A tres años de iniciada la “guerra” contra el narcotráfico en México, sólo 114 miembros del cártel de Sinaloa han sido consignados ante la autoridad judicial. La PGR revela que la organización Golfo-Zetas –la más “golpeada” y ahora dividida– tiene apenas 609 consignados. De los 121 mil detenidos por delincuencia organizada, sólo a 1 mil 306 consignados por delitos contra la salud y lavado de dinero se les acreditan vínculos con ocho cárteles de las drogas
Nancy
Flores / Segunda parte
Los “enemigos públicos”
del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa permanecen casi
intactos en sus estructuras: los cárteles de las drogas han sufrido
apenas 1 mil 300 bajas por prisión a pesar de que en su contra se libra
una “guerra” cuyo saldo es de más de 23 mil civiles asesinados,
incluidos menores de edad.
Entre diciembre de
2006 y febrero de 2010, sólo 1 mil 306 miembros de ocho organizaciones
criminales mexicanas han sido consignados ante la autoridad judicial,
descubren datos oficiales de la Procuraduría General de la República
(PGR) entregados a Contralínea. Los cargos en su contra son:
delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
Trece
respuestas a solicitudes de información pública revelan que el cártel
del Golfo-Zetas –ahora dividido– es el que más bajas por cárcel tiene:
609. Le siguen los cárteles: Beltrán Leyva, con 223 consignados; La
Familia Michoacana, 145; Tijuana, 135; Sinaloa, 114; Juárez, 78; Díaz
Parada, uno; Valencia Valencia, uno. Mientras que del cártel Amezcua
Contreras no se tiene un solo consignado.
La
dependencia que encabeza Arturo Chávez Chávez reconoce que otras 121
personas –detenidas en ese mismo periodo y a quienes asegura
acreditarles vínculos con organizaciones criminales– fueron liberadas
antes de la consignación.
—La guerra contra el
narcotráfico es una decisión unilateral de Calderón, impuesta por las
políticas del Pentágono para militarizar las instituciones de seguridad
en México. Si realmente se quiere hacer una lucha en contra del
narcotráfico, ésta es una decisión errada, porque el asunto no se
resuelve a través de la fuerza, sino de políticas de carácter social
¬–explica el general brigadier Francisco Gallardo.
El
también politólogo dice que la “guerra” contra las drogas tuvo por
objeto “legitimar la llegada de Calderón al poder, en virtud de que fue
impuesto por un golpe de Estado técnico militar a través del Estado
Mayor Presidencial. El involucramiento del Ejército en la lucha contra
el narcotráfico trastoca el orden jurídico e institucional del Estado
mexicano: viola la Constitución”.
El
1.07 por ciento
De los 1 mil 306
miembros de la mafia mexicana consignados, a 1 mil 194 se les acusa por
delincuencia organizada o delitos contra la salud; mientras que a 112 se
les señala por la supuesta comisión de operaciones con recursos de
procedencia ilícita o lavado de dinero.
—La
violencia va de la mano de la impunidad. Ése es el principal problema en
términos de seguridad y justicia en el país. Somos testigos de una
acumulación acelerada de hechos de sangre sin que las más de las veces
los culpables sean sujetos de proceso judicial –dice en entrevista
Carlos Flores, profesor asociado en el Center for Development and The
Environment, de la Universidad de Oslo, Noruega.
Agrega:
“En otras tantas ocasiones, cuando los presuntos responsables son
detenidos y sometidos a proceso, las instituciones son sospechosamente
incapaces de respaldar con evidencias sólidas sus imputaciones. Esto es
un problema sobre todo atribuible a las instituciones civiles de
seguridad, pues ésa es su función sustantiva. Resulta en extremo
contradictorio con los grandes presupuestos que reciben”.
Mientras
el gobierno federal asegura haber detenido a 121 mil 199 personas
ligadas al crimen organizado en los tres años de “guerra”, la PGR revela
otra realidad. Los consignados a quienes se les acreditaron nexos con
ocho cárteles representan apenas el 1.07 por ciento respecto de la cifra
que entregó la administración calderonista a legisladores mexicanos, el
pasado 12 de abril.
La Procuraduría General de
la República señala que, en general, ha consignado a 47 mil 21 personas
por delitos contra la salud entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.
De la información se desprende que, en esos casos, se trataría de
narcomenudistas, consumidores, burros, campesinos o incluso inocentes.
Además,
la dependencia indica que en el mismo periodo consignó a unas 123
personas por delincuencia organizada, y a otras dos, por lavado de
dinero. Éstas tampoco tendrían algo que ver con los cárteles de la droga
que se “disputan” el país a balazos.
Cártel
de Sinaloa
Aunque muchos de los
nombres se encuentran inscritos en las listas de “los más buscados” y se
ofrecen millonarias recompensas en México y en Estados Unidos por
información que lleve a su captura, los jefes de los cárteles mexicanos,
sus cerebros financieros e incluso su base operativa y sus sicarios
continúan en las calles.
El Departamento de
Estado estadunidense, por ejemplo, ofrece 5 millones de dólares por
datos relevantes y útiles relacionados con la ubicación de Joaquín
Guzmán Loera, el Chapo. Por el líder del cártel de Sinaloa y prófugo de
la justicia mexicana, la PGR daría hasta 30 millones de pesos.
El
también llamado cártel del Pacífico es considerado el más poderoso de
México y América Latina y se le vincula con mafias de Italia, Colombia,
Rusia y África.
Por primera vez, el abogado de
la nación admite –en la respuesta a la solicitud de información
0001700006810– que sólo 114 miembros de esa organización criminal han
sido consignados ante la autoridad judicial, entre diciembre de 2006 y
febrero de 2010.
Desde enero pasado, la
administración federal ha sido acusada por diferentes actores de llevar a
cabo una lucha parcial. Según el diario británico The Economist, el
cártel de Sinaloa y su líder, el Chapo, son los principales
beneficiarios de la “guerra” que supuestamente libra el panista Calderón
Hinojosa.
De los 114 consignados, 83 fueron
acusados por los delitos de delincuencia organizada o contra la salud;
mientras que 31 fueron remitidos a la autoridad judicial bajo los cargos
de lavado de dinero.
El Departamento de Estado
de Estados Unidos sólo destaca cuatro detenciones relacionadas con esa
organización, en lo que va de la “guerra” mexicana contra las drogas: la
de Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey; la de Vicente Zambada Niebla,
el Vicentillo; la de Ángel Béjar Chávez, y la de Óscar Nava Valencia.
En
sus informes International narcotics control strategy report 2008, 2009
y 2010, identifica al Vicentillo como “hijo del conocido
narcotraficante Ismael Zambada y un miembro de alto rango del cártel de
Sinaloa”; mientras que a Béjar Chávez y Nava Valencia los califica de
“traficantes clave de cocaína para el cártel de Sinaloa”.
Con
excepción del Vicentillo, los consignados no representan la cabeza de
la organización criminal. Junto a Guzmán Loera, Ismael Zambada García,
el Mayo; Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel; y Juan José
Esparragoza Moreno, el Azul, comandan el también denominado cártel del
Pacífico. Todos están libres.
Con la guerra,
“no se ha logrado nada: no ha bajado la producción ni mucho menos el
trasiego de estupefacientes. Al contrario, los registros –que están
publicados en la prensa– demuestran que se han elevado. En México,
también ha crecido el consumo. La estrategia contra el narcotráfico ha
sido contraproducente, es decir, ha prestigiado en los medios de
comunicación a los narcotraficantes (Joaquín Guzmán Loera en la revista
Forbes, por ejemplo), ha confirmado la ineptitud del gobierno para
combatirlos y ha probado la frivolidad de las prédicas para inhibir el
consumo”, señala Fernando García Cordero, miembro de número de la
Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Además
de las escasas consignaciones, entre diciembre de 2006 y febrero de
2010, siete miembros de la organización del Chapo que fueron detenidos
obtuvieron su libertad antes de ser presentados a las autoridades
judiciales, revela la PGR.
Esos casos serían
similares al de la exesposa de Guzmán Loera, Griselda López Pérez (o
Karla Pérez Rojo), detenida el 12 de mayo pasado durante los cateos a
siete propiedades del capo ubicadas en Culiacán, Sinaloa. La mujer
–supuesta cómplice en la fuga del Chapo en 2001– fue liberada “bajo las
reservas de ley”, tras rendir declaración ante la Procuraduría General.
Según The New York Times, en la liberación habría participado
directamente el presidente Calderón Hinojosa.
—Una
guerra presupone un enemigo declarado. Aquí el enemigo es impredecible
(además, ubicuo) y nunca ha hostigado, hablando en términos
estrictamente militares, al Estado mexicano. Ésta es una guerra que,
técnicamente, no lo es: es utilizar al Ejército para realizar tareas que
deben cumplir las policías. Tal vez, esa utilización del Ejército sirva
en el fondo para encubrir el fracaso y la complicidad de las
administraciones federales y locales que viene de cinco sexenios atrás
¬–dice García Cordero, profesor por oposición de la materia derecho
procesal penal en la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Golfo-Zetas, la más
“golpeada”
En lo que va de la
“guerra” contra las drogas, el más “golpeado” es el cártel del
Golfo-Zetas, recientemente separado de su brazo armado y aún considerado
el principal enemigo del cártel de Sinaloa. En total, tiene 609
integrantes consignados: 552 por delincuencia organizada o delitos
contra la salud y 57 por lavado de dinero.
De
acuerdo con la respuesta a la solicitud 0001700007410, entre diciembre
de 2006 y febrero de 2010, fueron detenidos 411 integrantes de Los
Zetas. De éstos, 396 fueron consignados ante la autoridad judicial: 364
por delitos contra la salud o delincuencia organizada, y 32 por
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto implica que 32
fueron liberados sin juicio de por medio.
A los
396 miembros de Los Zetas se suman los 213 integrantes del cártel del
Golfo consignados en ese mismo periodo. Según la respuesta 0001700007510
de la PGR, 188 de éstos fueron acusados por delincuencia organizada o
delitos contra la salud, y 25 por lavado de dinero.
De
esas detenciones, destacan las de Jaime González Durán, el Hummer;
Antonio Gallarza Coronado, el Amarillo; Carlos de la Cruz; y Miguel
Ángel Soto Parra, fundador de Los Zetas.
En
entrevista, el especialista en seguridad Edgardo Buscaglia afirma que en
México no se quiere terminar con el narcotráfico. “No pueden terminar
con este problema o no quieren. En ambas cuestiones, el problema más
grave es que con las medidas que están aplicando van a tener un
resultado contraproducente y van a causar más violencia futura. El
problema de violencia en México no sólo es un asunto de cárteles, es un
problema social”. Éste “no se erradica con soldados”.
Los
Beltrán Leyva
Señalada de ser
parcial, la “guerra” de Calderón Hinojosa contra el narcotráfico ha
arrebatado más liderazgos al cártel de los Beltrán Leyva que al resto de
las organizaciones criminales que operan en México.
La
información oficial descubre que las bajas, por muerte y por cárcel, se
incrementaron a raíz de su rompimiento con el cártel de Sinaloa
(ocurrido en enero de 2008, tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva,
el Mochomo), y su presunto acercamiento con Los Zetas.
Entre
enero de 2008 y febrero de 2010, el gobierno federal no sólo asesinó a
su líder, Arturo Beltrán Leyva (diciembre de 2009), sino que detuvo y
consignó a 191 de sus integrantes. La cifra de esos años contrasta con
los apenas 12 consignados que se registraron de diciembre de 2006 a
diciembre de 2007, cuando aún eran aliados del Chapo Guzmán.
Con
apenas 223 de sus integrantes entregados al Poder Judicial en lo que va
del sexenio calderonista, la organización criminal de los Beltrán Leyva
ocupa el segundo lugar en consignaciones (respuesta 0001700007210).
Entre
esos consignados están sus líderes más visibles: Alfredo y Carlos
Beltrán Leyva, hermanos del fallecido Arturo; Jerónimo Gamez García,
“quien jugaba un papel preponderante en la adquisición de cocaína desde
Colombia”, y Héctor Huerta Ríos, “miembro clave en los operativos de
trasiego en el norte de México”, indican los informes del Departamento
de Estado de Estados Unidos.
Para el general
brigadier Francisco Gallardo, está claro que la labor real de los 96 mil
militares en las calles no es combatir al crimen, sino que es de tipo
político.
—El Ejército está actuando para
detectar a los luchadores sociales y cualquier foco de disidencia, a
través de los grupos de información de zona. El Ejército tiene
infiltrada a toda la sociedad a través de grupos clandestinos conocidos
como gizes. Una vez que son detectadas las personas incómodas al
Ejército o al gobierno, las ejecutan. Aquí no pasa nada: ejecutan,
torturan, violan mujeres. Hay 3 mil 175 quejas en la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y no pasa nada.
El
también politólogo señala que “las Fuerzas Armadas se han dedicado a
desarticular los movimientos sociales, a través de ejecuciones contra
objetivos seleccionados, como el caso de Ramiro [comandante del Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente] en Guerrero, y de luchadores
sociales en Chihuahua”.
La Familia
En
materia de consignaciones, La Familia Michoacana ocupa el tercer lugar,
al contabilizar sólo 145 integrantes presentados a juicio en lo que va
del sexenio calderonista. De éstos, 137 enfrentan cargos por
delincuencia organizada o delitos contra la salud, y ocho por lavado de
dinero.
El reciente surgimiento de esta
organización criminal se habría dado sin la venia de los dos cárteles
primarios (Sinaloa y Golfo) ni del gobierno federal.
Su
máximo mando operativo Servando Gómez Martínez, la Tuta, acusó el 16
junio de 2009 a la Policía Federal y al secretario de Seguridad, Genaro
García Luna, de llevar a cabo un combate parcial.
“Ataca
a nuestras familias, fabrica culpables y se lleva a gente inocente”. La
corporación policiaca “hace lo indebido”, señaló la Tuta en una
entrevista telefónica transmitida por el canal de televisión CBT de
Michoacán.
En esa misma comunicación, el capo
llamó a un diálogo entre la administración federal y la mafia, pues esta
última es “un mal necesario”. A cambio, en 2009, el gobierno federal le
consignó a 97 de sus integrantes. La cifra contrasta con los 32
consignados que registró entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008.
Para
Servando Gómez Martínez, el titular de la Secretaría de Seguridad
Pública federal está coludido con Los Zetas y los Beltrán Leyva.
“Queremos paz y tranquilidad. Sabemos que somos un mal necesario (…)
Entiéndalo, por favor. Esto nunca se va a acabar. El día que yo fallezca
pondrán a otro en mi lugar y así se va a ir. Queremos llegar a un
consenso, a un pacto nacional; tenemos que lograrlo”.
La
respuesta a la solicitud de información 0001700007010 también descubre
que, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, ocho integrantes de La
Familia fueron liberados antes de la consignación, a pesar de que la PGR
sí les acreditó sus nexos con la mafia. En total, fueron detenidos 153
miembros de esa organización.
El senador
panista Felipe González observa que hay opacidad en la información
respecto de los detenidos que contabiliza el gobierno federal y los que
verdaderamente están presos.
—Desde que comenzó
la guerra al crimen organizado, nos dicen que han detenido a 80 mil
personas relacionadas. (Sin embargo) en 2006, teníamos poco más de 200
mil detenidos en las cárceles del país y actualmente hay 230 mil
detenidos. ¿Cómo es posible entonces que hayan detenido 80 mil?
El
presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de
Gobernación del Senado cuestiona: “El diferencial de diciembre de 2006 a
diciembre de 2009 me dice que sólo hay 30 mil presos más. ¿Dónde
quedaron los otros 50 mil presos?
—¿Están en la
calle?
—Forzosamente. No están en las
cárceles. ¿Por qué no están? ¿Quién los soltó? ¿El Ministerio Público,
el juez? ¿O no llegaron ni siquiera al Ministerio Público cuando el
Ejército o la Marina los entregó? Estamos en un problema, y grave.
El
senador González considera que el estado de derecho en México no se
puede fincar en la impunidad: “Entonces las leyes nada más son para que
las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no
tienen dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno, al
que estamos rescatando del flagelo de la delincuencia”.
Los
otros cárteles
El cuarto lugar en
consignaciones lo ocupa el cártel de Tijuana, con 135; todos, acusados
de delincuencia organizada o delitos contra la salud. A esta
organización criminal se le considera entre las que trasiegan menos
droga, tienen menos influencia territorial y su capacidad de fuego es
mínima. Aun así, las bajas por prisión la ubican por encima del cártel
de Sinaloa (quinto lugar).
Ampliamente
publicitadas, las detenciones más relevantes son las de Eduardo Teodoro
García Simental, el Teo, a quien los gobiernos de México y Estados
Unidos identifican como líder de ese cártel; y de su supuesto
lugarteniente Santiago Meza López, el Pozolero, encargado presuntamente
de “desaparecer” los cuerpos de los ejecutados.
No
obstante, el también llamado cártel de los Arellano Félix sería el más
favorecido por las liberaciones fast track. Entre diciembre de 2006 y
febrero de 2010, las autoridades detuvieron a 205 de sus integrantes;
ello implica que 70 personas con nexos probados obtuvieron su libertad
antes de la consignación, según la respuesta 0001700007310.
En
sexto lugar se ubica el cártel de Juárez, con 78 consignaciones: 77 por
delincuencia organizada o delitos contra la salud y una por lavado de
dinero. Para el Departamento de Estado estadunidense, sólo una
consignación es relevante: la de Vicente Carrillo Leyva, “uno de los
principales líderes del cártel de Juárez e hijo del exlíder Amado
Carrillo Fuentes”.
En séptimo lugar, con una
sola consignación por organización, se encuentran los cárteles de Díaz
Parada, por delitos contra la salud; y de los Valencia Valencia, por
lavado de dinero.
En el primer caso, se trata
del líder histórico del cártel, Pedro Díaz Parada, detenido el 17 de
enero de 2007 por elementos del Ejército y policías federales.
La
PGR –en su respuesta 0001700007810– asegura no tener un solo registro
de detenidos ni consignados de la organización criminal Amezcua
Contreras en lo que va de la actual administración federal.
Respecto
de los números reales en materia de consignaciones, Contralínea
solicitó conocer la postura de la Presidencia de la República a través
de su secretario técnico, Nicolás Lohmann. También pidió la posición de
la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio del general Ricardo
Trevilla Trejo; y de la PGR, con Adriana Pérez, subdirectora de
Información. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
La
Secretaría de Gobernación –por conducto de su subdirectora de Eventos,
Dora González Lima– indicó que su versión era pública y se encontraba en
sus boletines de prensa y en las declaraciones del secretario.
El
pasado 5 de mayo, Fernando Gómez Mont aseguró: “El costo lo vale y
vamos a ganar, no tengo duda de ello”; entonces se refería a los “daños
colaterales” de la “guerra”, como su jefe, Felipe Calderón, llamó a los
más de 23 mil civiles ejecutados durante el actual gobierno.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario