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| Tarjetas Soriana/Foto: Miguel Dimayuga, proceso.com |
Los ríos de dinero
gastados en la campaña de Enrique Peña Nieto evidentemente no fueron
donaciones desinteresadas de amigos y familiares sino “inversiones” de
parte de poderosos intereses fácticos. El inmovilismo político de un
gobierno federal secuestrado por sus patrocinadores implicaría mayores
peligros que la incertidumbre política que desencadenaría la eventual
invalidación de la elección presidencial. El país difícilmente
aguantaría otros seis años de un Ejecutivo federal que gobierna a
espaldas de la ciudadanía y utiliza las instituciones públicas para
minar en lugar de defender el interés público.
Se acumula la evidencia con
respecto al grosero rebase del tope de gastos de campaña por Peña Nieto.
Solamente el observador más ingenuo podría imaginar que el priista haya
respetado el límite de 336 millones de pesos. Esta cifra probablemente
fue rebasada durante las primeras dos semanas de la campaña, con el
masivo despliegue de espectaculares y eventos a lo largo y ancho del
país. Todos recordamos cómo el viejo partido del Estado incluso repartió
litros de gasolina, bronceador y botellas de agua a los turistas
durante la Semana Santa.
A estos gastos habría que agregar
todo lo erogado en aviones ejecutivos y coches de lujo para Peña Nieto y
su equipo, los costosos montajes y acarreos en cada uno de sus eventos
públicos y el derroche de dinero para aceitar los medios de comunicación
y las casas encuestadoras. Todo esto sin empezar a contabilizar los
casos de Monex y Soriana, que juntos podrían haber implicado un gasto de
más de 4 mil millones de pesos. También habría que sumar los recursos
muy probablemente desviados del erario público hacia la campaña
presidencial en los estados gobernados por el PRI.
La Constitución señala claramente
como requisito para la celebración de elecciones auténticas que “los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (artículo 41,
II, primer párrafo). Esta cláusula constituye uno de los cimientos más
importantes del avanzado sistema de regulación electoral en México y lo
distingue, por ejemplo, del sistema de Estados Unidos, donde el dinero
privado fluye libremente...
ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN REVISTA PROCESO
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