Según sostiene el ayunante de la actual huelga de hambre, Marcos Millanao Marimán, en carta dirigida al Juez de Garantía de Cañete, John Landeros,
con esta protesta buscan que se les deje de aplicar la Ley
Antiterrorista a los mapuche; la no aplicación de la justicia militar en
causas civiles, así como el fin de la militarización de las comunidades
en el Wallmapu (territorio mapuche).
En solidaridad con los huelguistas, un grupo de organizaciones mapuche, representadas por Víctor Ancalaf y Antonio Cadín, acusó -el lunes 19 de julio- al Estado de Chile ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas,
ONU, con sede en Ginebra. “Hemos denunciado los atropellos que ha
habido con comuneros mapuche, los presos políticos mapuche, la violencia
policial en contra de las comunidades y los niños mapuche”, indicó
Cadín a radio Bío Bío. Según él, “los presos políticos mapuche se mantendrán sin consumir alimentos hasta que sus demandas sean aceptadas”.
Ya a fines de 2007, una huelga de hambre realizada por cinco mapuche juzgados por la Ley Antiterrorista, que en el caso de Patricia Troncoso
se prolongó por 110 días, generó una ola de repudio internacional
contra el Estado de Chile que posibilitó la liberación parcial de los
ayunantes, aunque no generó cambios en el sistema de aplicación de
justicia.
La actual huelga de hambre ha desencadenado un proceso similar. El mismo lunes 19, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, afirmó en entrevista con Radio Cooperativa
que “la ley antiterrorista contempla tipos penales muy abiertos que se
aplican a hechos muy diversos, y que si bien pueden ser constitutivos de
delito, pueden ser juzgados por la legislación ordinaria. Por ello, los
presos en huelga de hambre, se autodenominan presos políticos. Y tienen
fundamento para hacerlo, porque la opción del Estado de aplicar la ley
antiterrorista es una opción política”.
El Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, en su Informe de recomendaciones a Chile,
del 15 de septiembre pasado, sostuvo: “No deberán aplicarse acusaciones
de delitos tomados de otros contextos (‘amenaza terrorista’,
‘asociación delictuosa’) a hechos relacionados con la lucha social por
la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. Un planteamiento similar
había sido hecho por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2007) y el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2009).
Mediante la aplicación de la Ley
Antiterrorista se puede mantener en prisión preventiva a los acusados
por hasta dos años. Además, supone la existencia de un sumario secreto,
sin acceso a la investigación para los abogados defensores y permite
“testigos sin rostro”. Lo más grave: triplica automáticamente el monto
de las penas. Todos estos son elementos que contravienen las
legislaciones internacionales y pactos que el Estado de Chile ha
adherido y no respeta con su legislación interna.
Desde el retorno a la democracia, en 1990, esta normativa –que fue creada en 1984 por el dictador Augusto Pinochet-
ha sido utilizada casi exclusivamente contra los mapuche, a pesar de
que como resultado de sus acciones de protesta no ha muerto nadie.
ABUSOS POLICIALES, JUDICIALES E INSTITUCIONALES
El 23 de junio pasado, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT)
entregó en La Moneda el Informe de derechos humanos 2010, que contiene
un detallado relato de casos de represión y atropellos a mapuche. Allí
se asegura que -al 6 de junio de este año- había 96 presos políticos y/o
procesados por la Justicia, 57 de ellos en virtud de la Ley
Antiterrorista.
En el Informe del CECT se afirma que
fiscales del Ministerio Público ofrecen rebajas de penas y dinero con el
fin de que ciertos mapuches culpen a otros. Previo a estos
ofrecimientos, “los presos han sido presionados sicológicamente y/o
sometidos a tortura por funcionarios de la Policía”.
Es el caso de Sergio Reyes,
quien fue acusado de ser autor de dos asaltos a mano armada ocurridos
entre 2004 y 2005. Éste denunció, en enero pasado –por medio de una
carta enviada a Radio Bío Bío- que el Fiscal Servando Pérez le ofreció beneficios procesales a cambio de que inculpara a los otros imputados: Elena Varela y Kenny Sánchez.
Reyes se negó. Finalmente, en el juicio oral registrado en Villarrica
(abril de este año), los tres fueron absueltos por falta de méritos. Sin
embargo, por haber sido procesados por la Ley Antiterrorista,
permanecieron casi dos años privados de libertad.
Cuando Varela fue detenida, realizaba el documental Newen Mapu,
que trataba sobre el conflicto entre los mapuche y el Estado. Los
archivos audiovisuales le fueron requisados y gran parte de ellos aún no
se le han devuelto. Reyes Matus vivió su reclusión en la Cárcel de
Máxima Seguridad de Santiago. Durante 18 meses permaneció con un régimen
de 22 horas de encierro diarios y en soledad.
También los niños mapuche han sido
víctimas principales de la violencia policial. Según se consigna en el
mismo informe de la CECT, hay 21 casos de detenciones de menores de edad
y cientos de otros casos de golpizas, humillaciones y atropellos.
El 5 de octubre de 2009, el menor de iniciales F. P. M.,
de 14 años de edad, de la comunidad Rofue, cercana a Temuco,
“recolectaba hierbas junto a la Machi (sabia curandera) de su comunidad.
En ese momento, se encuentran con un grupo de Carabineros, que
perseguía a comuneros que vinculaban a la toma del Fundo Santa Lucía. Al
menor, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros le
disparan balines en su pierna, codo y espalda. Al intentar huir, el niño
es perseguido en helicóptero en vuelo rasante por cerca de tres
kilómetros. Una vez reducido (…) lo obligaron a subir al helicóptero y
lo golpean con las manos amarradas. Ya en vuelo, con las puertas
abiertas, mientras F.P.M. permanecía con la cabeza hacia el exterior, lo
amenazan con lanzarlo al vacío si no daba nombres de quienes
participaban en la ocupación del predio Santa Lucía (Maquehue)”.
Por este caso, el 22 de octubre de 2009
se presentó una querella criminal contra Carabineros. El Tribunal de
Garantía se declaró incompetente y lo pasó a la Justicia Militar, la que
ha tramitado en la última década cinco procesos por asesinatos a
mapuche realizados por policías y en ninguno de ellos ha habido castigo
efectivo para los responsables.
A pesar del clima de represión, la
movilización mapuche continúa. En julio (al cierre de esta edición)
comunidades adscritas a la Alianza Territorial Mapuche,
han ocupado parcialmente, en la comuna de Cunco –cercana a Temuco-,
tres fundos cuya extensión alcanza en su conjunto las tres mil
hectáreas, también en Ercilla y el Alto Bío Bío. Los comuneros piden
dialogar con el gobierno de Sebastián Piñera sobre sus demandas
territoriales.
EL MEGAJUICIO IRREGULAR
Junto a la huelga de hambre, otra
coyuntura está poniendo de relieve el “conflicto mapuche”. Se trata del
megajuicio contra los comuneros de Lleu Lleu, provincia de Arauco, a
quienes se acusa de atentar -el 15 de octubre de 2008- contra la vida
del fiscal especial para causas mapuche, Mario Elgueta.
El hecho ocurrió en el sector de Choque, cerca del lago Lleu LLeu
(región del Bío Bío), una de las zonas más convulsionadas por el
conflicto. Dicha acción finalizó con cinco policías y el propio fiscal
con lesiones leves, fruto de heridas con perdigones.
El fiscal que investiga este atentado, Andrés Cruz,
agrupó junto a este caso otros supuestos delitos ocurridos en el último
lustro: “Robos con intimidación, incendios terroristas, asociaciones
ilícitas terroristas y robo de madera a empresas forestales”. Ha
imputado a 19 comuneros y citado como testigos a 234 personas, entre
ellos 36 testigos sin rostro (sin identificación conocida) y a más de un
centenar de policías. La audiencia de formalización del juicio oral
–que ha generado gran expectativa- está fijada para el 9 de agosto.
El abogado Nelson Miranda,
defensor de 5 de los imputados, cuestiona que los acusados están siendo
doblemente juzgados: “La Justicia Militar, luego de hacer una
reconstitución de escena –en noviembre pasado- sobreseyó a seis
comuneros por falta de méritos. Sin embargo, por los mismos hechos y con
las mismas pruebas, el Ministerio Público mantuvo la acusación por
delito terrorista y atentado al fiscal contra estos mismos mapuche y
solicita 50 años de cárcel”.
En este juicio también ha habido presiones indebidas. Según informó el 12 de enero el periódico electrónico País Mapuche, el fiscal Cruz envió un asistente a la Cárcel de Lebu -150 kilómetros al sur de Concepción- para tentar a Eduardo Painemil Peña,
detenido el 15 de agosto de 2009 por esta causa. Le ofreció
“excarcelación inmediata, dinero, casa, trabajo y cambio de identidad
para que inculpe a dos de los comuneros detenidos junto a él por la
quema de un camión grúa y cabañas en el lago Lleu Lleu”. Se trata -del
antes citado ayunante- Mauricio Millanao y de Juan Millanao Painemil.
Los tres son miembros de la comunidad
Pascual Coña, que desde hace décadas lucha por la recuperación de
tierras que en este momento están en manos de forestales. Eduardo
Painemil rechazó la oferta. Sin embargo, el fiscal los acusó de otros
delitos con el fin de mantenerlos en prisión preventiva.
A pesar de la parcialidad con que ha
actuado el Ministerio Público en contra de los comuneros mapuche, varios
jueces y cortes han intentado poner límite al accionar de los fiscales.
Prueba de ello es que la Corte Suprema acogió, el 4 de febrero pasado,
un recurso de amparo presentado por el abogado Miranda en favor del
dirigente mapuche de la Comunidad Juan Lincopán –próxima al lago Lleu
Lleu- Daniel Lincopán, quien fue arrestado el 8 de
diciembre pasado, en la Plaza de Cañete, por personas de civil que no se
identificaron ni exhibieron orden de detención. Tras ser reducido
–delante de su hija de 7 años- fue llevado a las oficinas del Ministerio
Público en Talcahuano. Allí fue interrogado por el fiscal Cruz, quien
había ordenado su arresto sin tener atribuciones para ello. Fue liberado
ese mismo día.
Por medio de la Resolución Nº 4742, la
Corte Suprema sostuvo que la instrucción dada por el fiscal de ubicar,
citar y trasladar al amparado “(…) sin que mediara autorización dada por
el Juez de Garantía competente, deviene en ilegal por haberse llevado a
efecto con infracción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código
Procesal Penal”. Con base en esta resolución, Lincopán presentó una
querella contra el persecutor Cruz –el 17 de mayo- que está en curso.
La Comunidad Juan Lincopán se tomó -el 10 de octubre de 2009- el fundo Ranquilhue, cuya propiedad legal es de forestal Mininco –del poderoso grupo Matte- pero que los mapuche reclaman como suyo aduciendo derechos ancestrales.
LA JUSTICIA LIGADA A LOS INTERESES PRIVADOS
El juicio por el atentado al Fiscal Mario Elgueta
está siendo considerado uno de los más importantes que el Estado
chileno ha impulsado en contra de comuneros mapuche. No sólo por la alta
cantidad de imputados y testigos sino también por las altas penas
solicitadas por el Ministerio Público, que en el caso del líder de la
CAM, Héctor Llaitul, alcanzaría a los 103 años.
También porque se trata de un juicio que
se da en medio de una fuerte resistencia a la instalación de
megaproyectos mineros en las cercanías del lago Lleu Lleu, que es
considerado sagrado por los mapuche y epicentro de su cultura. De hecho,
el cuartel general del Toqui Lautaro –guerrero que lideró la resistencia en contra del invasor español, Pedro de Valdivia- se ubicó en este territorio.
La empresa Manto Rojo
tiene concesión de explotación –publicada en el Boletín Minero de
Santiago, edición 5864, del 20 de marzo de 2007- por un total de 600
hectáreas, en la ribera oriente del lago Lleu Lleu. Pretende extraer
Vanadio, Rutilio y Escandio, mineral clave para el desarrollo de la
industria aeroespacial. Según un informe del Centro de Estudios
Universitarios, al empresario Leonardo Farkas Klein, presidente de Minera Santa Bárbara y Minera Santa Fe,
se le han otorgado 70 mil hectáreas de concesiones para la explotación
de hierro sobre la Cordillera de Nahuelbuta, al oriente del mismo lago.
Desde que en julio de 2005 se filtró la
información que existían proyectos mineros en Lleu Lleu, se han
registrado numerosas protestas mapuche, que han incluido tomas de
caminos y expulsión, a veces violenta, de autoridades.
En la víspera de este juicio, han
aparecido varios reportajes en la televisión y en medios de prensa en
los que se asegura que la CAM y otras organizaciones mapuche tienen
estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(Farc).
El 23 de junio, el programa Contacto, de Canal 13,
transmitió el reportaje “Los detalles tras la lucha armada en el
conflicto mapuche”. Allí se afirmó que en “correos electrónicos
encontrados en el computador de Raúl Reyes, abatido
líder de la Farc, había pruebas que evidenciarían la relación entre esa
organización y los indígenas”. Se expuso como prueba de este vínculo que
al menos siete miembros de la CAM estuvieron en Colombia, entre 2004 y
2006. Estas argumentaciones han sido respaldadas por los fiscales
antimapuche y por el fiscal regional de La Frontera, Francisco Ljubetic.
Patricia Matte, una de
las ejecutivas del Canal -de la Pontificia Universidad Católica de
Chile- es, junto a su familia, una de las propietarias de Forestal
Mininco; empresa que posee más de un millón de hectáreas cultivadas de
pinos y eucaliptus en el centro sur de Chile. Los 300 mil mapuche que
viven en sectores rurales poseen, en conjunto, no más de 600 mil
hectáreas.
Para abordar el “problema mapuche”, el presidente Piñera anunció
-el 30 de junio- la implementación del Plan Araucanía. Ahí se
compromete a crear un Fondo de Desarrollo Indígena para “reforzar
proyectos de organizaciones culturales indígenas urbanas; potenciar el
apoyo para el desarrollo agrícola productivo y priorizar programas
educacionales en todos los niveles, y de capacitación”.
Sin embargo, nada dice acerca de si va a
poner fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuche y a la
militarización de las comunidades. Ni de si va a implementar otras
recomendaciones del Relator Especial James Anaya, como la restitución de
tierras. Tampoco de cómo se va a aplicar el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en Chile
desde septiembre pasado, que contempla la necesaria consulta a las
comunidades para la implementación de proyectos productivos.
fuente, vía :
http://www.elciudadano.cl/2010/09/01/estado-antimapuche-en-el-ano-del-bicentenario/
fuente, vía :
http://www.elciudadano.cl/2010/09/01/estado-antimapuche-en-el-ano-del-bicentenario/
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