Llueve en el sur. En la oscuridad del
sendero y rodeado de una vegetación exuberante, un camión con acoplado,
perteneciente a una de las empresas forestales que realizan faenas en la
zona, avanza lentamente. De pronto, el conductor frena rápidamente. Un
tronco de árbol impide el paso. Pocos segundos después, un grupo de unos
10 encapuchados, usando gorros pasamontañas, rodean el vehículo y
obligan al asustado chófer a descender. Acto seguido, arrojan un
artefacto incendiario a la carga, que es consumida por el fuego mientras
a lo lejos el ulular de sirenas anuncia el pronto arribo de las fuerzas
policiales que mantienen un férreo control al sur del Bío Bío. Los
hombres desaparecen en la espesura no sin antes lanzar panfletos a favor
de la autonomía de la Nación Mapuche y de la liberación del centenar de
presos políticos pertenecientes a esa etnia recluidos en distintas
cárceles chilenas. “¡Marichiweu”! –“100 años venceremos”, en lengua Mapundungún, exclama quien aparentemente es el líder del grupo.
Otra batalla silenciosa ha tenido lugar
en el territorio ancestral que, según los Mapuches, pueblo originario de
este país y de Argentina, les ha sido arrebatado por el “Winka”
u hombre blanco, que no ha respetado acuerdos adoptados, a mediados del
siglo 19, con la Corona Española, y que los sucesivos gobiernos locales
han ignorado.
Sin embargo, este hecho pasa casi
desapercibido para la mayoría de los 17 millones de habitantes de uno de
los países con mayor índice de desarrollo humano y económico de América
Latina: los medios de comunicación oficiales, incluyendo radio y
televisión, no informan. Una suerte de cerco mediático se ha impuesto
desde hace años en torno al conflicto que el actual gobierno de Sebastián Piñera heredó de su sucesora Michelle Bachelet, y ésta de los gobiernos anteriores.
Por estos días, cuando los interminables
matinales de la televisión chilena, sus noticiarios, programas
misceláneos y, en general, toda la prensa se encuentra hipnotizada con
las peripecias de 33 mineros por sobrevivir a 700 metros bajo tierra,
luego del derrumbe de una mina en las cercanías de Copiapó, norte del
país, 32 comuneros mapuches, repartidos en cinco cárceles, cumplen 52
días en huelga de hambre. Los medios apenas consignan aquello.
En ese contexto, la red de información mapuche Mapuexpress,
presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV),
acusando el silencio informativo guardado por los principales noticieros
de la televisión frente a esa huelga de hambre que los presos políticos
mapuches realizan desde el día 12 de julio.
Sergio Millamán,
miembro del equipo editorial de Mapuexpress, señala que “en ejercicio de
la acción pública establecida en el artículo 40 bis de la ley 18.838
que crea el Consejo Nacional de Televisión, venimos en denunciar a los
canales Televisión Nacional de Chile, Chilevisión, Megavisión y Canal 13 UC
por infringir el artículo 1°, inciso final de la ley 18.838 en lo
concerniente al deber de respeto al pluralismo y a la democracia, por
los fundamentos de hecho y derecho que a continuación exponemos:
Que los noticieros Meganoticias
(Megavisión) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las
22:00 horas, Chilevisión Noticias (Chilevisión) emitido el día
miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas, 24 horas
(Televisión Nacional de Chile) emitido el día miércoles 11 de agosto
entre las 21:00 y las 22:00 horas; y Tele13 (Canal 13 UC) emitido el día
miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas omitieron
informar acerca de la reunión sostenida entre la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados y voceros de los 31 presos políticos
mapuche en huelga de hambre desde el 12 de julio del año en curso,
quienes pidieron a la Comisión que se derogue la ley antiterrorista que
se aplica en la zona sur, así como el fin de la militarización de la
Araucanía y apoyó el proyecto que modifica la justicia militar
impidiendo el procesamiento de civiles, como es el caso de los comuneros
enjuiciados.
CERCO MEDIÁTICO
Los diputados de esta Comisión se
comprometieron a visitar las cinco cárceles y constatar la situación así
como llamar la atención del Gobierno que se está cometiendo una
violación sistemática de sus derechos, sobre la base de juicios ilegales
con pruebas falsas y usando testigos protegidos para las condenas.
Durante la sesión se exhibió un video
que demuestra que un testigo encubierto fue pagado para declarar en
contra de un comunero, una práctica habitual del Ministerio Público para
perseguir a los mapuches.
Asimismo, la Comisión resolvió modificar
la ley antiterrorista, excluyendo los incendios, la asociación ilícita y
la amenaza terrorista entre los delitos que contiene y también terminar
con la aplicación de la justicia civil y la militar contra los
comuneros en una suerte de dobles juicios como se realizan hasta ahora.
Esta reunión se realiza en el marco de
las gestiones que los días 11 y 12 de agosto realizaron voceros y
familiares de presos políticos Mapuche que desde el día 12 de julio
iniciaron una huelga de hambre en los penales de Temuco y Concepción, a
la cual se fueron sumando los presos políticos mapuche de las cárceles
de Valdivia, Angol y Lebu, los cuales se encuentran en prisión
preventiva, en el marco de procesos judiciales donde el Ministerio
Público ha invocado la ley antiterrorista.
Los programas denunciados, omitieron de
un modo absoluto la mención a la sesión indicada arriba. Este
acontecimiento constituye un hecho noticioso pues representa la primera
reacción institucional al prolongado ayuno de los presos mapuche. La
medida de presión se enmarca en el contexto del conflicto que mantienen
las comunidades mapuche con el Estado y las empresas forestales,
denominado mediáticamente como “conflicto mapuche”.
La exclusión arbitraria de la pauta
informativa del hecho descrito, constituye una abierta infracción a lo
prescrito en el art. 1° de la ley 18.838, sobre el correcto
funcionamiento de los servicios televisivos. En efecto, la ley define
“correcto funcionamiento” como “el permanente respeto, a través de su
programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación, a
la dignidad de las personas, a la protección de la familia; al
pluralismo; a la democracia; a la paz; a la protección del medio
ambiente; y, a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la
juventud dentro de dicho marco valórico.”
En general resulta esperable que los
medios de comunicación otorguen una cobertura pluralista a aquellos
temas que están presentes en la agenda pública. En particular, para las
concesionarias de televisión, el principio del pluralismo se traduce en
el deber jurídico de dar una cobertura a aquellos hechos relevantes
socialmente, de un modo que permita a las audiencias estar bien
informadas de los asuntos en debate.
La omisión motivo de esta denuncia, es
arbitraria, es decir, no se funda en ningún criterio periodístico
conocido que justifique negar el acceso a la información a las
audiencias. Asimismo es preciso señalar que el silencio sobre un hecho
que debió ser informado, constituye una negación radical del principio
del pluralismo.
Sin perjuicio de ello, cabe consignar
que las concesionarias denunciadas se han negado permanentemente en sus
espacios informativos, a darle cobertura a la huelga de hambre de los
presos políticos mapuche, no obstante que concurren elementos objetivos
de relevancia, tales como el número de huelguistas, su duración, y las
razones políticas que empujan dicho movimiento.
Desde esta perspectiva, el
silenciamiento de un hecho social y político relevante por un canal de
televisión, implica el establecimiento por la vía de los hechos de una
severa limitación al derecho que le asiste a la comunidad de estar
informada, deteriorando gravemente el sistema democrático.
Es un hecho público y notorio, que la
mayoría de las personas se informa a través de los noticieros de las
estaciones televisivas. La VI Encuesta Nacional de Televisión de 2008,
elaborado por el Consejo que usted preside, arroja datos que ratifican
esa realidad. El estudio concluye que un 74,7 % de los encuestados
consume noticieros de televisión abierta “todos los días”. Asimismo, un
76% de los entrevistados declara consumir “todos los días” televisión
abierta, opción que supera largamente a otros medios de comunicación
como la radio e Internet.
Resulta pertinente citar este estudio,
el último realizado por el Consejo Nacional de Televisión, toda vez que
la información contenida en él permite concluir que cuando las
concesionarias de televisión recurren como práctica sistemática al
silenciamiento de temas y actores, ello se traduce en que la mayor parte
de los ciudadanos ignorará de modo absoluto hechos y procesos en
desarrollo. De esta suerte, la televisión, en tanto medio de
comunicación social, no sólo impide que los ciudadanos se formen una
opinión acerca de las posiciones e intereses en juego, sino que además
atenta contra el normal funcionamiento de un sistema que se pretende
democrático.
El deber de eliminar todo tipo de
prejuicios hacia los pueblos indígenas, es un deber tanto para el estado
como la sociedad en general. Los medios de comunicación tienen un deber
de respeto y de no discriminación hacia los pueblos indígenas, y la
prohibición de difundir prejuicios contra los pueblos indígenas. El
Estado a la vez es responsable de esta infracción al no sancionar la
discriminación y difusión de prejuicios hacia los pueblos indígenas.
El no informar adecuadamente sobre el
hecho en cuestión, y principalmente, el contenido de las demandas que
reivindican los huelguistas, contribuyen a consolidar una visión sesgada
de la sociedad hacia el pueblo mapuche, que finalmente se traduce en el
fortalecimiento de prejuicio y una visión discriminatoria hacia el
pueblo mapuche
Frente a la decisión de la Corte de
Apelaciones de Concepción de acoger un recurso y dar lugar a la
utilización de la fuerza por parte de gendarmería para inyectar por vía
intravenosa a los Mapuche en huelga de hambre, los presos políticos
Mapuche del Penal El Manzano aclaran que “frente a esta medida nos
opondremos con todos los recursos a nuestro alcance tanto de tipo legal y
de la resistencia corporal que podamos, aún a costa de exponer nuestras
vidas si es necesario”.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET
“Ningún gobierno –enfatiza el dirigente-
ha querido abordar en serio nuestra demanda histórica y la solución más
diplomática siempre ha sido la técnica del “parche” o arreglo temporal y
la militarización de nuestro territorio. Las maniobras evasivas para
seguir postergando el diálogo político lo único que hacen es comprimir
más una situación que necesita de descompresión y que de no haberla
significará la existencia de costos que ambos lados tendremos que
enfrentar. Con esta acción de dignidad estamos llamando al gobierno a
hacer uso del razonamiento, con esta huelga de hambre que es un
componente más en esta “pacificación” nunca acabada (así como lo fueron
hasta hace no mucho tiempo los “parlamentos” en territorio Mapuche)
intentamos teñir con un poco de humanidad a un gobierno y un sistema que
no la tienen”.
Efectivamente, el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma
fue quien promovió esta estrategia bajo el gobierno de Bachelet, pese a
las críticas y condenas de Naciones Unidas. “Parece haber un constante
ciclo de violencia”, denunció entonces el relator de Naciones Unidas
para temas indígenas de Chile, James Anaya, sobre el conflicto que tiene una data histórica.
Los mapuches, procesados por una ley
antiterrorista que prohíbe excarcelaciones durante la investigación y
permite condenas dobles, exigen un juicio justo y denuncian montajes de
policías y fiscales. “Nuestro cuerpo es lo último que nos queda para
protestar”, dijo el líder de los huelguistas, Héctor Llaitul,
desde la cárcel de El Manzano en Los Angeles, al sur del país. El nudo
del problema es que los mapuches consideran, en base a antiguos títulos
derechos sobre unas tres millones de hectáreas que les pertenecen en el
sur del país, zona agrícola, forestal y turística. La mayoría de esos
predios son propiedad de firmas administradas por los principales grupos
económicos del país, que controlan más de la mitad del producto interno
bruto chileno.
La posibilidad de un acuerdo, jamás
logrado en la historia independiente del país, enfrenta la dificultad de
que la etnia mapuche está fragmentada en 2.200 comunidades, sin un
líder común.
Y es que el conflicto en comento no es
nada nuevo. No por nada, los primeros españoles que llegaron al
territorio de La Araucanía debieron afrontar una dura resistencia que se
prolongó por más de 3 siglos, y fieles a su nombre, estas “gentes de la
tierra” (Mapu significa tierra y che, hombres, personas), han defendido tenazmente su espacio vital.
El acuerdo con la Corona Española al que hacen referencia hoy los líderes del movimiento Mapuche, tuvo lugar en 1803 (Negrete),
según el cual se respetarían los límites desde el Bío Bío hacia el
norte, aunque una vez conformada la República de Chile, su ejército
continuó combatiendo a este pueblo originario.
Los Mapuche no se identifican ni con la
cultura, ni la lengua, ni las tradiciones ni con la propia religión de
los “chilenos”, ya que aquellos basan su creencia en la Cosmovisión, que
es equivalente a la biblia para un cristiano.
La leyenda, entre los cerca de 800 mil
mapuches que habitan en Chile, señala que su origen tuvo lugar hace
miles de años, “cuando Cai-Cai, la poderosa serpiente de mar, ordenó a las aguas invadir la tierra, ocasión en que Tren-Tren,
igual de poderosa serpiente de tierra, hizo crecer los cerros para
proteger a los Mapuche. Los sobrevivientes al gran diluvio habrían
repoblado la tierra, emergiendo entonces los Mapuche, quienes ocuparon
el sur chileno” y parte de la vecina Argentina”.
Cuando Salvador Allende
llegó a La Moneda, en 1970, legisló para que se restituyera a sus
legítimos dueños las tierras usurpadas por latifundistas y hacendados,
hecho que se revocó una vez derrocado Allende e impuesta la dictadura
militar de Augusto Pinochet, en 1973. A medados de los
años 80, el gobierno militar permitió la entrega de grandes extensiones
de territorio en el sur a empresas forestales y compañías
multinacionales dispuestas a explotar la madera y recursos naturales
existentes así como la instalación de centrales hidroeléctricas,
inundando valles y áreas agrícolas.
Desde hace una década, la lucha Mapuche se ha intensificado y ya cobró la vida de 3 “Weichafe”
(guerreros indígenas), todos asesinados por fuerzas policiales que
mantienen militarizada esa parte del país. La primera víctima fatal, en
noviembre de 2002, fue Alex Lemún, abatido en las proximidades de la ciudad de Angol, a la edad de 17 años. En 2008, el también estudiante Matías Catrileo
fue objeto de una persecusión por parte de Carabineros, durante una
refriega. Murió a causa de un certero disparo en la cabeza y, en agosto
recién pasado, fue el turno de otro joven Mapuche, Jaime Mendoza Collío.
Por su parte, pese a manifestaciones y protestas cuya violencia ha ido
en aumento, ningún civil o policía ha resultado muerto producto de
ataques de la etnia.
VASCO Y CHILENA ACUSADOS DE TERRORISMO
Al respecto, uno de los “Werkenes”
o voceros Mapuche, ha informado que las balas de la policía han herido
de gravedad a niños y adultos durante allanamientos practicados
frecuentemente a distintas comunidades.
Como una forma de mitigar el conflicto,
el Estado ha adquirido, a muy alto precio, miles de hectáreas que
estaban en manos de hacendados muy acaudalados, haciendo posteriormente
entrega de una parte de esas tierras a comuneros Mapuche, quienes las
reciben en calidad de “títulos de dominio privados”, lo cual es mal
visto por las comunidades.
Cada cierto tiempo, las ciudades y
pueblos del sur de Chile sirven de escenario para batallas campales
entre jóvenes Weichafes y policías armados hasta los dientes. Los
primeros utilizan sus tradicionales “chuecas” y boleadoras con las que
arrojan piedras a los uniformados que responden con balines de goma y
proyectiles de guerra, además de gas lacrimógeno..
Observadores internacionales, así como
instituciones vinculadas a derechos humanos, Naciones Unidas, Amnistía
Internacional, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y
representantes de la Unión Europea, han elevado sus protestas en contra
de los sucesivos gobiernos en Chile debido al asedio y hostigamiento
permanentes de que son víctimas los Mapuche, situación que tiene escasa o
nula difusión en el país, con excepción de medios de comunicación
alternativos en el ciberespacio.
La documentalista chilena, Elena Varela,
quien estuvo presa y luego fue absuelta de acusaciones de terrorismo,
acusa que “el Estado oculta la verdad a los medios de comunicación
extranjeros y tergiversa los hechos para mostrar un rostro amable a los
inversionistas”, añadiendo que “en Chile el mestizaje es algo que
solamente se utiliza en los textos escolares y en determinadas
festividades donde se le rinde tributo al Mapuche, aunque en la realidad
se les discrimina”.
Extranjeros que de una u otra forma han
adherido a la causa Mapuche han sido expulsados del país o encarcelados,
tal como el caso del escritor vasco Asel Luzarraga, que enfrenta un juicio por supuesta participación en atentados incendiarios en contra de empresas forestales.
El cerco mediático impuesto, e
incrementado aún más con la tragedia minera en el norte, que ocupa todos
los espacios de la prensa oficial, ha sido levemente resquebrajado con
protestas de estudiantes, trabajadores y sindicatos, y el gobierno de Piñera,
temeroso de que alguno de los huelguistas Mapuche fallezca durante el
ayuno en alguna de las cárceles, ha optado por entablar una mesa de
diálogo tendiente a terminar con la huelga de hambre.
Por su parte, las organizaciones Mapuche
han exigido el término de la aplicación de la llamada Ley
Antiterrotista y de la militarización de los territorios en conflicto, y
han informado estar dispuestos a un diálogo sólo si el gobierno accede a
deponer su actitud belicista.
La Ley Antiterrorista, legislación
diseñada durante la dictadura militar para resguardar el orden interno,
permite encarcelar por 10 o más años a cualquier ciudadano sobre el cual
recaigan sospechas de actos que atenten contra la seguridad pública. El
problema, según los afectados por esa legislación, es que se han
comprobado montajes policiales, del Ministero Público y de fiscales
militares para inculpar a comuneros inocentes, incluyendo niños, pues
dos menores de edad se encuentran encarcelados en la comuna de Chol
Chol, en el sur, sindicados como autores de incendios de carácter
terrorista.
Bajo ese marco jurídico, familias enteras han debido soportar largas penas de presidio, como los integrantes de la familia Calfunao,
detenidos en distintas cárceles desde 2006, y quienes se han convertido
en símbolos de la lucha indígena por la autodeterminación.
Juana Calfunao, cuyo
esposo e hijos purgan condenas en otros recintos, desafía a la autoridad
vestida con su atuendo ancestral y exige la devolución de tierras para
el Mapuche. “En Chile –dice- la democracia para nosotros sólo existe en
el papel, y nosostros no tenemos nada que celebrar en este bicentenario
de falsa independencia y de terrorismo de Estado”.
La resistencia Mapuche, en los últimos
años, se ha reflejado, por ejemplo, en la quema de tractores, maquinaria
agrícola y camiones de las empresas forestales afincadas en el sur, y
también en un atentado de alta connotación pública, con escopeta, en
contra de una caravana de automóviles donde se desplazaba un fiscal que
lleva causas contra mapuches, policías y empresarios.
En Chile, cuyos índices de crecimiento
económico y humano permitirán situarlo entre los países desarrollados,
un 14 por ciento de su población de casi 17 millones de habitantes vive
en la pobreza; la redistribución del ingreso es una de las más injustas
del mundo y un puñado de familias es propietaria de grandes empresas.
La Constitución Política del Estado es,
en gran medida, herencia de la era Pinochet, pese a maquillajes
realizados durante los 20 años en que gobernó la Concertación de
Partidos por la Democracia, derrotada en marzo último por la derecha
neoliberal, hecho que desmotiva a una gran parte de la ciudadanía, en
particular a la juventud, a desligarse de la política.
Un 30 por ciento de la etnia Mapuche ha
emigrado del campo a la ciudad, huyendo de la miseria y la represión,
para terminar viviendo hacinados en la periferia de Santiago, Concepción
y otras urbes, donde sigue siendo discriminados y subsistiendo en
condiciones precarias.
Los “Peñis” (hermanos), han
comenzado a organizarse y el Mapudungún, su lengua ancestral, se oye
cada vez más en las aulas universitarias, en los colectivos anarquistas o
de izquierdas y entre los intelectuales que apoyan sus
reivindicaciones, aunque esta lucha de siglos, como plantea José Bengoa,
antropólogo, historiador y filósofo chileno, sea desigual pues plantea
que “esta es una historia acerca de la intolerancia; acerca de una
sociedad que no soporta la existencia de gente diferente. De un país
español, criollo, europeo, cristiano occidental, que se dice civilizado y
trata de acabar con los bárbaros, los salvajes, los hombres que
deambulan libremente por las pampas y cordilleras del sur del
Continente.
Ellos se defendieron del salvajismo
civilizado; hicieron lo que pudieron, vivieron como mejor supieron,
pelearon hasta el cansancio y terrminaron por morir y ser vencidos por
el progreso”.
Fuente, vìa :
http://www.elciudadano.cl/2010/09/18/la-lucha-reivindicativa-del-pueblo-mapuche-en-chile-lo-que-los-medios-de-comunicacion-callan/
http://www.elciudadano.cl/2010/09/18/la-lucha-reivindicativa-del-pueblo-mapuche-en-chile-lo-que-los-medios-de-comunicacion-callan/
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