El gobierno chileno
ha inaugurado un plan para combatir lo que ellos llaman delincuencia y
que sin intentar averiguar las causas de la situación para buscar
soluciones (Bueno, no podemos pedirle peras al olmo) se basa en un
reforzamiento de la represión contra la ciudadanía, con el aumento de la
dotación policial en alrededor de 15 mil carabineros y policías civiles
y si consideramos que se puede pagar a un policía una baja suma de 300
mil pesos mensuales, sin contar los fabulosos sueldos de los oficiales,
esto es el equivalente de unos 600 dólares, tenemos que por mes habra
que disponer de cuatro mil quinientos millones de pesos (4.500.000.000) o
sea 9 millones de dólares, por año 54 mil millones de pesos
(54.000.000.000) o 118 millones de dólares y en el período contemplado
hasta 2004 serán doscientos dieciseis mil millones de pesos
(216.000.000.000), esto es, 472 millones de dólares. Tampoco es tanto
dinero, casi sale barato, sin embargo hay que contemplar dotación de
logística e infraestructura: armas, vehículos, computadores, celulares,
alimentación, vestuario, gasolina, energía, edificaciones y varios.
Por ello hay que hablar de unos mil millones de dólares, en un país destruido por el terremoto, el tsunami y la depredación empresarial, caracterizado por la desidia en la entrega de soluciones, por ejemplo, en Talcahuano y caletas adyacentes, la población ha estado reclamando por la ausencia de respuestas después de casi medio año de la catástrofe que dejó alrededor de 2 millones de personas, entre chilenos y mapuche, damnificadas. Los estudiantes secundarios piden mayor atención a la educación pública, el rector de la Universidad de Chile solicita mayor atención a la educación universitaria estatal, los deudores hipotecarios y sin casa exigen soluciones, los trabajadores piden mejores salarios, cientos y cientos de funcionarios públicos son despedidos, los mapuche solicitan aumento de los montos para la entrega de sus tierras, en fin, en un país donde los indicadores económicos son manipulados para ofrecer una imagen de bonanza, esta inversión aparece como descabellada y más aún cuando no se tocan las causas: la precariedad del trabajo, el aumento de la exclusión, la paralización de las pensiones, la superexplotación de los temporeros y la ausencia de alternativas para la enorme proporción de juventud que compone la población, por sólo enunciar algunas.
Por otra parte los pilares de la nueva política criminal del gobierno empresarial-militar son, entre otros, los siguientes:
Primero:
Mezcla hábilmente asuntos policiales llamados de delincuencia común y narcotráfico con violencia familiar y violencia contra los hijos, con el objetivo de ganar simpatías morales y apoyo en la pequeña burguesía o capas medias fluctuantes que oscilan entre la simpatía al cordón creciente de población excluida y marginada y la demagogia gubernamental. Colocando todo en el mismo paquete se pretende reforzar los argumentos para la escalada represiva que se avecina.
Segundo:
Se refuerza la red contrainsurgente de contención civil y de criminalización de la protesta, “enriqueciendo” la Ley Antiterrorista heredada de Pinochet y aplicada alegremente por los gobiernos “democráticos” de la Concertación, en especial por la blanca paloma de la señora Bachelet, por lo que han justificado su aplicación por parte de este gobierno de derecha. Obviamente se intensificarán las acciones represivas contra los comuneros mapuche en el sur. Dos importantes modificaciones serán incorporadas, las figuras del informante y del agente encubierto, o sea, se estimula la delación y el soplonaje por una parte y la infiltración de agentes por la otra.
Tercero:
La represión se hará explícitamente contra los que consumen alcohol y drogas, o sea, habrá más mano dura contra los consumidores que contra los proveedores, lo que permite abrir el abanico represivo hacia el conjunto de la población mediante apretar el cerco contra los barrios populares y periféricos de las ciudades, lo que contribuye al aislamiento y desprestigio de la gigantesca capa excluida y marginada que aumentó notablemente tras el fenómeno telúrico. Para ello se crea la figura del “encargado de barrio”, dependiente directamente del Ministerio del Interior, una figura omnipotente responsable de centralizar y coordinar a los soplones, paniaguados, agentes y demás componentes de la red represiva.
Cuarto:
Se han seleccionado ni más ni menos que 100 barrios para el “tratamiento”, comenzando con 33 de ellos. La cantidad de allanamientos, detenciones, redadas y controles vehiculares estará allí a la orden del día.
Por otra parte se verifica una aproximación y confluencia entre sectores sociales y comunitarios que reivindican diferentes derechos al gobierno, por lo que no es extraño ver entre los estudiantes secundarios, universitarios, sindicalistas y organizaciones de lucha por la vivienda, entre otras, el apoyo a la lucha mapuche por el territorio, así como entre estos últimos se extiende la preocupación también por los derechos negados del pueblo chileno. La situación de los presos políticos mapuche, aunque silenciada por los medios, ha sido motivo de grandes simpatías y participación en diferentes movilizaciones en varias ciudades, de distintos sectores ciudadanos, ya no sólo juventud como en años anteriores, sino que ahora es perceptible la incorporación de otras categorías sociales, especialmente mujeres, trabajadores y población de barrios pobres.
Ello debería llevar a una mayor aproximación y reflexión conjunta de los sectores cuyos derechos y necesidades son conculcados por el sistema y el actual gobierno, lo que sumado a la extensión y profundización de la depredación de la naturaleza, que ya alcanza límites inverosímiles, debería resultar en un intercambio y encuentro de las organizaciones y movimientos sociales y comunitarios con sectores ecologistas, académicos, artistas, profesionales e intelectuales para evaluar y analizar en conjunto el sentido que tiene celebrar un Bicentenario que no tiene asidero en la verdadera historia y que sólo resultó en la agresión y ocupación del pueblo mapuche junto a la exclusión de la mayoría de la población chilena. El Bicentenario en realidad es sólo una fiesta de la oligarquía, los empresarios y los militares.
Los mapuche han convocado a constituir un referente social y comunitario junto a los chilenos que levante los derechos negados de la ciudadanía, por lo que es de esperar que en plazos breves aumente el coro de respuestas y podamos contar con un petitorio ciudadano que congregue las mejores sensibilidades y las necesidades de la mayoría de la población.
La Red de Economía Popular y Ecología Social (Red Ecosocial) ha respondido a ese requerimiento y ya se están efectuando reuniones, encuentros e intercambio horizontal entre variadas organizaciones y personas en diferentes ciudades, contándose hasta ahora con varias organizaciones y sectores dispuestos a avanzar hacia el petitorio ciudadano en la forma más amplia, horizontal y diversificada posible.
Entre en contacto y contribuya a ampliar el tejido del intercambio, comuníquese con el mail redecosocial@gmail.com
fuente, vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111085&titular=el-plan-pi%F1era-y-la-reivindicaci%F3n-social-y-comunitaria-
Por ello hay que hablar de unos mil millones de dólares, en un país destruido por el terremoto, el tsunami y la depredación empresarial, caracterizado por la desidia en la entrega de soluciones, por ejemplo, en Talcahuano y caletas adyacentes, la población ha estado reclamando por la ausencia de respuestas después de casi medio año de la catástrofe que dejó alrededor de 2 millones de personas, entre chilenos y mapuche, damnificadas. Los estudiantes secundarios piden mayor atención a la educación pública, el rector de la Universidad de Chile solicita mayor atención a la educación universitaria estatal, los deudores hipotecarios y sin casa exigen soluciones, los trabajadores piden mejores salarios, cientos y cientos de funcionarios públicos son despedidos, los mapuche solicitan aumento de los montos para la entrega de sus tierras, en fin, en un país donde los indicadores económicos son manipulados para ofrecer una imagen de bonanza, esta inversión aparece como descabellada y más aún cuando no se tocan las causas: la precariedad del trabajo, el aumento de la exclusión, la paralización de las pensiones, la superexplotación de los temporeros y la ausencia de alternativas para la enorme proporción de juventud que compone la población, por sólo enunciar algunas.
Por otra parte los pilares de la nueva política criminal del gobierno empresarial-militar son, entre otros, los siguientes:
Primero:
Mezcla hábilmente asuntos policiales llamados de delincuencia común y narcotráfico con violencia familiar y violencia contra los hijos, con el objetivo de ganar simpatías morales y apoyo en la pequeña burguesía o capas medias fluctuantes que oscilan entre la simpatía al cordón creciente de población excluida y marginada y la demagogia gubernamental. Colocando todo en el mismo paquete se pretende reforzar los argumentos para la escalada represiva que se avecina.
Segundo:
Se refuerza la red contrainsurgente de contención civil y de criminalización de la protesta, “enriqueciendo” la Ley Antiterrorista heredada de Pinochet y aplicada alegremente por los gobiernos “democráticos” de la Concertación, en especial por la blanca paloma de la señora Bachelet, por lo que han justificado su aplicación por parte de este gobierno de derecha. Obviamente se intensificarán las acciones represivas contra los comuneros mapuche en el sur. Dos importantes modificaciones serán incorporadas, las figuras del informante y del agente encubierto, o sea, se estimula la delación y el soplonaje por una parte y la infiltración de agentes por la otra.
Tercero:
La represión se hará explícitamente contra los que consumen alcohol y drogas, o sea, habrá más mano dura contra los consumidores que contra los proveedores, lo que permite abrir el abanico represivo hacia el conjunto de la población mediante apretar el cerco contra los barrios populares y periféricos de las ciudades, lo que contribuye al aislamiento y desprestigio de la gigantesca capa excluida y marginada que aumentó notablemente tras el fenómeno telúrico. Para ello se crea la figura del “encargado de barrio”, dependiente directamente del Ministerio del Interior, una figura omnipotente responsable de centralizar y coordinar a los soplones, paniaguados, agentes y demás componentes de la red represiva.
Cuarto:
Se han seleccionado ni más ni menos que 100 barrios para el “tratamiento”, comenzando con 33 de ellos. La cantidad de allanamientos, detenciones, redadas y controles vehiculares estará allí a la orden del día.
Por otra parte se verifica una aproximación y confluencia entre sectores sociales y comunitarios que reivindican diferentes derechos al gobierno, por lo que no es extraño ver entre los estudiantes secundarios, universitarios, sindicalistas y organizaciones de lucha por la vivienda, entre otras, el apoyo a la lucha mapuche por el territorio, así como entre estos últimos se extiende la preocupación también por los derechos negados del pueblo chileno. La situación de los presos políticos mapuche, aunque silenciada por los medios, ha sido motivo de grandes simpatías y participación en diferentes movilizaciones en varias ciudades, de distintos sectores ciudadanos, ya no sólo juventud como en años anteriores, sino que ahora es perceptible la incorporación de otras categorías sociales, especialmente mujeres, trabajadores y población de barrios pobres.
Ello debería llevar a una mayor aproximación y reflexión conjunta de los sectores cuyos derechos y necesidades son conculcados por el sistema y el actual gobierno, lo que sumado a la extensión y profundización de la depredación de la naturaleza, que ya alcanza límites inverosímiles, debería resultar en un intercambio y encuentro de las organizaciones y movimientos sociales y comunitarios con sectores ecologistas, académicos, artistas, profesionales e intelectuales para evaluar y analizar en conjunto el sentido que tiene celebrar un Bicentenario que no tiene asidero en la verdadera historia y que sólo resultó en la agresión y ocupación del pueblo mapuche junto a la exclusión de la mayoría de la población chilena. El Bicentenario en realidad es sólo una fiesta de la oligarquía, los empresarios y los militares.
Los mapuche han convocado a constituir un referente social y comunitario junto a los chilenos que levante los derechos negados de la ciudadanía, por lo que es de esperar que en plazos breves aumente el coro de respuestas y podamos contar con un petitorio ciudadano que congregue las mejores sensibilidades y las necesidades de la mayoría de la población.
La Red de Economía Popular y Ecología Social (Red Ecosocial) ha respondido a ese requerimiento y ya se están efectuando reuniones, encuentros e intercambio horizontal entre variadas organizaciones y personas en diferentes ciudades, contándose hasta ahora con varias organizaciones y sectores dispuestos a avanzar hacia el petitorio ciudadano en la forma más amplia, horizontal y diversificada posible.
Entre en contacto y contribuya a ampliar el tejido del intercambio, comuníquese con el mail redecosocial@gmail.com
fuente, vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111085&titular=el-plan-pi%F1era-y-la-reivindicaci%F3n-social-y-comunitaria-
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