, es de corto recorrido. ¿Y ahora qué? Pregunta que no tiene respuesta, ya que ni siquiera se la han planteado. En cambio, para el gobierno la jornada supone constatar la madurez democrática. No hubo incidentes destacables y la paz reinó. Así, prefieren seguir su camino, profundizar en el despido libre, la congelación de las pensiones, la privatización de la sanidad y la educación y el recorte de los derechos laborales. No entrarán a valorar la capacidad de convocatoria de los sindicatos. Asimismo, el Partido Popular la utilizará para demostrar la incapacidad de negociación del gobierno del PSOE con los agentes sociales. Y por último, las organizaciones empresariales y el capital financiero, aparte de criminalizar a los sindicatos por realizar la huelga, se frotan las manos. La crisis la seguirán pagando los de siempre, el pueblo y las clases populares. Y quienes son sus responsables, los banqueros y las trasnacionales, seguirán enriqueciéndose gracias al apoyo del PSOE y su gobierno. Como se podía leer en algunas pancartas durante la manifestación de Madrid: La siguiente ley del PSOE será restablecer el derecho de pernada. Hoy muchos jóvenes que acudieron a la manifestación fueron los mismos que estuvieron celebrando el triunfo de Zapatero en 2004, aquellos que le rogaron que no los defraudara. Hoy, los ha traicionado, perdiendo su dignidad y su palabra.
Fuente, vìa :

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/02/index.php?section=opinion&article=017a1pol