El llamado “Caso bombas” tiene
de todo menos bombas. Salvo, probablemente, las bombas de humo de
Piñera para cubrir los crímenes del capital y castigar con impunidad el
creciente malestar social que comienza a manifestarse en la lucha de
los estudiantes, los mapuche, los medioambientalistas y los que viven de
un salario.
El sábado 14 de agosto, en un
espectacular operativo policial, fueron allanadas casas particulares y
“okupas” de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción, y detenidas 14
personas por orden del Fiscal Alejandro Peña. Como ya
se está volviendo costumbre, la maniobra contó con contundente
brutalidad uniformada sin resistencia alguna, pistolas en la boca de los
imputados, destrucción de inmuebles, maltrato a mujeres embarazadas,
indiscriminación a granel y tanta prensa obsecuente como fuera posible.
Sólo la prestigiosa Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu
(organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la
dictadura militar, en noviembre de 1980. Fue la primera ONG que se
hizo parte en el proceso contra Augusto Pinochet en
España, y en Chile en 1998, y una de las principales querellantes en el
juicio contra el dictador), denunció que el 14 de agosto “a las 6:58 de
la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay,
presidenta de nuestra organización, ubicada en Batuco, fue allanada
violentamente por un grupo de funcionarios del Grupo de Operaciones
Policiales Especiales de Carabineros (Gope), del Laboratorio de
Criminalística, y personal de la Fiscalía, en el marco del llamado “Caso
bombas”. El operativo policial duró 7 horas”. La ONG informó que en el
domicilio se encontraban en ese momento la hija de Viviana, Bárbara Vergara Uribe, hija de un ejecutado político, “con un embarazo de 8 meses, y trabajadora de la institución junto a su compañero Manuel Correa”.
El denominado “Caso Bombas” está ligado a
una serie de explosiones de ruido ocurridas durante un tiempo no
determinado por el Estado en instituciones bancarias y otras
dependencias, sin resultado de muerte, sin heridos, sin damnificados,
sin responsables probados.
RODOLFO RETAMALES, EL MALO DE LA PELÍCULA
Uno de los principales acusados en el
caso, además de su trabajo remunerado, realizaba un programa en la
Radio Primero de Mayo de la legendaria población La Victoria.
Alejandra Bustamante es
una de las voceras de la emisora popular, autogestionada y comunitaria
que cuenta con 20 programas de servicio a la comunidad, y que vierte al
aire producciones que recorren reivindicaciones indígenas, musicales,
infantiles y culturales. Su objetivo es “informar sobre la verdad de lo
que ocurre en Chile”.
La radio es legal, tiene 15 años de
existencia y está acreditada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Alejandra cuenta que “Desde principios de 2009, Rodolfo tiene un
programa que se llama “Desde el Óvalo”, que toca temáticas carcelarias
en el sentido de las visitas familiares, y la criminalización de los
jóvenes y adolescentes. Rodolfo conducía el programa y nunca hizo
llamados a la violencia o cosa que se le parezca. Reporteaba las
movilizaciones sociales que se dan en el centro de Santiago, a través de
videos, aprovechando la plataforma de internet de la radio”.
Pero no sólo Rodolfo ha sido víctimas de amenazas por parte de fuerzas especiales, sino que otros reporteros de la Primero de Mayo
(102.9 FM). “Nuestro problema es que hemos normalizado el maltrato que
recibimos con frecuencia”, explica Alejandra en el único locutorio de la
emisora y agrega que “Rodolfo nos había informado muchas veces de
policías civiles que lo seguían. Y en el allanamiento a su casa, lo
principal que le requisaron fue sus filmaciones, sus fotografías, sus
cintas. No materiales ligados a explosivos o bombas. Ahora los medios de
comunicación tradicionales hablan de él y los demás detenidos como
delincuentes. Igual como lo que ocurrió con la documentalista Elena Varela o Pascual Pichún”.
El miércoles 17 de agosto, otro comunicador popular de la radio, Roberto Henríquez,
fue detenido también. “Él hace programas culturales, de cine y de
música”, informa Alejandra, “A las 22:30 hrs. lo encontramos en la
Primera Comisaría de Carabineros. Estábamos con el abogado de derechos
humanos, Rubén Jerez. Ahí nos enteramos que trataban de
vincularlo a un asunto de explosivos. Lo acusaron de tener “un
artefacto pirotécnico” (?). El 18 en la mañana lo formalizaron y lo
dejaron en libertad. Fue agredido fuertemente por carabineros, pero no
permitieron que se realizara la constatación de lesiones.”
LA DEFENSA: RODOLFO Y PABLO DEBEN SER ABSUELTOS
Alberto Espinoza es el abogado defensor de Rodolfo Retamales y Pablo Morales,
sindicados por el Ministerio Público, el gobierno y los medios de
comunicación de los que mandan, como los principales responsables del
llamado “Caso bombas”, y como “lideres” de una asociación ilícita
“terrorista”.
-¿Cuáles son los fundamentos de la defensa?
“La defensa descansa sobre la más férrea
y absoluta convicción de que ni Pablo ni Rodolfo tienen participación
en una asociación ilícita, y menos de carácter terrorista. Y hasta el
minuto, los antecedentes que se han presentado resultan absolutamente
inconsistentes a la hora de acreditar un delito de esa magnitud.”
El abogado Espinoza indica que hace 5
años que se vienen recogiendo pruebas contra sus protegidos, es decir,
desde que Rodolfo Retamales puso un pie en la calle después de haber
estado con Pablo Morales privados de libertad en la Cárcel de Alta
Seguridad durante 12 años. Desde entonces se implementó contra ellos un
procedimiento de vigilancia permanente de todos sus movimientos. Además,
ellos estaban bajo control penitenciario y debían firmar una vez por
semana en el Patronato de Reos.
“Pero estamos hablando de una vigilancia
extrajudicial, me imagino, dentro de los marcos de políticas de
Inteligencia y seguridad pública y ciudadana que, por lo demás, ellos
conocían perfectamente. Sabían que por su antigua afiliación al grupo
Lautaro iban a ser objeto de seguimientos al margen de la ley. Es lo que
ocurre con todos los presos políticos que salen en libertad”, señala
Espinoza.
Llama poderosamente la atención que pese
a estar bajo vigilancia permanente hayan podido burlarla al punto de
constituir una asociación ilícita después de 5 años.
-La gente corriente en Chile no sabe qué cosa es una ‘asociación ilícita’…
“Es un delito tipificado en el Código
Penal y en la Ley Antiterrorista que se configura de una manera ficticia
y abstracta. Nadie puede percibir físicamente una asociación ilícita.
Es un delito intangible, a diferencia de un homicidio o un robo. En la
asociación ilícita tiene que haber recursos, medios, infraestructura, un
ánimo de asociarse para cometer actos ilícitos. Y en este caso, con
fines terroristas. De modo que la construcción de la asociación ilícita,
desde el punto de vista penal y probatorio, es bien dificultosa. La
justicia tiene que acreditar la concurrencia de varias condiciones y de
presupuestos que logren establecer esta estructura, este conjunto de
redes, jerarquías, mandos, subordinados, dirección, etc. Y este no es el
caso.”
CASAS ‘OKUPA’: CENTROS DE PODER
En medio del verdadero “tongo” político,
policial y mediático en torno al caso han salido al ruedo las casas
“okupa”, que son viviendas cedidas o simplemente habitadas en su
abandono, casi siempre muy deterioradas, que usan jóvenes en Chile y el
mundo para realizar actividades principalmente artísticas y alternativas
a la cultura oficial o institucional. Allí funcionan desde bandas de
rock, grupos teatrales, recreación para niños, buen cine gratuito,
bibliotecas y manifestaciones que no encuentran lugar en las políticas
culturales provenientes del Estado, normalmente dirigidas a promover y
ornamentar las “bondades” de los gobiernos de turno.
Sin embargo, el abogado Alberto Espinoza
indica que “El Ministerio Público denomina a las casas “okupas”
‘centros de poder’. La expresión pretende referir que allí se van
elaborando acciones o se planifican cosas ilícitas”. Por eso, la
justicia muestra fotos de Rodolfo y Pablo saliendo de casas “okupas”.
Pero esas casas representan a un sector de la juventud cuyas ideas no se
condicen con el modo de vida capitalista.”
-¿En qué condiciones fueron detenidos Rodolfo y Pablo?
“De una manera bastante violenta. Nadie
golpeó la casa ni preguntó por ellos previamente. Y eso que tienen
domicilios conocidos y ni siquiera viven en casas “okupas”, si eso fuera
un agravante. Son viviendas que financian con su trabajo. Ambos son
arrendatarios. Pablo Morales vive con su pareja, y los dos trabajan
remuneradamente. Pablo se desempeña en una empresa de publicidad, de
lunes a viernes, con jornada normal y cuyo salario le permite vivir sin
grandes sobresaltos. Rodolfo Retamales, por su parte, desarrolla
trabajos audiovisuales, es un asalariado a honorarios, es decir paga
impuestos. Y en algunos de sus videos aparecen imágenes de canales
tradicionales, como Canal 7, ¡Y ese tipo de
material empleó el Ministerio Público para formalizar la investigación!
Ahí yo pregunté entonces, si también se imputarían a los directores de Chilevisión o Canal 13.
Eran extractos de reportajes por todos conocidos. Incluso en la
audiencia de formalización, la Fiscalía usó contra los muchachos citas
de autores clásicos muertos hace mucho tiempo. Y a Pablo Morales, por su
parte, se le leyeron sus derechos con un carabinero que le tenía puesta
una bota en la espalda. El allanamiento también fue brutal, y ese día
se extendió a 17 casas, como en los mejores tiempos de la dictadura. Fue
una operación muy bien planificada, coordinada y muy espectacular.”
Al respecto, Espinoza considera que
“están soplando vientos autoritarios muy fuertes en Chile. Hay
nostálgicos de la dictadura.”
EL MONTAJE Y EL ORDEN DE LAS COSAS
-En algún momento se dijo que los imputados habrían sido indultados por Ricardo Lagos durante su mandato…
“Ello es totalmente falso. Yo creo que
hay falta de rigurosidad del Ministerio del Interior y no se entiende la
división de poderes. Aquí se observa que el Ministerio del Interior
tiene un trato muy directo con el Fiscal Nacional. En este sentido, el
Fiscal Alejandro Peña realiza todo un montaje, en el amplio sentido,
como una puesta en escena para los medios de comunicación. Referirse a
hechos respecto de los cuales estos dos jóvenes ya fueron condenados,
demuestra una mala intención evidente. Es decir, se vuelve a
criminalizarlos, ¡Y por lo mismo! Eso es antijurídico, toda vez que
existe un principio elemental del Derecho Penal que dice que nadie
puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.”
Rodolfo y Pablo estuvieron en la cárcel
en los primeros años de los gobiernos civiles por un delito que terminó
con la muerte de tres funcionarios de la policía de Investigaciones,
“donde ellos no participaron directamente. Ninguno de ellos empuñó un
arma de fuego, ni es responsable directo de la muerte de esas personas.
Ello está establecido en el proceso y la sentencia”, dice el abogado.
De los 14 detenidos originales del
pasado 14 de agosto, ya 4 están en libertad, bajo una medida cautelar
que no es prisión preventiva, con un control semanal de firmas. Los 10
restantes están en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad.
Ellos están imputados de ser miembros de una supuesta asociación ilícita
terrorista. La acusación es que Rodolfo y Pablo serían los “jefes” de
ella.
En este sentido, Espinoza es tajante
cuando formula que “Con anterioridad, yo he defendido a personas
acusadas en principio por delitos terroristas. Por ejemplo, las personas
que fueron imputadas de participar en el atentado a Pinochet en
1986. Y finalmente esas personas no terminaron siendo acusadas de
delitos terroristas. Y hay una distancia sideral entre las
organizaciones a las que pertenecían esas personas y los casos de
Rodolfo y Pablo, desde todo orden de cosas. Lo de Rodolfo y Pablo, desde
la propia perspectiva del Ministerio Público, sería una especie de
asociación ilícita a escala de sala cuna. Sin embargo, se les aplica la
misma ley.”
-¿Y qué ocurre con los vínculos mencionados entre Rodolfo Retamales y la Intendencia de Santiago?
“El Ministerio Público en su intento de
configurar la supuesta red de protección de mis defendidos, usa una
llamada que se le hizo a Rodolfo Retamales desde un teléfono de la
Intendencia por una funcionaria que había sido su pareja. La llamada
duró 30 segundos y es una conversación absolutamente corriente. De ahí
el show que involucra a la Intendencia.”
-¿En qué fase del proceso judicial se encuentra el caso?
“Estamos en el prólogo, en sus etapas
preliminares. Hay 6 meses para investigar, todavía no estamos en la
etapa del juicio. Están pendientes las apelaciones que nosotros
entablemos. Y ellos deben ser absueltos y no llevados a juicio, en
definitiva. Deben ser liberados y de ningún modo condenados.”
-Sorpresivamente el 18 de
agosto, 4 días después de las detenciones, apareció una bomba junto a un
cuartel de carabineros que habría sido desactivada por un robot…
“Hay que tener cuidado con las acciones
provocativas. No me extrañaría que el hecho fuera parte de un montaje
policial. Los organismos de Inteligencia también operan con
procedimientos muy oscuros. Me acuerdo que Felipe Harboe
como miembro del Ejecutivo de la Concertación inventó un chascarro con
unos sables de utilería que encontró en la Universidad de Santiago.”
Para el abogado Alberto Espinoza la
situación, en su conjunto, es preocupante y sobrepasa el marco de la
investigación enfocada en un grupo de personas en particular. El
defensor de los derechos humanos estima que hoy los que se están viendo
amenazados por esta investigación son los derechos de los ciudadanos en
general.
“Esta es la mano dura que anunció Piñera y
que están sintiendo los mapuche, los escolares, los deudores
habitacionales. En fin, todo aquel que quiera ejercer su derecho a
expresarse. Esto es claro, quienes gobiernan Chile estuvieron vinculados
a la dictadura militar y son amigos de la dinámica del terror.
Cualquier manifestación de descontento social ahora se vuelve
terrorismo. Y lamentablemente, la Concertación pavimentó el camino para
llegar a este punto. La idea del gobierno actual es hacer abortar
inmediatamente cualquier germen de movilización social. Y yo aquí noto
una alarmante ausencia del Partido Comunista en orden a pronunciarse
sobre estas materias. Y hay personajes de la Concertación que avalan la
actuación del Fiscal Alejandro Peña, como Patricio Rosende y Felipe Harboe. ¿Cómo se engendran esas posiciones en gente que se define democrática?”, se pregunta Espinoza mientras mira su reloj urgente.
ANEXO
Carta abierta de Pablo Morales Fuhrimann:
NO EXISTE LA TAN MENTADA ‘ASOCIACIÓN ILÍTICA TERRORISTA’”
Mi nombre es Pablo Hernán Morales Fuhrimann, nací en santiago hace 41 años.
Hoy me encuentro detenido en el Modulo de Alta Seguridad (MAS) en un régimen que implica permanecer 22 horas al día encerrado.
Hasta ahora, luego de días de ser detenido, no entiendo el motivo de mi arresto.
A fines del año 2003 salí luego de 11
años, 1 mes y 15 días en libertad sólo por 12 horas un día domingo;
recién en mayo del 2005 accedí al beneficio de la libertad condicional,
situación que me encontraba hasta el día 14 de agosto; este beneficio se
materializaba en la forma de una firma semanal por todos los años
transcurridos. Nunca he faltado a la firma en 5 años.
Sobre los hechos que implicaron mi
primer encarcelamiento no me referiré pues son de amplio y público
conocimiento, y ya fui condenado por ellos (o sea es cosa juzgada) y
como señalé anteriormente, me encuentro cumpliendo a cabalidad mi pena.
El largo tiempo transcurrido tras las
rejas no fue en vano, me hizo mirar la vida, su desarrollo, expectativas
y futuro de un modo diferente a cuando ingresé a prisión a principios
de 1992. Así, a partir del 2005 busqué implementar concretamente esta
nueva visión del mundo, ya alejada por opción y convicción de todo tipo
de actividad subversiva. Ya no creo en ese camino, no quiero involucrar
mi vida en un camino que no conduce a nada más que dolor y problemas
para mi vida y la sociedad.
Consecuentemente con esta línea me
dediqué desde entonces (2005) a terminar mis estudios de Sociología para
así poder forjarme un futuro y contar con las herramientas para poder
hacerlo por mi propio esfuerzo; hoy soy licenciado en Sociología,
terminé con un promedio de notas 5.8 superando barreras que en un
momento creí infranqueables como son el mundo de las matemáticas y
estadísticas que tan amigables y metodológicamente útiles me son hoy en
día. Me encuentro preparando mi tesis de grado que espero defender en
julio del próximo año.
No obstante lo anterior también busqué y
conseguí una actividad laboral remunerada que me permitiera una digna
manutención; cosa nada fácil para alguien con mis antecedentes penales,
nula experiencia anterior y cero contactos o “pitutos” tan
indispensables en este país para poder resolver fácilmente esta
situación.
Actualmente me desempeñaba en el área de
producción de una empresa de servicios gráficos; cuento con contrato
indefinido, liquidaciones de sueldo, imposiciones, trabajo de lunes a
viernes de 8:00 a 19:00 horas, además de 2 sábados por mes; las tarjetas
de asistencia son mi prueba, en ellas constato mi asistencia
ininterrumpida, muchas veces hasta las 21:00 horas o más.
Tengo una pareja estable por más de 6
años, convivo con ella, arrendamos una casa en un barrio de clase media
en la comuna de Peñalolén, donde resido los últimos 3 años y lugar donde
me encontraba al momento de ser detenido.
No llevo una doble vida o vida clandestina, no lo necesito, no lo quiero.
Tengo domicilio conocido y vida pública.
Mi interés es formar una familia y
consolidarla con la llegada de un hijo; tengo los medios económicos,
morales y el arraigo social. No soy anarquista, no tengo interés en
dicha ideología, no comparto sus postulados ni principios, no creo en su
validez ni eficacia. No visito casas ocupas, ni participo de sus
actividades. No tengo amigos que lo sean.
Sobre los hechos que se me imputan puedo decir lo siguiente:
No existe la tan mentada “Asociación
Ilícita Terrorista”, pues, primera cosa, de los miembros que
supuestamente la componen sólo conozco a aquellos con los que compartí
los largos y dolorosos años de la prisión política, ellos son Omar Hermosilla
y Rodolfo Retamales; éste último lo conocí cuando estudiaba en 1º medio
en el colegio San Juan Evangelista pues él era alumno de un curso
paralelo, luego estuvimos 11 años juntos en prisión; pero al salir de
ella la vida y sus circunstancias nos distanciaron al punto que recién
en la 33 comisaría de Santiago el recién pasado 14 de agosto (día de mi
detención) lo volví a ver luego de aproximadamente 2 años; de él
desconozco sus actividades y forma de vida. A Omar Hermosilla no lo veía
hace más de 4 años. A los otros muchachos no los conozco, y mal podría
tener algún ascendiente sobre ellos.
Confío en que podré probar mi nula
vinculación con estos lamentables hechos, pues, soy inocente y tengo mi
conciencia tranquila.
No me cabe duda que es mi pasado el que me condena, aquí, soy sólo un chivo expiatorio. Confío en la justicia.
El Ciudadano
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