Argentina : Se entrampa en la corrupción . Los expertos descartan una mejoría a corto y medio plazo del país en delitos de malversación y cohecho por la ausencia de liderazgo para una alternativa política. La Oficina Anticorrupción apuesta por la formación ética de funcionarios y ciudadanos junto a procesos judiciales “ejemplificativos”. Por Armando Camino

Letrero sobre la transparencia del Ayuntamiento

en la plaza Lavalle de Buenos Aires, que alberga el Palacio de Justicia de la Nación 

y el Teatro Colón (A. C)

Aeropuerto de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. A través del escáner de la terminal de llegadas internacionales, los agentes aduaneros detectan una pieza de lomo ibérico en la maleta de una turista española, un producto cárnico de prohibido ingreso en el país sin previa autorización. El incumplimiento de la normativa de sanidad agroalimentaria acarrea multa y decomiso de la mercancía, pero no siempre. “Mi gente trabaja mucho, cobramos muy poco y podemos llegar a un acuerdo por 50 euros”, sugiere el supervisor. Un billete ágil y asunto arreglado.
Si la protagonista de la historia, verídica y fechada en abril de 2007, hubiera aterrizado el pasado fin de semana, no se hubieran sorprendido de escuchar a continuación en la radio de un taxi la homilía del obispo de la provincia de San Juan, Alfonso Delgado, contra la legalización del aborto: “Si hubiera tanto interés en despenalizar delitos, hasta sería mejor que legalizaran, por ejemplo, las coimas [sobornos], tan frecuentes en ámbitos de poder político”. Y tampoco de leer en la prensa la última denuncia de corrupción contra el actual gobierno, un supuesto cobro por parte de cargos públicos de porcentajes en las ayudas sociales concedidas por el gabinete presidido por Cristina Fernández de Kirchner en el sur del conurbano bonaerense. De hecho, “no hubo mucho cambio en el índice de corrupción durante los últimos años a pesar del crecimiento económico sostenido”, lamenta el director de la fundación Poder Ciudadano, Hernán Charosky. Y, peor aún, “no veo posibilidades de mejora a corto y medio plazo, porque no es un preocupación social prioritaria, la gente está más pendiente por la gobernabilidad, por la inflación, por el desempleo…”, añade el responsable de Poder Ciudadano, organización ciudadana fundada en 1989 y representante en Argentina de Transparencia Internacional desde 1993.
En este contexto, el Índice de Percepción de la Corrupción, desarrollado por la organización Transparencia Internacional a partir de sondeos a expertos y a empresas sobre la gestión de políticos y funcionarios, mantiene desde 2006 para Argentina una puntuación de 2,9 (escala de 0 a 10, de menor a mayor transparencia), lo que sitúa al país en el puesto 106 de una clasificación de 180 Estados liderada por Nueva Zelanda (9,4) y cerrada por Somalia (1,1). Entre Zambia y Benín, muy lejos de países del entorno como Uruguay o Chile (ambos con una nota de 6,7 se colocan en la posición 25, por encima del 6,1 y puesto 32 de España). Según la última memoria de Poder Ciudadano, “la parcialidad en el acceso a la información pública, la falta de transparencia en el Congreso, las falencias [carencias] en la designación de jueces, las debilidades de los órganos de control de los organismos gubernamentales, la falta de transparencia en las contrataciones públicas y de las estadísticas del Estado (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC) son sólo algunas” causas de la deficiente calificación.

Un policía observa la actuación callejera de un grupo musical en el centro de la ciudad de Córdoba. (A.C.)

Debilidad de las instituciones democráticas aparte, fruto de la convulsa historia argentina desde la mitad del siglo XX hasta el comienzo del actual, el problema de fondo radica, en opinión de Charosky, en que “existe una corrupción sistémica, que incluye desde el nivel nacional al municipal. Hay una mezcla de factores de la estructura política y social argentina, aunque lo cultural también influye, que favorecen la corrupción, como el modo de organización y financiación de los partidos, la relación entre los sectores público y privado o la representación social de empresas y sindicatos”. Otros especialistas ahondaron en el problema y, como el filósofo y jurista argentino Carlos Santiago Nino en Un país al margen de la ley, para diagnosticar anomia, la ausencia de normas o la incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas globales del conjunto. En cualquier caso, las perspectivas a corto y medio plazo del directivo de Poder Ciudadano no rebosan, precisamente, de optimismo: “No hay una alternativa política que pueda garantizar la gobernabilidad del país y terminar con la corrupción al mismo tiempo, no aparece un liderazgo político ni una coalición que pueda sostener un cambio”.
El pesimismo de Charosky contrasta, paradójicamente, con la progresiva disminución durante los últimos años de los expedientes incoados por la Oficina Anticorrupción, fundada en 1999 y dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Tras marcar su máximo en 2004 con 1.368 carpetas, el organismo encargado de prevenir, investigar y presentar querellas por delitos de corrupción cometidos en la administración pública nacional centralizada abrió 323 expedientes el pasado año, según se desprende de su Informe anual de gestión 2009. Tras un decenio de existencia y un presupuesto superior a 11 millones de pesos (alrededor de 2,2 millones de euros) para el último ejercicio, Anticorrupción “ha logrado – de acuerdo a la misma fuente- que 21 causas se encuentren tramitando ante la instancia plenaria en los distintos Tribunales Orales en lo Criminal Federal, en las que se encuentran sometidos a proceso 85 imputados, de los cuales 54 fueron funcionarios públicos”.
“Todo un presupuesto negro policial”
Tan contundente como las cifras se muestra el fundador y referente de la Asamblea Popular y Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre / La Alameda, movimiento barrial surgido tras el corralito financiero de 2001 e impulsor de talleres textiles contra el esclavismo . A juicio de Gustavo Vera, “Argentina es un bis de la Rusia de Putin. Hay un proceso de acumulación primaria de capital mediante una recreación de una burguesía nacional amiga del poder, una reconstrucción a la que se refirió hasta tres veces Néstor Kirchner en su discurso de investidura de mayo de 2003”.
Desde La Alameda opinan con conocimiento de causa de los más bajos fondos del sistema al investigar, entre otros asuntos, las mafias policiales alrededor de la trata de personas para su explotación sexual, una continua labor cuya denuncia más reciente incluyó un vídeo sobre los sobornos cobrados por agentes públicos de seguridad en un burdel de la ciudad de La Plata. “Hay todo un presupuesto negro policial en el tráfico de drogas, los talleres textiles y los prostíbulos”, advierte Vera, que cifra en 4.000 pesos mensuales (alrededor de 800 euros) las coimas abonadas por cada establecimiento a diferentes funcionarios e instituciones públicas. Y, si algún policía se anima a denunciar la corrupción de sus compañeros ante los tribunales, se arriesga a sufrir la pérdida del salario, como ocurrió con la agente platense Nancy Miño Velázquez. Pero las irregularidades no se limitan a las fuerzas de seguridad en su labor de persecución criminal si no que se extienden a un mero control de tráfico, con sugerencias similares a la pronunciada por el agente aduanero de Ezeiza, o a la inspección administrativa sobre otros sectores económicos legales, como los locales de ocio nocturno.
“Acá es habitual coimear, por la baja profesionalización y el clientelismo político” entre empleados públicos, coinciden los expertos consultados. De hecho, el 4% de los ciudadanos argentinos declaró haber pagado un soborno a un funcionario público en el Barómetro global de la corrupción 2009, otro estudio de Transparencia Internacional basado en una encuesta de Gallup International más varios sondeos realizados entre 73.132 personas de 69 países. Otros datos del informe sitúan de nuevo a la República Argentina con peor puntuación que el resto de América Latina: las personas encuestadas califican con un promedio de 4 (escala de 1 a 5, de menor a mayor corrupción) al país, mientras que el promedio latinoamericano se coloca en un 3,8. Partidos políticos (4,4) y funcionarios (4,3) arrastran la peor imagen ante los argentinos, aunque tampoco andan lejos los poderes legislativo y judicial (ambos con un 4,2), las empresas (3,7) y los medios de comunicación (3,3). Por todo ello, el informe 2009 de la Oficina Anticorrupción concluye que “el combate a la corrupción y las políticas de transparencia requieren un enfoque integral y una acción conjunta de todos los organismos y poderes involucrados”. También, por supuesto, de las organizaciones sociales y de la ciudadanía.
Precisamente, Poder Ciudadano, aunque concentra sus acciones para promover la transparencia de la administración estatal en el control de las contrataciones y presupuestos públicos o el cumplimiento de las convenciones internacionales de anticorrupción, desarrolla tareas para fomentar la participación ciudadana, impulsar la educación de los jóvenes y facilitar la actuación judicial de los particulares. Desde su creación en 2009, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC, de sus siglas en inglés Advocacy and Legal Advice Center) de Poder Ciudadano recibió más de un centenar de denuncias, de las que 62 contaban con indicios de irregularidades. Actualmente, personal propio del ALAC o algún letrado entre el centenar de miembros de la red de abogados voluntarios brinda asesoramiento legal gratuito en la tramitación de 19 casos, aunque siempre corresponde al ciudadano emprender cualquier iniciativa ante las administraciones. Así lo hicieron ante los tribunales, por ejemplo, Mariana Cañal y Eduardo Saguier.
“Nadie controla a nadie”
Funcionaria de carrera en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 12 años de experiencia, la treintañera Mariana Cañal acudió a Poder Ciudadano, agotada la vía administrativa e iniciada la judicial, como víctima de acoso laboral tras cuestionar desde 2007 el deficiente comportamiento de sus compañeros y superiores en el diversas áreas del Ministerio de Cultura. “Nadie controla a nadie, hay funcionarios que no van a su puesto, cobran y tienen otro trabajo”, denuncia Cañal, que sufrió violencia psicológica en sede administrativa, pintadas insultantes en la puerta de su casa, obstáculos para acceder a su puesto de trabajo, intervención del correo electrónico, y, finalmente, expedientes disciplinarios con resultado de impago salarial.
Todo ello para ocultar “anomalías en las cuentas públicas y las condiciones deplorables del Archivo Histórico”, con sospechas de desaparición de bienes de interés general y “desvío de fondos para intereses de amigos”. A punto de “cerrar con éxito” su particular calvario jurídico y administrativo, Mariana Cañal reflexiona sobre los motivos personales para denunciar en lugar de callar: “Es un desgaste, pero mucha gente piensa como vos. Es mentira que los corruptos son más, pero hay que dar ejemplo de que vale la pena hacer las cosas bien. Argentina es uno de los países más ricos del mundo y no nos podemos conformar, hay gente muy preparada y se pueden mejorar las cosas para dejar a las próximas generaciones algo mejor. El proceder autoritario deriva de vicios antidemocráticos y dictatoriales”.
Por su parte, el miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Eduardo Saguier, doctor en Historia de 67 años, emprendió idéntico camino para “ser consecuente con uno mismo y dormir bien. Hacerme el distraído era ser cómplice y siempre fui un poco don Quijote”, argumenta Saguier sobre sus razones para denunciar la supuesta malversación de 1.200 millones de dólares procedentes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el periodo 1997-2010. Tras advertir ante diversos órganos administrativos sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias, administración fraudulenta y prevaricación en la concesión de múltiples subvenciones para proyectos de investigación, “ninguno hizo nada, pero nada de nada, me harté de que me rechazaran todos los informes y comprendí que todo era una burda, que no iba a pasar a nada si no iba al ámbito penal”. Allá se fue, por tanto, en 2009 con el asesoramiento de Poder Ciudadano y, posteriormente, informó mediante una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de toda la supuesta trama corrupta en los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que “ha puesto en peligro todo el sistema y el diseño de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Nacional”.
Tanto Mariana Cañal como Eduardo Saguier acudieron a los tribunales como última instancia, pero la Oficina Anticorrupción considera que existe un “desmedida judicialización de cuestiones que tal vez puedan ser resueltas en otros ámbitos (administrativos, legislativos o políticos”, lo que “desborda” y desperdicia “un tiempo valioso” de los órganos encargados de investigar y juzgar los delitos. En cualquier caso, el informe de Anticorrupción admite la necesidad de “dotar de mayores recursos a los organismos judiciales para que puedan cumplir con su misión y terminar de implementar las reformas legales ya articuladas”, ya que sitúa su “principal desafío” en la realización de “una efectiva contribución al diseño de mecanismos y políticas sistémicas que impidan la comisión de actos de corrupción”. Es decir, prevención mediante la formación ética de funcionarios y ciudadanos y, “por encima de todas las cosas”, procesos judiciales “ejemplificativos (…) a través de la imposición de condenas y de la confiscación de los botines obtenidos. Así se generará un fuerte desincentivo, tanto para los funcionarios públicos como para las compañías y empresarios que contratan con el Estado”.
Precisamente, la última memoria de Anticorrupción destaca como logro “sin precedentes en el fuero federal” los embargos preventivos decretados contra la constructora Skanska S.A. (17 millones de pesos) y la tecnológica IBM Argentina S.A. ( 82 millones de pesos), empresas vinculadas a algunos de los principales casos en años recientes. Por su parte, el director de Poder Ciudadano subraya la importancia de los actuales procesos sobre la red para la presunta comercialización ilegal de medicamentos o las supuestas coimas cobradas a empresarios en la embajada argentina en Venezuela, al tiempo que lamenta la ausencia de investigación judicial sobre el enriquecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner. La conversación con el director de Poder Ciudadano recuerda a una escena de Martín (Hache), una película hispano-argentina de 1997 dirigida por Adolfo Aristarain, con una categórica sentencia sobre “la patria” pronunciada por un padre (Federico Luppi) ante su hijo (Juan Diego Botto): “Argentina es otra cosa, no es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro, lo que vos dijiste, ‘puede cambiar’, la trampa es que te hacen creer que puede cambiar, lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana… y siempre te cagan”. Asiente Hernán Charosky, pero matiza. “Sí, es una trampa, pero es mi trampa”.