El Salvador: Maras y gobiernos presentan sus cartas para negociar ...por Eduardo Ayala IPS/periodismohumano

Las dos principales pandillas delictivas de El Salvador y el gobierno han intercambiado ya los puntos para discutir el fin de dos décadas de violencia criminal

Mientras grupos claves de la sociedad se muestran hostiles a la apertura de una negociación al respecto

 

 

Carlos Mojica, rodeado de otros pandilleros, en la cárcel de Cojutepeque
(Edgardo Ayala /IPS)

Los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, presos en distintas cárceles del país, fueron los primeros en mover ficha al dar a conocer al gobierno del centroizquierdista Mauricio Funes los temas a incluir en una agenda negociadora. Públicamente, el gobierno rechaza aún la posibilidad de sentarse a dialogar con las “maras” (pandillas), principalmente por las implicaciones que pudiera acarrearle una iniciativa con poca receptividad entre la población, estiman analistas consultados por IPS. Pero ha hecho llegar también la lista de temas que deberían abordarse, en lo que se define como segunda fase para la pacificación delictiva salvadoreña, por ahora preliminar e indirecta, pero con facilitadores en ambos lados.
Las dos maras acordaron en marzo un cese de hostilidades entre ellos y contra personal de la policía, del ejército y civiles. Desde ese mes, los homicidios en este país de 6,2 millones de habitantes, hasta entonces uno de los más violentos del hemisferio, se han reducido drásticamente, al caer de entre 12 y 14 diarios a cinco o seis.
“Creemos que el proceso va marchando, aunque hay barreras, hay obstáculos, hay personas y entidades opuestas a este proceso”, expone el líder de una de las dos facciones del Barrio 18, Carlos Mojica, partícipe en las negociaciones preliminares e indirectas con el gobierno desde la cárcel donde está preso, cerca de la capital.
Las maras fueron creadas en Estados Unidos por salvadoreños que huyeron de la guerra civil en los años 80. Cuando muchos miembros fueron deportados, reclutaron adeptos entre jóvenes sumergidos en la pobreza y la marginación y las pandillas derivaron en grupos violentos, dedicados a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas.
Los medios de comunicación locales, mayoritariamente conservadores, actúan de caja de resonancia del rechazo hacia la negociación del gobierno con las pandillas, al igual que la mayoría de los integrantes del unicameral Congreso legislativo, claves para acoger algunas propuestas de los pandilleros.
No está claro el papel del gobierno en la tregua entre las dos pandillas, pero hay coincidencias en que tuvo un papel facilitador y, de hecho, en marzo se produjeron traslados de líderes pandilleros a cárceles de seguridad media, que los analistas consideran parte del proceso que ayudó al acuerdo. Algunas de las propuestas de los pandilleros para una negociación tienen que ver con cambios en la legislación que los excluye de beneficios penitenciarios, como la libertad condicional y el indulto para quienes sufren enfermedades terminales o tienen 65 años o más.
“Mirá lo que están pidiendo: cambios en las leyes. Eso demuestra el poder alcanzado por estos grupos”, extrae el analista Dagoberto Gutiérrez.
Estimaciones oficiales cifran en 60.000 el número de pandilleros, a los que se suman los 10.000 que están en prisión, parte condenados y parte en fase procesal. Otras demandas son más complicadas de aceptar, como la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, aprobada por el propio Funes en 2010. Se trata de una respuesta represiva al auge delictivo de las pandillas y, al igual que normas anteriores parecidas, no ha generado resultados, coinciden expertos. Por ejemplo, permite detener a cualquier sospechoso de integrar una mara, pero después hay que liberarlo, salvo que se le haya encontrado cometiendo un delito.
“La Constitución estipula en el artículo 3 que nadie puede ser discriminado por razones de raza, sexo y otra naturaleza, pero a nosotros sí nos discriminan”, señaló Mojica, rodeado de un centenar de pandilleros recluidos en la cárcel de la ciudad de Cojutepeque, a 36 kilómetros al este de San Salvador. “La Ley de Proscripción de Pandillas es inconstitucional”, agregó.
También demandan la derogación de artículos que obligan a un régimen de aislamiento en centros especiales para pandilleros catalogados de alta peligrosidad. Esos pandilleros están concentrados en la cárcel de la central ciudad de Zacatecoluca, donde permanecen en total aislamiento. Es conocida como “Zacatraz”, en referencia a la ya cerrada y famosa prisión estadounidense de Alcatraz, y allí estuvo Mojica hasta marzo. Además, quieren la anulación de la figura que reduce la pena a los participantes en delitos que testifiquen contra otros presuntos involucrados.
Los fiscales hacen gran uso de este mecanismo de delación para procesar y encarcelar a pandilleros, que ahora saturan las hacinadas cárceles salvadoreñas. Pero ellos sostienen que se abusa de esa figura, con la que se “arman” casos sin evidencias suficientes y se logran condenas sin pruebas claras de participación en el delito. Además, plantean la suspensión de los operativos policiales en los territorios con alta presencia de maras, un punto especialmente resistido por las comunidades afectadas y por la sociedad en general. “La policía tiene un mandato constitucional de combatir el delito, y no se puede plantear que cesen los operativos en esos territorios”, comentó Mauricio Figueroa, director ejecutivo de la Fundación Ideas y Acciones para la Paz Quetzalcoatl.

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