Dos clases de socorristas se movilizaron de inmediato
tras el derrumbe: los más convencionales y la tropa del jefe de
Gobierno para cubrir a Mauricio Macri de los escombros. Marcos Peña
disparó su Twitter a menos de dos horas del estrago, trazando las líneas
maestras de la estrategia defensiva. El propio Macri, que ejercita el
don natural de hablar como Twitter, la ratificaría horas después. El
formato fue el favorito, una conferencia de prensa donde una gran
mayoría de los periodistas le tira asistencias o pases de gol al
entrevistado, dispensándolo del agobio de la repregunta.
Una de las consignas básicas era mostrarse activo, cercano al lugar
de los hechos. El ministro Guillermo Montenegro entró a la conferencia
con una restallante campera de socorrista. Dios es de derecha, habrán
pensado sus asesores de imagen: la pilcha es amarilla, la coloración
PRO. El afán es tan patente que –sospecha el cronista– cualquiera se da
cuenta del simulacro. El escriba, que conoció a Montenegro cuando era
juez y hablaba de corrido sobre temas que conocía, se apena algo. Quizá
no haga falta hacer el ridículo con tanta bambolla, bastaba con sacarse
la campera (supuestamente transpirada o manchada) como hace cualquier
ciudadano al adentrarse bajo techo.
Los sofismas del macrismo comienzan por negar nexo causal entre hechos cuya conexión suena evidente.
Hubo varios derrumbes graves en los últimos meses, les comentan. Aducen que éste fue un caso aparte.
La Uocra denunció irregularidades cercanas en la obra de la calle
Mendoza 5042. Replican que los inspectores acudieron de inmediato. No
encontraron a nadie y se dieron por satisfechos, esa minucia no es
juzgada pertinente. El cronista ha trabajado en otros menesteres durante
años, lo que lo torna costumbrista y suspicaz. Sabe que un inspector
chanta puede conseguir que no haya nadie con una sencilla llamada
telefónica. Y –abogado que es– sabe que una inspección frustrada no
equivale a una aprobación.
Los vecinos del edificio de la calle Mendoza también se habían
preocupado, pero la narrativa PRO aísla esas alarmas en un
compartimiento estanco. Todo se desencadenó de sopetón, antes se estaba
en el mejor de los mundos, juran y perjuran.
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Raúl Ríos, jefe de la Oficina gubernamental de control, forma parte
de la nueva casta de gerentes, aliviados de la lacra de “haber hecho
política”. Mientras todos sus compañeros del gabinete repiten el guión,
hablando con contrición de las víctimas como prefacio a cualquier
intervención mediática, el hombre se costea a una reunión en la Comisión
de fútbol de Boca. Fue de balde, perdió la discusión sobre el contrato
con Riquelme y, para colmo, su escala de valores se hizo pública,
acelerando su despido. La tarjeta roja fue justa pero deja latentes
preguntas e investigaciones. ¿Ríos fue un funcionario ejemplar hasta ese
día en que se chispoteó y se volvió frívolo? ¿O es un protagonista sin
vocación por lo público, ni formación, ni reflejos adecuados?
Se pone en la picota su idoneidad, el macrismo se ampara en que la
ley no exige formación especial. Las exigencias de gestión no se
constriñen a cumplir los escasos requisitos formales, también es
necesario tener funcionarios a la altura. PRO ofreció a la ciudadanía
porteña un haz de principiantes, mayormente educados en el colegio
Cardenal Newman y en la Universidad Católica. Fueron votados masivamente
y están donde los puso “la gente” que siempre debió presumir de que la
educación paga (y cara) dista de ser garantía de excelencia. Las
universidades públicas (todo lo público) siempre están en la picota
mediática, a diferencia de la privada, entre otros motivos porque muchos
grandes medios tienen vasos comunicantes muy estrechos con ésta. El
cronista, desafiando a un sentido común nada inocente, sigue creyendo
que el Cardenal Newman y la UCA no socializan políticos populares de
primera categoría. Es un punto de vista opinable, más vale. Seguramente
debe haber más coincidencia para valorar que la comisión directiva de
Boca no forma cuadros públicos de excelencia.
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El siniestro debe ser investigado a fondo. Las responsabilidades
penales son rigurosas, prima la presunción de inocencia. A medida que se
investiga surgen datos alarmantes por doquier que se informan en
detalle en las páginas precedentes de esta edición. El pasado cercano y
la data obtenida contradicen el paraíso eficiente que autorretrata el
macrismo, incómoda y merecidamente sentado en el banquillo de los
acusados.
La Uocra, la Agrupación de peritos profesionales universitarios
verificadores, centenares de vecinos, ONG vinculadas a la preservación
del patrimonio urbano vienen quejándose de una política edilicia
predatoria, sin controles. Los funcionarios, que no los recibieron en su
momento, ningunean a tan variados emergentes de la sociedad civil.
Algunos hechos son evidentes a simple vista. Las obras se construyen
en plazos velocísimos, para mejorar la rentabilidad. Se alquilan
máquinas en lapsos brevísimos, para ahorrar. La extrema celeridad no es
molestada por controles y decanta en accidentes de trabajo y riesgos
edilicios. En Saavedra se incrementó mucho la cantidad de metros
cuadrados construidos, disciplinadas gentes de PRO dicen que eso es
irrelevante porque no altera en nada el promedio general de la ciudad
(¡!).
Las excavaciones “clandestinas” se multiplican, el boom inmobiliario
es capital simbólico para la ciudad, siempre que no intervenga “la
fatalidad” o la mala praxis de los profesionales. La responsabilidad
estatal se soslaya.
Macri, cuyos asesores lo instigan a ser un hipocondríaco jurídico,
anuncia que querellará al responsable técnico de la obra, ingeniero
Guillermo Heyaca Varela. Por ahí es una bravata, quizás haga el intento
topándose con un nuevo revés en los tribunales. Si la Ciudad no tiene
intereses específicos, carece de legitimación para querellar. La carga
de la acusación recae sobre los fiscales que están para eso y para las
víctimas directas o sus familiares que sí califican para querellar.
Agregar una nueva “parte” a la causa, contra lo que puede creer un
desprevenido, empioja los trámites, los ralenta. Montenegro podría
enseñarle eso a su jefe si encontrara disposición para escuchar razones
sensatas y no sólo pensar en fuegos artificiales.
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Las fuerzas del “mercado” están desatadas, en buena medida de eso se
trata. Sobran ejemplos, amén del más chocante de esta semana. Muchos
exceden la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y se remontan a
buen tiempo atrás. Por ejemplo, los llamados “accidentes de trabajo” que
entraron de costado en la conversación. La expresión “accidente” es
equívoca o, mejor, falaz cuando designa hechos evitables con prevención y
acatamiento a las leyes. El –en principio positivo– crecimiento
exponencial de la industria de la construcción acrecentó el número de
obreros heridos o muertos. La cuenta debería adicionar a las
enfermedades laborales consecuencia del ritmo inhumano o de la
explotación, pero las consiguientes estadísticas son muy imprecisas, a
la baja.
Las normas argentinas sobre seguridad en el trabajo tienen larga
trayectoria, puede calificárselas entre avanzadas y pasables. Pero se
las desoye con saña tenaz, que impacta en el cuerpo de los laburantes.
Las cifras oficiales son alarmantes.
El furor del peronismo noventista parió el régimen de las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), cuyas pulsiones eran el lucro
patronal y el mercado de capitales. La Corte Suprema, en su actual
integración, sancionó por inconstitucionales varios de sus artículos
centrales, hace muchos años. Desde entonces rige un sistema espurio
porque la norma no fue reemplazada por otra, lo que fuerza a las
víctimas a litigar para conseguir lo que es justo.
Las centrales empresarias, la Unión Industrial Argentina (UIA) y
Asociación Empresaria Argentina (AEA) entorpecen una reforma en línea
con la Carta Magna, invocando la santidad de sus balances. A eso se
apoda “seguridad jurídica” en estos lares. El gobierno nacional no dictó
una nueva ley, en los tiempos en que manejaba el Congreso. El Grupo “A”
no roza el tópico, en su profusa oferta legislativa. Las víctimas son,
en muchos casos, migrantes de países hermanos, siempre trabajadores que
yugan duro.
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Una racha de accidentes de tránsito fatales sacudió a la Ciudad. De
nuevo, las responsabilidades conciernen a su gobierno y lo trascienden.
La organización legal del sistema de transporte es un laberinto que
superpone competencias nacionales y locales. Cuando convergen
funcionarios de distintas jurisdicciones y signos partidarios la lógica
burocrática se inclina al consenso: todos le sustraen la responsabilidad
a la jeringa.
Horarios incumplibles, organización que motiva a los choferes a
trabajar horas extras en desmedro de su salud y sus reflejos, policías
federales y locales que hacen la vista gorda, multan poco, perdonan
mucho. La falta de civismo de la gente de a pie (conductores,
colectiveros, taxistas, hasta peatones que se arriesgan de modo suicida)
agrega una dosis de delirio colectivo. El entramado del transporte es
equívoco, nunca es claro: los patrones y demasiados sindicalistas calzan
“sombreros” móviles, pasan de un lado al otro del mostrador.
Las normas de tránsito argentinas son convencionales, las mismas que
en casi todo el mundo, la cifra de siniestros ranquea en lugares altos.
Sondear si los cambios de mano en algunas avenidas acrecentaron la
tendencia es necesario pero no llega a ser la punta de un iceberg.
Ni en esta cuestión estructural, ni en los siniestros laborales, ni
en los derrumbes se habla de “inseguridad”. El vocablo se reserva a la
violencia delictiva común. La “mano dura” tampoco es “inseguridad” para
la jerga dominante. El que manda determina el sentido de las palabras,
decía el comunicólogo inglés Humpty Dumpty.
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¿Cuántas veces vio el lector una entrevista a los deudos de una
víctima de un accidente de trabajo por la tele? Son contadas, la prensa
es más atraída por los crímenes cometidos en las calles por delincuentes
comunes. Las respuestas de las autoridades se asemejan demasiado a los
reclamos de víctimas transidas por el dolor o de autoridades policiales
que defienden sus corporaciones y saben lo que piden.
En esta semana, el ministro bonaerense Ricardo Casal fatigó
micrófonos y cámaras desparramando simplezas. El gobernador Daniel
Scioli, quien siempre expresa su ánimo de trabajar y de responder a los
vecinos, no se queda atrás.
Los ministros nacionales Aníbal Fernández y Florencio Randazzo se
sumaron a la vindicta contra las excarcelaciones y las liberaciones a
quienes están con prisión preventiva. En ese punto, soslayan lo
esencial, la preventiva es una excepción (que debe estar fundada) y no
la regla. También solapan las alusiones a las pésimas condiciones
carcelarias y a la existencia de miles de presos sin condena que se
hacinan en esas mazmorras. Se pliegan, objetivamente, al mainstream
mediático, derechoso, brutal, desapegado de lo que ordena la
Constitución.
El Poder Judicial es cuestionable por muchos motivos, entre ellos
las numerosas colusiones con las policías bravas. Las simplezas guiñando
al sentido común manodurista pasan como sobre ascuas sobre tamaños
detalles. Otra inconsecuencia cometen los funcionarios: cuando las
policías bravas provinciales abusan de su poder o matan (como en el
reciente asesinato del joven Diego Bonnefoi en Bariloche) desde la Casa
Rosada se guarda silencio, alegando que son incumbencias locales. Cuando
los jueces dispensan libertades condicionales, es agenda nacional.
El Acuerdo sobre la seguridad democrática, una iniciativa
transversal, pluralista, multidisciplinaria, no encuentra cobijo en una
mayoría preocupante de la “clase política”.
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En cualquier sociedad, por avanzada que fuera, hay desbordes dañinos
del capitalismo, incluyendo muertes evitables. La cuestión es ceñirlos a
la menor cantidad de casos posibles, lo que exige control y activismo
estatal. Salvo en el párrafo anterior, en esta columna se han oteado, a
vuelo de pájaro, muchas circunstancias de “accidentes” cuyos generadores
son siempre empresarios rapaces, a veces trabajadores hiperexigidos o
sacados, a veces funcionarios negligentes, pasivos o corruptos. Cuando
los responsables de la pérdida de vidas ajenas son blanquitos, el
repudio público es circunscripto, mucho menor a cuando lo producen
morochos armados. Es una simplificación, así como esta nota es una
síntesis, pero el cronista cree que no ha incurrido, para nada, en
falsedad.
fuente, vìa :
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-151369-2010-08-15.html
Imagen: Vera Rosemberghttp://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-151369-2010-08-15.html
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