España- Bolivia : Historia de una deportación . En 2009 se realizarón 13.278 deportaciones. El 1 de julio Juana y Rommy se preocuparon cuando sus maridos no volvían a casa. Tres días más tarde, y sin siquiera haber podido verlos y despedirse de ellos, sus maridos volaban rumbo a Bolivia. Alberto Senante Carrau · Fotos: : María Rodríguez . · periodismohumano

La tarde del pasado 1 de julio, Juana se extrañó de que su novio Richard, boliviano como ella, no hubiera vuelto a casa. Cuando sonó el teléfono recordó las historias que había oído sobre redadas, centros de internamiento y expulsiones de los sin papeles a sus países de origen. Dos días después, Juana se encontraba en el aeropuerto de Barajas, preguntando sin éxito por su pareja.
La llamada que recibió Juana provenía del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), situado en el barrio madrileño de Aluche. La Policía Nacional le informaba de que Richard había sido detenido “por estar indocumentado” y le reclaman que fuera a llevarles su pasaporte a este centro.

Juana obedeció, y pese a su embarazo (le quedan poco más de tres meses para dar a luz) se dirige a Aluche con la documentación de su pareja. Dio el pasaporte a la Policía Nacional, pero a cambio no obtuvo ninguna explicación. Espera hasta las tres de la mañana a que alguien le diga dónde se encuentra su novio y cuál es su situación. Pero su paciencia no da ningún resultado.
Al día siguiente se repite la escena. Juana ante la ventanilla del cuartel de la Policía Nacional en Aluche, sin conseguir más información que la que ya sabe. Richard está detenido en el CIE. A Juana se le viene el mundo encima. “Yo sí tengo los papeles en regla”, explica. Aunque ahora es su compañero “quien trae el dinero a casa”. Ella trabajaba “con contrato y todo” limpiando en una casa, pero fue despedida mientras estaba de baja, “ingresada en el hospital”, y no ha vuelto a encontrar otra oportunidad.
La tarde del 3 de julio, Juana vuelve a las carpas situadas en el exterior del CIE donde esperan durante horas los familiares y amigos de los internos para una visita que no suele superar los diez minutos. Esta vez Juana va acompañada de su madre, Sonia, quien es la única entre los presentes que no se deja llevar por el desánimo y el calor. “Hay que denunciar, decir lo que pasa aquí”, protesta. “Todos tenemos derecho a un trato justo. Estamos en un país aportando. A otra hija mía la tuvieron aquí y luego la deportaron. Ya no quiere volver más”.
Gracias a los otros familiares que esperan fuera del CIE, Juana se va enterando del funcionamiento de este centro. Todavía no ha podido hablar con su pareja, por lo que sospecha que está “en las celdas incomunicadas”. Pero más allá de las intuiciones, le domina el miedo y la incertidumbre.
“SE LO LLEVAN A BARAJAS”
Es entonces cuando Juana conoce a Rommy, una mujer en una situación calcada a la suya. Lleva viviendo 10 años en Madrid, y también su pareja, boliviano sin permiso de residencia, fue detenido hace unos días y está dentro del CIE. Sólo que en vez de estar embarazada, Rommy va de la mano de su hijo de 5 años.
A las siete de la tarde, Rommy recibe una llamada fugaz de su pareja, Jesús. “Estoy en Barajas. Creo que me van a deportar hoy mismo”. Minutos después, Juana escucha un mensaje idéntico de labios de su pareja. Le dice que serán tres los bolivianos que serán deportados esa misma noche en un vuelo comercial.
Inmediatamente, las dos mujeres -una acompañada por su madre y otra por su hijo- cogen un taxi que les lleva al aeropuerto. Entre llantos, Juana llama a un abogado para que intente impedir en el último suspiro la expulsión. En cambio, Rommy ni lo intenta. Está convencida que les estafó el que contrataron ella y su novio justo para evitar este momento. Así que sólo se lamenta entre sollozos de que Jesús, que vive en España desde hace tres años, va a llegar Bolivia “con lo puesto”. Es entonces cuando el niño pregunta a Rommy, “mamá, ¿también te están expulsando a ti?”.
Una vez en Barajas, desde la oficina de la Policía Nacional les niegan ponerse en contacto con sus parejas y darles cualquier información. Ni siquiera les confirman que están en el aeropuerto. “Si les deportan será que han hecho algo ilegal”. Ante la insistencia y los lamentos de Juana (que ni siquiera protesta, sólo pide saber qué pasa) el policía zanja la conversación. “Usted ve muchas películas americanas. Aquí no tienen derecho a hacer una llamada”.


 

Juana (centro) y Rommy (izda) esperan con una amiga de la primera

el despegue del avión

de AeroSur con destino Santa Cruz en el que las parejas de las dos primeras van 

a ser deportados

junto con otra mujer.

Desde el arresto de ambos hombres hasta el dí­a en que fueron deportados

ninguna de las dos pudo ver a sus maridos.

Las dos mujeres se ponen cada vez más nerviosas y se dirigen al mostrador de AeroSur, la compañía boliviana que podría encargarse  de las deportaciones. Allí sí les confirman que serán “tres los hombres que se van a desplazar”. Pero nada más. Juana siente chocarse una y mil veces “contra un muro de hormigón”. Nadie le explica nada, nadie se hace cargo. No encuentra un solo agujero por el que mirar dónde está, y qué le ocurre a su novio. El mismo a quien esperaba tranquilamente en su casa de Madrid hace sólo dos días.
A las 9 de la noche, Juana y Rommy se desploman cuando en las pantallas de información ven que el avión con destino Santa Cruz (Bolivia) ha despegado a la hora prevista. Las dos mujeres siguen sin saber si sus  parejas viajan en él, ni cómo harán desde mañana sin ellos.
Cuatro días después, Rommy nos responde al teléfono. Su marido le ha confirmado que “los tres” fueron deportados a Bolivia esa misma noche. Desde entonces, ella ha cancelado su boda, que iba a celebrarse el 9 de septiembre, y sólo se ha preocupado de sacar el pasaporte a su hijo (español), para volver junto a su Jesús. “Me han destrozado la vida”, asegura, mientras se prepara para recomenzarla en algún lugar de Bolivia. Tampoco quiere dar más detalles, “¿para qué hablar más?, si no sirve de nada denunciar estas cosas”.

DESPIECE: Una historia entre 13.278
La historia de Juana y Rommy es una entre miles, concretamente, una entre 13.278. Ese es el número de expulsiones que el Ministerio del Interior afirma haber realizado durante el pasado año, un 25% más que en el 2008. Historias que se repiten día a día, protagonizadas por extranjeros que viven en España sin permiso de residencia.
El número de personas que emigra a España sigue descendiendo, y por tanto también las personas que son detenidas en la frontera. Según este ministerio, cada vez se producen menos “devoluciones” de extranjeros cuando apenas pisan suelo español -lleguen en patera o en avión-, y más expulsiones de personas que llevan años viviendo y trabajando en nuestro país. Esto provoca una ruptura drástica en la vida del inmigrante, que ya había tenido tiempo de obtener un trabajo, encontrar una pareja, reunir a su familia…
Para la asociación de apoyo a los inmigrantes, Ferrocarril Clandestino, en Europa “las políticas migratorias” se utilizan como “ajuste de los mercados laborales”. En ese sentido, el alto índice de desempleo en España explicarían la polémica circular de enero de este año, en la que el Ministerio del Interior animaba a la Policía Nacional a aumentar las detenciones de extranjeros sin papeles y agilizar su deportación.
La consecuencia de esta directiva sería el aumento de las detenciones policiales a las puertas de locutorios, a la salida de estaciones de metro y autobuses, o en plazas concurridas por inmigrantes. Así, desde las ONG que trabajan en inmigración, se empieza a hablar de “fronteras interiores”. El inmigrante no tendría que atravesar la frontera una sola vez, sino que en cualquier momento podría ser detenido, y expulsado, igual que si estuviera “saltando la valla”, “tocando la costa” o “pisando Barajas” cada vez que sale a la calle.
El abogado Ignacio Trillo, miembro de Ferrocarril Clandestino, denuncia además el criterio de las redadas en la vía pública. “Se detiene a las personas según las posibilidades que se tiene de deportarles”. La Policía se centraría en personas que pueden venir de países como Marruecos o Senegal, países cercanos y con acuerdos de deportación, para que la expulsión resulte “más fácil”.
Desde esta organización subrayan que las redadas “en busca” de extranjeros sin permiso de residencia suponen “una amenaza para la persona que pretende regularizarse”. Así, muchos sin papeles dejan de buscar trabajo o de hablar con su familia en locutorios y apenas salen a la calle. Saben que si les detienen serán internados en un Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE). Y de ahí su futuro tendrá dos posibilidades: “una es la deportación”, y de no producirse ésta, serán “clandestinos permanentemente”, puesto que la orden de expulsión les impedirá tener cualquier tipo de contrato legal.
El modo en que se producen las expulsiones ha provocado múltiples denuncias e interrogantes. En el informe “Voces desde y contra los CIE” de 2009, las organizaciones SOS Racismo, Médicos del Mundo y la propia Ferrocarril Clandestino señalan que “la totalidad de los entrevistados que opusieron resistencia” en el momento de la deportación dicen haber sufrido “golpes e insultos” por parte de los agentes de la Policía Nacional encargados de la expulsión y distintos testimonios así lo aseguran
En otras ocasiones, son los propios extranjeros los que se autolesionan gravemente con el fin de que les tengan que atender y retrasar así su deportación, ya que “así no les dejan entrar” en los aviones de las líneas comerciales. Según varios de los familiares que esperaban junto a Juana y Rommy a las puertas del CIE de Aluche, esta táctica se utiliza con frecuencia pero “no da ningún resultado”. En su reciente informe “La situación de los CIE en España”, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), recuerda la preocupación de las ONG en el año 2007 por “diversas expulsiones masivas” llevadas a cabo con el uso de “fármacos psiquiátricos”.
Fuentes del Ministerio de Interior niegan todos estos abusos y señalan que, tanto el internamiento en los CIE como las expulsiones de los extranjeros, se realizan “con todas las garantías judiciales” y el control institucional “propio de un estado de derecho”.
Fuente, vìa :
http://periodismohumano.com/migracion/historia-de-una-deportacion-espanola.html