El defensor de derechos humanos
Iván Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda, senador por la Unión Patriótica,
fue asesinado en 1994, jamás imaginó que algún día se sentaría frente a
uno de los jefes paramilitares que cometieron el crimen.
Mucho menos que como resultado de esa
reunión, que tuvo lugar en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva
York, no sólo conocería detalles de la conspiración contra su padre,
sino obtendría mucha más información que, espera, permitirá algún día
completar un complejo mosaico del “gran proyecto de exterminio y
expropiación” que dio origen a la nueva clase política colombiana, cuya
cabeza indiscutible es el presidente Álvaro Uribe.
De manera discreta pero metódica, Iván
Cepeda, vocero del Movimiento
de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); Danilo Rueda,
defensor de la comisión intereclesial, y la senadora Piedad
Córdoba han viajado a prisiones de Washington, Nueva York,
Virginia y otras dispersas en territorio estadunidense para
entrevistarse con los 14 capos de los aparatos paramilitares que fueron
extraditados hace dos años.
Antes de su partida a prisiones
estadunidenses, esos paras se habían acogido a la llamada Ley de
Justicia y Paz, fraguada por la fiscalía como recurso de impunidad, ya
que les ofrecía penas de máximo ocho años y laxas condiciones
carcelarias a cambio de sus confesiones. En poco tiempo, en las famosas
“versiones libres”, los paras confesaron su responsabilidad en más de 21
mil homicidios en los años 90, la ubicación de fosas comunes, hornos
crematorios y su vinculación con políticos y gobernantes de todos los
niveles. Para detener el daño potencial de sus revelaciones, Uribe los
entregó a la justicia de Estados Unidos.
“Pero nosotros sí queremos saber la
verdad. Y ése es el propósito de nuestro trabajo”, afirma Cepeda.
Entre sus interlocutores se encuentra Salvatore
Mancuso, Vicente Castaño, Diego
Murillo, Don Berna; Jorge Tovar,
J-40, y Carlos Mario Jiménez, Macaco, por citar los
más sanguinarios.
ELLOS SON LUGARTENIENTES, LOS
JEFES SON OTROS
El objetivo de esa investigación
“es uno”, explica Cepeda (en la foto): “Que entreguen a la justicia
nacional o internacional sus testimonios y las pruebas sobre quiénes
fueron los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad. Eso
que llaman jefes paramilitares no son más que lugartenientes de unas
estructuras criminales mucho más complejas. Ellos hacían el trabajo
sucio. Pero las grandes ganancias materiales y las grandes posiciones
políticas las obtuvieron otros. Ésa es la verdad que necesita Colombia, y
eso se va a lograr.”
–¿Qué tanto han aportado hasta
ahora? ¿Qué intereses tienen ellos en colaborar con ustedes en ese fin?
–Son distintas motivaciones; habría que
ver caso por caso. Obtener rebajas de penas es una de sus peticiones.
Otros quieren poner a salvo a sus familias. Abiertamente nos dicen que
no hablan con toda la fluidez que quisieran, porque sus familias están
amenazadas. Y también quieren ajustar cuentas con quienes, según su
opinión, los han traicionado.
Han sido conversaciones muy largas de
las que nada se conoce aún. Pero Iván Cepeda admite: “Hemos escuchado
cosas de extrema gravedad que comprometen a la cúspide del poder
político. Y sin duda lo que tenemos apunta a esclarecer la
responsabilidad del más alto nivel de muchas de las masacres en las que
figuras como los Castaño, Mancuso y Don Berna fungían como jefes de
ejércitos particulares. Pero en momentos claves lo que hacían era
cumplir órdenes de un proyecto mayor, superior al de sus propios planes y
estructuras.”
Para Iván Cepeda, filósofo de formación y
forzado también al exilio en dos ocasiones, el contenido de la lucha
por los derechos humanos en Colombia es “inevitablemente político”,
porque “tiene que ver con los cimientos del poder”.
Coautor junto con Jorge Rojas
del libro A las puertas del ubérrimo, que documenta el origen
delincuencial del poder económico y político de Álvaro Uribe en el
departamento de Córdoba, epicentro del nacimiento de las fuerzas
paramilitares, Cepeda describe la red de complicidades del actual
mandatario con ganaderos y empresarios, representantes del clero y
banqueros, militares y paramilitares como “una cadena criminal
sofisticada y compleja”.
“LAS PRUEBAS ESTÁN AHÍ”
Como parte de otra investigación de este
activista –publicada como capítulo “Los expedientes de la Casa Nariño”
en el libro colectivo Las perlas uribistas–, Cepeda logró
conocer al menos 100 expedientes judiciales, en los que aparecen como
sindicados el mismísimo mandatario, su vicepresidente y media docena de
ministros (entre ellos Juan Manuel Santos, hoy
candidato presidencial), y varios comandantes de las fuerzas armadas y
la policía.
“Creo que Uribe debería terminar
enjuiciado, ya sea por un tribunal en Colombia o por un tribunal
internacional. Bastaría uno solo de los crímenes por los que se
señalan.”
–Si tuvieras que elegir uno…
–Es una cadena que relaciona unos con
otros. Pero si tuviéramos que hablar de uno sería el desvío de las
tareas de la policía secreta del Estado, que es el DAS, para convertirla
en empresa criminal. No se dedicaba solamente a espiar, sino gestionaba
directamente los planes para asesinar y hostigar a sus opositores. ¿Por
qué monta Uribe una policía de esa naturaleza? Evidentemente porque
tiene mucho que ocultar. Mi tesis es que estamos ante una situación
propia de la criminalidad del sistema.
–¿Cómo se ubica Santos en ese
tejido? ¿Es continuidad, forma parte de estas cadenas?
–Sin duda la familia Santos ha estado
muy ligada a todo esto. Ya como presidente va a tener que tomar una
decisión. ¿Se va a comprometer con Uribe y su entorno para garantizarle
impunidad, o va a dejar que los jueces actúen? Los que conocen a Santos
dicen que no es un hombre que guarde lealtades. No quiero decir con eso
que se va a convertir en un hombre respetuoso de la ley. En su
trayectoria ha demostrado tener nexos con el paramilitarismo y, sobre
todo, tolerar ejecuciones, como hizo como ministro de Defensa con los falsos positivos.
–¿Cómo se ha transformado la
práctica política con estas asociaciones del poder y el crimen
organizado?
–El ejemplo clásico es la existencia del
PIN (Partido de Integración Nacional), que claramente está muy ligado a
los paramilitares. Los anteriores congresistas del PIN están en la
cárcel por parapolítica. Sus escaños ahora los ocupan sus hermanas,
esposas, tíos, primos. No es una mutación del fenómeno, sino una
estructura ilegal que sigue íntegra.
–El gobierno se defiende de
estas acusaciones con el argumento de que metió a los paramilitares a la
cárcel e incluso los extraditó.
–Es su coartada. Pero un hecho muy
concreto es que la emergencia del poder de Uribe está muy ligada a las
familias paramilitares. Esa relación tuvo carácter armónico hasta el
momento en que los políticos le incumplieron a los paramilitares y estos
últimos amenazaron con contar la verdad: cómo habían recibido órdenes,
cuáles eran los nexos, qué dineros habían entregado, por qué cometieron
los crímenes. Ése es el fondo de la extradición.
“Dice que no hay pruebas, pero abundan;
se encuentran en los expedientes.”
fuente, vìa :
Periodista de La Jornada,
enviada especial a Colombia
Fotografía cabecera: Santos y
Uribe/elespectador.com
Fuente: www.surysur.net
http://www.elciudadano.cl/2010/06/18/uribe-empresarios-militares-y-clerigos-parte-de-una-cadena-criminal/
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